Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-1.969/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por las demandadas a fs. 34/37, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 517/525 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 527/530 de dichos autos, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-1.969/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.131.-
Actor: MATHIAS BARRERA RICARDO LUIS Y OTRA Demandado: GOETTE ALICIA Y OTRAS Objeto: LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 20-8-15 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3.131 FOLIO Nº 5.132/5.135 PROT. ELECT. TSS1 041 I.151
Río Gallegos, 20 de agosto de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “MATHIAS BARRERA RICARDO LUIS Y OTRA C/ GOETTE ALICIA Y OTRAS S/ LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº M-1969/14, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de queja interpuesto a fs. 34/37, por las demandadas, contra el interlocutorio de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante -en copia- a fs. 29/32, que declara formalmente inadmisible el recurso de casación (que se compaña en copia a fs. 21/28).-
Dicho recurso fue interpuesto contra la sentencia de la Excma. Cámara -obrante en copia a fs. 13/20-, que confirma la sentencia emanada del Sr. Juez de Primera Instancia (glosada en copia a fs. 5/12), que hiciera lugar parcialmente a la demanda laboral iniciada por despido incausado.-
Las recurrentes sostienen respecto del interlocutorio de la Excma. Cámara, que: “…la conclusión arribada por la misma contiene afirmaciones absolutamente dogmáticas, en tanto punto por punto se ha analizado en nuestro recurso no sólo el absurdo del razonamiento efectuado en la sentencia atacada, sino la arbitrariedad, el apartamiento de la ley expresado en cada caso concretamente y doctrina legal aplicable… Le hemos demostrado el error garrafal, en tanto, obviando, primero las constancias de la existencia de un concurso del fallecido, Sr. Serantes, y el trámite de su sucesión, estando como administradora, la Sra. Alicia Goette, lo que disponen las normas ante esta situación de hecho, es que debe continuarse con el concurso (art. 105, y 2º de la ley 24522, de concursos y Quiebras), y las normas de derecho Sucesorio que establecen como se traspasan los derechos y obligaciones del causante a sus herederos” (cfr. fs. 35 vta.).- Asimismo manifiestan: “En lo que respecta al primer agravio que analiza cual es la situación de concursado del fallecido, juzga que dicho argumento no formó parte del recurso de apelación planteado, por lo que no puede introducirse en casación.- Tal apreciación debe comprenderse que resulta inaplicable ante las circunstancias del caso donde aparece tan visiblemente violada la aplicación del derecho conforme se ha señalado y detallado minuciosa y concretamente. Por otra parte ello fue materia de la sentencia de primera Instancia y de los agravios en la apelación.- El principio invocado por la Excma. Cámara no puede resultar un capricho u obstáculo para resolver en derecho e incurriendo en absurdo, dejando de lado otro principio establecido como el iura curia novit” (cfr. fs. 35 vta./36).- Finalmente señala: “En cuanto a la efímera referencia a la aplicación del art. 249 de la L.C.T. debemos remarcar que nos hemos ocupado en fundamentar nuestra postura haciendo mención del derecho aplicable y de las normas legales que han sido vulneradas, a lo cual la Excma. Cámara no ha hecho siquiera mención…” (cfr. fs. 36 vta.).-
II. Que, realizando una síntesis, cabe resaltar que en la sentencia de primera instancia se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, al sostener que no basta con que se invoque la causal prevista en el art. 249 de la Ley de Contrato de Trabajo, para que la misma devenga operativa, sino que debe acreditarse que la muerte del empleador provocó una imposibilidad objetiva de prosecución de la explotación, y por ende del vínculo laboral. Entonces, cuando el vínculo continúa con los sucesores del causante; estos cumplen inmediatamente con el rol de empleadores, con lo cual, cuando son demandados, lo son “jure propio” y no en su calidad de herederos. Por ello, en este caso, al continuarse el vínculo laboral por más de un año, es que las demandadas no pueden invocar el beneficio de inventario; denegándose por ende la excepción de falta de legitimación pasiva. En definitiva, las co-demandadas son condenadas por los rubros: indemnización prevista en el art. 245 de la LCT; indemnización sustitutiva de preaviso; incrementos indemnizatorios del art. 2° de la Ley n° 25.323; integración de mes de despido; SAC sobre integración y sobre preaviso; días trabajados en el mes de abril de 2007; SAC proporcional y vacaciones proporcionales.- Dicha sentencia fue apelada por las demandadas con fundamento en su falta de legitimación pasiva. La Excma. Cámara deniega el recurso deducido confirmando la sentencia de Primera Instancia.-
Entre sus fundamentos, se destaca, que cuando una empresa no puede seguir funcionando ante la desaparición física del empleador, la LCT pone a su cargo la fuerza mayor (incluida su propia muerte), como hecho indemnizable. Entonces sus sucesores deberán abonar a los empleados una indemnización -menguada respecto del art. 245 de la LCT- que deberá ser afrontada por estos con los bienes dejados por el occiso. Para este caso rige el beneficio de inventario. En el caso que nos ocupa la empresa siguió funcionando, por lo cual no puede aplicarse la normativa expuesta, debiendo responder las demandadas a título personal. En consecuencia, se considera que el despido invocando la muerte del titular del fondo de comercio fue incausado, debiendo otorgarse la indemnización del art. 245 de la LCT, y no la del 247 como peticionan las demandadas.- Contra esta sentencia, interponen recurso de casación las co-demandadas. Alegan que en la sentencia en crisis se han violado los arts. 2° inc. 1ro., 58 y 105 de la Ley de Concursos y Quiebras n° 24.522; arts. 3279, 3282, 3357/3370 del Código Civil vigente al momento del distracto de la relación laboral; artículo 249 de la LCT; art. 364 y cctes. del Código Procesal Civil y Comercial y artículo 2° de la Ley n° 25.323. Manifiestan que no pueden desempeñarse como empleadores los herederos, sino que es el concurso (“sucesión concursada”), el que continuó como empleadora. Con base en ello, argumenta que los actos realizados por la Sra. Goette y sus hijas, no lo fueron a título personal, sino como administradora de la sucesión concursada y herederas del causante, amparadas por el beneficio de inventario.-
III. Que, corresponde efectuar el pertinente análisis a los fines de determinar si se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la normativa vigente, en punto a la admisibilidad del recurso en cuestión y verificar si ha sido bien o mal denegado el recurso de casación (confr. art. 18° de la ley 1687).-
Ello así, debe recordarse que el recurso de casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina: condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (confr. Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, Ed. L.E.P. S.R.L., La Plata, 1998, 2da. ed., pág. 243). Los requisitos formales hacen a la admisibilidad, mientras que los otros, se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc. (confr. Hitters, Juan Carlos, op. cit., pág. 243/244); apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible.- Sobre el particular, este Alto Cuerpo sostuvo: “...Se debe recordar que como todo escrito recursivo, el de interposición de una queja debe autoabastecerse, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la agregación de los recaudos necesarios para su examen, sino también la fundamentación de su pretensión, demostrando por qué es errónea la desestimatoria que pretende remover… desde este particular cuadrante procesal, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en la sentencia impugnada, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación...” (cfr. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2883, Folio 4549/ 4554).- Que, examinados los términos del recurso, se advierte que no obstante invocarse por el recurrente que la casación se sustenta en “absurdo del razonamiento efectuado”, arbitrariedad, y la violación de la ley o doctrina legal; lo cuestionado en realidad es la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa, cuestiones ajenas al ámbito recursivo.-
En efecto, no surge del libelo bajo estudio, la norma que ha sido aplicada errónea o incorrectamente, o cuál norma se dejó de aplicar, o el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada. No siendo tema de casación las cuestiones fácticas y probatorias, como son aquellas en las cuales el accionado pretende sustentar sus agravios.-
Sentado ello, analizados los términos expuestos por las recurrentes es posible concluir que sus cuestionamientos se dirigen a aspectos fácticos del decisorio: se objeta la valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal de la causa al efecto de considerar como empleadoras a las co-demandadas. A tales efectos expresa la Excma. Cámara que: “...El señor Serantes falleció el 22 de Marzo de 2006. Desde Abril de 2006 hasta Abril de 2007 las puertas del comercio se abrieron, se pagaron sueldos, obviamente para continuar funcionando se compraron mercaderías, se hicieron entregas a los compradores, se ordenó la extinción de la relación laboral instrumentada por un tercero (ver firma de telegramas de despidos de fs. 39 y 60)” (cfr. fs. 509 vta. de los autos principales).
A ello, agrega “…la fábrica de pastas continuó funcionando un año más [luego de la muerte del empleador], dando cuenta cabalmente que el Sr. Serantes no era un factor insustituible en la ecuación productiva [art. 249 de la LCT]… La decisión de las hijas y la viuda de cerrar el comercio, no pudo válidamente invocar como causa el fallecimiento de su propietario, ya que ellas continuaron con la explotación. Siendo respetable como decisión empresaria, no puede sin embargo, hacer caer en cabeza de los trabajadores, el menoscabo que implica el cobro de una indemnización menguada” (cfr. fs. 510 vta. de los autos cit.).- Respecto, del agravio de las demandadas en cuanto a la condición de concursado del fallecido, destaca acertadamente la Excma.
Cámara al declarar formalmente inadmisible el recurso de casación, que: “… cabe señalar -ante la insistentemente esgrimida condición de concursado del fallecido- que este argumento no formó parte del recurso de apelación planteado a fs. 475/477 vta., por lo tanto no puede introducirse en casación ya que no ha sido puesta a consideración de la instancia revisora, basándose únicamente la apelación en el hecho que se considera a las demandadas como empleadoras, no como sucesoras del anterior empleador (con beneficio de inventario)” (cfr. fs. 528 vta. de los autos cit.). Efectivamente, en el recurso de apelación indicado la cuestión relativa al concurso preventivo sólo es mencionado ocasionalmente; no siendo fundamento de agravio alguno por parte de las recurrentes.
Criterio concordante con lo sostenido por este Tribunal Superior de Justicia en diversos precedentes que ha expresado “...Sabido es que no corresponde en esta etapa extraordinaria adentrarnos al tratamiento de cuestiones que no han sido propuestas en las instancias de grado, porque ello violaría el principio de congruencia, convirtiendo además a esta en una tercera instancia lo cual no ha sido intención del legislador al reglar este excepcional remedio. No se puede en esta oportunidad atender las reflexiones tardías de las partes...” (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 400, Folio 2165/2170, Tomo XIII, Sentencia, Reg. 469, Folio 2546/2549, entre otros).- En definitiva, los argumentos del recurso interpuesto se circunscriben a cuestiones de hecho y prueba, no obstante que se invoquen para ello normas de fondo.
Reiteradamente ha dicho este Tribunal que las cuestiones de hecho y prueba son ajenas al ámbito de la casación: “…se advierte que los planteos de la recurrente remiten a cuestiones fácticas, ajenas al ámbito casatorio. En efecto, la impugnación está estructurada en torno a circunstancias extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial. Las impugnaciones sólo evidencian discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquellos…” (cfr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2767, Folio 4301/4305). En este contexto es que el recurso, como se apuntara, carece del contenido necesario para abrir la vía intentada. Este Tribunal ha señalado, reiteradamente, que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación.
En la especie, los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria (confr. Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 893, Folio 1044/1046, Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1462, Folio 2044/2045, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de cuestiones de hecho y prueba, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (confr. Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2685, Folio 4097/4099; Ídem Reg. 2661, Folio 4030/4032; Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2767, Folio 4301/4305), circunstancias, estas últimas que no acontecen en el sub lite.- Así pues, el pronunciamiento de la Excma.
Cámara derivado del análisis de los hechos relatados por las partes y de acuerdo a la postura asumida por cada una de ellas, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo o violación de la ley, circunstancia esta que no ha ocurrido, máxime cuando la sentencia atacada, se encuentra debidamente fundada, y constituye un acto jurisdiccional válido, más allá del acuerdo, o no, que se pueda tener con el criterio sustentado (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Que, no se observan en el decisorio atacado, los manifiestos vicios alegados por las recurrentes.
No puede, por tanto, prosperar la vía intentada, máxime cuando efectuado por este Alto Cuerpo el análisis de la sentencia de Cámara se observa que el resultado definitivo obtenido resulta justo, equilibrado y conforme a derecho, ajustándose el examen de dichas circunstancias a los términos de la litis con razonamiento adecuado en orden al encuadre legal aplicado, sin que se aprecie en el fallo ausencia de fundamento ni soslayamiento de desfiguración de los medios probatorios que le hagan aparecer como ilógico en su conclusión (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 991, Folio 1206/1208; Ídem Reg. 1081, Folio 1369/1377, entre otros). En consecuencia, al no encontrarse acreditado el absurdo o arbitrariedad del señalado pronunciamiento judicial, la referencia a la violación de la ley, deviene inaudible por no ser razonables los agravios que habilitan la pérdida de eficacia del decisorio.-
IV. Que atento lo expresado ut supra, puede afirmarse que el recurso intentado no aporta ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el fallo atacado, derivando la crítica en una mera diferencia de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso presentado.-
En definitiva, no procede la queja intentada contra la resolución que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto, toda vez que las recurrentes no brindan argumentos suficientes a los fines de demostrar el manifiesto apartamiento de la legislación vigente, que permitan superar la valla de la admisibilidad.-
En razón de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la ley 1687, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por las demandadas a fs. 34/37, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 517/525 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 527/530 de dichos autos, con costas a las recurrentes, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 de la ley 1687.-
En consecuencia, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por las demandadas a fs. 34/37, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 517/525 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 527/530 de dichos autos, con costas.-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente, devuélvanse los mismos. Cumplido, archívese la queja.-
Fdo: Dra. Clara Salazar –Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1041I.151 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.131.-
Folio N°: 5.132/5.135.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia