Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78950
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín para conocer y decidir en el recurso de apelación que, con fecha 30 de mayo del corriente año, interpusiera la demandada (art. 7 inc. 1, CPCA).
B.78.950 "G. N. B. C/ IOMA Y OTRO/A S/ MATERIA DE OTRO FUERO -CUESTION DE COMPETENCIA-"
I. N. B. G. promueve incidente de ejecución de sentencia contra el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA), a fin de hacer efectivas las astreintes impuestas en los autos caratulados "G., N. B. c/ IOMA y Provincia de Buenos Aires s/ Amparo" (expdte. nº 14.695), que tramitara por ante el Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de San Isidro.
Peticiona se decrete el embargo sobre la cuenta bancaria que la demandada posee en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. escrito electrónico de fecha 16-XII-2022).
II. El expediente se radicó directamente en el mencionado juzgado de familia por ser el órgano que había entendido en la causa principal.
Su titular tuvo a la actora por presentada, certificó la autenticidad de las copias acompañadas a la causa y confirió traslado de la demanda.
Por su parte, la Fiscalía de Estado -en representación del IOMA- compareció al juicio y articuló una excepción de inhabilidad de título (v. escrito electrónico de fecha 1-III-2023).
Pero más tarde, sustanciada la defensa -que fuera resistida por la reclamante (v. escrito electrónico de fecha 13-III-2023)-, la jueza a cargo del organismo resolvió desestimarla, ordenando así la continuación del proceso y, junto a ello, de la ejecución de las sanciones conminatorias oportunamente dispuestas (cfr. surge de la resol. electrónica de fecha 22-V-2023).
Contra ese pronunciamiento, la apoderada fiscal interpuso un recurso de apelación que, siendo este concedido por la magistrada interviniente, recayó, una vez contestado el traslado del memorial por la demandante, en la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
Por efecto de esa decisión, los obrados recayeron -al igual que había ocurrido en el proceso principal- en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín, cuyos miembros, invocando doctrina de este Tribunal, se negaron a asumir la competencia que se les había asignado, considerando que el pleito, dados los términos en los que había sido planteado, escapaba del ámbito del proceso constitucional del amparo. En adición a ello y de conformidad con lo normado por el art. 38 de la ley 5.827 -texto según ley 13.634-, destacaron no ser "...la instancia superior del órgano que dictó la sentencia recurrida" (v. resol. electrónica de fecha 10-VIII-2023).
Devueltos los actuados al tribunal de alzada remitente, este mantuvo su postura primigenia y, a la par de señalar que un temperamento contrario iría en detrimento de los principios de economía y celeridad procesal que deben imperar en toda actuación judicial, planteó la contienda negativa de competencia que elevó a esta Suprema Corte para su resolución (conf. art. 7 inc. 1, CPCA; v. resol. electrónica de fecha 15-VIII-2023).
III. Como ha quedado expuesto, en el marco de un juicio de amparo que posteriormente diera pie a las presentes actuaciones, la demandada recurrió el pronunciamiento de una jueza de familia por el que se rechazó una excepción de inhabilidad de título tendiente a que se suspenda la ejecución de las sanciones conminatorias que en aquel juicio se habían dispuesto ante la falta de cumplimiento efectivo en la prestación del servicio médico por parte de la obra social respecto a la amparista.
Siendo así, es pertinente recordar que el artículo 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- establece:
"En las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo, será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitará la acción".
De esta forma, se aprecia que la norma fija una jurisdicción especializada -la del fuero contencioso administrativo- en relación a una eventual instancia de apelación, aunque ceñida a la actividad recursiva allí regulada (conf. causas B. 72.870, "Padrón", resol. de 4-XII-2013; B. 73.112, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-VI-2014; B. 73.096, "ONG para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 73.140, "Armán", resol. de 12-XI-2014; B. 73.316 "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.824 "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2015; B. 74.116, "Arosteguy", resol. de 11-V-2016; B. 74.233 "Quines", resol. de 22-VI-2016; B. 75.646, "B.,E.S.", resol. de 19-XII-2018; B. 77.163, "García", resol. de 2-VI-2021 y B. 77.473, "A., E. C.", resol. de 20-XII-2021).
En el caso, la pretensión se dirige contra una acción u omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de una autoridad local como lo es el IOMA, y si bien el contenido principal de la resolución apelada -excepción de inhabilidad de título- no se encuentra comprendida en la categoría de pronunciamientos a los que alude el art. 16 del mismo plexo legal, lo cierto es que -tal como sostiene la Cámara en lo Civil y Comercial- se encuentra íntimamente vinculada con el cumplimiento de la medida cautelar -uno de los supuestos previstos en dicho precepto normativo- decretada por el órgano de familia en el juicio de amparo.
IV. Sobre la base de lo expuesto, tratándose de un caso alcanzado por el art. 17 bis de la Ley de Amparo, corresponde declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín para conocer en el recurso articulado por la demandada el 30-V-2023 (doctr. causas B. 75.350, "D. V., L. D.", resol. de 1-VIII-2018; B. 75.446, "R., P. I.", resol. de 5-IX-2018 y B. 77.473, cit., entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín para conocer y decidir en el recurso de apelación que, con fecha 30 de mayo del corriente año, interpusiera la demandada (art. 7 inc. 1, CPCA).
Hágase saber a la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro lo que aquí se resuelve.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 20:10:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:07:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 09:19:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:36:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:53:49 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/02/2024 11:56:37 hs. bajo el número RR-18-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia