Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de San Martín · Causa 51879
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la acción de amparo promovida por ENRIQUE JULIO MATZNER contra la MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO, con intervención de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en los términos expuestos en los considerandos.
II. Declarar, para el caso concreto, la inaplicabilidad del requisito de libre deuda previsto en el art. 10, inc. 3°, del Anexo II del Decreto 532/09, en cuanto se lo utilice como impedimento automático para la renovación de la licencia de conducir por la sola existencia de multas impagas, sin acreditación de una inhabilitación vigente para conducir.
III. Ordenar a la Municipalidad de Tres de Febrero y a la Provincia de Buenos Aires que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias para remover el impedimento informático o administrativo que obsta a la continuidad del trámite de renovación de la licencia de conducir del actor, fundado exclusivamente en la existencia de las infracciones impagas aquí examinadas. La renovación deberá proseguir previa verificación del cumplimiento de los restantes requisitos legales y reglamentarios exigibles.
IV. Dejar establecido que lo aquí resuelto no importa dejar sin efecto las multas ni las sanciones impuestas por los organismos competentes, ni obsta a su cobro por las vías legales correspondientes.
V. Imponer las costas a las demandadas vencidas, conforme el principio objetivo de la derrota (arta. 14 y 19 de la Ley 13.928, texto según Ley 14.192). …
Expediente Nº 51879
Sm-33104-2026
En la ciudad de General San Martín, en la fecha y hora de la firma digital inserta, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal de Trabajo número cuatro de San Martín, doctores Claudia Susana Barrios, Juan Alberto Colotta y Rocio Mailen Gonzalez Mora, a los fines de dictar resolución en los presentes autos caratulados "MATZNER ENRIQUE JULIO C/ MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO S/ AMPARO", expediente N° 51.879, según el siguiente orden de sorteo de ley: Dres. Claudia Susana Barrios, Juan Alberto Colotta y Rocio Mailen Gonzalez Mora.
ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA :
¿Es procedente la acción de amparo instaurada? En consecuencia, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
I. Se presenta Enrique Julio Matzner e interpone acción de amparo contra la Municipalidad de Tres de Febrero, con el objeto de que se ordene la renovación de su licencia de conducir, sin que se le exija como condición previa el pago de las infracciones de tránsito que registra el sistema de antecedentes.
Relata que, al concurrir a la Dirección de Licencias de Conducir de la Municipalidad para iniciar el trámite de renovación de su licencia, se le informó que registraba una inhabilitación por multas de tránsito y que debía resolver dicha situación ante las jurisdicciones correspondientes.
Sostiene que las infracciones no fueron debidamente notificadas y que, por tal motivo, no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Afirma que la exigencia de cancelar las multas como condición para renovar la licencia resulta ilegítima y arbitraria, por cuanto transforma el trámite de habilitación para conducir en un mecanismo de cobro de deudas.
Plantea la inconstitucionalidad del art. 10, inc. 3°, del Anexo II del Decreto 532/09, reglamentario de la Ley 13.927, por considerar que incorpora una exigencia que excede la finalidad de la normativa de tránsito y afecta sus derechos constitucionales. Invoca, entre otros, los derechos a la libertad de circulación, al trabajo y al debido proceso.
II. Corrido el traslado, comparece la Municipalidad de Tres de Febrero y solicita el rechazo de la acción, con costas.
Niega los hechos invocados por el amparista y sostiene que no ha existido una conducta ilegítima de su parte, puesto que el Municipio actúa por delegación de la Provincia de Buenos Aires y carece de facultades para modificar o eliminar las infracciones incorporadas al sistema provincial y nacional.
Explica que, al iniciar el trámite, se solicitaron los certificados de antecedentes de tránsito correspondientes y que el sistema informó la existencia de siete infracciones con sentencia firme, todas correspondientes a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agrega que también se registran otras infracciones cometidas en jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires.
Afirma que el impedimento para continuar con la renovación no deriva de una decisión municipal, sino del bloqueo que opera en el sistema informático. Sostiene que el requisito de libre deuda se encuentra previsto en la normativa vigente y que el Municipio no puede apartarse de ella.
Asimismo, solicita la citación como tercero de la Provincia de Buenos Aires, por entender que la cuestión controvertida involucra competencias y atribuciones provinciales, tanto respecto de la reglamentación aplicable como de la administración del sistema de licencias y antecedentes de tránsito.
III. Atento el rechazo de citación de tercero de la Provincia de Buenos Aires por parte del Tribunal y el recurso de reposición con apelación en subsidio planteado en consecuencia, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, en los autos vinculados a la presente causa, hizo lugar al recurso interpuesto por la Municipalidad y dispuso la citación de la Provincia de Buenos Aires como tercero, al considerar que la intervención de dicho Estado resultaba necesaria para la adecuada integración de la litis, dada la conexión entre la actuación municipal y las competencias provinciales en materia de emisión y renovación de licencias de conducir.
IV. Comparece la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y contesta el traslado conferido.
Solicita el rechazo de la acción. Sostiene que la exigencia cuestionada encuentra sustento en el art. 8 de la Ley 13.927, según la modificación introducida por la Ley 15.002, y en el art. 10 del Anexo II del Decreto 532/09.
Expone que el otorgamiento de las licencias se encuentra a cargo de los municipios en forma delegada, previo informe de antecedentes emanados de los organismos provinciales y nacionales competentes. Señala que, mientras las multas informadas por el certificado CENAT figuren como impagas, el Municipio se encuentra legalmente impedido de avanzar con la renovación.
Agrega que las infracciones que registra el actor cuentan con sentencia firme y que el requisito de libre deuda constituye una herramienta legítima de prevención y seguridad vial, destinada a promover el cumplimiento de las normas de tránsito. Entiende que la vía del amparo no resulta idónea para cuestionar las sanciones impuestas por los organismos competentes y que el interesado debe acudir a las vías específicas previstas para discutirlas.
Acompaña las actuaciones administrativas EX-2026-37857835-GDEBA-FDE y mantiene la reserva del caso federal.
V. Finalmente, se tuvo por evacuado en tiempo y forma el traslado conferido y, por resultar inconducentes las pruebas ofrecidas por las partes, se rechazaron las mismas. En consecuencia, se dispuso el pase de los autos a resolver.
A la cuestión planteada, la Dra. Claudia Susana Barrios dijo:
I. Delimitada la controversia, corresponde determinar si la exigencia de cancelar las infracciones de tránsito registradas en los sistemas de antecedentes como condición para renovar la licencia de conducir constituye, en las circunstancias del caso, una restricción legítima o si, por el contrario, configura una conducta manifiestamente irrazonable que justifica la procedencia de la acción de amparo.
La cuestión debe ser examinada teniendo especialmente en consideración que la Municipalidad demandada sostiene que no adoptó una decisión propia de denegar la renovación, sino que el trámite quedó impedido por el funcionamiento del sistema provincial y nacional de antecedentes. La Provincia, por su parte, defiende la validez constitucional del requisito y afirma que su aplicación deriva de la legislación vigente.
Ahora bien, la circunstancia de que el impedimento se exteriorice a través de un sistema informático y que el Municipio actúe por delegación provincial no excluye el control judicial de razonabilidad de la restricción que afecta al particular. Por el contrario, obliga a examinar la actuación conjunta de las autoridades que intervienen en el procedimiento y a determinar si el obstáculo impuesto encuentra sustento constitucional suficiente.
II. En primer término, cabe señalar que el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires reconocen la acción de amparo como una vía destinada a brindar tutela judicial frente a actos u omisiones de autoridades públicas que, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen derechos y garantías constitucionales.
Si bien se trata de un remedio excepcional, su procedencia no puede descartarse por la sola existencia de vías administrativas o judiciales alternativas. La idoneidad de esas vías debe apreciarse en concreto, atendiendo a la naturaleza del derecho comprometido, a la entidad de la afectación y a la posibilidad de obtener una tutela oportuna y eficaz.
En el caso, el actor no pretende que este Tribunal revise la existencia material de cada infracción ni que sustituya a los órganos competentes para juzgarlas. El objeto de la pretensión es distinto: cuestiona que la existencia de deudas derivadas de infracciones de tránsito pueda operar, por sí sola, como impedimento para acceder a la renovación de una licencia de conducir.
De tal modo, la controversia se encuentra centrada en la legitimidad constitucional de la exigencia administrativa que condiciona la renovación de la licencia al pago de las multas, y no en la revisión de las decisiones jurisdiccionales que las hubieran impuesto.
Por ello, entiendo que la existencia de procedimientos específicos para cuestionar las infracciones no resulta suficiente para descartar la vía intentada, pues esos procedimientos tienen un objeto diferente del que aquí se debate.
III. En cuanto al marco normativo, corresponde considerar que el art. 8 de la Ley 13.927, según el texto modificado por la Ley 15.002, establece que el otorgamiento de las licencias de conducir se encuentra a cargo de los municipios en forma delegada, previo informe de antecedentes emanados de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial y del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, que permitan verificar que el interesado no se encuentra inhabilitado y que no posee sanciones incumplidas dictadas por los órganos administrativos competentes que le impidan conducir.
A su vez, el art. 10 del Anexo II del Decreto 532/09 contempla, entre los requisitos para el otorgamiento de la licencia, el libre deuda de infracciones de tránsito.
La Provincia sostiene que esta última exigencia no constituye una innovación reglamentaria, sino que encuentra fundamento en la norma legal citada y en los compromisos asumidos por el Estado Nacional y las jurisdicciones adheridas en materia de seguridad vial.
Sin embargo, la interpretación de esas disposiciones no puede prescindir de su texto, finalidad y jerarquía normativa. En particular, la referencia legal a las sanciones incumplidas que impidan conducir no autoriza, sin más, a equiparar toda deuda dineraria derivada de una infracción con una inhabilitación para conducir.
Es que una cosa es la existencia de una sanción que, por su naturaleza y alcance, impide legalmente a una persona conducir; y otra diferente es la existencia de una obligación pecuniaria pendiente de pago, cuya ejecución debe procurarse por los mecanismos legalmente previstos.
La interpretación que propicia la Provincia conduce a extender el alcance de la restricción más allá de lo que surge de la propia norma legal, al convertir cualquier multa impaga en un impedimento automático para renovar la licencia, aun cuando no se acredite que la sanción haya dispuesto la inhabilitación del infractor.
IV. En este punto, adquiere especial relevancia el principio de razonabilidad consagrado en el art. 28 de la Constitución Nacional, conforme al cual las reglamentaciones no pueden alterar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución.
La potestad estatal de reglamentar el ejercicio de los derechos no es ilimitada. Las restricciones deben guardar una relación razonable con la finalidad pública que se procura alcanzar y no pueden imponer sacrificios desproporcionados que desnaturalicen el derecho reglamentado.
Es indudable que la seguridad vial constituye un objetivo de interés público y que el Estado cuenta con facultades para establecer requisitos destinados a asegurar la idoneidad de quienes conducen vehículos. También es legítimo que las autoridades exijan el cumplimiento de las sanciones impuestas por infracciones de tránsito.
Pero de ello no se sigue que el pago de una multa constituya, en todos los casos, un presupuesto necesario para acreditar la aptitud de una persona para conducir.
La finalidad de la licencia consiste en habilitar a quien reúne las condiciones personales, técnicas y psicofísicas exigidas por la normativa para conducir vehículos. La existencia de una deuda dineraria, en cambio, no permite presumir por sí misma que su titular carezca de aptitud para hacerlo ni que represente un riesgo actual para la seguridad vial.
La exigencia cuestionada establece, en definitiva, una consecuencia ajena a la naturaleza propia de la sanción pecuniaria: impide renovar una habilitación administrativa como mecanismo indirecto para obtener el cobro de una deuda.
El Estado dispone de procedimientos específicos para ejecutar las multas que hayan adquirido firmeza. No resulta razonable que, en lugar de acudir a esos mecanismos, se condicione el ejercicio de un derecho a la cancelación previa de una obligación patrimonial que cuenta con sus propias vías de cobro.
La circunstancia de que la sanción tenga carácter pecuniario no altera esta conclusión. La obligación de pagar una multa y la aptitud para conducir son cuestiones jurídicamente diferenciables. La primera debe hacerse efectiva por los procedimientos de ejecución correspondientes; la segunda debe evaluarse conforme a los requisitos vinculados con la idoneidad para conducir.
V. Los argumentos expuestos encuentran sustento en el criterio desarrollado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín en la causa "Rauschmair, Sergio Oscar c/ Municipalidad de San Martín s/ Amparo" de fecha 26/08/2025, en cuanto allí se examinó la razonabilidad de condicionar la renovación de la licencia de conducir al pago de infracciones de tránsito.
En dicho precedente se destacó que la exigencia de libre deuda prevista en el art. 10, inc. 3°, del Anexo II del Decreto 532/09 no puede ser aplicada de manera automática cuando la obligación pecuniaria pendiente no guarda una relación concreta con la aptitud del interesado para conducir.
También se señaló que la existencia de vías específicas para el cobro de las multas impide justificar que se utilice la renovación de la licencia como mecanismo de presión para obtener su cancelación, pues ello desnaturaliza la finalidad de la habilitación administrativa y convierte una exigencia vinculada con la seguridad vial en un instrumento de recaudación.
Si bien corresponde atender a las particularidades normativas y fácticas de cada caso, los fundamentos allí desarrollados resultan aplicables a la controversia aquí planteada.
En efecto, la modificación introducida por la Ley 15.002 al art. 8 de la Ley 13.927 no permite prescindir del examen de razonabilidad de la medida. La norma legal debe ser interpretada de modo armónico con las garantías constitucionales y, especialmente, con el alcance que ella misma asigna a las sanciones incumplidas que impiden conducir.
Por ello, no basta con acreditar la existencia de multas impagas: resulta necesario verificar que se trate de sanciones que, por su contenido y efectos jurídicos, impliquen un impedimento legal para conducir.
VI. En el caso concreto, de las constancias incorporadas surge que el actor inició el trámite de renovación de su licencia y que el sistema informó la existencia de siete infracciones de tránsito con sentencia firme, correspondientes a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se informó la existencia de otras infracciones registradas en distintas jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, de las constancias reseñadas no surge que todas ellas cuenten con sentencia firme ni que hayan dado lugar a una inhabilitación vigente para conducir.
La Municipalidad reconoce que no adoptó una decisión autónoma de denegar la renovación, sino que el trámite quedó bloqueado por el sistema informático, y que carece de facultades para modificar los registros correspondientes a otras jurisdicciones.
La Provincia, a su vez, sostiene que la existencia de sanciones impagas impide continuar con el procedimiento.
Ahora bien, aun cuando se tenga por acreditada la existencia de las siete infracciones con sentencia firme, ello no permite concluir, sin más, que el actor se encuentre legalmente inhabilitado para conducir. No se ha demostrado que esas sanciones hayan dispuesto una inhabilitación vigente ni que exista una decisión específica que impida al interesado obtener la renovación de su licencia por razones vinculadas con su aptitud para conducir.
La firmeza de una multa acredita, en su caso, la existencia de una obligación exigible por la autoridad competente. Pero no transforma automáticamente esa deuda en una inhabilitación ni habilita a extender sus efectos a un procedimiento administrativo distinto, sin una previsión normativa clara y razonable que lo autorice.
Tampoco puede perderse de vista que las infracciones informadas no corresponden a jurisdicciones ajenas a la Municipalidad demandada. La comuna no es el organismo que impuso las sanciones ni el que debe ejecutarlas. Por ello, el cobro de esas obligaciones debe canalizarse a través de los mecanismos previstos por las autoridades competentes, sin trasladar al trámite de renovación de la licencia una consecuencia que no se encuentra directamente vinculada con la aptitud del actor para conducir.
VII. En cuanto a la intervención de la Provincia de Buenos Aires, su participación en el proceso permite examinar integralmente la actuación de los organismos que intervienen en el procedimiento de renovación.
La Cámara de Apelación, al disponer la citación de la Provincia como tercero, destacó que el otorgamiento de la licencia no constituye un acto de resorte exclusivamente municipal, sino el tramo final de un procedimiento complejo, en el cual la comuna actúa por delegación y sobre la base de informes y sistemas administrados por organismos provinciales y nacionales.
En consecuencia, la circunstancia de que la Municipalidad carezca de facultades para modificar los registros informáticos no puede conducir a dejar sin tutela judicial al interesado. La distribución interna de competencias entre los organismos estatales no puede ser opuesta al particular para mantener una restricción que, por las razones expuestas, resulta irrazonable.
La tutela que se otorgue deberá, por ello, alcanzar a las autoridades que se encuentran en condiciones de remover el impedimento cuestionado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
VIII. En definitiva, considero que la exigencia de cancelar las multas registradas como condición automática para renovar la licencia, sin que se acredite que las sanciones importen una inhabilitación vigente para conducir, resulta desproporcionada y contraria al principio de razonabilidad.
No se trata de desconocer la potestad estatal de sancionar las infracciones de tránsito ni de liberar al actor de las obligaciones pecuniarias que pudieran encontrarse a su cargo. Se trata, exclusivamente, de impedir que el cumplimiento de esas obligaciones sea exigido mediante la privación de un trámite administrativo cuya finalidad es distinta y que debe resolverse conforme a los requisitos legales vinculados con la habilitación para conducir.
Por las razones expuestas, entiendo que corresponde hacer lugar a la acción de amparo, declarar la inaplicabilidad al caso del requisito de libre deuda en cuanto opere como impedimento automático para la renovación por la sola existencia de multas impagas, y ordenar a las autoridades demandada y citada que remuevan el obstáculo informático o administrativo derivado de esa exigencia, sin perjuicio de la subsistencia de las obligaciones pecuniarias y de las vías legales que correspondan para su cobro.
ASÍ LO VOTO.
Por los mismos fundamentos, los restantes integrantes del Tribunal votan en idéntico sentido.
Por todo ello, el Tribunal de Trabajo N° 4 de San Martín, por unanimidad, RESUELVE :
I. Hacer lugar a la acción de amparo promovida por ENRIQUE JULIO MATZNER contra la MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO, con intervención de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en los términos expuestos en los considerandos.
II. Declarar, para el caso concreto, la inaplicabilidad del requisito de libre deuda previsto en el art. 10, inc. 3°, del Anexo II del Decreto 532/09, en cuanto se lo utilice como impedimento automático para la renovación de la licencia de conducir por la sola existencia de multas impagas, sin acreditación de una inhabilitación vigente para conducir.
III. Ordenar a la Municipalidad de Tres de Febrero y a la Provincia de Buenos Aires que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias para remover el impedimento informático o administrativo que obsta a la continuidad del trámite de renovación de la licencia de conducir del actor, fundado exclusivamente en la existencia de las infracciones impagas aquí examinadas. La renovación deberá proseguir previa verificación del cumplimiento de los restantes requisitos legales y reglamentarios exigibles.
IV. Dejar establecido que lo aquí resuelto no importa dejar sin efecto las multas ni las sanciones impuestas por los organismos competentes, ni obsta a su cobro por las vías legales correspondientes.
V. Imponer las costas a las demandadas vencidas, conforme el principio objetivo de la derrota (arta. 14 y 19 de la Ley 13.928, texto según Ley 14.192).
VI. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente.
VII. Regístrese y notifíquese electrónicamente en carácter urgente, atento al carácter del objeto de la presente demanda de amparo (AC. SCBA 4039/21, art. 13 "in fine" del Anexo I, "Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos").
Firmas
Funcionario firmante: COLOTTA Juan Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: BARRIOS Claudia Susana - JUEZ
Funcionario firmante: GONZALEZ MORA Rocio Mailen - JUEZA
Funcionario firmante: COCIGLIO Ariel Andres - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 2241-2026
Fin de la sentencia