Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-28878865-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario obrante a fs. 16 de las Actuaciones Administrativas N° 12197-4137-2010.
2Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación con la operación documentada mediante la destinación 09 001 IC06 000 234 H por la firma MATTEL ARGENTINA S.A.
3Costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-35655330-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Abril de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin dictar sentencia en el expediente EX-2020-28878865- -APN- SGASAD#TFN, caratulado: “MATTEL ARGENTINA S.A. c/D.G.A. S/RECURSO DE APELACION”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 7133/2018 recaída en la actuación N° 12197-4137-2010, en cuanto en su art. 2° se formula cargo por tributos adeudados por la suma de U$S 29.655,56 y $ 21.621 en relación a la destinación 09 001 IC06 000 234 H.
II. Fundamentos de la apelación: IF-2020-28878776-APN-DTD#JGM se presenta por apoderada la firma Mattel Argentina S.A., interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 7133/2018 y hace una breve reseña de los hechos.
En primer lugar, plantea que el auto de apertura de sumario dictado el 29/04/2014 es nulo de nulidad absoluta por no cumplir con las exigencias del artículo 1094 del Código Aduanero. Destaca la importancia de dicho acto administrativo y señala que en el caso de autos ha sido un acto de mero trámite cuya finalidad no ha sido impulsar la investigación sino interrumpir la prescripción. En este sentido, señala que no se determinaron con precisión los hechos constitutivos de la infracción (en un párrafo se hace referencia al inciso a) y en otro al inciso b) del artículo 954 del C.A.) y tampoco se liquidaron los tributos; no se requirió al área denunciante que informe con qué finalidad era exigido el certificado de origen ni se solicitó que determine la existencia de perjuicio fiscal. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
En segundo lugar, plantea la nulidad del procedimiento administrativo en virtud de que la aduana no corrió vista de las actuaciones administrativas conforme lo establece el art. 1101 del C. A. Señala que la omisión de correr vista del expediente es un vicio insanable, pues conforme al principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, la falta de vista (o de posibilidad de impugnación) en los procedimientos jurisdiccionales que se desarrollan ante los organismos recaudadores determina la nulidad de las actuaciones, no siendo aplicable el principio de subsanación de la restricción de la defensa en juicio en etapas ulteriores sustentado por la Corte Suprema. Refiere que el accionar del servicio aduanero atenta contra el derecho a presentar su defensa, ofrecer pruebas, conocer y discutir la liquidación de los tributos adeudados, máxime cuando la resolución condenatoria fue dictada sin agregar la carpeta del despacho de importación en trato y sin haberse previamente liquidado los tributos.
Plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos pues entiende que esta operó el 1/1/2015. En este sentido, señala que al ser el auto de apertura nulo de nulidad absoluta y al no haber existido corrida de vista posterior que pudiera subsanar sus irregularidades, dicho acto no pudo suspender el curso de la prescripción en los términos del artículo 805 inc. a) del C.A. Por lo tanto, la acción del fisco se encuentra prescripta. Asimismo, destaca la imposibilidad material de controlar la correcta liquidación de los tributos adeudados ya que no se encuentra agregado en las actuaciones administrativas el despacho de importación original ni su documentación complementaria.
Por último, plantea la afectación de la garantía de defensa en juicio y de su derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable en virtud de la excesiva duración del proceso, haciendo especial hincapié en que dicha dilación le impidió acogerse a los beneficios de la ley 27.260.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: mediante IF-2020-62051902-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una somera reseña de los antecedentes administrativos.
Seguidamente contesta los agravios vertidos por la actora. Argumenta que la exigencia tributaria del servicio aduanero tiene su fundamento en que, al momento imponible de la operación, la mercadería no se encontraba amparada por certificado de origen, el cual debe emitirse en cumplimiento de determinados requisitos fundamentales que le confieren validez y aplicabilidad a fines de obtener la preferencia arancelaria. En relación a los planteos de nulidad, sostiene que no se ha afectado el debido proceso adjetivo ni la garantía de defensa en juicio. Señala que no se ha incurrido en nulidad alguna pues el servicio aduanero ha seguido el procedimiento previsto en la legislación vigente. Cita jurisprudencia en defensa de su postura.
Por último, efectúa un análisis de lo normado por los artículos 934 a 937 del C.A. y concluye que en las presentes actuaciones no ha operado la prescripción opuesta por la actora.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas de la causa, hace reserva de caso federal y solicita que se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida con expresa imposición de costas a la contraria.
IV. Que el expediente 12197-4137-2010 se inició con la Nota N° 6101/2010 (SE PRTE), obrante a fs. 1, mediante la cual se ordena a la Sección Liquidaciones formular cargo de la garantía N° 09 001 000884 M y 09 001 001017B en concepto de multa automática. A fs. 6 se formula el cargo 1185/2010. A fs. 10 la firma importadora MATTEL ARGENTINA S.A. se acoge al pago de la multa cuyo importe asciende a la suma de U$S 614,77. A fs. 13 obra la LMAN 10001LMAN347806D. A fs. 14 obra el acta de denuncia N°2788/2010 por la presunta infracción al artículo 954, inc a) por la falta de presentación de certificado de origen respecto de la mercadería documentada en la destinación 09 001 IC06 000234 H. A fs. 16 se instruyó sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del Código Aduanero a la firma Mattel Argentina S.A. y al despachante de aduanas Sanchez, Heriberto Tomás. A fs. 17 se ordena la remisión las actuaciones a la División Control Ex Ante (DI ADM 2) a fines de que informe el importe del perjuicio fiscal. A fs. 19/22 se dicta la Resolución DE PRLA N° 7133/2018- apelada en autos- que en su artículo 1° resuelve absolver a los imputados por la infracción al art. 954 inc. a) y en su artículo 2° ordena formular cargo por los tributos que correspondan. A fs. 23 obra agregado el Dictamen N.° 184/2019. A fs. 25/26 se aprueba el art. 1° de la Resolución en cuestión. A fs. 29 se liquidan los tributos adeudados. Finalmente, el 12/02/2020 la División N° 3 del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros pone en conocimiento de la aquí actora que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a la suma de U$S 29.665,56 y $ 21.621.
V. Que en fecha 8/3/2021 se declara la excepción opuesta como de previo y especial pronunciamiento, se elevan los autos a esta Sala “G” y en fecha 23/4/2021 se ponen los autos a sentencia.
VI. Que corresponde, entonces, decidir acerca de los planteos de nulidad y prescripción efectuados por la actora. Que la firma MATTEL ARGENTINA S.A. se agravia respecto de la prescripción de la acción fiscal para perseguir de los tributos en relación a la mercadería importada mediante el 09 001 IC06 000 234 H. Ello, con fundamento en que la apertura de sumario no tuvo la entidad suficiente para operar como causal de suspensión del curso de la prescripción. Específicamente considera que el acto no reunió los elementos requeridos por el art. 1094 del C.A y por eso debe ser considerado nulo de nulidad absoluta. Agrega, además, que al haberse omitido correr vista de las actuaciones conforme lo dispone el artículo 1101 del C.A., dicho acto no pudo ser integrado con posterioridad válidamente.
Que cabe recordar que el art. 803 del C.A establece que Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. Que, razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que ordena la apertura del sumario, y en este sentido dispone que este... determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Que a fs. 16 del expediente administrativo antecedente de estos autos (actuación N° 12197-4137-2010), obra el auto de apertura del sumario de fecha 29/04/2014.
Que en el acto en cuestión no se identifica con claridad la infracción endilgada a la aquí actora, pues en el segundo párrafo se consigna art. 954 inc) a; y en el tercero 954 inc. b). Tampoco contiene la liquidación tendiente a arrojar el importe de la multa mínima a la cual pueda acogerse el interesado a fin de poder optar por el pago voluntario (evitando así el contribuyente la posible suspensión en el registro respectivo y el cómputo del antecedente infraccional) como tampoco el importe correspondiente a la diferencia de tributos reclamados por la Aduana.
Que lo reseñado se encuentra en palmaria contradicción a lo establecido en el art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar los hechos que considere constitutivos de la infracción, y a disponer las medidas cautelares que correspondieren; la verificación, clasificación y valoración de la mercadería; la recepción de la declaración de los presuntos responsables y testigos; la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; y las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados, ello respecto de la operación cuya denuncia originó el sumario.
Que dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura. En consecuencia, se colige que el referido auto de apertura de sumario carece de los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
Que, conforme el criterio sostenido, en mi voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación” (Sentencia del 13/10/2011, Expte. Nº 25.681-A), de esta Sala “G”, considero que por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 29/04/2014 —obrante a fs. 16 de las actuaciones administrativas—, este es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, careciendo, por ende, de aptitud para suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805 inc. a) del C.A.
VII. Que, a mayor abundamiento, y adentrándome en el análisis del planteo de nulidad del procedimiento, cabe destacar que las irregularidades en las que incurrió el servicio aduanero al dictar el auto de apertura de sumario no han podido ser subsanadas válidamente con posterioridad ya que, conforme surge de los antecedentes administrativos, la aduana omitió correr vista de las actuaciones conforme lo establece el art. 1101 del C.A. y directamente pasó a resolver.
En este sentido, de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego de la notificación del cargo 1185/2010 por multa automática, ninguna intervención se le dio ni al importador ni al despachante de aduanas, pues los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero. Es decir, no existió oportunidad alguna para esgrimir las defensas de que pudieran valerse, ello en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A.
En esta línea, el artículo 1101 del C.A. dispone que cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (…).
Por su parte, el art. 1012 del C.A. establece que sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites (...) c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados (…).
Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), esto es, ordenar y notificar la corrida de vista a las encartadas a fin de que aporten la documentación que crean idónea, siendo dicho procedimiento la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Que el proceder del servicio aduanero afecta no sólo el derecho de defensa sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada. Máxime si se considera que dicha resolución fue dictada sin agregarse la carpeta de la destinación en trato y sin practicarse la liquidación de tributos y/o multa, lo cual evidencia aún más la falta de fundamento legal y fáctico para su dictado.
VIII. Que, por su parte, cabe señalar que la destinación involucrada en autos fue oficializada en el año 2009. Conforme la legislación aplicable, el plazo de prescripción es de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2010, en los términos del art. 804 y, no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2014, careciendo de aptitud suspensiva de la prescripción, como se dijo, el acto de apertura de sumario de fecha 29/04/2010, por las razones expresadas precedentemente.
Que resulta claramente aplicable al caso de autos lo resuelto por la Sala “E” de este Tribunal, en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.” (Expte. Nº 27.525-A) cuando expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. Adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A.. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...” “Que, conforme lo expuesto, cabe declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en lo que hace a la firma recurrente (conf. art. 946 del C.A.) puesto que al no haber habido interrupción de la prescripción de la acción fiscal, la resolución DE PRLA Nº 8955/09 es extemporánea.
Que, por otro lado, no podría afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituya una declaración de nulidad por la nulidad misma “puesto que corresponde considerar el agravio que señala la recurrente, cual es el de la prescripción de las acciones del fisco para imponer penas. Habiendo agravios concretos, la nulidad no se decreta ritualmente.” (esto último, conforme la ya referida sentencia).
Siguiendo este mismo criterio, en la causa caratulada “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y ACUM. c/ DGA s/ recurso de apelación.” Expte.: 29.422-A. (17/04/2012) la misma Sala “E” de este Tribunal dispuso ...que el auto de apertura del sumario del 22/11/2005 (fs. 38 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094, inc. d), del CA en cuanto a la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni esos tributos habían sido liquidados con anterioridad. Que tampoco se corrió vista antes del 1/01/2008, en la cual obrara la liquidación tributaria. De haberse corrido ese tipo de vista, con anterioridad a esa fecha, se hubiera subsanado la falencia del auto de apertura del sumario.
Por su parte, en la actualidad se cuenta con abundante jurisprudencia emanada de las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que confirman la postura que propicio en este caso, la cual considero oportuno reseñar aquí. De este modo, la Sala III en la causa 21.830/2012 caratulada “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A (TF 28.836-A) c/ DGA” señaló que Debe tenerse en cuenta que disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, como lo exige el art. 1094, inc. d, del Código Aduanero, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a, del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente corrida de vista al particular —lo que no se garantizaría sí, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 9 años después de realizado el hecho gravado—; y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas. La realización de la liquidación tributaria correspondiente, por ello, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero.
En el mismo sentido, y más recientemente, la Sala IV en la Causa “YPF SA c/DGA s/Recurso directo de organismo externo” (Sentencia del 27/04/2017, Expediente N° 77.450/16) señaló que a los efectos de que la acción del Fisco para percibir tributos o imponer penas se suspenda o interrumpa, el auto de apertura de sumario debe ser válido; es decir, que debe reunir los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. En el caso que le tocaba resolver, la Cámara determinó que el auto de apertura de sumario dictado en el expediente no había dispuesto la verificación de la mercadería ni la liquidación de los tributos, sino una medida tendiente a verificar la cancelación o no de la mercadería y las cantidades que se encontraban efectivamente en infracción.
Considerando entonces que al no haberse determinado claramente los hechos constitutivos de la infracción, el auto de apertura de sumario no resultaba válido y por ende no pudo surtir el efecto suspensivo ni interruptivo de la prescripción. Por último, el fallo al que refiero destacó que, si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos es de carácter absoluto y no puede ser soslayada, pues —en opinión del Tribunal de Alzada— ello importaría afectar el derecho de defensa tutelado en la Constitución Nacional. Asimismo, otro fallo de la Sala IV, de fecha 19/12/2017, en oportunidad de resolver la apelación interpuesta respecto de la sentencia que dictara esta Sala G en el trámite de la Causa “Gibaut Hnos.
Manufacturas de Cuero SA c/DGA s/recurso directo” (Expte. N° 39.183/2017 TFN N° 25.393-A), confirmó la misma sosteniendo que...el incumplimiento de alguno de los requisitos que enumera el artículo 1094 del CA deriva indefectiblemente en la nulidad del acto de apertura de sumario (…) la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales (…) es de carácter absoluto y no puede ser soslayada, pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.”. Y agrega que ...surge con claridad el perjuicio ocasionado a la actora, toda vez que el inicio del sumario administrativo se dispuso el 3/11/03 -cuando habían transcurrido más de cinco años desde la fecha del hecho (6/3/98) y era inminente el cumplimiento del plazo de prescripción.
De este modo, una vez que se cumplieron las medidas dispuestas, se reunieron los requisitos fundamentales para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (…) y, finalmente, se corrió vista de lo actuado a la sumariada (…), aquélla ya no estaba en condiciones de producir toda la prueba que hacía a su derecho, porque habían transcurrido más de siete años desde el hecho y el plazo de conservación de la documentación original, necesaria para acreditar el cumplimiento de la importación temporal, se encontraba vencido (…). En ese contexto, en el que se constata un claro agravio constitucional en el ejercicio del derecho de defensa, resulta difícil justificar que se trate de un vicio menor o de una nulidad de procedimiento convalidada por el presunto responsable.”.
Por su parte, la Sala V sentenció que ...la administración debió practicar dicha liquidación con anterioridad a que venciera el plazo quinquenal de prescripción, ya que este tipo de actos suspensivos deben verificarse necesariamente antes de su vencimiento, toda vez que mal puede suspenderse o interrumpirse un plazo ya cumplido. (CNACAF, Sala V, 04/04/17, “General Trading SA Arg. c/DGA”, Causa 23.412/17, voto de la mayoría). Esta misma Sala V, en fecha 18/08/19, confirmó la sentencia dictada por esta Sala “G” en los autos “AMPACET SOUTH AMERICA SRL C/ DGA” (Expte. CAF 000068/2019 TF N° 38.330-A) estableciendo que … el auto de apertura del sumario omitió clasificar y valorar la mercadería y tampoco liquidó los tributos que pudieran corresponder abonar a la actora, deficiencia que fue subsanada casi cinco años después de la instrucción sumarial (v. fs. 29/31). En efecto, corresponde considerar como no interrumpido el plazo de prescripción de la acción del Fisco Nacional sino hasta la fecha en que fue debidamente integrado el auto de apertura del sumario. Partiendo de esta premisa y de acuerdo con las circunstancias de la presente causa, el plazo quinquenal de prescripción comenzó a correr 1ºde enero del 2007 (extremo que no se encuentra controvertido) y operaba con fecha 31 de diciembre de 2011. Si bien el auto de apertura del sumario se dictó con anterioridad a que ese plazo venciera, no cabe asignarle efectos plenos sino hasta que se encontró debidamente integrado con la liquidación practicada, lo cual ocurrió con fecha 7 de junio de 2016 (v. fs.30/31). Por estos motivos, es posible concluir que, a la fecha en que se practicó la liquidación pertinente, el plazo de prescripción se encontraba vencido. …”.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora, con costas al Fisco.
IX. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas. Por todo lo expuesto, voto por:
1).- Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario obrante a fs. 16 de las Actuaciones Administrativas N° 12197-4137-2010.
2).- Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación con la operación documentada mediante la destinación 09 001 IC06 000 234 H por la firma MATTEL ARGENTINA S.A.
3).- Costas a la D.G.A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Que los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. En el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si, como lo plantea la recurrente, la acción del fisco para el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. Que, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 29/04/2014 (ver fs. 16 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA. Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2010 –toda vez que se trata en autos de una operación de importación registrada en el año 2009- la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2014 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 03/10/2018 y notificada el 05/03/2020 cfme. constancias de fs. 19/22 y 31vta. de las acts. adms.).
Que, en adición a lo expuesto, cabe subrayar que los actos inmediatamente posteriores al auto de apertura del sumario (remisión de las actuaciones de fs. 17; resolución de fs. 19/22; dictamen de fs. 23/24; resolución de fs. 25/26 y liquidación de fs. 30/31) fueron dictados entre los meses de diciembre de 2016 y febrero de 2020, es decir, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido.
Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la recurrente y declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DI 09 001 IC06 000234 H.
IV. Que, finalmente, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA FOJAS REGISTRO DI 08/01/2009 4 INICIO PRESCRIPCIÓN 01/01/2010 - ACTA DENUNCIA 21/10/2010 14 APERTURA SUMARIO 29/04/2014 16 RESOLUCIÓN APELADA 03/10/2018 19/22
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 05/03/2020 31vta.
Que, conforme queda evidenciado en el detalle realizado, trascurrieron más de 8 años entre el inicio del plazo prescriptivo y el dictado de la resolución apelada (y más de 10 años hasta la notificación de esta última a la recurrente) sin que se advierta en el expte. adm. la existencia de algún acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción en los términos de los arts. 805 y 806 del CA, ni razones que justifiquen la demora del servicio aduanero en el dictado de un pronunciamiento oportuno.
V. Que por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por ello, voto por:
Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la recurrente y declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DI 09 001 IC06 000234 H. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario obrante a fs. 16 de las Actuaciones Administrativas N° 12197-4137-2010.
2).- Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación con la operación documentada mediante la destinación 09 001 IC06 000 234 H por la firma MATTEL ARGENTINA S.A.
3).- Costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2021.04.23 18:33:13 ART Date: 2021.04.23 19:30:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.04.23 19:55:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.04.23 19:56:06 -03:00
Fin de la sentencia