Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 82588778-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco y confirmar la resolución del 21/4/22, con costas.
2Reducir los honorarios regulados el 18/8/22 y regular los correspondientes a la actuación ante esta alzada del modo en que surge del considerando 8º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
25484/2023 “MATTEL ARGENTINA SA (TF 82588778-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, julio de 2023.
1. Que, por resolución del 21/4/22, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al planteo efectuado por Mattel Argentina SA, declaró nulo el auto de apertura del sumario y, por ende, prescriptas las acciones del Fisco para percibir tributos e imponer sanciones con relación a la destinación de importación 07 001 IC06 007953 U. Como consecuencia de lo expuesto, revocó la resolución (DE PRLA) 8636/17, recaída en las actuaciones SIGEA 13289-22455-2011/1, con costas al demandado (v. pp. 157-161 de la versión digital del expte. TF 82588778, remitido con el oficio del 5/6/23). Para resolver como lo hizo, ante todo, mencionó que la aludida resolución absolvía a la importadora con respecto a la infracción denunciada y por la que se había dispuesto la instrucción del sumario (es decir, por la transgresión al artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero, debido a la falta de presentación del certificado de origen que amparaba la mercadería); al mismo tiempo que formulaba un cargo por la diferencia de tributos resultante de la ausencia de aquel documento. Hizo énfasis en que la apertura del sumario y la liquidación de los tributos no habían sido debidamente comunicadas a la recurrente, dado que se omitió correr la vista prevista en el artículo 1101 del código de la materia. De manera que la importadora recién tomó conocimiento de lo actuado con relación a la destinación registrada en 2007 al notificársele la resolución 8636/17.
A ello agregó que la aduana había accionado de manera ilegítima, sin contar con la documentación original de la operación, que resultaba indispensable para demostrar tanto la configuración de la infracción como del hecho imponible.
En esas condiciones, tuvo por incumplidos los mínimos recaudos que hacían al derecho de defensa del imputado. Además, aclaró que se trataba de una omisión no subsanable en esa instancia, ya que, si bien se había intimado al demandado para que acompañase la destinación correspondiente, éste no logró ubicarla debido al tiempo transcurrido desde los hechos.
Consideró que lo expuesto también ponía en evidencia que el auto de apertura del sumario del 20/12/12 se había dictado con el único objetivo de evitar el vencimiento del plazo de prescripción de las acciones del Fisco (que había comenzado a correr el 1º/1/08 y se cumplía el 30/12/12), y sin estar precedido de la correspondiente constatación sobre los hechos imputados; lo que importó apartarse de lo dispuesto por el artículo 1094 del Código Aduanero. Sobre esa base, determinó que se trataba de un acto nulo, al que no cabía reconocerle efectos para suspender ni interrumpir la prescripción en los términos de los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del citado código.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación el 23/5/22, que se concedió el 30/5/22 y fue replicada el 13/6/22 (v. pp. 166- 175, 180 y 183-194, expte. cit.).
Argumentó que se había efectuado una interpretación excesivamente rigorista de lo dispuesto por el artículo 1094 del código, y que no era razonable exigir al servicio aduanero reunir todos y cada uno de los elementos allí estipulados para considerar válida la apertura sumarial. Agregó que en el caso la actora había individualizado los hechos endilgados y pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Por otra parte, cuestionó la declaración de prescripción de la acción para el cobro de los tributos y se refirió, en particular, a la circunstancia de que el plazo se mantenía suspendido desde la instrucción sumarial, debido al efecto suspensivo de las apelaciones interpuestas (arg. arts. 805, inc. a, y 1172 del CA).
3. Que, a su vez, el 18/8/22 se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora, los que fueron apelados por altos el 21/8/2 y por bajos el 23/8/22. Los recursos se concedieron el 23/8/22g y el 24/8/22, respectivamente (v. pp. 211-212, 216, 218, 221-223 y 228).
4. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que establece el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Es decir que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.
Por otra parte, si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no se debe llevar a cabo con un injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (conf. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras). Asimismo, es dable recordar que la Corte federal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
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5. Que el memorial del Fisco Nacional no cumple con tales pautas, ni pone en evidencia arbitrariedad alguna en la apreciación de los hechos y de las pruebas formulada por el Tribunal Fiscal, en tanto se limita a discrepar con el alcance dado en el caso a lo dispuesto por el artículo 1094 del Código Aduanero, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dirimentes de la decisión apelada. En particular, nada dice sobre el hecho de que no se incorporó en forma oportuna la documentación original de la operación que debía ser investigada, ni sobre la omisión de la corrida de vista al interesado.
6. Que, si bien esta circunstancia bastaría para desestimar la apelación por defectos de fundamentación, no está de más señalar, como adecuadamente lo hizo el tribunal de origen, que la resolución (DE PRLA) 8636/17 se dictó en el marco de una actuación incoada contra la empresa actora respecto de la destinación 07 001 IC06 007953 U, por presunta infracción al artículo 954, inciso a, del Código Aduanero. Es decir que el reclamo tributario contenido en el artículo 2º de aquélla debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones, que culminó con una resolución absolutoria (v. auto de instrucción sumarial y considerandos de la resolución, pp. 93 y 105-110 del expte. cit.).
A su vez, no es materia de controversia que se arribó a tal solución en el aspecto infraccional en virtud del principio que obliga a resolver los casos de duda en favor del imputado (v. esp. p. 109, expte. cit.), pero sin dar previa intervención al incriminado para que acreditase los hechos que servían de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban el reclamo de la diferencia tributaria.
En efecto, la destinación se oficializó en algún momento del año 2007, la apertura del sumario se ordenó el 20/12/12 (p. 93, expte. cit.), el eventual perjuicio fiscal se determinó el 21/4/17 (p. 103, expte. cit.) y, sin más trámite, se emitió la resolución definitiva, que absolvió a la importadora por la presunta infracción de declaración inexacta y la intimó al pago de los tributos aquí cuestionados. De manera que la empresa recién tomó conocimiento de lo actuado al notificársele la resolución 8636/17, el 18/8/21 (p. 123, expte. cit.); es decir, cuando habían transcurrido más de 13 años desde el registro de la operación.
En esas condiciones, la presente causa resulta análoga a las que resolvió el Tribunal ―en concordancia con lo resuelto en la instancia de origen― en los Exps. 46837/22 “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sentencia del 13/9/22, y 47883/22 “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, sent. del 1/11/22, entre otras; a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad.
7. Que, por lo expuesto, se rechaza la apelación del Fisco y se confirma la decisión del 21/4/22.
Las costas de Alzada se imponen al demandado, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, segundo párr., CPCCN).
8. Que, resta tratar las apelaciones interpuestas contra la regulación de honorarios del 18/8/22.
Al respecto, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por la doctora Patricia Eugenia Feliciano y por el doctor Adrián Marcelo Miguez en el respectivo carácter de patrocinante y apoderado en la defensa de la actora, durante la única etapa que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados en conjunto a su favor a la suma de $ 270.732 (equivalentes a la cantidad de 14 UMA; arg. arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423; acordada CSJN 19/23). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, REGÚLENSE en la suma de $81.219,6 –equivalentes a la cantidad de 4,2 UMA– los emolumentos de los citados profesionales, por su actuación ante esta instancia (cfr. contestación de agravios del 13/6/22).
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que ―en su caso― deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco y confirmar la resolución del 21/4/22, con costas.
2. Reducir los honorarios regulados el 18/8/22 y regular los correspondientes a la actuación ante esta alzada del modo en que surge del considerando 8º.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco, a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia efectuado por el demandado, en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia