Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131716
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la acción promovida por la señora Nuria Gonzáles Vejar contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Marbella S.A.I.C., por la que se perseguía el cobro de diferencias en el pago de la indemnización derivada de la enfermedad profesional padecida (v. pronunciamiento de fecha 14-XI-2023).
Para así decidir, consideró que el salario utilizado en sede administrativa para el cálculo del ingreso base mensual y su aplicación para liquidar la prestación dineraria prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo resultó acertada. Por otro lado, juzgó no verificado que la demandante presente una incapacidad superior a la fijada por la Comisión Médica interviniente.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-XI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 4-XII-2023).
En sustancia, con denuncia de absurdo, se agravia de la valoración efectuada por los jueces de mérito de la prueba pericial médica y, en tal sentido se disconforma con el porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo. Además, cuestiona el ingreso base admitido por el sentenciante, que derivó en la declinación de las diferencias resarcitorias pretendidas.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141. Por tal razón, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (aplicable a la fecha de interposición del recurso).
III.2. Luego, a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
III.3. En ese sentido, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.4.a. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que los agravios que se traen a consideración de esta Casación se refieren a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas, detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019; L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.236, "Bijarra", resol. de 10-XI-2022).
III.4.b. Tampoco abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 131.154, "Maldonado", resol. de 15-IV-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/07/2024 13:22:22 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/07/2024 14:36:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:46:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 21:56:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 09:00:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 11:30:47 hs. bajo el número RR-923-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia