Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125898
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplidas en término las intimaciones dispuestas por este Tribunal con fechas 7 de junio y 6 de septiembre de 2023, 2) tener por no presentado el escrito de fecha 12 de junio de 2023, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 2 de junio de 2023 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.898 "ROBERTO MILLENAAR S.A. C/ OCUPANTES DEL INMUEBLE AV. JUAN D. PERÓN N°2951 S/ MATERIA A CATEGORIZAR"
I. Con la presentación electrónica de fecha 12 de junio de 2023, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 7 de junio del mismo año.
II. Con la presentación electrónica de fecha 7 de septiembre de 2023, téngase por cumplida en término la intimación de fecha 6 de septiembre del mismo año.
III. Los codemandados Gustavo Ramón Fontana, Guillermo Castro Kubat y César Leonardo Mansilla deducen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 27-IV-2023, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 15-V-2023 y su archivo adjunto identificado como "REF.pdf").
En el caso, en lo que importa destacar y en el marco de un interdicto de recobrar por la firma Roberto Millenaar S.A. contra César Castro Kubat y los aquí recurrentes, la Cámara interviniente modificó el fallo de primera instancia que, a su turno, había establecido las costas por su orden. En consecuencia, impuso los gastos del juicio a la parte accionada (v. sents. de 26-V-2021 y 12-IV-2022).
IV.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, propiedad y defensa en juicio (arts. 14, 17 y 18, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 2/3, 5, 15, 21, 31 y 37, adjunto "REF.pdf" cit.).
IV.2. Sostienen que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirman que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 146:1775; 343:110; 337:1006; 341:570; 230:478; 231:222; 248:577; 268:323; 301:925; 338:552, entre otros).
En tal sentido, aducen que el fallo atacado omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproducen- referidos a las circunstancias fácticas y normativas del caso, la declaración de la cuestión como abstracta y el principio objetivo de la derrota. Y aseguran que, contrariamente a lo expuesto, tales agravios no eran escuetos, sino que resultaban suficientes para acreditar que, dada la forma como había sido resuelta la contienda de autos, no había vencedores ni vencidos. Y, por lo tanto, que las costas debían ser impuestas en el orden causado, demostrando -así- el absurdo del fallo del Tribunal de Alzada, así como la violación de la doctrina legal invocada (v. págs. 13/37, adjunto "REF.pdf" cit.).
IV.3. Arguye, además, que si bien lo atinente a la forma en que fueron impuestas las costas refiere a cuestiones procesales, las cuales no son -en principio- revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto carece de una fundamentación idónea y suficiente, lesiona los derechos constitucionales invocados y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada (v. pág. 3, 12/13 y 20/22, adjunto "REF.pdf" cit.).
V. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveídos de fechas 19-V-2023 y 22-VIII-2023) el mismo fue contestado por los apoderados de la firma actora (v. trámite de fecha 12-VI-2023) y por la Asesora de Incapaces (v. escrito de 7-IX-2023).
Respecto de la pieza de fecha 12 de junio de 2023, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 1 a 10; v. archivo adjunto del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7. XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 2 de junio de 2023 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
VI.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, cabe recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias para imponer las costas del proceso, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e. o.).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
VI.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, omisión de cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que los recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo los agraviantes en cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 5/16 del escrito electrónico de fecha 6-V-2022, págs. 13/37, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
VI.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 17 y 18, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 2/3, 5, 15, 21, 31 y 37, adjunto "REF.pdf" cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, C. 125.796, "Sismail", resol. de 29-IX-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplidas en término las intimaciones dispuestas por este Tribunal con fechas 7 de junio y 6 de septiembre de 2023, 2) tener por no presentado el escrito de fecha 12 de junio de 2023, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 2 de junio de 2023 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2024 11:40:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2024 13:26:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 13:04:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:51:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 10:41:02 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 12:14:07 hs. bajo el número RR-314-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia