Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 286102
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio de fecha 29 de agosto de 2025, en lo que ha sido materia de recurso y agravio, y se deja establecido que deberá continuar interviniendo el Juzgado de Familia N°X. Costas por su orden atento la ausencia de sustanciación y la forma en que se resuelve (arts. 68 y 69 del CPCC.)
La Plata, 28 de noviembre de 2025
1. Vienen los presentes autos a este Tribunal de Alzada a fin de dar tratamiento al recurso de apelación interpuesto por el actor en fecha 4 de septiembre de 2025 contra la resolución de fecha 29 de agosto del mismo año mediante la cuál el Juzgado de Familia n°X se declaró incompetente para intervenir en las presentes actuaciones en virtud de considerar que la acción de indemnización por daños incoada no versa sobre el estado de familia en sí, sino sobre la eventual responsabilidad civil derivada de una conducta omisiva que se reprocha al accionado que se inscribe en el ámbito del derecho común. Agrega además, que la citada materia se encuentra excluida de los supuestos establecidos en el artículo 827 del Código adjetivo, que determina la competencia de los/las Jueces de Familia en razón de la materia.
2. El quejoso se agravia por considerar que la decisión mediante la que se excluye la intervención del fuero especializado, desconoce la relevancia que reviste para el proceso la naturaleza familiar que da origen a la pretensión indemnizatoria y la perspectiva constitucional y convencional que recepta el Código Civil y Comercial en la materia.
Señala que el Código Civil y Comercial incorpora un capítulo específicamente dedicado a regular los procesos de familia en el que establece que en esta clase de procesos deben intervenir los juzgados especializados. En la misma línea argumenta que la redacción del artículo 712 última parte del Código Civil y Comercial - que excluye las acciones por derechos patrimoniales derivados de estado de familia de la regla de imprescriptibilidad- permite interpretar que las mismas resultan incluidas dentro de los procesos de familia.
Alega que la ausencia de reconocimiento expreso de la materia en el código de procedimiento local responde a que el mismo se encuentra desactualizado, y señala que los códigos procesales de familia reformados con posterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial -entre las que señala a Entre Ríos, San Luis y Mendoza- receptan entre las competencias del fuero las pretensiones resarcitorias derivadas de las relaciones de familia.
Sin embargo, agrega, la ausencia de recepción expresa en el código local no resulta obstáculo para interpretar su inclusión a partir de una interpretación armónica de los incisos d) y x) del artículo 827 del código procesal, que establecen que los jueces de familia son competentes para atender las cuestiones referidas a las acciones de filiación y para entender en "Cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria, referida al derecho de familia y del niño con excepción de las relativas al Derecho Sucesorio".
En esta línea, cita doctrina en la que se menciona un fallo de la Cámara segunda departamental en la que se sostuvo que el último inciso del artículo 827 del código de procedimiento determina la competencia de los Jueces de Familia en cualquier cuestión principal, conexa o accesoria referida al derecho de familia y, en consecuencia, la enumeración que realiza el artículo mencionado no es cerrada ni taxativa.
Por último se agravia por considerar que el decisorio se basa en antecedentes jurisprudenciales que resultan inaplicables por resultar anteriores a sanción del Código Civil y Comercial, y cita doctrina especializada en la que se señala que el principio de especialidad del fuero de familia se deriva del principio más amplio de la tutela judicial efectiva.
En definitiva, concluye, que una interpretación adecuada a los principios procesales incorporados en del Código Civil y Comercial impone la intervención de la justicia especializada por tratarse de un reclamo basado en un vínculo familiar y en un perjuicio ocasionado por el incumplimiento de un acto jurídico familiar.
3. Con carácter liminar cabe recordar que el avance del derecho de daños en las relaciones de familia se ha consolidado en las últimas décadas a partir del reconocimiento de la protección de los derechos humanos de los miembros de la familia y de la mayor autonomía en la configuración de las relaciones conyugales y parentales.
Desde esta perspectiva, la mayoría de la doctrina entiende que la existencia de una ley especial que regula las relaciones de familia no implica repudiar la aplicación de las normas generales como las que disciplinan la responsabilidad aquiliana, que tienen respaldo constitucional en el art. 19 de la Carta Magna.
Sin embargo, esta apertura no resulta indiscriminada. Al respecto quienes propician un enfoque permeable a la inserción del derecho de daños en las relaciones de familia han señalado la necesidad de ser cautelosos en cuanto a la extensión y a los supuestos en que esta responsabilidad resulta viable y positiva teniendo en cuenta el peso de los valores y derechos comprometidos y la justicia del caso. Y ello, en tanto, gracias a los aportes derivados de otras disciplinas del conocimiento, se advierte que gran parte de los conflictos que se suscitan en las relaciones de familia pueden (y deben) ser abordados desde otros ámbitos, lejos de la responsabilidad civil, a fin de alcanzar una reparación integral (Famá, Maria Victoria, Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida, Abeledo Perrot, 2017, Tomo I., p.399 y ccs.)
En esta línea, el Código Civil y Comercial ha incorporado expresamente en el artículo 587 el reconocimiento del principal supuesto de daños en el derecho de familia, cual es el provocado por la falta del reconocimiento del hijo, en el marco de las normas destinadas a regular las relaciones de familia
Si bien, la norma citada se refiere, estrictamente, a la indemnización por daños derivada de la ausencia de reconocimiento, sus presupuestos resultan aplicables, a los efectos de la cuestión aquí debatida, a un supuesto de reconocimiento tardío.
Esta incorporación prevista en la ley de fondo, no ha sido receptada en el artículo 827 de la legislación procesal local sancionada con anterioridad al Código Civil y Comercial. Sin embargo, la doctrina ha señalado que la enumeración efectuada por el legislador en el inciso x) de la citada norma recepta un contenido elástico que conduce a admitir materias no reguladas expresamente que quedan abarcadas por el sentido de las disposiciones (Bermejo, Patricia, "La competencia en materia de familia en la Provincia de Buenos Aires", Revista de Derecho Procesal Jurisdicción y competencia- II, 2015, p. 197).
A mayor abundamiento, cabe señalar que ante el mismo juzgado tramitan la causa "P. U., L. S. c/G., R. C. s/ Alimentos".
En virtud de ello, y ponderando las particularidades propias del reclamo indemnizatorio, así como la prudencia que debe gobernar la resolución de esta clase de conflictos derivados de las relaciones de familia en general, y de la filiación en particular, este órgano entiende que corresponde la intervención del fuero de familia en las presentes actuaciones, en razón de su especialidad (art. 706 y ccs. CCyC)
Consecuentemente y con base en lo expresado, corresponde modificar la resolución apelada de fecha 29 de agosto de 2025 y disponer que intervenga en las presentes actuaciones el Juzgado de Familia N°X (art. 827 inc x) CPCC, arts. 587, 706 y ccs. CCyC)
POR ELLO, por los fundamentos expuestos, se revoca el decisorio de fecha 29 de agosto de 2025, en lo que ha sido materia de recurso y agravio, y se deja establecido que deberá continuar interviniendo el Juzgado de Familia N°X. Costas por su orden atento la ausencia de sustanciación y la forma en que se resuelve (arts. 68 y 69 del CPCC.) REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia