Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Sr. J. L. O. –progenitor de los niños C. y L.- a fs. fs. 308/9 de la causa 158.302 (“C., L. P. s/ Materia a Categorizar”) y fs. 427/8 de la causa 158.304 (“C., S. A. s/ Materia a Categorizar”) y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 284/303 de la causa 158.302 y fs. 403/422 de la causa 158.304.
2Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPC).
3Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904). 4)
REGISTRADA BAJO EL Nº 78-S Fo. 402/18 Expte. Nº 158304 y 158302 Juzgado de Familia N°2 En la ciudad de Mar del Plata, a los 12 días del mes de abril de dos mil diecisiete reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos caratulados “C., S. A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR”
(Expte. 158.304) y “C., L. P. S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (Expte. 158.302), habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia de fs. 284/303 dictada en la causa 158.302 y fs. 403/422 de la causa 158.304?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
1. Las sentencia dictadas a fs. 284/303 de la causa 158.302 y fs. 403/422 de la causa 158.304 vienen a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Sr. J. L. O. a fs. 308/9 y 427/8 de uno y otro expediente, respectivamente.
Debo aclarar que si bien las resoluciones apeladas son formalmente distintas (una dictada en la causa que versa sobre el niño P. L. –ingresada bajo el n°158302– la otra en la que versa sobre la niña C. A. –la n°158304–) lo cierto es que se trata de una única decisión en la que la Sra. Jueza de primera instancia ha resuelto en forma conjunta sobre la situación de adoptabilidad de ambos niños con relación a su progenitor, Sr. J. L. O. Las distintas referencias que la jueza ha realizado con relación a las fojas de uno y otro legajo no impiden advertir que las pruebas en ambos procesos han sido sustancialmente las mismas. Todo ello explica que, como luego se verá, los fundamentos de los recursos en estudio son también idénticos y merecerán un tratamiento conjunto.
En los decisorios atacados la colega de la instancia anterior resolvió hacer extensiva la declaración de la situación de adoptabilidad de los niños C. A. O. (nacida el 02 de octubre de 2007) y L. P. O. (nacido el 28 de mayo de 2011) al Sr. J. L. O.. Impuso las costas a este último y reguló los honorarios profesionales.
Para así decidirlo, y luego de detallar el largo derrotero que siguieron los niños C. A. y L. P. a partir de la adopción de las medidas de protección especial de derechos regulada en el art. 35 inc. “h” de la Ley 13.298, pasó revista a los diversos medios probatorios producidos y las demás constancias documentales obrantes en la causa, incluyendo (a) la pericial biológica (estudio de ADN; el cual obra glosado a fs. 248/251 del cuadernillo del art. 250 del CPCC), (b) los testimonios ofrecidos por el Sr. O. (Sres. Leonardo R. O., Cadorniga Mercedes Monserrat, Josefina Romano, Gisel Emilce Donato y Ana Monserrat O.) incorporados a fs. 242/246 de la causa 158.304 y fs. 139/143 de la n°158.302; (c) el informe efectuado por los peritos Martín Álvarez –psiquiatra- y Carlos Battistessa –psicólogo- con relación al Sr. O. y a los miembros de su familia ampliada (fs. 183 c. 158.302 y 272 de c. 158.304) (d) el informe socio ambiental presentado por la Licenciada Érica Villaverde (fs. 220 c.158.302 y fs. 349 de la c. 158.304), (e) el informe de los peritos psicólogos Lic. Battistessa y Lic. Andrea Banchero, la perito trabajadora social Villaverde y el perito psiquiatra Martín Álvarez, requerido por la asesora de incapaces y que obra glosado a fs. 251 de la causa 158.302 y 359 de la n°158.304, (f) las entrevistas personales realizadas al Sr. O. en fecha 06/11/2014; (g) el informe de seguimiento presentado por la trabajadora social Rosana Volpe en los autos “C., C. A. y ot. s/ Adopción...” (expte. 30181/2014, agregado por cuerda al presente), fechado el 10/10/2014 y vinculado a la situación de los niños L. y C. una vez otorgada la guarda al matrimonio C.-B., (h) el informe presentado por las Lic. Andrea Banchero y Rosana Volpe a fs. 221 y 251/2 de los autos 158.302 y fs. 330 de la causa 158.304 y (i) audiencia celebrada el 03/06/2015 para escuchar a los niños L. y C. a fs. 209 de la causa 158.302.
Seguidamente explicó que para definir la situación jurídica de los niños C. y L. debía tomarse en consideración, como pauta de decisión, su interés superior y la escucha personal de sus manifestaciones, de conformidad con el marco normativo aplicable. A tal fin, la magistrada valoró los deseos que expresaron en la audiencia del 03 de junio de 2015, y que versaban sobre continuar viviendo con sus actuales guardadores, a quienes consideran papá y mamá. Expuso además la descripción clara de los recuerdos negativos que C. tiene de su progenitor biológico, detallando escenas de violencia de las que fue víctima tanto ella como su progenitora biológica y su deseo de no ver al Sr. O. ni a la familia extensa.
Destacó también los informes efectuados por el equipo técnico del juzgado; en particular, la escasa claridad y verosimilitud en el discurso justificativo del O. en torno a las acciones de búsqueda de sus hijos y su falta de inscripción en el Registro, y que fuera advertida por el Lic. Battistesa y el psiquiatra Álvarez. También fue puesto de resalto por los profesionales –y mencionado especialmente por la magistrada- que los indicadores conductuales del progenitor biológico destacan la presencia de rasgos obsesivos, compulsivos, paranoides y de manipulación y control, con probabilidades de aparición de conductas impulsivas si se dieran fallos en los mecanismos de defensa psicológicos encargados de inhibir tales respuestas. En lo que respecta a la familia extensa, los expertos explicaron que no dieron cuenta de experiencias que connoten sentimientos o afectos de pertenencia en relación con los niños.
Agregó a ello que de la generalidad de los informes presentados por el equipo técnico del juzgado y las audiencias celebradas, surgen las contradicciones existentes en el relato de O., la negación injustificada a inscribir a los niños privándolos de su derecho a la identidad y enfatizó el contraste que existe entre la invocada dedicación en la crianza y cuidado de los niños que alega el progenitor y los recuerdos negativos y violentos que exterioriza la niña C..
Expuso que en el informe interdisciplinario también se advirtieron inconsistencias que obligan a poner en consideración el desempeño de O. en el ejercicio de su rol parental, y su conducta conforma una base de respuestas y una propensión conductual que puede generar la aparición de dificultades para el despliegue de vínculos empáticos y para descentrarse y adoptar un punto de vista ajeno al propio, con posturas narcisistas manifestadas por la inmadurez o por la presencia de trastornos de comportamiento. Los profesionales señalaron que O. no demostró adoptar comportamientos ni criterios realistas para asumir la problemática o para sortear los obstáculos que, según refiere, se le presentaron en la búsqueda de sus hijos, extremos que permiten inferir “habilidades parentales poco desarrolladas”.
Citó las constancias del informe de la perito Andrea Banchero, quien entrevistó a los niños y refirieron que se niegan a tener algún tipo de contacto con su progenitor, se trate de verlo, hablar con él, escucharlo y que “pensar en la posibilidad de revincularlos o reintegrarlos a un medio familiar que registran como hostil, no sería otra cosa [que] someterlos a una suerte de experimento, en el que los niños conformarían el fenómeno a indagar, con la finalidad de confirmar o descartar una hipótesis. La sola exposición a esta situación podría generar algún tipo de daño psicológico en estos niños” (v. fs. cit. ut supra).
Acentuó las inconsistencias en el relato de O. al justificar la supuesta búsqueda de sus hijos durante un año, sin canalizar ninguna petición en el ámbito judicial (como ya lo había hecho, con éxito, en otra oportunidad) si es que –como dice- le fue negada la posibilidad de realizar denuncias en la policía.
Finalmente, destacó la coincidencia entre el relato de la progenitora efectuado en los organismos administrativos intervinientes y los dichos de la niña C. en las audiencias con relación a la violencia ejercida por el Sr. O. en épocas en las que aun convivían. Con esa base, la magistrada concluyó que el Sr. J. L. O. ha vulnerado el derecho a la identidad y a la integridad psicofísica de los niños L. y C. C., por lo que no resulta ser idóneo para ejercer la responsabilidad parental, como tampoco se ha demostrado que los niños puedan ser acogidos por miembros de su familia extensa.
Seguidamente, señaló que se encuentran configuradas las condiciones previstas por los arts. 607 inc. “c” del Código Civil y Comercial y 7 inc. 3 de la Ley provincial 14.528 para la declaración en situación de adoptabilidad de los niños: las estrategias e intervenciones realizadas por los organismos administrativos tendientes a que los niños puedan ser nuevamente incluidos en su grupo familiar de origen no tuvieron éxito dado que la progenitora no se encontraba en condiciones de ejercer su rol materno y no se contaban con datos específicos del progenitor biológico, atento a su falta de inscripción en el Registro pertinente (extremo que, por otra parte, la colega de la instancia anterior le atribuyó enteramente a la conducta omisiva del Sr. O.). Destacó además que durante más de un año (desde la medida de abrigo y hasta su primera presentación judicial) el Sr. O. no tuvo contacto con sus hijos. Luego de citar diversos precedentes jurisprudenciales de la Casación Bonaerense, puso de resalto la situación actual de los niños L. y C. quienes se encuentran incorporados en la familia de sus guardadores, teniendo referentes afectivos estables, con claridad de roles y funciones, con la posibilidad de reparar los derechos que les fueron vulnerados. El marco familiar –afirmó, con cita de los informes técnicos- es de contención y afectuoso, favoreciendo su desarrollo, mostrándose los niños como sujetos infantiles con comportamientos acordes a su mundo de infancia.
Por todo ello, desestimó el pedido de reintegro y revinculación del Sr. O. con relación a los niños L. y C. –por ser contrario su interés superior- y resolvió hacer extensiva la declaración de la situación de adoptabilidad de los niños C. A. O. y L. P. O. al Sr. J. L. O..
II. Síntesis de los agravios La expresión de agravios del Sr. J. L. O. obra glosada a fs. 336/380 de la causa 158.302 y a fs. 457/501 de la causa 158.304. Los argumentos –idénticos en uno y otro recurso– pueden resumirse de la siguiente manera: a. En un primer punto de disconformidad, expone sus críticas a la actuación de los organismos administrativos y judiciales que intervinieron en el caso de C. y L. a partir de la adopción de la medida de protección especial en mayo de 2013. Alega que no se indagó debidamente en la filiación paterna de los niños, existiendo elementos suficientes para encontrarlo y promover al restablecimiento del vínculo. Entre ellos, incluye al apellido consignado en el informe elevado por el Equipo de Medidas de Abrigo, al nombre de pila aportado por la niña C. en la entrevista referenciada en el informe elevado al SZPPDN en fecha 26/08/2013 y al apellido que la niña manifestó frente al personal del equipo técnico del EMA (pronunciado «O…», por sus dificultades fonoaudiológicas). Agrega a ello que los testimonios de la Sra. C. vinculados a supuestos escenarios de violencia debieron motivar a que se indague la existencia de expedientes judiciales en cuyo contenido pudieron haberse obtenido datos personales, dirección, DNI, etcétera. Idéntica actitud –dice– debieron adoptar con relación al expediente motivado por la desaparición de la Sra. C. y que derivó en el inicio de la causa “O., J. L. c/ C., C. s/ Averiguación de Paradero y Régimen de Visita”.
Reprocha que se haya validado el discurso de la Sra. C. pero no se haya averiguado la identidad del progenitor. Cuestiona el trabajo investigativo del organismo jurisdiccional –haciéndolo extensivo, más adelante, al Ministerio Público Pupilar– y afirma que ha sido su actitud negligente la que llevaron a la oscuridad la identidad de L. y C.. Denuncia la violación al art. 10 de la Ley 14.528 en lo que respecta a la identificación de los padres y familiares del niño. b. Critica el abordaje efectuado durante la permanencia de los niños en el Hogar Divino Rostro, incluyendo la ausencia de trabajo psicoterapéutico sostenido en el tiempo que trate el abandono materno y la consecuente separación afectiva con el padre. Se queja también de la forma de implementación del plan de acción propuesto por el equipo técnico de la institución y la ausencia de trabajo psicológico para contener, proteger y asistir en la elaboración del trauma de abandono padecido por los niños.
c. Expone su disconformidad con los informes presentados por el equipo técnico del juzgado de familia. Señala que su pedido no puede estar sujeto a las estigmatizaciones diagnósticas de los profesionales que, con una sola entrevista, quitaron jerarquía a sus cualidades e idoneidad parental e ignorar el amor de padre. Destaca contradicciones en las conclusiones de los expertos y falta de realización de análisis sistémicos y evaluaciones relacionales que permitan mensurar las consecuencias devastadoras de haber padecido un trauma complejo de traición que deviene de mantener una relación unidireccional y tóxica con una persona insana. Ello además explica –a su entender– por qué los profesionales consideran poco verosímil su relato en lo que respecta al conflicto vincular mantenido con la Sra. C.. Refiere que de haber entendido las características del modelo vincular que lo deterioró psicológicamente, se hubiera podido comprender el camino poco asertivo en la búsqueda de C. y L. y el tiempo que llevó la recuperación.
Extiende estas críticas a las conclusiones presentadas por el equipo técnico (psicólogo, psiquiatra y trabajadora social) con relación a su familia ampliada, demarcando contradicciones y falta de profundidad en el estudio del caso. Resalta la consideración de su persona como partícipe activo de la crianza y educación de sus hijos P, L, N, L y O y el hecho de que se estime como ingenuo en torno al conocimiento de la interacción mantenida con su ex pareja y madre de sus hijos.
Dedica un apartado específico al informe de la Licenciada Andrea Banchero, quien consideró que la exposición de los niños a una revinculación con el padre biológico podría motivarles un daño psicológico. Señala que lo dicho por la profesional es insostenible teniendo en cuenta los avances científicos de los últimos años y que el daño que la experta pretende evitar ya ocurrió y su convicción llevaría a que sea irreversible. Cita trabajos académicos del campo de la psicología en apoyo de sus dichos.
Alega que no debe estigmatizárselo por no haber realizado una búsqueda judicial en el tiempo que la a quo consideró oportuna. Reitera la forma en que la Sra. C. se llevó a los niños del hogar, lo despojó de sus objetos materiales y mintió sobre su paradero frustrando la búsqueda. Niega que la averiguación de paradero que tramitó ante el Juzgado de Familia N°4 haya tenido resultado positivo; dice que se intenta justificar un accionar defectuoso por parte del juzgado endilgándole la culpa por haber confiado en los dichos de la progenitora.
d. Reconoce que por discrepancias con la madre de sus hijos y por el rol que ella tenía dentro de la familia –o por negligencia de su parte– no se procedió a inscribir en el registro de las personas a sus hijos (agregando que en el momento en que pudo hacerse de la constatación de parto original intentó su inscripción, encontrándose en poder de la Sra. C.) pero ello no califica como un incumplimiento. Dice que siempre buscó a los niños, estuvo en contacto con la familia de C. y que el error fue pensar que sería como en otra oportunidad. Niega haber vulnerado el derecho a la identidad de sus hijos y a la integridad psicofísica.
Critica que al momento de su presentación en el año 2014 (a pocos meses de iniciada la guarda simple) no se haya evaluado la pertinencia del reintegro de los niños a su progenitor biológico.
e. Formula críticas en torno a la consideración del interés superior de los niños y la aplicación del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Cita fragmentos de las entrevistas realizadas a C. y L. y de los informes del equipo técnico del juzgado y expone que media una falta de elaboración del trauma que padece la niña C. y la falta de herramientas para superar el trauma. Ello hace que sea predecible que los niños manifiesten su deseo de continuar viviendo con sus actuales guardadores. Dice que la reacción de los niños ante las preguntas sobre sus padres en las entrevistas con los equipos técnicos son síntomas que se explican por la separación del vínculo afectivo, con graves consecuencias psíquicas.
Con relación a las expresiones de la niña C., argumenta que no pueden ser tomadas como válidas toda vez que obedecen al proceso de duelo al que fue obligada a adentrarse por la negligencia y omisiones del juzgado en la búsqueda de la verdad y en el sostén de sus propias identidades. Insiste en calificar negativamente al abordaje profesional con relación a los niños, a la falta de evaluaciones investigativas, pruebas psicométricas y trabajo psicoterapéuticos, todo lo cual redundó en las referencias negativas que los niños hicieron sobre su progenitor y su familia extendida. En igual sentido, critica que se justifique el silencio del niño L. con base en la edad, puesto que –según dice– los psicólogos están formados para evaluar a niños pequeños que se expresan a través del dibujo y el juego.
f. Niega la existencia de hechos de violencia, agraviándose de la solución de la jueza a quo al separar a los niños del progenitor y su familia, herida que –dice– no podrá ser reparada, perdiéndose todo tipo de vínculo y posibilidad de ver su crecimiento.
g. Entiende equivocada la decisión de rechazar el reintegro y revinculación entre el progenitor y sus hijos, y también considera errada la decisión de hacer extensivo a su respecto la declaración de estado de adoptabilidad. Expone —y reitera— las críticas al trabajo del equipo técnico (por ser parcial, haber omitido la realización de tests y pruebas psicométricas, falta de averiguación de datos relevantes, etcétera) y señala las conductas de las cuales se infiere su deseo y aptitud para hacerse cargo de sus hijos (no haberlos abandonado, presentarse en el expediente, cumplir lo requerido por la jueza de la anterior instancia, sostener sus peticiones, etcétera).
Por último, expone las normas de derecho internacional y de derecho interno que considera vulneradas y formula críticas al procedimiento judicial del cual se desprende –a su entender– una afectación al derecho de defensa.
III. Audiencias con los niños L. y C. y con el progenitor.
a. El día 20 de febrero de 2017 el Tribunal se entrevistó con los niños C. A. y L. P., acompañados por sus guardadores, en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño y 594 inc. "f" del Código Civil y Comercial. El acta obra glosada a fs. 542 de la causa 158.304 y fs. 416 de la causa 158.302.
También fue fijada una audiencia con el Sr. J. L. O. para el día 21 de febrero de 2017 a los fines de dar cumplimiento con lo normado en el art. 609 inc. "b" del Código Civil y Comercial. A la primera de ellas -debidamente notificada mediante cédula de fs. 541 de la causa 158.304 y fs. 415 de la causa 158.302- el apelante no se presentó ni brindó justificación sobre su ausencia (v. fs. 543 de la causa 158.304 y 417 de la causa 158.302).
El 21 de febrero de 2017 el Tribunal resolvió citarlo nuevamente a una audiencia que fue fijada para el jueves 09 de marzo de 2017 a las 10:30hs. En esta oportunidad, fue notificado tanto en el domicilio real (donde no pudo ser hallado; v. fs. 548/50 y 422/4 de las causas citadas) como en el constituido, donde fue debidamente notificado (fs. 546 y 420 de ambas causas). Esta segunda audiencia tampoco se realizó por la ausencia –también injustificada- del apelante.
Ahora bien, el art. 609 inc. “b” del Código Civil y Comercial califica de «obligatoria» la entrevista personal del juez con el padre de los niños, lo que puede llevar a interpretar –en una lectura estrictamente literal del texto legalque la frustración de dicho acto procesal impide al juzgador adoptar decisiones de fondo (por caso, dictar sentencia definitiva).
Sin embargo, no es menos cierto que otras normas del ordenamiento jurídico de igual o mayor jerarquía prescriben que los procesos de adopción (incluyendo sus etapas previas, como las que aquí se dirimen) deben guardar la mayor celeridad en su trámite (arts. 8.1 de la C.A.D.H., 607 in fine del Cód.Civ.Com, 3 de la Ley 26.061, 4 de la Ley 13.298, 7 anteúltimo párrafo de la Ley 14.598).
Así entonces, de conformidad con una hermenéutica sistemática de la ley –confrontando y armonizando el precepto legal con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico– cabe interpretar que la obligatoriedad a que refiere el art. 609 inc. “b” del Código Civil y Comercial debe ser entendida como una directiva hacia el juez; esto es, que es imperativo (y no meramente facultativo) citar al progenitor en su calidad de parte (art. 608 inc. “b” de dicho Código). Empero, si éste último no se presenta –y su ausencia no es justificada de alguna forma atendible, como ha ocurrido en autos en dos ocasiones– el órgano jurisdiccional se encuentra en condiciones de avanzar en el trámite y pasar a las etapas subsiguientes, o en su caso adoptar las decisiones de fondo que pudieren corresponder.
El punto es que el proceso no puede detenerse sine die a la espera de la realización de un acto procesal repetidamente frustrado por la inasistencia de la parte interesada, pues ello compromete otros valores harto sensibles al proceso de adopción y que definen el derecho a una tutela judicial efectiva, como es la celeridad y la rápida determinación de la situación jurídica del niño cuya adopción se persigue (arts. 3 y 9 de la Convención de los Derechos del Niño, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la CN, 15 de la CPBA, 607 in fine del Cód.Civ.Com, 3 de la Ley 26.061, 4 de la Ley 13.298, 7 anteúltimo párrafo de la Ley 14.598; sobre interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, véase de la SCBA causas Ac. 32.771, del 21-9-1984 y Ac. 32.770, del 7-8-1984).
Cabe recordar que el principio del interés superior del niño funciona como una pauta de decisión ante un conflicto de intereses. Así, frente a un presunto interés de un adulto (en el caso, su derecho a ser oído ante el tribunal que atenderá su recurso) y el interés del niño (que tiene derecho a un proceso que dirima con rapidez su situación de adoptabilidad), cabe siempre priorizar el interés menor (CSJN, Fallos 328:2870)
Tampoco puedo dejar de recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto –en un caso vinculado al proceso de adopción y en el que el Estado Argentino fue condenado en la órbita internacional– que «en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades» (Corte IDH, caso “Fornerón e Hija vs. Argentina”, sentencia del 27 de abril de 2012 -fondo, reparaciones y costas-, Serie C-242, párr. 51; en igual sentido, del mismo tribunal, Asunto L.M. Medidas provisionales respecto de Paraguay, Resolución del 01 de julio de 2011, considerando 16).
Por lo dicho, habiéndose citado en debida forma al Sr. O. a las audiencias de fecha 21 de febrero y 9 de marzo de 2017, y no encontrándose justificada su inasistencia, entiendo que corresponde omitir en esta instancia la entrevista regulada en el art. 609 inc. “b” del Código Civil y Comercial e ingresar en el tratamiento del recurso (arts. 3 y 9 de la Convención de los Derechos del Niño, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la CN, 15 de la CPBA, 607 in fine del Cód.Civ.Com, 3 de la Ley 26.061, 4 de la Ley 13.298, 7 anteúltimo párrafo de la Ley 14.598).
IV. Análisis de procedencia del recurso.
He leído con detenimiento la totalidad de las constancias obrantes en los expedientes principales y en los legajos agregados (vinculados tanto a las medidas de abrigo que oportunamente fueron dictadas para proteger a los niños L. y C. como a la evidencia producida para indagar la admisibilidad de la pretensión de guarda formulada por el Sr. O.), y he encontrado elementos de convicción más que suficientes para concluir que la sentencia dictada por la Sra. Jueza de la anterior instancia es justa y debe ser confirmada.
En efecto, se han verificado circunstancias excepcionales y determinantes que llevan a considerar que la guarda que desea asumir el padre biológico, Sr. J. L. O., es contraria al interés superior de los niños L. y C.. Más aún: la pretensión del apelante es contraria al expreso deseo que éstos manifestaron en torno a no tener contacto con su progenitor, opinión que en el sub lite debe tener especial consideración de conformidad con la edad y madurez de los niños.
Asimismo, y consecuencia de lo anterior, también es correcto afirmar –como bien lo ha señalado la Sra. Jueza a quo- que se encuentran reunidos los recaudos legales necesarios para declarar la situación de adoptabilidad de los niños L. y C. con relación al progenitor (art. 9.1 de la Convención de los Derechos del Niño, 607 del Código Civil y Comercial, 11 in fine de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 26.061- y 7 segundo párrafo de la Ley 14.528).
Los agravios expuestos por el Sr. J. L. O., más allá su extensión y la repetición constante (y a veces literal) de sus alegaciones, reconocen cuatro ejes argumentales: (i) el incorrecto actuar de los organismos administrativos y judiciales en torno a su localización, (ii) la defectuosa labor técnica de los equipos técnicos intervinientes, tanto en lo que respecta a su persona, a su familia y a los niños L. y C. y (iii) la consideración que la jueza hizo del interés superior de los hermanos en el presente caso y la valoración general de la prueba y (iv) la violación a las reglas del debido proceso.
Para una mayor claridad expositiva abordaré estas cuestiones por separado. Ello sin perjuicio de recordar que la Corte Federal tiene dicho que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino tan sólo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2ª ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
b.1. Agravios vinculados a la violación a las reglas del debido proceso.
El apelante expuso severas críticas dirigidas a marcar irregularidades en el trámite seguido en las presentes actuaciones, invocando la afectación al derecho de defensa y el debido proceso. En el punto V de la expresión de agravios —titulado «Violación de normas constitucionales, leyes nacionales y pactos y tratados internacionales», v. fs. 496/vta causa 158.304 y fs. 374/vta de la n° 158.302— señaló que la sentencia supuso una violación a su derecho de defensa porque se tomaron decisiones sin haber tenido conocimiento del proceso, no se le permitió el préstamo del expediente para conocer la situación por la que atravesaban sus hijos, no se le proveyeron cautelares y cuando se tuvo conocimiento cierto de su existencia no se lo contactó.
Nada de ello ha ocurrido en autos, motivo por el cual estimo que el agravio es infundado.
El debido proceso –entendido como una de múltiples aristas que componen el derecho a una tutela judicial efectiva– conlleva la prerrogativa de todo ciudadano de poder transitar un proceso justo, de duración razonable, y en el que se diriman sus derechos, pretensiones o defensas con pleno resguardo de las garantías constitucionales y convencionales esenciales. Ello incluye, entre muchas otras potestades, la posibilidad de alegar (sea para pretender o resistir), de producir prueba, de recurrir, de obtener una respuesta jurisdiccional imparcial, congruente, motivada y razonable y de procurar su cumplimiento si ella fuere favorable, siempre de conformidad con las finalidades y características propias de cada tutela y los intereses que allí se movilizan y son objeto de debate (Arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9.1, 9.2, 12 y cctes. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 18 y 75.22 de la Constitución Nacional, 11 y 15 de la Constitución Provincial, 607 a 610 del Código Civil y Comercial, 7 a 14 de la Ley 14.528).
Este mismo Tribunal decidió declarar mal concedido el recurso que el apelante interpuso contra la declaración de situación de adoptabilidad de los niños C. y L. dictada por la colega de la anterior instancia en fecha 01/04/2014 por entender —precisamente— que era menester garantizar el derecho del [por entonces] pretenso progenitor a ser escuchado, a que sean atendidas sus peticiones y producidas las pruebas que ofrecía. Para ello era necesario proveer su presentación de fecha 17 de julio de 2014 (fs. 96/114 de la causa “C., L....” y fs. 210/228 de los autos “C., C....”). Solo de esa forma podía verse satisfecho el postulado del debido proceso y la Cámara podría ejercer adecuadamente su función revisora (art. 272 del CPC, v. res. de fecha 14/04/2015 en autos "C., L. P. s/ Materia a Categorizar - Art. 250 del CPC"-Expte. 158.305- y "C., S. A. s/ Materia a Categorizar - Art. 250 del CPC" -Expte. 157.846-).
Ahora bien, de la lectura de los legajos que arriban a esta instancia surge -sin margen de duda- que aquella exigencia fue holgadamente satisfecha. El trámite posterior que ha tenido uno y otro expediente demuestran que O. ha sido escuchado, se le ha dado plena intervención en el procedimiento de declaración de situación de adoptabilidad (fs. 153 de los autos 158.304; arts. 9.1. y 9.2 de la CDN, art. 608 inc. “b” del Cód.Civ.Com.), se le ha permitido demostrar el vínculo biológico invocado (fs. 214/vta de la causa 158.304), la Asesora de Incapaces estudió en profundidad cada una de sus pretensiones (fs. 158/9, 229, 311/2, 391/99 de la causa 158.304, fs. 119/120 y 272/280 de la causa 158.302), se han producido los medios probatorios requeridos en tanto resultaron conformes a las reglas procesales aplicables (cuya constitucionalidad, cabe destacar, no fue controvertida, arts. 7 a 14 de la Ley 14.528; v. fs. 121 y 208 de la causa 158.302; fs. 320, 332, 339/40 y 341 de la causa 158.304), se lo ha entrevistado en la sede del juzgado (fs. 256/7 de la causa 158.304 y 196/7 de la 158.302), se le ha dado participación en los dictámenes de los equipos técnicos (fs. 273/4, 349/351 de la causa 158.304; 233/5 y 254 de la 158.302), ha tenido posibilidad de explicar su disconformidad con el método de trabajo y las conclusiones a las que arribaron (v. fs. 339 y 376 de la causa 158.304 y 230/1 de la 158.302), se le ha garantizado el acceso a los expediente y a su retiro en préstamo cuando fue solicitado (fs.240 de la causa 158.304, 129 de la causa 158.302) se han producido pruebas oficiosas tendientes a analizar la procedencia de sus pretensiones de acuerdo a los principios rectores en la materia (v. despachos de fs. 333, 352 de la causa 158.304, arg. art. 709 del Código Civil y Comercial) y, en definitiva, se ha dado respuesta —aunque no necesariamente favorable— a sus reclamos, ya sean cautelares o sustanciales (v. resolución atacada y proveído de suspensión de procedimiento de fs. 86 de los autos “C., C. A. y ot. s/ Adopción”).
Si alguna decisión fue tomada sin que el apelante tenga conocimiento de la causa –y sin perjuicio de que sobre este tópico me detendré más adelante– ello obedeció a la extrema situación de vulnerabilidad que atravesaban los niños C. y L., la urgencia en adoptar las medidas de protección pertinentes en los [brevísimos] plazos que la ley estipula, la resistencia de la progenitora a brindar datos sobre el padre biológico de sus hijos y la ausencia de toda documentación personal de los niños que permita identificar al apelante. En otras palabras, la circunstancia de que la situación de los niños hubiese sido judicializada sin que pudiera contactarse a O. en forma alguna obedece a un defecto en el trámite del presente proceso o en el actuar de los funcionarios intervinientes.
También es claro –de acuerdo a lo dicho– que el asunto aquí ventilado lejos está de guardar analogía con el caso "Fornerón e Hija vs. Argentina", dirimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de fecha 27 de abril de 2014 (Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C. 242), citado por O. en diversos pasajes de su escrito recursivo. Las notorias diferencias entre un caso y otro se manifiestan en por lo menos cuatro aspectos: (1) la situación que motivó el conflicto en la familia de origen y que llevó a la niña (aquí los niños) a una situación de especial vulnerabilidad, (2) la conducta asumida por el progenitor frente a ese escenario conflictivo y a la situación acuciante de su hija (aquí, sus dos hijos) (3) los deseos expresados por la niña con relación a la posibilidad de tener contacto con su padre (v. especialmente párr. 42 de la sentencia “Fornerón e Hija...”...”) y (4) la respuesta jurisdiccional brindada por el Estado una vez que se efectuaron los reclamos judiciales (véase, en particular, párrafos 20 a 38, 42, 79, 80 y 84 del fallo cit.). En suma, no se advierten en el sub lite las irregularidades procesales denunciadas por el apelante y que pudieren fundar el agravio en estudio. Por lo dicho, las quejas vinculadas con la violación de las reglas del debido proceso y del derecho de defensa en juicio deben ser desestimadas (Arts. 8.1 de la CADH, 9.1, 9.2, 12 y cctes. de la CDN, 18 y 75.22 de la CN, 15 de la CPBA, 607 a 610 del CCyC, 7 a 14 de la Ley 14.528).
b.2. Agravios vinculados a la actuación de los organismos administrativos y judiciales.
En numerosos pasajes de su pieza recursiva el apelante criticó la actuación de los agentes estatales –administrativos y judiciales, Ministerio Público incluido- que intervinieron en la protección de los niños C. y L.. Alegó que existían elementos a partir de los cuales pudieron haberlo identificado en su calidad de progenitor, facilitando una revinculación más temprana (fs. 457 punto II, 470/vta, 472, 479/vta, entre otros pasajes, de la causa n° 158.304 “C., S. A...” reiterados en la pieza agregada a fs. 336/380 de la causa n°158.302 “C., L. P....”). El agravio tampoco es fundado: es correcto lo afirmado por la jueza a quo en cuanto a que la imposibilidad de identificar al progenitor biológico una vez dispuesta la medida de abrigo (y durante los doce meses subsiguientes) reconoce como única causa a la conducta del Sr. O..
En efecto, ni en las alegaciones esbozadas en sus escritos postulatorios ni en lo afirmado en las audiencias ante la Sra. Jueza y los miembros del equipo técnico, ni tampoco en las críticas que ahora formula en la expresión de agravios, el Sr. O. ha logrado explicar de manera satisfactoria las razones por las que: a) la Sra. C. súbitamente decidió alejarse del hogar junto a sus hijos (entregándolos por intermedio de un tercero a un organismo administrativo en un «terrible estado de descuido respecto de su higiene» -fs. 8 de “NN C....”-) y se negó constantemente a brindar cualquier tipo de dato que pudiere ubicar al progenitor b) C., de 5 años de edad al momento de su presentación en el EANSR, y L. –de solo 2 años- nunca habían sido inscriptos en el Registro, no fue efectuado el pertinente reconocimiento paterno-filial y C.cían de su Documento Nacional de Identidad y c) existió un lapso de un año durante el cual los niños permanecieron institucionalizados –e incluso fueron entregados en una guarda simple a un matrimonio– sin que su progenitor o su familia ampliada se contactase con ellos.
Con relación al primer punto, la lectura atenta de las constancias obrantes en el expediente principal y en los agregados que versan sobre la actuación de los equipos técnicos del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño, de las autoridades del hogar Divino Rostro y de los miembros del equipo técnico del juzgado, permite corroborar que fueron numerosos los intentos de obtener datos de la Sra. C. tendientes a identificar al progenitor de los niños. El resultado fue siempre negativo: la madre se negó una y otra vez alegando estar amenazada y haber sufrido violencia por parte de O. (v. fs. 7 y 14 de la causa “NN Lif s/ abrigo..” -Expte. 16561/2013- y fs. 8, 14, 35, 38 y 39 de autos “NN C. s/Abrigo” –Expte. 16564/2013-, ambas de trámite ante el Juzgado de Familia N°2 departamental; fs. 7/9 y 162 de la causa 158.304 -“C., S....”-).
Si bien no es este el marco procesal en el cual corresponde dirimir la realidad conflictiva que llevó a la salida del hogar de la Sra. C. y sus hijos, lo cierto es que existen indicios suficientes –serios, precisos y concordantes- que tornan verosímil el contexto de violencia familiar generado por la conducta del apelante y que fue invocado por la progenitora frente a las autoridades del Divino Rostro para negarse a brindar información que permita identificarlo (lo cual explicaría, a su vez, el verdadero motivo por el que C. retiró a los niños del hogar).
En efecto, surge de la evidencia colectada en el expediente que la titular del Juzgado de Familia N°6 departamental dictó, unos pocos días antes de que los niños sean llevados ante el EANSR local, y a pedido de C., una medida de restricción de acercamiento fundada en la violencia familiar ejercida por O. (autos "C., C. A. c/ O., J. L. s/ Protección contra la violencia familiar", Expte. VF-24565506 del J.F. N°6 Dptal; verificado por la M.E.V. -SCBA, A. 70.428, 07/09/16-). Agrego a ello el hecho de que el conflicto implicaba la reiteración de un escenario ya vivido por la niña C. unos años antes (esto es, la súbita decisión de la madre de retirarla del hogar común; véase despacho del 08/01/2010, a fs. 14/15 de la causa "O., J. L. c/ C., C. A. s/ Régimen de Visitas" Expte. 59-10 del J.F. N°4 Dptal, que en este acto tengo a la vista ). Finalmente, sumamente reveladoras son las manifestaciones de la niña que en múltiples ocasiones describió conductas violentas de O. para con su madre biológica, corroborando –reitero- el relato en el que esta última justificaba su negativa a decir quién era el padre de las criaturas (en particular, véase el informe del EMA de fecha -fs. 7/vta de la causa 158.304-, el informe remitido por las autoridades del Hogar Divino rostro de fecha 28/05/2014 -fs. 162 de la causa 158.304 “C., S....”-, relato contenido en el acta efectuada por el Ministerio Público glosada a fs. 235 de la causa citada y lo afirmado por la niña en la audiencia de fecha 03/06/2015). En otras palabras, hay elementos de convicción suficientes para concluir que el Sr. O. ha sido protagonista de la conflictiva familiar que derivó [por segunda vez, y en un muy probable contexto de violencia] en la salida de los niños del hogar junto a su madre y su exposición a una extrema situación de vulnerabilidad que derivó en su institucionalización. Y es ese mismo conflicto –del cual el apelante en todo momento pretende abstraerse, cargando las tintas en C., en los abuelos maternos de los niños, y ahora también en los funcionarios estatales– el que terminó por motivar la renuencia de la madre a brindar datos que permitan su ubicación.
Con relación al segundo punto (falta de inscripción), es de destacar que la persona que entregó a los niños a las autoridades del Equipo de Medidas de Abrigo local el 24 de mayo de 2013 reconoció que estaban indocumentados, extremo que conlleva per se una directa y gravísima vulneración a su derecho a la identidad (arts. 3 de la CDN, 3 y 18 de la CADH, 24.2 del PIDCyP, 13 de la Ley 26.061, 8 de la Ley 13.298 y 8 del Dec. 300/05) a la vez que refleja un incumplimiento de los deberes legales de O. con relación a la inscripción del nacimiento de sus hijos y al reconocimiento de su paternidad (arts. 1 y sig. de la Ley 24.540, 27 y 31 inc. “a” de la Ley 26.413, 30 y sig. de la Ley 14078, 571 inc. “a” del Cód.Civ.Com.). Las explicaciones dadas por el apelante para justificar esta omisión fueron poco claras: en su escrito expresión de agravios –al igual que en el de fs. 210/232 de la causa 158.304; fs. 96/114 de la causa 158302 y en su nota presentada en julio de 2014 ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas– alegó que ello se debió a su negligencia y al rol que C. tenía en la familia. En la audiencia del 6/11/2014 afirmó ante la jueza no los anotó porque C. se llevó “los papeles”, en tanto que ante la Licenciada Villaverde –en su informe de fs. 349/351 de los autos “C., C....” (fs. 233/5 de los autos “C., L....”) argumentó que el problema se debió a la falta de un sello en la constancia de parto. Finalmente, en las entrevistas realizadas ante el Lic. Battistessa y el Dr. Álvarez sostuvo que las partidas se encontraban en su poder y que como consecuencia de “un viaje repentino de la obstetra interviniente en el nacimiento de sus hijos, se omitió dejar asentado en las mismas el registro de su paternidad” (sic, fs. 273 de la causa 158.304)
Cualquiera sea la verdadera razón por la que no procedió a la inscripción (que, en el mejor escenario para el apelante, revela una grave negligencia en el cuidado de sus hijos), no dejo de considerar que se trata de una omisión tanto reiterada como dilatada en el tiempo: C. estuvo cinco años sin contar con su DNI y L. durante dos años. Las explicaciones dadas por O. —que alterna entre el reconocimiento de una negligencia propia y la entera responsabilidad que le achaca a la madre biológica— no logran explicar (mucho menos justificar) cómo se mantuvo a ambos niños durante tanto tiempo sin ser inscriptos en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y sin proporcionarles un Documento Nacional de Identidad. Parece innecesario aclarar que si los niños hubiesen tenido su D.N.I (en cuyo dorso hubiese estado incluido el nombre de su progenitor) tanto más sencilla y rápida hubiese sido su localización.
Finalmente, la última razón por la que no hubo intervención del progenitor en el trámite administrativo de medidas de protección, su ulterior control de legalidad en sede judicial y en la resolución de la guarda simple, se debe a que durante todo ese tiempo –que supera los doce meses– el Sr. O. ningún contacto tuvo con sus hijos L. y C., omitiendo poner en marcha los mecanismos de búsqueda apropiados para dar con su paradero.
En este punto debo decir que resultan llamativas y ciertamente inverosímiles las explicaciones formuladas por el apelante en primera instancia -reeditadas en su recurso- tendientes a justificar su ausencia en la vida de los hermanos C. y L. ínterin permanecieron institucionalizados en el Hogar Divino Rostro y luego durante la guarda simple otorgada al matrimonio B.-C.. El apelante expuso en la audiencia del 06 de noviembre de 2014 (cuya copia obra glosada a fs. 256/7 de la causa “C., S....”) que la progenitora ejercía la prostitución, que mantenía relaciones sexuales frente a los niños, que consumía drogas, que en otra oportunidad sometió a los niños a problemas de alimentación y de salud (bronquitis), que tenía temor de que “sus hijos estuvieran involucrados en la explotación sexual” (sic, fs. 257 de la causa cit.) o que estuvieran en un prostíbulo (fs. 257/vta).
He aquí mi desconcierto: si este era el escenario de peligro, o de tal entidad eran las sospechas que guardaba el progenitor con relación a la situación de sus hijos como consecuencia del actuar de la madre, no logro comprender por qué su primera decisión ante el retiro del hogar fue “esperar un tiempo prudencial por si volvía” (que no es posible saber cuánto fue; v. fs. 256 de la causa “C., S....”, audiencia del 06/11/2014), período durante el cual los niños, reitero: según su propio relato, estarían expuestos a posibles escenas sexuales, explotación o al riesgo de ser “vendidos”, etcétera.
Tampoco resulta claro por qué razón se habría quedado tranquilo por el bienestar de los niños al enterarse que estaban con los padres de C. –como señaló su hermana en la declaración de fs. 170/vta de los autos 158.302, respuesta 16va– si eran ellos a quienes acusó de extorsionarlo para obtener dinero (fs. 212, 212/vta, 213 y audiencia de fs. 256 de la causa 158.304), de robarle constantemente sus pertenencias (fs. 461 párr. prim.), de exponer a sus propios hijos a un “estado total de desnutrición” (sic, fs. 212/vta de la causa cit.) y de asentir y preferir el ejercicio de la prostitución de su hija C. C., madre de los niños (fs. 461, párrafo segundo, de la causa 158.304).
También me pregunto –como bien lo ha hecho la magistrada de la instancia anterior- por qué no acudió a los remedios legales que ya había ejercitado en otras ocasiones, y prefirió en cambio realizar una búsqueda “por sus medios” (que implicó supuestos contactos con personas vinculadas a la explotación sexual de mujeres) u optó por realizar denuncias y “presentaciones” en comisarías (de las que, también llamativamente, ningún registro existe; véase testimonio de la madre de O., fs. 245 de la causa 158.304, respuesta décimo sexta).
Cualquiera haya sido el camino de acción adoptado por C. una vez que se alejó del hogar con los niños (y sin entrar a analizar cuál era el rol de O. en el cuidado de sus hijos cuando su madre los exponía a los peligros que ahora denuncia) lo cierto es que el principal deber de todo padre es el de cuidar a su hijo de toda situación, escenario o circunstancia que conlleve un riesgo para su salud física y espiritual (arg. art. 638 y 646 inc. “a” del Cód.Civ.Com). Aun aceptando por hipótesis que los peligros a los que hizo referencia el apelante efectivamente existieron, nacía en él –como padre biológico de los niños– un deber de actuar en forma inmediata y urgente, articulando todos los medios necesarios (incluyendo, por sobre todo, los carriles institucionales) para ubicar a sus hijos y rescatarlos de la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encontraban. Máxime si el conflicto al que O. se enfrentaba no le resultaba novedoso y ya había realizado reclamos formales que, aun indirectamente, habían tenido un resultado favorable.
El discurso de O. genera más dudas que certezas; son plenamente compartibles las afirmaciones formuladas por la Lic. Villaverde en su informe de 349/51 de la causa 158.304 y reafirmado por el Lic. Battistessa y el Dr. Álvarez en su informe de fs. 272/4 en cuanto a que las alegaciones del apelante brindadas durante todo el proceso (escrito postulatorio, audiencia y recurso), más allá de C.cer de todo respaldo probatorio, resultan escasamente verosímiles. En este punto coincidió el pleno del equipo técnico del juzgado de Familia, al señalar que los dichos de O. reflejan “vaguedades y aparentes ocultamientos expresados en torno [a los] acontecimientos que describen su actuación en relación con la madre de sus hijos y con éstos” (v. informe interdisciplinario de fs. 359 de la causa “C., S....”, suscripto por los Licenciados Banchero, Battistessa, Villaverde y el Dr. Álvarez) o que “surgen inconsistencias y se evidencia poca verosimilitud en sus dichos, en referencia a las acciones que emprendió luego de que la madre de los niños se marchara con estos de su lado” (fs. 273 de la causa “C., S....”).
Efectivamente: existe una notoria desproporción entre los peligros que –según dice– estaban corriendo los niños y la pasividad inicial que O. tuvo ante su ausencia (esperar “por si volvía...”), sumado ello a la inexplicable tranquilidad que tuvo cuando se enteró que los niños estarían con sus suegros (a quienes les imputo delitos graves) y la errática e infructuosa búsqueda que alega haber realizado luego, y que duró más de un año sin resultados favorables. No puedo dejar de advertir que los niños estaban institucionalizados en un lugar céntrico de la ciudad y se encontraban interviniendo autoridades administrativas y judiciales: no es atrevido afirmar que si O. hubiera consultado a un abogado –como el que ya había consultado años atrás en una situación similar- la falta de intervención en el expediente, de la que ahora se agravia, no hubiera ocurrido.
Me permito resumir lo dicho en los párrafos precedentes: los niños L. y C. fueron entregados por un tercero a un organismo administrativo en condiciones deficitarias de salud, alimentación e higiene, indocumentados, careciendo de referentes adultos o de la presencia –regular, constante- de sus progenitores. En este contexto, la imposibilidad de localizar al padre biológico de los niños una vez que fueron adoptadas las medidas de abrigo mal puede ser imputado a un defectuoso actuar de los funcionarios administrativos y judiciales. Antes bien, ello obedeció exclusivamente a tres causas, todas ellas vinculadas con una conducta activa u omisiva del aquí apelante: primero, la férrea negativa de la Sra. C. para brindar datos sobre la filiación paterna con fundamento en la conducta violenta del apelante –que ya había motivado una actuación judicial previa- y que fue corroborada en reiteradas ocasiones por la niña C. en un testimonio que considero sincero y ajeno a posibles influencias de la madre (aspecto sobre el cual volveré más abajo); luego, la desidia de O. de inscribir y reconocer a sus hijos ante el Registro correspondiente, privándolos de su documentación personal básica; finalmente, la ausencia del apelante en la vida de sus hijos durante por lo menos un año, ínterin se realizaban medidas de protección y se disponía su guarda simple (circunstancia generada por una pasividad inicial injustificada a la que le siguió una búsqueda tardía e infructuosa).
Por todo lo dicho, el agravio en estudio debe ser desestimado (arts. cit.)
b.3. Agravios vinculados a los informes del equipo técnico.
Las críticas que el apelante expone con relación a los informes de los equipos técnicos tampoco son fundadas.
Resultan inadmisibles aquellas quejas que se sustentan en una consideración crítica sobre el método o modalidad de trabajo seguidos por los profesionales que componen el equipo técnico del juzgado de familia, o sobre el marco teórico que estos últimos tuvieron en mira a la hora de arribar a sus conclusiones. Me refiero a aquellas partes del recurso (en particular, a fs. 473, punto IV.b y siguientes de la causa 158.304) en las que el apelante afirma que los expertos debieron realizar más entrevistas, o efectuar diversas pruebas psicométricas, o analizar en profundidad otros aspectos de su persona, de su vínculo con C. y con los niños, o utilizar las conclusiones de investigaciones científicas más recientes, etcétera (v. fs. cit.).
Dos razones definen la inadmisibilidad de estos argumentos.
En primer lugar, los jueces carecemos de los conocimientos necesarios para efectuar un juicio crítico sobre el abordaje técnico y científico que un profesional –sea de la psicología, de la ps<iquiatría, del trabajo social o de la disciplina que sea- realizó frente a un caso determinado. Tanto menos si, según se alega, se omitieron marcos teóricos que se supone son novedosos o se dejaron de lado avances científicos o investigativos en una disciplina en particular y que el juez obviamente no tiene por qué conocer. En segundo lugar, aunque vinculado a lo anterior, la valoración racional de la prueba producida y la aplicación en el caso de las reglas de la sana crítica motivan al juzgador a analizar –de conformidad con las pautas contenidas en el art. 474 del CPC- la competencia de los peritos, la solidez científica que ostentan sus argumentos y conclusiones, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y su concordancia con los restantes elementos de convicción que la causa ofrezca. Ese es el juicio técnico que puede realizar sobre los dictámenes que el equipo técnico presenta para «asistir interdisciplinariamente y colaborar con el juez» (art. 12 de la Ley 13.634).
En el caso, advierto que los informes presentados por los profesionales Andrea Banchero, Carlos Battistesa, Martín Álvarez y Érica Villaverde (glosados a fs. 58, 272/3, 307, 330, 344, 349/51, 359 y 362, de la causa “C., S. A....” -158.304- y fs. 182, 221, 233/5 de los autos “C., L. P....” -158.302-) se encuentran debida y suficientemente fundados y sus conclusiones resultan contestes con el desarrollo y la exposición general que cada dictamen contiene.
La modalidad de trabajo se ha ajustado con suficiencia a las reglas procesales que rigen estos procesos (arts. 838, 844 y cctes. del CPC) a la función que la ley les asigna a los Equipos Técnicos (art. 12 seg. párr. de la Ley 13.634) y el carácter abreviado que este tipo de tutelas debe tener de conformidad con la materia debatida (arg. arts. 4, 7 párrafo tercero y cctes. de la Ley 14.528). Además, sus informes muestran coincidencias en puntos centrales, y en el dictamen conjunto sus apreciaciones han sido directamente unánimes (ver, en particular, inf. interdisciplinario de fs. 359 de la causa 158.304), mostrándose además plenamente ajustadas a las probanzas colectadas en ambos legajos (arg. art. 384 del CPC).
Tampoco son tales las contradicciones que el apelante dice hallar en los informes técnicos, y en particular el que fuera elevado por el Dr. Martín Álvarez y el Lic. Carlos Battistessa el 05/11/2014 y que obra glosado a fs. 272/4 de los autos “C., C....”. Para así decirlo, el Sr. O. contrasta la manifestación de los peritos con relación a la escasa verosimilitud del relato de los hechos que constituyeron el conflicto mantenido con C. (v. fs. 473/vta de la causa .cit.) con el hecho de que “su perfil de comportamiento, lógico, suspicaz, atento y estudioso de la conducta de los otros, predominantemente racional, contrasta con cierta ingenuidad referida en torno al conocimiento de la interacción mantenida con su ex pareja y madre de sus hijos” (v. fs. 272/vta) y con lo dicho luego sobre la participación activa que O. tiene en la crianza y educación de sus otros hijos P, L y N y los hijos de su actual pareja.
La lectura completa e integral del informe no me permite advertir ninguna incoherencia: Battistessa y Álvarez pretenden contrastar —como expresa y literalmente lo consignan en el tenor de su dictamen— el comportamiento general del progenitor de los niños (racional, atento, suspicaz, estudioso de la conducta ajena) con la ingenuidad que mostró en torno a su relación con C..
Es esa diferencia la que lleva a los profesionales a advertir la escasa verosimilitud de su relato: la suspicacia, la atención y la racionalidad que evidenció al referirse a algunos aspectos de su vida o el carácter “bien estructurado” de su discurso vinculado a lo laboral y a las actividades realizadas, son notas o caracteres que no se presentaron en la descripción de su historia con la madre de C. y de L. (tema de relevancia superlativa en lo que respecta a juzgar su pretensión de recuperar la guarda de los niños). Es en los aspectos más importantes en los que O. brinda explicaciones poco claras, con inconsistencias y contradicciones. Allí está lo llamativo de su discurso y que –reitero– he intentado destacar al analizar lo relativo a la búsqueda de los niños o su falta de inscripción en el registro (v. supra, considerando IV.b.2). De la misma manera no encuentro el error en destacar su participación activa en la crianza de sus restantes hijos (v. fs. 273/vta, últ. párr.) y cómo ello contrasta —a la luz de lo dicho en el considerando anterior y las demás circunstancias de hecho que no vienen controvertidas— con el ejercicio de su rol de padre de los niños sobre los que recayeron las medidas de protección y su protagonismo en la conflictiva familiar que derivó en su extrema situación de vulnerabilidad.
Por todo lo expuesto, los agravios dirigidos a impugnar la solidez técnica de los informes realizados por el equipo técnico y la valoración que de ellos ha efectuado la jueza de grado también deben ser desestimados (arts. 384, 474, 838, 844 y cctes del CPC, 7 de la Ley 14.528 y 607 y cctes. del Cód. Civ. Com.).
b.4. Agravios vinculados a la consideración del interés superior de los niños. El valor de su opinión.
Cabe tratar, por último, las quejas dirigidas a marcar el error en el que habría incurrido la a quo al determinar el interés superior del niño, al considerar el testimonio de la niña C. con relación a los hechos de violencia y al ponderar la opinión de ambos hermanos con relación a una posible revinculación con su progenitor.
El recurso, en este punto, tampoco prospera.
a. El caso debe decidirse de conformidad con los estándares y directrices que se desprenden de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y muy especialmente a aquellos vinculados a los derechos de la niñez, incluyendo la consideración del interés superior del niño (art. 3.1 de la C.D.N., 3 de la 26.061 y 4 de la 13.298), el carácter excepcional que tiene toda solución que conlleve separar al niño de su familia de origen (art. 9.1 de la C.D.N.) y el deber de escuchar y considerar su opinión de conformidad con la edad y grado de madurez (arts. 12.1 de la C.D.N.).
Más allá de las importantísimas funciones que la Corte Federal le ha asignado al principio del interés superior del niño (esto es, como criterio de intervención institucional protectora del menor y como pauta de decisión ante un conflicto de intereses; Fallos 328:2870), cierto es que se trata de una cláusula o directriz general e indeterminada, cuyo contenido específico depende siempre de la consideración especial de las circunstancias que rodean a cada caso en particular.
En otras palabras, la determinación del superior interés del niño no puede obedecer única y exclusivamente a conceptualizaciones abstractas sino que, en última instancia, debe motivar un estudio casuístico en el cual se indague -en cada caso- cuál es la solución que supone para el niño máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la ley. Como bien apunta la doctrina especializada, hay que analizar “lo que más conviene a un niño determinado en un caso concreto” (Gil Domínguez, A. Fama, María V., Herrera, M. “Ley de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes. Derecho Constitucional de Familia”. Buenos Aires: Ediar, 2012, pág. 84).
Pues bien, la evidencia colectada en el expediente, producida a instancias del aquí apelante, ha sido suficiente para concluir –como lo ha hecho la magistrada de la instancia anterior– que la declaración de situación de adoptabilidad de los niños L. y C.: (a) es la solución que mejor se adecúa a su interés superior, de conformidad con las particulares circunstancias que el caso presenta; (b) es la decisión que mejor respeta su libre opinión y su expreso deseo de continuar con sus guardadores y continuar alejados de su progenitor, y (c) se justifica como remedio excepcional que conlleva la separación de su familia biológica, asegurando un contexto en el cual pueda darse la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos. Esta circunstancia define, a contrario sensu, la suerte adversa que debe seguir la pretensión del padre biológico cuyo rechazo motivó el recurso en estudio.
De los dictámenes que el equipo técnico produjo a partir de la presentación del Sr. de O. en fecha 17/07/2014 (fs. 96/114 de la causa “C., L....” y fs. 210/228 de los autos “C., C....”) cuyas pruebas fueron proveídas a fs. 121 de la causa “C., L. P....” –n°158.302-, resulta particularmente relevante destacar lo siguiente:
1. las manifestaciones de O. tendientes a explicar el impasse de más de un año durante el cual no tuvo contacto con los niños son escasamente verosímiles. Su discurso es poco claro y posee inconsistencias y ocultamientos. Ello se hace extensivo a la justificación de la falta de inscripción de sus hijos en el Registro correspondiente y a las vivencias que dijo tener con los niños (v. informe del Dr. Álvarez y Lic. Battistesa, fs. 273 y vuelta; coincide en ello la Lic. Villaverde a fs. 351/vta y fue reafirmado por el equipo técnico en pleno en el informe interdisciplinario de fs. 359, todos de la causa 158.304).
2. la conducta de O. muestra la presencia de rasgos predominantemente obsesivos, compulsivos, paranoides y de manipulación y control, existiendo probabilidades de aparición de conductas impulsivas si se dieran fallos en los mecanismos de defensa psicológicos, encargados de inhibir tales respuestas (fs. 273, anteúlt. párr. de la causa cit.). Tiene una actitud controladora y sutilmente manipuladora en situaciones de conflicto, con posibilidad de despliegue de impulsividad ante la falla de mecanismos autorreguladores o inhibitorios (fs. 273/vta).
3. la familia ampliada de O. no dio cuenta de experiencias que connoten sentimientos o afectos de pertenencia con relación a los niños (fs. 273/vta).
4) O. ha mostrado escasa percepción de sus hijos como sujetos de derecho, al intervenir el trámite de inscripción de C. y L. y modificar el nombre con el que ellos mismos se identifican (informe de la Lic. Banchero, fs. 307 y vuelta; véase nota manuscrita de fecha 02/02/2015 glosada a fs. 302/3 y contrástese con el acta de fs. 293 de la causa “C., C....”).
5. las producciones y el perfil de comportamiento demostrado por O. en las diversas entrevistas llevadas a cabo con los miembros del equipo técnico mostraron «inconsistencias que obligan a poner en consideración su desempeño en el ejercicio de su rol parental» (informe interdisciplinario de los Lic. Villaverde, Banchero, Battistessa y el Dr. Álvarez, fs. 359). El apelante mostró una base de respuestas y una propensión conductual que puede generar la aparición para el despliegue de vínculos empáticos y para descentrarse y adoptar un punto de vista ajeno al propio, a lo que se le suman posturas narcisistas manifestadas por inmadurez o por la presencia de trastornos de comportamiento, todo lo cual «influye negativamente en el establecimiento, el tipo de vínculo y la comunicación que se realiza con los hijos» (fs. cit.).
6) O. no demostró adoptar comportamientos ni criterios realistas para asumir la problemática a la que se enfrentó, o para sortear los obstáculos que —según dijo— se le presentaron en la búsqueda de sus hijos. Los rasgos y desempeños observados en O. «permiten inferir que el mismo manifiesta, en los tópicos descriptos, habilidades parentales poco desarrolladas (fs. 359/vta, último párrafo, de la causa 158.304 “C., S....”).
7. Los niños se encuentran integrados en un marco familiar contenedor y afectuoso proporcionado por el matrimonio C.-B., que favorece su desarrollo y que contiene y propicia tanto aspectos inherentes a la cobertura de necesidades básicas, como a lo normativo, y «se niegan a tener algún tipo de contacto con su progenitor, se trate de verlo, hablar con él, escucharlo» (fs. cit.). Asimismo, «pensar en la posibilidad de revincularlos o reintegrarlos a un medio familiar que registran como hostil no sería otra cosa que someterlos a una suerte de experimento, en el que los niños conformarían el fenómeno a indagar, con la finalidad de confirmar o descartar una hipótesis. La sola exposición a esta situación podría generar algún tipo de daño psicológico en estos niños» (informe de la Lic. Banchero de fs. 330 de la causa “C., C....” -158.304- y fs. 221 de los autos “C., L. P....” -158.302-).
Es muy importante destacar también que en numerosas ocasiones la niña C. (quien por su edad tenía mayores recuerdos de su pasado y los recursos intelectuales para comunicarlos) hizo referencia a conductas violentas de J. L. O. para con ella y su madre.
Miembros del Equipo Técnico del EMA local entrevistaron a los niños el 18/06/2013 y expusieron que C. narró que “mi papá le pegó a mama, me quiere pegar a mí y a mi mamá, él le pegó en la vereda” (v. informe del EMA de fecha a fs. 7/vta de la causa 158.304; art. 37.2 del Dec. 300/05). Las autoridades del Hogar Divino Rostro también contaron en fecha 28/05/2014 que “los niños nunca pidieron por su papá. Al principio C. contó a diferentes preceptores que su papá le pegaba mucho y muy fuerte a su mamá, que estaba mal eso” (fs. 162 de la causa cit.). El 21 de julio de 2014 –a más de un año de haber perdido el contacto fluido con su progenitora y de haber sido institucionalizados- la Asesora de Incapaces se entrevistó con los niños y pudo corroborar que C. reiteraba que “es malo mi papá de la panza” y agregó que le pegaba todo el tiempo, “muy fuerte en una de sus piernas” y que le daba todo el tiempo alcohol a su mamá. Señaló la niña que “en una oportunidad su mamá se fue corriendo por el patio de la casa porque su papá quería pegarle” (fs. 235 de la causa cit).
A diferencia de lo argumentado por el apelante, no advierto razón alguna para quitarle valor convictivo a los relatos de C., que se han mantenido contestes e invariables a lo largo de los años e incluso en épocas en las que ya había perdido contacto frecuente con su progenitora (extremo que me lleva a considerar sumamente improbable que su discurso haya sido influenciado o intervenido por el de C. C.). La jueza de primera instancia –con buen tino– indagó en varias oportunidades sobre en este punto en la audiencia del día 03/06/2015 (a dos años de la adopción de la medida de abrigo) y la niña insistió una y otra vez que las escenas descriptas las “vio” personalmente y que nadie le dijo lo que tenía que contar (v. fs. 413/vta y 414 primer párrafo de la causa 158.304).
En otras palabras, entiendo que es tan grave como sincero el relato de la niña C. con relación a las escenas de violencia que ha presenciado, todo lo cual supone un elemento de convicción más —tal vez, el más importante— que me persuade de la justicia de la solución adoptada. La prerrogativa convencional de los niños a ser "escuchados" en todo proceso en el que se dirimen sus derechos debe incluir la posibilidad de presentar su testimonio sobre los conflictos que motivan la intervención estatal. En el caso en estudio, dada la edad de la niña, el nivel de detalle que ofreció sobre las dolorosas vivencias familiares y la coherencia de sus relatos a lo largo del tiempo, me llevan a asignarle un valor convictivo fundamental en orden a dilucidar la materia controvertida (art. 12.2 de la C.D.N., art. 3 inc. "b" de la Ley 26.061, Regla N° 78 de las «Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad» -Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008-).
Tampoco el apelante ha brindado razones atendibles que permitan deslegitimar o restar valor a la libre opinión que los niños han guardado con relación a la revinculación con el padre, extremo que termina por sellar la suerte adversa que debe correr la pretensión recursiva del progenitor.
En efecto, no puedo dejar de considerar las manifestaciones que han expresado L. y C. en la audiencia del 3 de junio de 2015 y de la que ha dado cuenta la magistrada en la resolución en crisis. Los niños expresaron su deseo de continuar viviendo con sus actuales guardadores, a quienes consideran papá y mamá y que les han dado una contención óptima para el desarrollo de sus potencialidades. Este deseo es idéntico al que manifestaron frente a la psicóloga Banchero, y que fuera volcada en el ya citado informe de fs. 330 de la causa 158.304, y del cual también dieran cuenta sus guardadores en la audiencia celebrada en este Tribunal el 20 de febrero de 2017 (fs. 542 de la causa 158.304 y fs. 416 de la causa 158.302).
En suma, estos elementos de convicción me persuaden de que los niños L. y C. se encuentran en una situación tal que la plena satisfacción de su derecho a vivir en una familia que los contengan y que le permita el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad (rodeándolos de un ambiente de felicidad, amor y comprensión) solo puede cumplimentarse mediante el emplazamiento en un grupo familiar distinto al de origen.
En este contexto, y a la luz de la prueba producida, ninguna duda me cabe que la pretensión del Sr. J. L. O. de reasumir el cuidado personal de sus hijos es una medida contraria al interés superior de los niños L. y C. (art. 7 de la Ley 14.528 y 607 del Código Civil y Comercial), encontrándose además reunidos los recaudos legales necesarios para declarar su situación de adoptabilidad con relación al progenitor.
Por todo lo expuesto, considero que el recurso debe ser rechazado, confirmándose en todas sus partes la sentencia apelada (art. 3, 9 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24 ap. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 18 y 75.22 de la CN, 11 y 15 de la CPBA, 607 del Código Civil y Comercial, 11 in fine de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 26.061- y 7 segundo párrafo de la Ley 14.528).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: 1. Rechazar el recurso interpuesto por el Sr. J. L. O.
–progenitor de los niños C. y L.- a fs. fs. 308/9 de la causa 158.302 (“C., L. P. s/ Materia a Categorizar”) y fs. 427/8 de la causa 158.304 (“C., S. A. s/ Materia a Categorizar”) y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 284/303 de la causa 158.302 y fs. 403/422 de la causa 158.304. 2. Las costas de Alzada deben imponerse al apelante vencido (art. 68 del CPC).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve:
1. Rechazar el recurso interpuesto por el Sr. J. L. O. –progenitor de los niños C. y L.- a fs. fs. 308/9 de la causa 158.302 (“C., L. P. s/ Materia a Categorizar”) y fs. 427/8 de la causa 158.304 (“C., S. A. s/ Materia a Categorizar”) y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 284/303 de la causa 158.302 y fs. 403/422 de la causa 158.304. 2) Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPC). 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904). 4) Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135, inc. 12 del CPC); dese vista a la Asesora de Incapaces interviniente (art. 103 del Código Civil y Comercial). Cumplido, devuélvanse los autos principales conjuntamente con las causas agregadas.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia