Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 102499669-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de la aduana y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en cuanto fue materia de agravios, con costas y (ii) regular los honorarios de la forma indicada en el cons. V.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 16.275/2021, “Mattel Argentina SA (TF 102499669-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 30 días del mes de diciembre del 2022 reunida en Acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en estos autos “Mattel Argentina SA (TF 102499669-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, y La jueza Clara María do Pico dijo:
I. La Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, por pronunciamiento del 9 de noviembre de 2020, resolvió: 1) rechazar la excepción de incompetencia a interpuesta por la representación fiscal, sin costas; 2) declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII.- del voto del Dr. Horacio J. Segura y 3) hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora, con costas a la D.G.A.
Para decidir de esa manera, en lo que ahora importa, sostuvo que: (i) El auto que dispuso la instrucción del sumario “se encuentra vacío de todo elemento que permita identificar tanto la infracción endilgada, como a los posibles imputados y a la destinación aduanera que motivara la denuncia (…) [no] contiene la liquidación tendiente a arrojar el importe de la multa mínima a la cual pueda acogerse el interesado a fin de poder optar por el pago voluntario como también el importe correspondiente a la diferencia de tributos reclamados por la Aduana [por ello] no cumple ninguno de los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto”; y (ii) “conforme la legislación aplicable, el plazo de prescripción es de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2008, en los términos del art. 804 y 935 del C.A. y, no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2012, careciendo de aptitud interruptiva y suspensiva de la prescripción, como se dijo, el acto que dispone la instrucción de sumario de fecha 04/12/2012, por las razones expresadas precedentemente”.
Asimismo, por resolución del 17 de diciembre de 2020, reguló los honorarios de las profesionales que intervinieron como apoderada (abogada Patricia E. Feliciano, 45,79 UMA) y patrocinante (abogada María Laura Fernández, 117,74 UMA) de la actora. En ambos casos ordenó adicionar el impuesto al valor agregado.
II. El fisco —por escrito del 23 de diciembre de 2020— apeló la sentencia y la regulación de honorarios “por altos”.
Sus quejas —conf. escrito del 12 de febrero de 2021, replicado por la actora el 23 de ese mes y año— pueden sintetizarse así:
(i) El auto que dispuso la instrucción del sumario es válido y se ajusta a lo establecido en el art. 1094 CA.
(ii) En función de la validez del auto que dispuso la apertura del sumario y las normas contenidas en el Código Aduanero, la acción del fisco para percibir tributos no prescribió, tampoco la acción del fisco para imponer penas.
(iii) El voto del vocal Licht no se hace cargo de la jurisprudencia del Máximo Tribunal y del plenario de esta cámara, cuando exige la notificación del auto de instrucción del sumario para asignarle efecto interruptivo y/o suspensivo de la prescripción.
(iv) El derecho de defensa de la importadora no se afectó por no haber corrido vista de lo actuado en sede administrativa, pues pudo defenderse ante el Tribunal Fiscal.
Las profesionales intervinientes por la actora apelaron sus honorarios “por bajos” (escrito del 23 de diciembre de 2020).
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Causa nº 16.275/2021, “Mattel Argentina SA (TF 102499669-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”
III. Tal como explica la demandada en sus agravios “[l]as actuaciones sumariales tuvieron origen con el acta de denuncia por la presunta infracción al art. 954 del C.A. atento a no resultar de aplicación el certificado de origen presentado para la mercadería documentada. A fs. 2/3 obra dicho certificado. A fs. 5 se remite a la sección Liquidaciones a fin de generar el cargo en concepto de multa automática, existiendo una garantía afectada a la destinación, y se ordena luego girar las actuaciones a la División Secretaría de Actuación N.º 3 a fin de que se inicie el sumario respectivo. A fs. 7 obra consulta de garantía afectada a la destinación. A fs. 9 obra apertura de sumario considerada nula por el TFN. A fs. 13 obra informe de los tributos adeudados”.
Con ello en claro, vale recordar que esta sala ha puesto de resalto que, tal como se señala en la exposición de motivos del Código Aduanero, la determinación de los hechos que se reputan constitutivos de la infracción resulta de vital importancia, pues no solamente el imputado podrá tener cabal conocimiento de los ilícitos investigados —lo que incide en un mayor amparo de su derecho de defensa (ver sección 14, título 2, capítulo 3 de la Exposición de Motivos)— sino que, además, implica la primera intervención del administrador aduanero, quien frente a la posibilidad de desestimar la denuncia u ordenar ampliar la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario por entender que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento.
Teniendo en cuenta, entonces, la finalidad del auto de apertura, explicitada en el párrafo que antecede, se exhibe con mayor fuerza de convicción la necesidad de que de éste surja de la manera más clara y precisa posible los hechos que se reputan constitutivos de la infracción que se pretende investigar (causas “Enod SA c/ DGA”, Arcangel Maggio SA c/ DGA” y “ABB SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 10 de septiembre de 2013, del 14 de julio de 2016 y del 26 de septiembre de 2017).
La lectura del auto de fs. 9 del expediente administrativo agregado al sistema Lex100 permite observar las falencias que el pronunciamiento apelado encontró: “Visto que los hechos denunciados en autos configurarían prima facie la infracción prevista y penada en el art. 954 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO en los términos del art. 1090 inc. c) del Código Aduanero”.
La lectura de tan breve texto no permite hacer otra cosa más que coincidir con lo que expuso el vocal Segura en el voto al que adhirió su colega Sarquis para conformar la mayoría en el pronunciamiento apelado. En efecto, el auto en cuestión “se encuentra vacío de todo elemento que permita identificar tanto la infracción endilgada, como a los posibles imputados y a la destinación aduanera que motivara la denuncia”. Ello es así porque, incluso si lo integrara con las actuaciones antecedentes, en ningún momento se detalló cuál es la imputación concretamente efectuada. La referencia al art. 954 CA, sin especificar en qué inciso —o incisos— se centraría el reproche, dada la diferencia sustancial entre la conducta tipificada en cada uno de ellos, impide considerar ese auto como válido y ajustado a lo establecido en el art. 1094 CA.
IV. Frente a ello, los cuestionamientos a la presecripción de la acción del fisco para percibir tributos que declaró el a quo, no pueden ser atendidos, pues parten de la premisa relativa a que el auto que dispuso la instrucción del sumario es válido.
Con fundamento en ello, el recurso de la aduana debe ser desestimado, aunque, a todo evento, también puede señalarse, acerca de los restantes planteos, que:
1. cuando la demandada afirma que la acción de la aduana para imponer penas no prescribió, pasa por alto que la resolución impugnada (DE PRLA nº 8935/2017 y su aprobatoria, RESOL-2017-814-APN- DILEGA#AFIP) absolvió a Mattel Argentina SA de la infracción que nunca llegó a imputarle (dado que no se le corrió vista);
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2. el hecho de que los restantes vocales no adhirieran al voto del vocal Licht impide examinar el agravio a ese respecto, pues ese voto no influyó en la decisión concretamente adoptada.
V. Decidido lo anterior, toca examinar los recursos de apelación, “por altos” y “por bajos”, contra la regulación de honorarios.
El planteo de las abogadas beneficiarias acerca de la base que debe adoptarse para efectuar la regulación, sostenido en la conversión de la deuda al tipo de cambio del día 9 de noviembre de 2020, no puede atenderse. En efecto, como esta sala tuvo oportunidad de decidir en un reciente pronunciamiento (causa nº 14.850/2019, “TNT Mercurio Cargas e Encomendas Expressas SA (TF 34489-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 15 de agosto de 2019), “el hecho de que las obligaciones tributarias aduaneras, como las que aquí se hallan involucradas, “nacidas con posterioridad a la sanción de la ley 25.561” deban ser liquidadas y canceladas de la forma establecida por el artículo 20 de la ley 23.905 —es decir, que se cancelan en pesos, aplicando el tipo de cambio vigente al del efectivo pago—, no se deriva que la base regulatoria debe establecerse de acuerdo a esa conversión (…)”.
Allí también se explicó que “en la causa “Romero, Juan Antonio y otros c/EN—Mº de Economía— y otro s/ proceso de conocimiento”
(pronunciamiento del 18 de diciembre de 2018), la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, al que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresó que aún cuando el monto referente a los tributos aduaneros “hubiera sido pagado, y tal pago se hubiera realizado en dólares estadounidenses, surge claramente del texto del art. 20 de la ley 23.905 que esta norma solamente regula, por una parte, la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y, por la otra, los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, sin que quepa extender el régimen allí previsto a situaciones distintas a tales obligaciones tributarias (v. autos C. 1242.XLIX, “Cencosud SA ·TF 29535- A) c/DGA”, sentencia del 15 de mayo de 2014), como es la atinente a la regulación de los honorarios profesionales”” (en idéntico sentido, esta sala causas “Petrobras Energía SA (TF 32775-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Sinopec Argentina Exploration and Prodution INC Sucursal Argentina (TF 31303- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 20 de febrero de 2020 y del 18 de mayo de 2021, respectivamente).
De tal modo, la conversión del monto de U$S 71.742.03 al tipo de cambio vigente a la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal es adecuada a los efectos de justipreciar la retribución de los profesionales intervinientes en el presente litigio (ver, asimismo, esta sala, causa “Bavosi S.A. c/ DGA. s/ recurso directo de organismo externo” pronunciamiento de fecha 17 de julio de 2020, y “Sinopec”, citada).
En función de ello, dada la naturaleza del proceso, su monto —para el que cabe tomar la suma fijada como monto de juicio a efectos del pago de la tasa de justicia, ver dictamen del representante del Fisco del 16 de diciembre de 2019—, la única etapa cumplida —ya que el proceso culminó con la resolución de las excepciones previas—, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional cumplida a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR en 27 UMA —equivalentes a la suma de $ 164.636, de conformidad con los valores establecidos en la Acordada 28/21— los honorarios de la abogada Patricia E. Feliciano y en 68 UMA —equivalentes a la suma de $ 439.824— los honorarios de la abogada María Laura Fernández, por los trabajos realizados en su carácter de representante procesal y letrada patrocinante, respectivamente, de la actora en la sede del Tribunal Fiscal de la Nación (arts. 16, 21, 29 y demás cc. de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, SE FIJAN en 8,1 UMA —equivalentes a la suma de $52.390,80 — los emolumentos a favor de la abogada Patricia E. Feliciano, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 16.275/2021, “Mattel Argentina SA (TF 102499669-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”
representante legal de la parte actora, y en 20,4 UMA —equivalentes a la suma de $131.947,20— los emolumentos a favor del abogado Adrián Marcelo Miguez, letrado patrocinante de la actora, por la tarea cumplida (confr. escrito del 23 de febrero de 2021) ante esta alzada (art. 30 y demás c.c. de la ley citada).
En virtud de estas consideraciones, VOTO: por (i) desestimar el recurso de la aduana y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en cuanto fue materia de agravios, con costas y (ii) regular los honorarios de la forma indicada en el cons. V.
La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto que antecede.
Se hace constar que el juez Rodolfo Eduardo Facio no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: desestimar el recurso de la aduana y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en cuanto fue materia de agravios, con costas y (ii) regular los honorarios de la forma indicada en el cons. V.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia