Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3463
Registro N° 37 /2019
Fojas 223/245
En la ciudad de Pergamino, el 04 de Abril de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3463-18 caratulada "V. L. A. C/ M. R. H. S/ MATERIA DE OTRO FUERO", Expte. N° 58.871 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Roberto Manuel Deglegue y Graciela Scaraffía, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo:
El señor Juez de la anterior instancia falló en la presente rechazando la demanda instaurada contra R. H. M., aplicando las costas a la actora vencida y difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos base para ello.
A fs. 926 apeló la accionante, quien fundó su recurso mediante la presentación de fs. 929/36.
Principia su queja la apelante realizando un pormenorizado relato de los antecedentes de la causa para luego afirmar que no ha reparado el a-quo en el principio de autosuficiencia que tiende a favorecer a la parte que se ha visto afectada por la disolución del vínculo y en la división de tareas que suele darse en el seno de toda familia como así tampoco en el planteo de su parte de otro modo de compensación.
Sostiene que el inmueble en cuestión era propiedad de los progenitores del señor Morán (ya fallecidos) con quienes la actora siempre mantuvo buena relación y consintieron que continuara gozando de su propiedad, más aún cuando el demandado no cuestionó tal circunstancia, ni solicitó canon locativo.
Señala que en la causa de divorcio se resolvió la culpabilidad del demandado en la disolución del vínculo y la calidad de su parte de cónyuge inocente, lo cual para el a-quo no resulta relevante en esta causa de compensación económica privándola ello de su vocación hereditaria y del uso del inmueble que fuera sede del hogar conyugal.
Remarca que se ha visto doblemente perjudicada, en primer lugar por un cambio de legislación que lesiona sus derechos luego de haber sorteado un extenso juicio de separación personal y en segundo término porque el juzgador no ha podido desentrañar el verdadero alcance del instituto de la compensación económica.
Manifiesta seguidamente que el desequilibrio se da con la separación personal de los esposos pero claramente se ve reforzado con la sentencia de divorcio vincular que aniquila los derechos de cónyuge inocente.
Agrega que el art. 442 del CCCN determina que a falta de acuerdo entre los cónyuges es el juez quien debe determinar la procedencia y monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, muchas de las cuales se encuentran explayadas en estos autos, como por ejemplo el estado patrimonial de los cónyuges al inicio y al final de la vida matrimonial, la dedicación que cada esposo brindó a la familia. Se agravia entonces, pues el juez anterior sostuvo que no se encuentra probada la situación económica de su parte, a fin de ponderar si existió un sacrificio económico en pos de un proyecto en común. Aduce que se ha probado en autos que el demandado mantenía el hogar mientras que su parte se abocó al cuidado de los hijos en común y apoyó el desarrollo patrimonial de aquel. Que también se encuentra probado el alto nivel económico del señor Morán.
Resalta que el sentenciante hace una consideración parcial de la prueba agregada, omitiendo considerar las cuentas bancarias de las cuales es titular el demandado desde antaño, y los movimientos registrados en las mismas.
Alega que también se ha acreditado la dependencia económica y postergación profesional de su parte, como así también que la actividad comercial del accionado desde el inicio del matrimonio y gracias al soporte de la actora, genera importantes ingresos aunque no fueran declarados ante los organismos pertinentes.
Hace reserva del caso federal y solicita se modifique la decisión impugnada.
Conferido el traslado pertinente, es contestado por la contraria mediante el escrito de fs. 938/40 vta., quien solicita se confirme la sentencia primera.
A fs. 945 se dictó el llamamiento de autos de fecha 11 de diciembre de 2018, que habiendo adquirido firmeza a la fecha, deja la causa en condiciones de ser fallada.
Tras un efectuar un exhaustivo análisis de la presente causa y sus acumuladas, he de estructurar el tratamiento del recurso de apelación en función de los agravios vertidos.
De la lectura del memorial advierto que la crítica recursiva se divide en dos cuestiones fundamentales dentro de las cuales confluyen todos los argumentos desplegados por la parte apelante. Estas son: 1) la afectación de derechos adquiridos de la actora como consecuencia del desconocimiento por parte del a quo de su calidad de cónyuge inocente en la sentencia apelada -conforme fuera declarado en la sentencia de divorcio de fs. 359/367 en la causa n° 41.303 caratulada: "M., R. H. c/ V., L. A. s/ Separación personal" que tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial n° 3 con los consiguientes efectos jurídicos derivados de aquélla condición-. 2) La negación del derecho a la compensación económica de la actora sobre la base de una valoración parcial de la prueba producida que habría conducido al a quo a la conclusión de que los presupuestos de procedencia (desequilibrio patrimonial, empeoramiento de la situación de la actora, etc.) del instituto aludido no se encontraban acreditados en el caso concreto.
Con relación al primer punto, es preciso señalar que el art. 7 del CCyC define el ámbito intratemporal de la aplicación de la ley, estableciendo como regla general que la aplicabilidad inmediata de las nuevas leyes a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".
En materia alimentaria, constituye un criterio jurisprudencialmente consolidado aquel que determina que la cuota alimentaria no es más que una consecuencia que se sucede en el tiempo respecto de una relación jurídica existente al tiempo de la sanción del nuevo ordenamiento. De ello se sigue que como regla la nueva ley debe aplicarse con carácter inmediato a las relaciones jurídicas alimentarias (cf. CCCom. de Mar del Plata, 15-9-2015, elDial.com - AA91F9, del 19-9-2015 y Diario Judicial de 26-1-2016; CFam. de Mendoza, 18-11-2015, expte. 250/13/4F-323/15). Es decir, según la regla del efecto inmediato aplicado al régimen jurídico alimentario, se entiende que los alimentos futuros son consecuencias aún no cumplidas de una relación jurídica y, por tanto, se rigen por la nueva ley al momento en que se devenguen.
Ahora bien, el articulado precitado también establece un límite negativo a la aplicación de la ley nueva, cuál es la no afectación de garantías constitucionales. De modo que la aplicación "inmediata" del derecho "nuevo" debe convalidarse cuando no media afectación de garantías constitucionales. Así, el efecto inmediato que dispone el art. 7º del Cód.Civ.yCom. es una regla general, pero que no debe aplicarse si de ella deriva la privación de un derecho amparado por garantías constitucionales. En la especie, la sentencia dictada con fecha 25 de Abril de 2012 en la causa n° 41.303 decretó la separación personal de los cónyuges R. H. M y L. A. V. dejando a salvo los derechos de la esposa reconviniente como cónyuge inocente. Tal resolución resultó a la postre confirmada por esta Cámara Departamental con fecha 4 de Diciembre de 2012.
Cabe señalar que con posterioridad a la misma la actora no promovió juicio de alimentos tendiente a determinar el derecho alimentario que le correspondía en virtud de aquella declaración judicial al amparo de la legislación anterior.
Que recién con fecha 23 de Febrero de 2017, estando vigente el Código Civil y Comercial que comenzara a regir el 1° de Agosto de 2015, la actora interpuso demanda por compensación económica contra el Sr. M..
En este particular contexto corresponde determinar si el desconocimiento de la calidad de cónyuge inocente de la Sra. V. a la hora de determinar la prestación alimentaria objeto de autos vulnera los derechos adquiridos por la actora.
A tal efecto, y en forma preliminar, deviene útil revisar el sentido y alcance de la expresión "derechos adquiridos" como clave hermenéutica para construir la solución aplicable al caso.
Al respecto, vale señalar que un derecho es adquirido cuando ha quedado definitivamente incorporado al patrimonio de su titular. La principal diferencia con su opuesto ("el derecho en expectativa") es que el derecho adquirido no puede ser alterado por el nuevo régimen legal, en cambio el derecho en expectativa está expuesto a la mutabilidad legislativa (cf. SAGÜES, Néstor Pedro, Derecho Constitucional 3 - Estatuto de los derechos, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2017, pag. 403).
Con un temperamento categórico, ha dicho la Corte Suprema que las meras expectativas no son derechos, ya que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, o a su inalterabilidad (CSJN, "A.F.", Fallos, 339-245).
En tren de aportar una definición general de "derecho adquirido", el Máximo Tribunal de nuestro país ha sostenido que cuando bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales previstos en ella para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su suspensión por una ley posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad.
En el presente caso advierto que al margen de que las condiciones sustanciales del pretendido derecho adquirido pudiesen reputarse cumplidas, la actora nunca llegó a obtener una sentencia judicial determinativa de su derecho alimentario con los alcances del art. 207 del Código de Vélez, ni siquiera promovió un reclamo en tales términos durante el tiempo en que dicho cuerpo normativo estuvo vigente.
En este sentido entiendo que la sentencia judicial determinativa de la pretensión alimentaria del cónyuge inocente constituye una condición formal ineludible para que el derecho alimentario de éste pueda calificarse como un derecho adquirido, toda vez que tal resolución comporta un requisito necesario para que una situación jurídica general creada por la ley (el derecho alimentario del cónyuge inocente) se transforme en una situación jurídica concreta e individualizada en cabeza de un sujeto (derecho del cónyuge inocente a percibir una cuota alimentaria determinada).
De modo que si la Sra. V. como particular beneficiada por la legislación anterior no ejercitó oportunamente el derecho que el Código de Vélez le otorgaba -mediante la promoción de una acción alimentaria y la obtención de una sentencia judicial determinativa-, el Código Civil y Comercial como nueva ley puede modificar su situación jurídica por no existir en tal caso un derecho definitivamente incorporado a su patrimonio.
Es criterio general de la Corte que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones, por lo cual el régimen jurídico que regula determinados hechos puede cambiarse incluso con efectos retroactivos (puesto que el principio de irretroactividad no tiene jerarquía constitucional), pero siempre que no medie vulneración de los derechos adquiridos definitivamente incorporados al patrimonio de la persona a la que se pretende aplicar la ley (CSJN, "Estevez", Fallos, 254:311).
Finalmente, en referencia puntual al supuesto en cuestión, Kemelmajer de Carlucci postula la aplicación inmediata de las normas del CCyC a los juicios en trámite iniciado por el cónyuge (KEMELMAJER DE CARLUCCI, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni Editores, 2016, pag. 125).
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el primer motivo de agravio que fuera expresado por la actora como fundamento del recurso incoado.
Con relación al segundo agravio relativo a la compensación económica, deviene necesario clarificar en forma previa los trazos esenciales del instituto en cuestión atento a la novedad sistemática que entraña el mismo para nuestro ordenamiento jurídico.
En este sentido, el art. 441 del CCyC conceptualiza la figura del siguiente modo: "(...) El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez".
De la fórmula legal es posible inferir que la compensación económica se expresa como un derecho que le asiste a uno de los cónyuges al momento de la ruptura matrimonial, sea que éste se haya producido por divorcio o por nulidades del matrimonio, para que se le compense el menoscabo económico sufrido por no haber podido desarrollar total o parcialmente una actividad remunerada como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común.
La finalidad de la compensación económica es compensar o equilibrar la desigualdad económica entre cónyuges o convivientes como consecuencia del divorcio, nulidad o cese de la unión convivencial. Al decir de Ciolli, "(...) Lo que se busca es superar el desbalance de lo que durante la vida en común se encontraba balanceado. En cada caso, corresponderá hacer un análisis, estudio que compare el cómo se desarrolló la vida de la pareja durante el matrimonio o unión convivencial y el cómo se desarrolla la vida del excónyuge o exconviviente después del divorcio o cese de la unión convivencial" (CIOLLI, María Laura, Compensación económica: su alcance. Publicado en: DFyP 2019 (febrero), 01/02/2019, 53 - RCCyC 2019 (febrero), 08/02/2019, 89 Cita Online: AR/DOC/1874/2018).
En cuanto a su fundamentación orgánica, cabe referir que la compensación se funda en una suerte de "solidaridad posconyugal" en total consonancia con un régimen de divorcio que no exige expresión de causa alguna. De ahí que la compensación económica se aleja de todo contenido asistencial como así también de la noción de culpa/inocencia como elemento determinante para su asignación, por lo que no ostenta mayor importancia cómo se llegó al divorcio, sino más bien cuáles son las consecuencias objetivas que la ruptura matrimonial provoca (cf. LORENZETTI, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación comentado", Tomo II, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni Editores, 2015, pag. 758.
Por razones técnicas y metodológicas, y dado que la crítica recursiva de la actora se proyecta abiertamente sobre la valoración de los requisitos de procedencia de la compensación económica, comenzaré por identificar cuáles son los extremos condicionantes que a mi juicio deben ser acreditados en el caso concreto para determinar si la sentencia de grado ha desestimado correctamente la pretensión actoral en función de las constancias que surgen de la causa.
En este sentido, considero que el o la excónyuge conviviente que pretenda reclamar la compensación económica, tiene a su cargo probar: 1) Que sufre un desequilibrio manifiesto respecto del otro cónyuge o exconviviente; 2) Que el desequilibrio origina un empeoramiento de su situación patrimonial; 3) Que tenga por causa adecuada el matrimonio o unión convivencial.
En orden a la determinación de estos extremos, considero de vital importancia esclarecer la plataforma fáctica que ha de tenerse por verificada en la presente causa. Al respecto, habré de tener por verificados los siguientes hechos: que las partes contrajeron matrimonio el día 21 de Enero de 1983 -ver acta de matrimonio obrante a fs. 5 de la causa n° 41.303 con trámite por ante el Juzgado de Origen, que ambos tenían 24 años al momento de contraer el enlace -ver constancias de fs. 5 y 7 de la causa acumulada n° 41.303 con trámite por ante el Juzgado de Origen-, que tuvieron tres hijos en común: J. E., G. y M. M. M. de 27, 30 y 36 años respectivamente -según se desprende de las partidas de nacimiento obrante a fs. 38, 39 y 40 obrantes en la causa acumulada n° 41.303 con trámite por ante el Juzgado de Origen-, que con fecha 4 de Diciembre de 2012 esta Cámara confirmó la sentencia del Juzgado de Origen que decretó la separación personal entre los esposos (ver fs. 417/422 vta. de la causa acumulada n° 41.303), que mediante sentencia del 25 de Agosto de 2016 el Juzgado Civil y Comercial n° 3 de Pergamino convirtió aquella separación personal en divorcio vincular (ver fs.485/485 vta. de la causa acumulada n° 41.303).
Asimismo, ha sido objeto de reconocimiento que el Sr. M. se retiró del hogar conyugal en el año 2006, que la Sra. V. trabaja desde el año 2011 en el Registro de la Propiedad del Automotor Nº 2 de la ciudad de Pergamino, que el Sr. M. siempre se desempeñó como productor de seguros desde muy temprana edad, que durante el tiempo que duró el matrimonio la Sra. V. no ha desarrollado una actividad remunerada y que el Sr. M. se hizo cargo de la manutención del hogar familiar con el esfuerzo de su trabajo -ver escrito de inicio de fs. 6/14 y escrito de fecha 22/11/2018 de esta causa-.
Respecto a las probanzas incorporadas a estos autos, resulta pertinente destacar las siguientes: 1) Declaración testimonial de la sra. S. E. M. de fecha 16 de Abril de 2009 (fs. 246/247 de la causa acumulada n°41.303): "...Se que la situación del Sr. M. es muy buena, esto lo se ya que he visto como han vivido toda su vida... Conozco la casa donde vive la Sra. V. ya que he concurrido varias veces y la misma se encuentra en un estado regular para abajo por el transcurso del tiempo, se ve que le falta pintura, la cocina y paredes destruidas...". 2) Declaración testimonial del sr. H. E. M. de fecha 16 de Abril de 2009 (fs. 249/249 vta. de la causa acumulada n°41.303 ): "... El nivel económico del Sr. M. es de clase media alta...". 3) Declaración testimonial del sr. M. I. B. de fecha 23 de Abril de 2009 (fs. 254/254 vta. de la causa acumulada n°41.303): "...La casa en donde se encuentra la Sra. V. es una casa grande. Hace tiempo que no entro pero lo que he visto es que no se encuentra bien conservada... Lo visto que saca [el Sr. M.] una camioneta blanca...". 4) Declaración testimonial de la sra. V. L. G. 23 de Abril de 2009 (fs. 255/255 vta. de la causa acumulada n°41.303): "...El Sr. M. alquila una quinta por el barrio viajantes...". 5) Declaración testimonial de la sra. A. M. G. de fecha 23 de Abril de 2009 (fs. 256/256 vta. de la causa acumulada n°41.303): "El status económico del Sr. M. es bueno, lo deduzco porque lo veo en un buen vehículo, bien vestido además, porque trabaja en la actividad de seguros junto con sus padres". 5) Declaración testimonial del sr. G. G. con fecha 17 de Octubre de 2017 (a fs. 816/816 vta. de la presente causa): "En el momento de la separación creo que la Sra. no trabajaba... A los chicos los conozco desde siempre, han tenido buena vida, motos lindas, autos. Se que tenían un nivel bueno...", 6) Declaración testimonial del sr. W. P. D. de fecha 17 de Octubre de 2017 (fs. 817/817 vta. de la presente causa): "...El matrimonio tuvo tres hijos... Los dos más grandes continuaron sus estudios después del colegio". 7) Declaración testimonial de la sra. S. E. M. de fecha 17 de Octubre de 2017 (fs. 818/818 vta. de la presente causa): "...A. trabaja en el estudio de Pacífico... Antes de separarse no trabajaba. El señor M se dedica a algo de seguros, en la compañía de su papa. Se que tiene campos, propiedades y un buen pasar... L
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