Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133412
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la demanda instaurada por la señora María del Carmen Uriona contra la Municipalidad de Pehuajó en la que procuraba el cobro de una reparación en los términos de la ley 24.557 -y en subsidio, la indemnización integral- con motivo del accidente de trabajo que denunció padecer. Asimismo, desestimó su reclamo en concepto de daño moral por despido discriminatorio e hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. vered. y sent. de fecha 9-VIII-2024).
En lo que resulta de interés, juzgó que la accionante no acreditó padecer secuelas psicofísicas incapacitantes como consecuencia de las tareas prestadas para su empleadora.
Seguidamente, tuvo por no demostrado ninguno de los extremos exigidos para que resulte viable el reclamo reparatorio cuya plataforma jurídica se fundó en las normas del derecho civil.
Por último, consideró no acreditada la existencia de un despido discriminatorio motivado en razones de salud y género de la trabajadora.
II. Contra lo así decidido, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 23-VIII-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 82, segundo párrafo, de la ley 15.057 (v. resol. de fecha 4-IX-2024).
En sustancia, mediante la invocación de absurdo en la valoración de la prueba, cuestiona la conclusión con arreglo a la cual el sentenciante descartó la existencia de la incapacidad denunciada y su supuesto nexo causal con las tareas cumplidas para su empleadora.
Finalmente, se agravia de que el tribunal juzgó no acreditado el despido discriminatorio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que, tal como lo manifestó el órgano de grado (v. resol. de fecha 4-IX-2024) el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023).
III.2. Bajo las señaladas premisas, respecto al primer agravio, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, ello toda vez que la reclamante omite citar en la pieza recursiva como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 129.198, "Sosa Moura", resol. de 21-X-2022 y L. 131.299, "Iuliano", resol. de 21-III-2024).
III.3. Luego, en relación al restante reproche, corresponde recordar que reiteradamente ha sostenido este Tribunal que tampoco se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 82 de la ley 15.057, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando los precedentes que se invocan como violados se vinculan a disposiciones de naturaleza procesal, como son aquellas relativas a la carga de la prueba (art. 375, CPCC; causas L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.4. Por lo demás, sabido es que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.708, "Mastrangelo", resol. de 3-XI-2022; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022 y L. 129.796, "Sosa", resol. de 10-IV-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.3., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. del 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. del 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. del 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21), y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2025 11:34:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:09:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:38:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:03:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:52:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:18:13 hs. bajo el número RR-1030-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia