Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 28878865-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso interpuesto por la AFIP - DGA y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada el 23/4/2021 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas de esta instancia judicial a cargo de la recurrente; y
2Tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada a favor de las profesionales intervinientes en defensa de Mattel Argentina SA -cuyo monto se adecuay regular los correspondientes a la actividad desplegada ante esta instancia judicial (Considerando XIII).
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2023.-
VISTOS estos autos 22.197/2021 “Mattel Argentina SA (TF 28878865-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Mattel Argentina SA interpuso recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la resolución DE PRLA 7133/2018, por medio de la cual el jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros absolvió a la nombrada firma y a su despachante de aduanas respecto de la investigación seguida en su contra por presunta infracción al artículo 954, apartado 1, literal a), del Código Aduanero; y, asimismo, formuló cargo a la importadora por los tributos que -en su entendimiento- adeudaría respecto de la destinación de importación “09 001 IC06 234 H”, disponiendo que el área denunciante liquidara dicha suma e intimara a la deudora a su pago, conforme los requerimientos y recaudos de práctica (conf. esp. fs. 5/11 y 16/29 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Al fin de invalidar lo actuado y decidido en sede aduanera, la importadora, en sustancial síntesis, planteó:
a) la nulidad del auto de apertura del sumario, por no cumplir con los recaudos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero.
Al punto, hizo hincapié en que, por dicho acto, dictado al único efecto de interrumpir la prescripción, se omitió determinar con precisión los hechos constitutivos de la infracción (en un párrafo habría hecho referencia al inciso a) y en otro al inciso b) del artículo 954 del Código Aduanero), liquidar los tributos presuntamente adeudados, así como también requerir al área denunciante que informara con qué finalidad era exigido el certificado de origen y que determinara la existencia de perjuicio fiscal.
b) la nulidad del procedimiento seguido por no haber corrido vista de las actuaciones administrativas conforme lo establece el artículo 1101 del Código Aduanero; cercenando así su derecho de defensa, no resultando aplicable el principio de subsanación de tal merma por la existencia de etapas ulteriores del proceso.
En este sentido, explicó que el irregular modo en que fue llevado a cabo el procedimiento, cercenó su derecho de defensa, impidiéndole presentar su descargo y ofrecer las pruebas de las que se hubiera podido valer, así como también conocer y discutir la liquidación de los tributos reclamados.
Agregó, siempre en lo que al punto refiere, que el acto impugnado fue dictado sin agregar la carpeta del despacho de importación involucrado, así como la liquidación tributaria.
c) la prescripción de la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos.
Al respecto, señaló que, al resultar nulo el auto de apertura del sumario, y al no correrse vista de lo actuado -lo que hubiera permitido subsanar sus irregularidades-, en la especie no se habría verificado causal de suspensión del curso de la prescripción de la acción del Fisco Nacional.
d) la imposibilidad de controlar la liquidación de tributos por no contar con el despacho de importación original ni su documentación complementara, desconociendo -por tanto- el valor en aduana de la mercadería involucrada;
e) la afectación de la garantía de defensa en juicio y de su derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable en virtud de la excesiva duración del proceso; ello conforme la doctrina resultante del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Losicer”; y f) la pérdida de la chance de acogerse a los beneficios de la ley 27.260 producto de la indebida demora en la tramitación del sumario seguido en su contra.
II. Por resolución del 23/4/2021, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, por voto mayoritario conformado por el doctor Segura y la doctora Sarquis, declaró la nulidad del auto de apertura del sumario tramitado en el marco del expediente AFIP “12197-4137-2010” y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos respecto de la destinación “09 001 IC06 000 234 H”, oficializada por Mattel Argentina SA, con costas a cargo de la AFIP - DGA (conf. esp. fs. 175/184 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Para así decidir, los nombrados vocales, tras reseñar los antecedentes del caso, consideraron que el auto de apertura del sumario no dio cumplimiento al artículo 1094 del Código Aduanero, cuyo seguimiento resultaba necesario a los efectos de considerarlo como un acto válido y que surtiera los efectos que la legislación le atribuye (entre éstos, en lo que hace a la suspensión del curso de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos).
Al punto, resaltaron que por la providencia de fs. 16 del expediente administrativo, fechado 29/4/2014, no se identificó con claridad la infracción endilgada a Mattel Argentina SA, puesto que en el segundo párrafo refirió al artículo 954, apartado 1, literal a), del Código Aduanero, mientras que en el tercer párrafo hizo alusión al artículo 954, apartado 1, literal b), del Código Aduanero; así como tampoco incluyó la liquidación de la multa mínima a la cual podía acogerse el interesado a fin de poder optar por su pago voluntario (evitando así el contribuyente la posible suspensión en el registro respectivo y el cómputo del antecedente infraccional), ni del reclamo tributario.
Explicaron que, conforme lo normado por el artículo 1094 del Código Aduanero, el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encontraba obligado a determinar los hechos que considerara constitutivos de la infracción, a disponer las medidas cautelares que estimara corresponder; a determinar, clasificar y valorar la mercadería; a recibir la declaración de los presuntos responsables y testigos; a liquidar los tributos que correspondieran; y a disponer las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Apuntaron que la obligatoriedad de dar cumplimiento a tales lineamientos fue requerida por el legislador al disponer que el administrador “determinará” y “dispondrá”, términos que no podían ser interpretados sino como un imperativo para el servicio aduanero al tiempo de formular el auto de apertura de sumario.
A mayor abundamiento, destacaron que las irregularidades incurridas al dictar el auto de apertura de sumario no pudieron ser subsanadas válidamente con posterioridad ya que, conforme surgía de los antecedentes administrativos, el servicio aduanero omitió correr vista de las actuaciones conforme lo establece el artículo 1101 del Código Aduanero, pasando el sumario directamente a resolver; no existiendo en la especie oportunidad alguna que el imputado pudiera esgrimir las defensas de las que pudiera valerse, ello en abierta violación a lo dispuesto en el mencionado artículo.
Al respecto, concluyeron que el Fisco Nacional omitió dar cumplimiento con los recaudos exigidos por la normativa aduanera que regula el procedimiento para las infracciones (artículos 1080 a 1117 del Código Aduanero), esto es, ordenar y notificar la corrida de vista a las encartadas a fin de que aporten la documentación que crean idónea, siendo dicho procedimiento la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Razonaron que, del modo en que fue llevado a cabo el procedimiento, se vio afectado el derecho de defensa de la imputada, así como también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso.
Por lo demás, recordaron que el artículo 7°, inciso d), de la ley 19.549, de aplicación supletoria, dispone que en forma previa a la emisión del acto administrativo, han de cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico; correspondiendo, cuyo incumplimiento vicia el acto. Finalmente, siempre en lo que al punto refiere, postularon que la omisión incurrida desnaturalizaba el procedimiento, mal pudiendo considerarse cumplida la manda con la notificación de la resolución apelada; máxime si se consideraba que dicha resolución fue dictada sin agregarse la carpeta de la destinación en trato y sin practicarse la liquidación de tributos y/o multa, lo cual evidenciaba aún más la falta de fundamento legal y fáctico para su dictado.
Sentado ello, los nombrados vocales explicaron que la destinación involucrada en autos fue oficializada en el año 2009, por lo que el plazo de prescripción de cinco años para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco Nacional (conf. artículo 803 del Código Aduanero) comenzó a correr a partir comenzó a partir del 1/1/2010 (conf. artículo 804 del Código Aduanero), que no mediaron causales suspensivas e interruptivas de su curso, por lo que habría operado el 31/12/2004; careciendo de aptitud a los fines de incidir en cuanto a su cómputo el auto de apertura de sumario del 29/4/2014.
Al fin de otorgar mayor fundamento al decisorio, hicieron alusión a distintos precedentes tanto del propio Tribunal Fiscal de la Nación como de esta Cámara en sentido coincidente con el criterio seguido.
Resta señalar que el doctor Licht, en su voto, sin pronunciarse respecto de la validez del auto de apertura de sumario, se limitó a declarar prescripta la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos con relación a la mercadería temporariamente ingresada al territorio nacional mediante el despacho de importación “09 001 IC06 000234 H” por parte de Mattel Argentina SA, con costas a cargo de la repartición estatal requerida; ello por haber transcurrido más de ocho años entre el inicio del plazo prescriptivo y el dictado de la resolución apelada (y más de 10 años hasta la notificación de esta última a la recurrente) sin que se advirtiera en el expediente administrativo la existencia de algún acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tuviera efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción en los términos de los artículos 805 y 806 del Código Aduanero, ni razones que justificaran la demora del servicio aduanero en el dictado de un pronunciamiento oportuno.
III. Disconforme con lo resuelto, la AFIP - DGA apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 230 y 248/259 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Apuntó que la decisión adoptada se sustentó en una errónea exégesis de la legislación y jurisprudencia aplicables al caso, violentando los principios de convalidación y validez de todo acto administrativo.
Explicó que lo actuado en modo alguno importó un cercenamiento del derecho de defensa de la importadora, por haber existido la posibilidad de subsanar la supuesta restricción en una etapa jurisdiccional posterior.
Afirmó que lo decidido importaba un excesivo rigorismo formal.
Refirió que el auto de apertura de sumario constituía un acto administrativo y, como tal, le resultaban aplicables las previsiones de la ley 19.549; entre éstas la relativa a la presunción de legitimidad, contenida en su artículo 12, así como lo concerniente a la suspensión de sus efectos, conforme lo previsto en su artículo 19.
Postuló que, hasta la efectiva declaración de nulidad del auto de apertura de sumario, dicho acto generó los efectos que la ley le asignara, en el caso, la suspensión del curso de la prescripción. Consideró que lo hasta aquí expuesto, daba cuenta de la improcedencia de los argumentos articulados con relación a la nulidad del acto de apertura de sumario por resultar violatorio del artículo 1094 del Código Aduanero, el principio del debido proceso y el derecho de defensa.
Recordó que las nulidades procedimentales resultaban inadmisibles cuando no se indicaran las defensas de las que el particular se vio privado, no resultando procedente la declaración de nulidad por la nulidad misma.
Luego, sostuvo la improcedencia de la pretendida nulidad del auto de apertura de sumario, de conformidad con lo normado por el artículo 1051 del Código Aduanero.
Citó jurisprudencia que, en su entendimiento, avalaba su postura.
Finalmente, afirmó que, por el pronunciamiento apelado, se efectuó una arbitraria apreciación de los hechos y pruebas. Por lo expuesto, la AFIP - DGA solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se desestimara la impugnación de la resolución aduanera formulada por la aseguradora, con costas.
Dicha presentación fue replicada por la importadora (conf. esp. fs. 265/275 del hipervínculo incluido en este párrafo).
IV. A pedido de parte, por resolución del 10/5/2021, en cuanto aquí interesa, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en autos en defensa de la importadora, siendo apelados por sus beneficiarios por entenderlos bajos, así como por el Fisco Nacional, por considerarlos elevados (conf. esp. fs. 188, 198/199, 204/205 y 215 del hipervínculo incluido en este párrafo).
V. Como primera medida, recuérdese que el artículo 265 del CPCCN, aplicable supletoriamente a procesos como el bajo examen, establece -en lo que aquí interesa- ciertos recaudos que deben observarse por medio de este tipo de presentaciones. En este sentido, prevé que debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de sus razonamientos, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Debe contener el análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas (conf. esta Sala en autos 5900/2007 “Musso, Carlos Alberto c/EN - Mº Defensa s/personal militar y civil de las FFAA y Seg.”, sent. del 11/7/2013 y sus citas).
Es que “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf. en igual sentido, C. Nac. de Apel. en lo Civil, Sala A, in re: “Z., M. R. c/D. P., J. L. y otros”, del 16/12/2005, publicado en La Ley, el 1/6/2006).
Señalados los recaudos que han de ser observados en toda presentación recursiva como la examinada, adviértase que las consideraciones centrales del razonamiento seguido por el voto mayoritario de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación para considerar que el auto de apertura del sumario instruido a Mattel Argentina SA resultaba nulo de nulidad absoluta (en síntesis, por no haber dado cumplimiento a los recaudos establecidos al efecto en el artículo 1094 del Código Aduanero, en particular, por no identificar con claridad la infracción endilgada, ni incluir la liquidación tanto de la multa mínima a la cual podía acogerse el interesado a fin de poder optar por su pago voluntario, así como del reclamo tributario) y, consecuentemente, que había operado la prescripción de la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos con relación a la destinación “09 001 IC06 234 H”, no merecieron de parte del recurrente más que teóricas consideraciones en cuanto a la nulidad como instituto procesal y a la presunción de legitimidad de la que goza dicha providencia, como todo acto administrativo en los términos de la ley 19.549; lo que -por cierto- en modo alguno cumple con las directivas a las que se acaba de hacer referencia que han de seguirse por este tipo de presentaciones recursivas.
En particular, la presentación recursiva bajo trato no dedica línea alguna al fin de refutar las consideraciones vertidas en lo relativo al incumplimiento del artículo 1094 del Código Aduanero y sus implicancias en orden la validez del auto de apertura de sumario.
VI. Sin perjuicio de las deficiencias del recurso interpuesto que se acaban de poner de manifiesto, recuérdese que la acción del Fisco Nacional tanto para reclamar el pago de tributos como para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (conf. artículo 803 del Código Aduanero).
Dicho término comienza a correr, en lo que respecta al cobro de tributos, a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (conf. artículo 804 del Código Aduanero).
Se suspende su cómputo, en lo que hace a la percepción de tributos, entre otros motivos, con la apertura del sumario en la causa que se investigara la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviera subordinado a aquella decisión (conf. artículo 805, inciso a), del Código Aduanero);
VII. En todos los supuestos, para que el auto de apertura del sumario tenga aptitud para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un acto válido, es decir ha de reunir los requisitos formales y materiales que determina al efecto la normativa vigente.
En este sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero identifica los enunciados obligatorios con que debe contar dicha resolución, disponiendo que la Administración determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y, asimismo, dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieran en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario;
b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado, así como su clasificación arancelaria y su valoración;
c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieran tener conocimiento de lo acontecido, cuando lo considerare necesario;
d) la liquidación de los tributos que pudieran corresponder; y e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
De ello se sigue que para considerar al auto de apertura de sumario como un acto válido resulta necesario que se haya dado cumplimiento a los recaudos que se acaban de referir; incluyendo una clara identificación de los hechos constitutivos de la infracción para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado al pago ejercer correctamente su derecho de defensa. La falta de alguno de los elementos referidos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (conf. esta Sala, en autos “Henkel Argentina SA c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/2/2020 y su cita; entre otros).
VIII. En la especie, de las actuaciones administrativas AFIP “12197-4137-2010” (conf. esp. fs. 128/167 del hipervínculo incluido en el presente párrafo), se desprende que:
i) por nota SE PRTE 6101/2010, del 26/8/2010, la jefa de la Sección Procedimientos Técnicos de la División Registros de Importación, ordenó a la Sección Liquidaciones formular cargo por las garantías “09 001 000884 M” y “09 001 001017 B” en concepto de multa automática, respecto de la importadora involucrada, Mattel Argentina SA (fs. 1).
ii) conforme lo ordenado, con asiento en la documental obrante a fs. 2/5, fue dictado el cargo 1185/2010 (fs. 6);
iii) el 22/9/2010, Mattel Argentina SA informó que se acogía al pago de la multa automática, cuyo importe ascendía a la suma de U$S614,77 (fs. 10), obrando a continuación la liquidación manual de pago (fs. 13);
iv) el 21/10/2010, fue labrada el acta de denuncia 2788/2010 por presunta infracción al artículo 954, apartado 1, literal a), del Código Aduanero ante la falta de presentación del certificado de origen respecto de la mercadería amparada por la destinación “09 001 IC06 000234 H”, oficializada por Mattel Argentina SA (fs. 14);
v) el 29/4/2014, el titular de la Secretaría de Actuación 3 del Departamento Procedimientos Aduaneros Legales Aduaneros dispuso la apertura de sumario respecto de Mattel Argentina SA y de su despachante de aduanas, por presunta infracción al artículo 954, apartado 1, literal b), del Código Aduanero (fs. 16);
vi) el 15/12/2016, el titular de la Secretaría de Actuación 3 del Departamento Procedimientos Aduaneros Legales Aduaneros dispone la remisión de las actuaciones a la División Control ex ante (DI ADM 2) a efectos de que informara el importe del perjuicio fiscal, discriminado en pesos y en dólares estadounidenses (fs. 17);
vii) pese a encontrarse pendiente de cumplimiento la remisión de las actuaciones que se acaba de apuntar, el 3/10/2018, por resolución DE PRLA 7133/2018, el jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros absolvió a los imputados por la achacada infracción al artículo 954, apartado 1, literal a), del Código Aduanero y formuló cargo por los tributos que correspondieran, ordenando al área denunciante a practicar la liquidación e intimar a su pago, con los requerimientos y recaudos de práctica (fs. 19/22);
viii) previo dictamen DV DSAD 184/2019 (fs. 23 y vuelta), por resolución DI LEGA 102/2019, del 20/2/2019, el titular de la Dirección Legal aprobó la resolución DE PRLA 7133/2018 en tanto dispuso la absolución de los imputados respecto de la infracción achacada (fs. 25/26);
ix) el 9/1/2010, el área correspondiente practicó la liquidación de los conceptos adeudados por la importación fiscalizada (fs. 29); y x) el 12/2/2020, la División 3 del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros puso en conocimiento de la importadora que el monto adeudado en concepto de tributos producto de lo decidido por resolución DE PRLA 7133/2018 ascendía a U$S29.665,56 y $21.621 (fs. 30).
IX. Lo reseñado da cuenta que, efectivamente, tal como decidiera la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, el auto de apertura del sumario seguido contra Mattel Argentina SA y su despachante de aduanas, por el que se imputó la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, literal b), del Código Aduanero del Código Aduanero, no cumplió con los recaudos previstos en el artículo 1094 del Código Aduanero, resultando pertinentes todas las observaciones y objeciones propiciadas al respecto por el pronunciamiento recurrido, destacadas en el Considerando II y contrastables con lo reseñado en el Considerando que VIII.
Así las cosas, se advierte que el auto de apertura del sumario obrante a fs. 16 de las actuaciones administrativas, no cumplió con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye al acto de inicio de la facultad investigativa. De este modo, dicha resolución debe reputarse nula, de nulidad absoluta en tanto violatorio de la ley aplicable y carece, por ende de aptitud para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para percibir los tributos e imponer multa, respectivamente (conf. Sala IV, en autos 77.450/2016 “YPF SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 27/4/2017 y su cita). En igual sentido se pronunció esta Sala, en autos 21.906/2017 “Denso Manufacturing Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/7/2017; entre tantos otros.
X. Confirmada la declaración de nulidad de la resolución de apertura del sumario, no habiéndose verificado alguna de las causales suspensivas y/o interruptivas del término liberatorio quinquenal (rector en la especie en lo relativo a la acción para perseguir el cobro de tributos, conf. artículo 803 del Código Aduanero), que en relación a la mercadería ingresada mediante la destinación “09 001 IC06 234 H”, oficializada el 8/1/2009, comenzó a correr desde el 1/1/2010 (conf. artículo 935 del Código Aduanero), se concluye que la prescripción efectivamente operó el 1/1/2015; lo que da cuenta del acierto en la decisión adoptada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación en tal sentido.
XI. Lo dicho basta para desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar lo decidido por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación por la resolución del 23/4/2021.
XII. En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas de esta instancia judicial han de ser soportadas por la AFIP - DGA (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
XIII. Decidido ello, a fin de tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada el 10/5/2021 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado la actividad desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa; a cuyos efectos ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Para lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras que se alcancen mantengan una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, en autos 29.975/2013 “Securitas Argentina SA c/PNA - Disp. 647/12 (Expte. S02: 38.567/12)”, resol. del 18/3/2014 y su cita; entre otros); razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (conf. CSJN, Fallos, 270:388; 296:124, entre otros).
Contempladas estas directivas, en atención a la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio -conf. fs. 1 (F4, Resol. 7133/2018, del 3/10/2018), convertido a pesos, lo resuelto el 23/4/2021 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las etapas cumplidas, corresponde modificar la resolución del 10/5/2021, fijando en la suma de ciento sesenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos ($164.760; equivalentes a 8 UMA) y sesenta y cinco mil novecientos cuatro pesos ($65.904; equivalentes a 3,2 UMA) los honorarios de las doctoras María Laura Fernández y Patricia Eugenia Feliciano, patrocinante y apoderada, respectivamente, actuantes en la defensa de la importadora (conf. artículos 14, 16, 20, 21, 24, 29, 44, inciso b), y concordantes y citados de la ley 27.423).
Luego, por las tareas desarrolladas ante esta instancia judicial, atento el resultado obtenido y el modo en que fueron impuestas las costas, corresponde regular en la suma de cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y siete pesos con cincuenta centavos ($51.487,50; equivalentes a 2,5 UMA) y veinte mil quinientos noventa y cinco pesos ($20.595; equivalentes a 1 UMA) los emolumentos del doctor Adrián Marcelo Miguez y Patricia Eugenia Feliciano, patrocinante y apoderada, respectivamente, actuantes en la defensa de la importadora (conf. artículos 20, 24, 29, 30 y concordantes de la ley 27.423).
El importe del Impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", resol. del 16/7/1996).
Para el caso en que los profesionales no hubieran denunciado la calidad que invisten frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar el recurso interpuesto por la AFIP - DGA y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada el 23/4/2021 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas de esta instancia judicial a cargo de la recurrente; y 2°) tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada a favor de las profesionales intervinientes en defensa de Mattel Argentina SA -cuyo monto se adecuay regular los correspondientes a la actividad desplegada ante esta instancia judicial (Considerando XIII).
Se deja constancia que la doctora María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (conf. artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia