Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64199
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el auto de fs. 132 y vta., declarando válido el poder de fs. 32/33, otorgado por la Sra. A. A. T. a favor de su apoderado, el Dr. A. G. C. (arts. 284, 363 y 1017 CCCN, doctrina y jurisprudencia citada).
2SIN COSTAS, atento la forma en que se genera y resuelve la cuestión (art. 68 del C.P.C.C.).
Nro. Expte: 2-64199-2019 T., A. A. C/ T., E. R. S/ MATERIA DE OTRO FUERO
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
Nro. Registro Sentencia Interlocutorias: 90 Folio: ..........
Azul, 11 de Abril de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Arriban los autos a este Tribunal a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en subsidio del de revocatoria por el Dr. A. G. C., por derecho propio e invocando su carácter de apoderado de la actora (fs. 133/134), contra el proveído de fs. 132 y vta., que hizo le saber que la carta poder acompañada a fs. 32/33 resulta inocua como poder con facultades para intervenir en las presentes actuaciones, pues no cumple las formalidades previstas por la ley vigente; más precisamente el art. 47 del CPCC. Por lo tanto, aclaró que acreditada la personería invocada, proveerá lo requerido.
A fs. 135 se rechazó la revocatoria y se concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio.
II. El apelante se agravia por cuanto no se tiene por acreditada su personería como apoderado de la actora. Aclara que en el precedente “Ferrari” de esta Sala, citado por el a quo en la resolución apelada, al referirse a la certificación de firmas se expresó que dicho recaudo puede ser cumplido, por ejemplo, realizando el acto de apoderamiento ante el secretario del Juzgado de la instancia de origen, o ante el secretario de la Sala interviniente o ante el secretario del Registro Público de Comercio, toda vez que dichos funcionarios cumplen idénticas funciones que el notario que certifica la firma del otorgante. Sostiene que en el sub-lite se ha cumplido con lo previsto en el referido precedente, toda vez que mediante la carta poder obrante a fs. 32/33 la actora le otorgó poder especial para intervenir en el presente proceso ante el Secretario del Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó –ciudad donde se domicilia la actora-, puesto que en dicha oportunidad el presente tramitaba por ante el Juzgado de Familia N°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. Aduce que ninguno de los órganos intervinientes hasta el momento (Juzgado de Familia de Trenque Lauquen, Cámara de Apelación Civil y Comercial de Trenque Lauquen, Juzgado de Paz de Bolívar, Juzgado Civil y Comercial N°2 de Azul y Suprema Corte Justicia de la Provincia de Buenos Aires) ha cuestionado el poder otorgado por la actora. Por todo lo expuesto, solicita que se revoque el auto apelado, admitiéndose la carta poder otorgada por la actora ante el Secretario del Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó (cf. fs. 133/134).
III) 1. Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos que presentaban similares circunstancias fácticas. En efecto, en los autos "Alarcón María Ana c/ Cigna Pedro s/ Usucapión" (causa N° 62147 de fecha 29/06/2017), se había promovido la demanda con un poder especial formalizado en instrumento privado, con la firma del poderdante certificada por notario. Asimismo, en causas n° 63.231 “Ferrari Mara Odilia s/ Beneficio de Litigar sin Gastos”, (de fecha 05/07/2018); n° 63.230, “Ferrari Mara Odilia c/ Eufemio Gabriel Omar y otros s/ Daños y Perjuicios”, (de fecha 03/07/2018); n° 63.496 “Esteban Cristian Alfredo c/ Aranza Claudia Karina s/ Daños y Perjuicios”, (de fecha 10/09/18); n° 63.497 “Esteban Cristian Alfredo c/ Aranza Claudia Karina s/ Beneficio de Litigar sin Gastos”, (de fecha 10/09/18) y n° 63.572 “Cabrera Pedro Américo c/ Giliberti José Ariel y otro/a s/ Daños y perj. autom. c/les. o muerte (exc. estado)”, (de fecha 8/11/18), esta Sala dictó resoluciones de igual tenor.
En dichas oportunidades este tribunal desarrolló los argumentos que a continuación se transcriben: "En primer lugar cabe advertir que el Código Civil derogado establecía en forma expresa que los poderes generales o especiales a presentarse en juicio, debían hacerse por escritura pública, conforme el art. 1184 inc. 7 CC. Sin embargo, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, esta materia ha experimentado un cambio, pues el art. 1017 CCCN de este ordenamiento no contempla tal exigencia formal, y el art. 284 del mismo código establece el principio de libertad de formas para los actos jurídicos. Asimismo, el art. 363 del Código Civil y Comercial señala que: "El apoderamiento deber ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar".
En el ámbito provincial, el art. 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires exige la escritura de poder. En efecto, dicho artículo dispone que: "Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder...". No resulta sobreabundante recordar que la normativa citada, era la consecuencia procesal de la regulación que establecía el derogado Código Civil en su art. 1184 inc. 7 CC. De ninguna manera podía el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires establecer una manera distinta de acreditar el poder para actuar en juicio, ya que el código de fondo imponía la escritura pública (Kielmanovich, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", tomo I, pág. 85).
Se presenta entonces un problema de interpretación, que ha generado posturas jurisprudenciales encontradas, que requiere la adopción de soluciones armonizantes de los regímenes nacional y provincial, y que, a la vez, permitan garantizar la seguridad jurídica que requieren los actos procesales (arts. 1, 2, 3 y 7 del CCCN).
En esta tarea debe puntualizarse que, por un lado "...las provincias no pueden apartarse de lo legislado por el poder legislativo federal. (...) Las leyes provinciales no pueden alterar las prescripciones de los códigos de fondo, sin violar lo dispuesto en el art. 72, inc. 12 de la norma fundamental. Pero la facultad de dictar los códigos de procedimiento sí es una facultad delegada a las provincias, en virtud del art. 121 de la Constitución Nacional" (Mezzanote Olmedo, "La forma de los poderes judiciales con el código civil y comercial de la nación", pág. 6, en www.faca.org.ar).
Además, corresponde recordar que "...la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado e inveteradamente declarado la constitucionalidad de la facultad del Congreso Nacional de dictar normas procesales con el fin de asegurar la efectividad de los derechos que consagra la legislación de fondo que le incumbe sancionar ('Fallos' 137:307; 138:154 y 157; 141:254; 162:376; 247:524; 265:30; 299:45)"." (SCBA LP C 112988 S 17/04/2013 Juez De Lazzari, "Candia..."; SCBA LP C 96638 S 11/08/2010 Juez Pettigiani, "López....", en Juba B33389).
Al haberse sancionado un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que no exige expresamente que el poder para juicios sea realizado en escritura pública (arts. 1015 y 1017 del C.C.C.N.), no puede requerirse que conforme lo normado en el 47 del C.P.C.C. (cuyas previsiones respondían a lo normado en el 1184 inc. 7 del C.C. derogado), deba recurrirse a esa formalidad como modo de acreditar la personería. La situación que ha quedado planteada en la actualidad, seguramente generará una adecuación de la ley procesal a las previsiones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Sin perjuicio de todo lo dicho hasta aquí, resulta relevante señalar que no puede desconocerse la trascendencia del acto jurídico que implica actuar en nombre de otra persona en juicio; lo que conlleva la necesidad de que se observen y cumplimenten determinados recaudos que deben estar dirigidos a determinar con exactitud, la identidad del poderdante y las facultades conferidas al apoderado, a fin de asegurar una tutela judicial efectiva y evitar dilaciones indebidas en el trámite de las causas (art. 15 Const. Pcial.; art.34 inc. 5, b, d y e del C.P.C.C.).
En ese sentido, entiende este Tribunal que en el caso de autos la certificación notarial de la firma cumple adecuadamente dichos extremos. Es decir, manteniendo la libertad de formas prescripta por el nuevo Código Civil y Comercial (arts. 284, 363 y 1017 CCCN), la parte demandada adoptó el recaudo de la certificación notarial de la firma del poderdante, que dota de certidumbre en torno a la persona otorgante al acto jurídico realizado y confiere suficiente seguridad jurídica.”
2. El criterio expuesto ha sido receptado por la Sala I de esta Cámara de Apelaciones en autos "Rebolino Omar Luis s/ Sucesión ab Intestato" (causa n° 62582, del 27/09/2017) cuando sostuvo que "...por razones de celeridad y economía procesal es conveniente que esta Sala adopte el criterio sentado por la Sala II, tal como lo ha hecho la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al adoptar ciertos criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Sin perjuicio de que en autos no se presenta una situación idéntica a la decidida anteriormente por este Tribunal, resulta conveniente aclarar que esta Sala, en la causa citada "Alarcón" no consideró que la determinación de la identidad del poderdante y de las facultades conferidas al apoderado, pueda realizarse única y exclusivamente con la certificación notarial de firma. Efectivamente, en la citada causa “Ferrari” se aclaró que dichos recaudos pueden ser cumplidos y observados, por ejemplo, realizando el acto de apoderamiento ante el secretario del Juzgado de la instancia de origen, o ante el secretario de la Sala interviniente, o ante el secretario del Registro Público de Comercio. Y ello es así toda vez que dichos funcionarios judiciales cumplen, idénticas funciones que el notario que certifica la firma del otorgante (esta, arts. 284, 363 y 1017 CCCN).
Por ende, habiendo la accionante conferido poder a su letrado ante el Secretario del Juzgado de Paz de Pehuajó, entiende este Tribunal que se cumplen adecuadamente los extremos referidos precedentemente. Es decir, manteniendo la libertad de formas prescripta por el nuevo Código Civil y Comercial (arts. 284, 363 y 1017 CCCN), la parte actora adoptó el recaudo de la certificación ante el Secretario del Juzgado de Paz de Pehuajó (Departamento Judicial de Trenque Lauquen), de la firma del poderdante, que dota de certidumbre en torno a la persona otorgante del acto jurídico realizado, de la fecha cierta del mismo, y confiere suficiente seguridad jurídica. Por lo demás, cabe aclarar que si bien en oportunidad de otorgarse el poder las actuaciones se encontraban radicadas en el Juzgado de Familia de Trenque Lauquen, la actora se domiciliaba en Pehuajó y el funcionario judicial de dicho Juzgado de Paz cumple idénticas funciones que el notario que certifica la firma del otorgante (arts. 284, 363 y 1017 CCCN).
IV. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) REVOCAR el auto de fs. 132 y vta., declarando válido el poder de fs. 32/33, otorgado por la Sra. A. A. T. a favor de su apoderado, el Dr. A. G. C. (arts. 284, 363 y 1017 CCCN, doctrina y jurisprudencia citada). 2) SIN COSTAS, atento la forma en que se genera y resuelve la cuestión (art. 68 del C.P.C.C.). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia