Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125710
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal con fecha 9 de febrero de 2024;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 14 de febrero de 2024, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 6 de febrero del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.710 "VICENTE JORGE ALEJANDRO Y OTRO/A C/ EDITORIAL LA CAPITAL S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR"
I. Con la presentación electrónica de fecha 14 de febrero de 2024, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el día 9 del mismo mes y año.
II. Los accionantes -abogados en causa propia- deducen recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que hizo lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto por el letrado apoderado de la Editorial La Capital S.A. Este Tribunal revocó el fallo objetado que había hecho lugar parcialmente a la demanda y ordenado a la legitimada pasiva que publicara el derecho de réplica correspondiente, por las informaciones inexactas o agraviantes respecto de las noticias que detalló. En consecuencia, en esta sede se rechazó la demanda, con costas a los actores vencidos en todas las instancias (arts. 68, 274 y 289, CPCC; v. sents. de 30-XII-2021 y 4-XII-2023, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL DEDUCE" de fecha 20-XII-2023, a las 08:52:28 hs. y su archivo adjunto identificado como "Recurso...").
III.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de libertad de expresión, derecho a réplica, supremacía, imparcialidad, defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, razonabilidad, honor y dignidad (arts. 31 y 75 incs. 22 y 24, Const. nac.; 8 y 14 incs. 1 y 3, CADH; 19, DUDH; v. págs. 4/9, 11/16, 19/20, 22/23 y 27/34, adjunto cit.).
III.2. Sostienen que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto en tanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas -puntualmente la documental- y de la normativa que rige al caso, revocó -mediante afirmaciones dogmáticas- la decisión del Tribunal de Alzada. Ello, al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que todos los artículos periodísticos sobre los que los accionantes querían ejercer su derecho a réplica, informaban de manera directa sobre actos de gobierno ejecutados durante la administración del ex intendente de la ciudad de Mar del Plata. Se vulneran así -según su punto de vista- los derechos constitucionales mencionados y se configura una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. Citan, además, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN Fallos: 312:2314; 315:106; 329:5903; 338:552; 310:2709; 327:1607; entre muchos), en particular las causas "Ekmekdjián c/ Sofovich" (Fallos: 315:1492), "Rey c/ Rocha" (Fallos: 112:384) y "Colalillo" (Fallos: 238:550).
En tal sentido, cuestionan el alcance que este Tribunal dio a cada uno de los artículos periodísticos, alegando que lo hizo apartándose de los hechos y las pruebas acompañadas a la causa. Aducen que, en consecuencia, no le otorgó relevancia alguna al expreso y deliberado comportamiento hostil de la demandada, que consistió en una reiteración inusitada de noticias periodísticas agraviantes e inexactas en las que se involucró a los aquí actores, desnaturalizando los hechos reales, dañando su imagen, honor y dignidad. Al respecto, explican que allí se los ubicó en el eje central de una causa judicial donde no eran denunciados, imputados, ni procesados, y sólo comparecieron como testigos a pedido del denunciante y en una sola oportunidad.
Agregan que tales notas, lejos de contener una opinión o crítica acerca de la función pública que habían ejercido en la gestión municipal, versan sobre la aseveración de hechos inexactos en los que les endilgan participación, pues afirman que no sólo se refieren a actos posteriores a sus funciones públicas, sino que no se relacionan a ellas, ni a decisiones o actos emitidos por áreas municipales que estuvieran a su cargo.
Desde esa perspectiva, arguyen que esta Suprema Corte tampoco reparó en el hecho de que no existió ninguna otra causa o investigación vinculada a sus respectivas gestiones como funcionarios de la comuna local. En razón de ello, manifiestan que no había motivos para comenzar a desfilar por tribunales, ni dar explicaciones con pruebas acerca de sus desempeños laborales, tal como se desprende de los mentados artículos periodísticos (v. págs. 12/36, adjunto cit.).
III.3. Señalan finalmente, que, de manera opuesta a lo estimado en la sentencia en crisis, no resulta acertado aplicar al presente caso la doctrina del fallo "Campillay". Ello es así, en tanto aquí no se persigue un resarcimiento económico o la reparación de un daño moral, sino que la acción está enderezada a ejercer la réplica ante informaciones que consideran falsas y agraviantes y merecen ser respondidas a la luz de las normas que fundan este reclamo. Y concluyen que es la Corte federal quien tiene que pronunciarse sobre este tema, estableciendo un razonable y adecuado equilibrio entre el mencionado derecho a réplica y el derecho a la libre expresión, sin que uno afecte al otro (v. págs. 31/32, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 29-XII-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la demandada Editorial La Capital S.A. (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL CONTESTA TRASLADO" de fecha 14-II-2024 y su adjunto titulado "ALDREY...").
Respecto de dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 3 a 8; v. archivo adjunto del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación, así como su par electrónico de fecha 6-II-2024 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. En lo que atañe al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, la valoración efectuada de las circunstancias fáctico probatorias que sustentó el rechazo de la acción por derecho a réplica), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, irrazonable valoración del material probatorio, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los interesados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para declarar procedente el remedio de inaplicabilidad de ley deducido por la accionada y, en consecuencia, rechazar la demanda incoada (v. págs. 12/36, adjunto cit. y sent. objetada).
V.3. Asimismo, resta indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 31 y 75 incs. 22 y 24, Const. nac.; 8 y 14 incs. 1 y 3, CADH; 19, DUDH; v. págs. 4/9, 11/16, 19/20, 22/23 y 27/34, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, en particular la doctrina derivada de las causas "Ekmekdjián c/ Sofovich", "Rey c/ Rocha" y "Colalillo", no abastecen el remedio intentado ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 121.754, "Toledo Juan Antonio", resol. de 11-V-2022; C. 122.544, "Crimson Investment S.A.", resol. de 23-XI-2022; C. 125.923, "Monteiro", resol. de 19-II-2024; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal con fecha 9 de febrero de 2024; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 14 de febrero de 2024, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 6 de febrero del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2025 13:58:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2025 17:06:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2025 10:38:28 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2025 15:16:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2025 12:33:41 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/03/2025 13:32:18 hs. bajo el número RR-183-2025 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia