Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128846
I. El señorÉ. A. C. formuló denuncia -en los términos de la ley 12.569 ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Vicente- contra la señora R. P.. En esa oportunidad manifestó que es empleado municipal y ejerce sus tareas en la Dirección de Coordinación de Políticas de Género de San Vicente. Refiere -además- que es miembro del programa "Vacunate". Expresa que tiene inconvenientes con la señora P., con la cual trabaja desde hace aproximadamente un año y medio. Agrega que ambos son miembros de la Asociación Civil "Orgullo San Vicente". Afirma que la nombrada posee actitudes impulsivas y agresivas, tanto verbales como psicológicas. Describe malos tratos de ella hacia su persona y al resto del grupo de trabajo.
Señala que los problemas se intensificaron y busca constantemente perjudicarlo en el ámbito laboral. Especifica que decidió realizar la denuncia debido a que lo acusó de haberla acosado. Finalmente, solicita como medida cautelar el cese de los actos de perturbación e intimidación hacia su persona, como así también la prohibición de acercamiento (v. documentación adjunta ingresada electrónicamente de fecha 27-II-2022).Por su parte, la señora R. P. se apersonó ante la misma Comisaría y realizó una presentación en los términos de la mencionada ley, adjuntado denuncia penal contra el señorÉ. A. CH. en la cual la dicente manifiesta que trabaja bajo la dirección del acusado en el programa "Vacunate" que funciona en el Centro Cívico de Alejandro Korn, siendo -además- pares en la mencionada Asociación Civil.
Expresa que el 10 de diciembre de 2021 sufrió un episodio de violencia con el denunciado en una marcha en CABA. Detalla que estando allí él la invitó a tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Describe que los días siguientes el acusado insistió con dicha propuesta a través de mensajes de textos y que, posteriormente, el acoso continuó en el ámbito laboral donde además de constantes insinuaciones cuando pasaba por su lado -a pesar de las negativas- se sobrepasaba con ella. Afirma que vivió varios episodios de violencia debido a que tuvo que enfrentarse con el agresor por no entender sus negativas. Señala que ambos asisten a una organización en la comunidad LGTB-LGBTIQ+ en la que el señor Ch. la expuso a que se defienda de acusaciones, a lo que ella respondió que tenía pruebas de que él la acosaba.
Finalmente, denuncia a las compañeras de trabajo que nombra fundándose en que la agredieron por razones de género. Requiere como medida cautelar la prohibición de acercamiento, tanto del acusado como de las señoras K. N. y A. C. (v. formulario ingresado electrónicamente en fecha 27-II-2022).Ambas presentaciones quedaron radicadas en el Juzgado de Paz de San Vicente.Más tarde, la señora Perito Licenciada en Psicología María Gimena Pauli informó que se comunicó telefónicamente con las partes. Expresó que el señor Ch. le manifestó que con la denunciada compartían un espacio laboral y otro de militancia, pero que no se veían más debido a que ella renunció a su puesto de trabajo. Describe que lo acusó falsamente y que creía que se debía a cuestiones y diferencias políticas.
Por otra parte, la mencionada profesional expresó que la señora P. le relató que el denunciado la acosó en varias oportunidades, no aceptando sus negativas y que le tocaba un pecho o las piernas. Además, le advirtió que en la actualidad no comparten espacios en común, debido a que renunció a su puesto laboral en "Vacunate" y no concurre más al grupo de militancia (v. informe de fecha 8-III-2022). A su turno, el magistrado interviniente, luego de juzgar la aplicación la ley 26.485 -con cita de la doctrina que surge de la causa L. 119.389, "López" (resol. de 23-IX-2015) y basándose, en sustancia, en que las partes trabajaban en el mismo lugar, siendo uno ellos jefe inmediato de la otra- se declaró incompetente para entender en la presente y dispuso su remisión al Tribunal de Trabajo en turno.
Asimismo, -con sustento en el art. 22, segundo párrafo de la ley 26.485 y el art. 61, punto II, inc. "j" de la ley 5.827- decretó como medida cautelar -por un término de noventa días- prohibir a R. P., K. T., D. de L. Á. A., A. C., V. R. y É. A. Ch. tomar contacto personal y por cualquier medio de comunicación de manera recíproca. Además, ordenó hacer saber a las mencionadas personas que deberán abstenerse de la realización de todo acto violento sea de carácter físico, psicológico o emocional y por cualquier medio que sea comunicación telefónica, vía internet, instagram, whatsapp, facebook y twitter (v. resolución electrónica de fecha 10-III-2022).Las actuaciones fueron enviadas al Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial La Plata (v. oficio en formato digital de fecha 16-III-2022 y constancia del Jefe de Receptoría de Expedientes de fecha 17-III-2022).
En consecuencia, la jueza a cargo, -apoyándose en el art. 22 de la ley 26.485 y aludiendo a la doctrina legal de la causa L. 119.389, cit.- entendió que no se trataba de un supuesto vinculado con violencia doméstica y/o familiar según las prescripciones de la ley 12.669, sino de una situación de violencia generada en el ámbito del trabajo. Sentado lo anterior, declinó su competencia y dispuso la remisión de las actuaciones al órgano laboral que correspondiera (v. pronunciamiento de fecha 22-III-2022).El Tribunal de Trabajo n°3 Departamental, que la recibió, remarcó que los hechos denunciados no se desarrollaron en el ámbito de un contrato de trabajo del derecho privado y que -además- surge de la causa que la señora P. renunció a su puesto de trabajo.
En este marco, especificó, que si bien el vínculo laboral que denuncian es con el Estado -y, como consecuencia, la competencia por la materia sería contencioso administrativa-, empero, siendo que los hechos que principalmente se denuncian habrían acaecido en el ámbito de la vida privada de las personas involucradas, concluyó que la competencia para entender en la causa corresponde a la justicia de paz letrada de San Vicente en razón del territorio y la proximidad del órgano judicial (art. 22 de la ley 26.485 y art. 2 de la ley 11.653). Finalmente, ordenó la elevación de las actuaciones a esta instancia extraordinaria (v. resol. de fecha 25-III-2022), originándose el conflicto a dirimir (art. 161 inc. 2, Const. prov.).II.
Al respecto, corresponde señalar que, a tenor de los términos de las denuncias formuladas, se trata de supuestos vinculados con hipotéticas situaciones de violencia generadas -por un lado- en una marcha pública, -y por otro- en el lugar donde las personas involucradas dicen desempeñarse como miembros de una organización civil y en un presunto ámbito de trabajo en el marco del plan "Vacunate". En este contexto, teniendo en cuenta que -según surge del informe de la señora Perito, Licenciada en Psicología, María Gimena Pauli- la señora P. manifestó que en la actualidad no comparte con el señor Ch. espacios en común, debido a que renunció a su puesto en "Vacunate" y no concurre más al grupo de militancia (v. informe de fecha 8-III-2022) y, no obstante las interpretaciones que pudiera dar lugar la aplicación de la ley 26.485, lo cierto es que, en el caso, subsiste el deber del órgano jurisdiccional que dictó la precautoria de velar por el cumplimiento, prórroga o levantamiento de las prohibiciones y las restricciones perimetrales ya ordenadas.Ante ello, resulta conveniente asignar tal deber al Juzgado de Paz que dictó la medida, en virtud de la cercanía que existe entre dicha dependencia y el domicilio de las víctimas, a los efectos de evitar que se torne dificultoso su seguimiento y guarda (causa L. 121.880, "Salinas", resol. de 19-IX-2018).Por ello, la Suprema Corte de JusticiaRESUELVE:Declarar que siga interviniendo en las actuaciones el Juzgado de Paz Letrado de San Vicente, que deberá entender en los términos y a los fines indicados.Regístrese, comuníquese al Tribunal de Trabajo n°3 y al Juzgado de Familia n°3, ambos del Departamento Judicial La Plata mediante oficio de estilo por medios electrónicos (conf. resol.
Fin de la sentencia