Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2534/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE819131-2023.-
2Declarar abstracta la cuestión objeto del recurso de queja articulado por la Municipalidad de Río Gallegos en PE711696-2022, INT00016691.pdf.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2534/22-TSJ Interlocutorio N°: 3749 Actor: MAU FEDERICO ANDRES Demandada: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: ESCRITURACIÓN s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA- Fecha: 24-05-2023 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3749 FOLIO Nº 6727/6729 PROT. ELECT. TSS1 020 I.231
Río Gallegos, 24 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “MAU FEDERICO ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS s/ ESCRITURACIÓN s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA-”, Expte. Nº M-2534/22-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver, en primer término, la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE819131-2023, en los términos del artículo 30 del CPCyC.-
Expresa que: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó la sentencia obrante a fs. 553/561 de los autos principales. Por lo expuesto, solicito que se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en el presente juicio.” (cfr. PE cit.).- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, -el haber emitido opinión en los autos principales-, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, los presentes autos vienen al Acuerdo, en virtud del recurso de queja interpuesto por la Municipalidad de Río Gallegos, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Gonzalo Darío Chute (cfr. PE711696-2022, INT00016691.pdf), contra la resolución del 18 de octubre de 2022 dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE cit., INT00016692.pdf, págs. 36/38), que declaró formalmente inadmisible el recurso de casación incoado. Este último fue interpuesto contra el pronunciamiento del 26 de agosto de 2022, el cual rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad demandada (cfr. PE y pdf cits., págs. 15/24).-
III. Que en su recurso, la impugnante sostiene que motiva su queja la violación de la doctrina legal, en el caso del Tribunal Superior de Justicia, referente a las excepciones al principio general que admite los recursos extraordinarios únicamente respecto de las sentencias definitivas; así también de la doctrina establecida respecto al excesivo rigor formal y debido proceso. También afirma que la resolución recurrida peca de arbitrariedad (cfr. PE711696-2022, INT00016691.pdf, pág. 2).- Postula que el pronunciamiento que declaró inadmisible el recurso de casación no le fue notificado en el domicilio constituido, por lo cual la queja es incoada en debido tiempo y forma, en tanto se notifican personalmente de la misma (cfr. PE y pdf cits., pág. 3).-
Destaca que es importante remarcar que se está ante un procedimiento de ejecución especial (Ley N° 3109) y no ante un procedimiento ejecutivo ordinario. Por tal motivo, entiende que la actora para invocar o denunciar un incumplimiento en el pago tiene que probar previamente que cumplió con los requisitos de la ley, extremo que no se encuentra acreditado en autos. Agrega que: “...no existen presentaciones que impulsen el expediente administrativo de pago, limitándose la actora a iniciar el expediente pero sin insistirlo, y sin pedir se cumpla con la efectiva imputación del crédito al presupuesto en curso, ya que la presentación efectuada es prepandemia, encontrándose todo el año 2020 y 2021 en emergencia económica, habiéndose prorrogado por la emergencia el presupuesto 2019.” (cfr.
PE y pdf cits., págs. 4/5).- Añade que: “...considerando que la Ley N° 3109 no ha sido declarada inconstitucional, es plenamente vigente en autos, no pudiendo ad (sic) quo disponer la libre ejecución en tanto se planteó como defensa la inembargabilidad de fondos públicos, excepción que no ha sido objetada por la actora, ya que al presentar el testimonio a cobro por la vía establecida en el art 6 de la Ley 3109, prorrogo (sic) voluntariamente la excepción invocada por nuestro mandante.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 6).- Expresa que la Cámara no puede disponer el embargo directo de las cuentas bancarias del erario municipal, en tanto el proceso de pago, regulado por la Ley N° 3109, se encuentra en curso ya que se ha incorporado al presupuesto 2020.
Destaca que dicho presupuesto no pudo llevarse a cabo, y se trabajó con el presupuesto prorrogado 2019, en tanto a partir de marzo de 2020 se declaró la emergencia económica, derivado de la Pandemia COVID 19, situación que ralentizó la Administración Pública (cfr. PE y pdf cits., pág. 7).- Agrega que las afirmaciones de la Excma. Cámara de Apelaciones sobre la inadmisibilidad de la casación no se ajustan al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argumenta que: “...nuestra Corte Suprema de Justicia en varios antecedentes recientes, en los cuales sin desconocer que las decisiones sin ser definitivas no deben ser tratados (sic) ya que estamos ante un asunto principal objeto de la litis, de igual forma se habilita la vía del extraordinario en circunstancias excepcionales que justamente aplican al caso de autos.
Ya que el motivo de la casación consiste; por un lado, vicios in procedendo, por resultar arbitraria y contradictoria la sentencia y por otro lado aplicación errónea de las normas legales contenidas en la Ley N° 3019, por omisión lisa y llana de las mismas que resultan de inexcusable aplicación a la presente causa, en función de ser normas fundamentales que rigen nuestro procedimiento constitucional y obviamente aplicable al caso. En particular, en el escrito de interposición del Recurso de Casación ha sido adecuadamente demostrado que se ha admitido la vía del recurso extraordinario aun para casos donde no se trate de sentencias definitivas, las cuales por su afectación a derechos de raigambre constitucional y convencional son equiparables a sentencias definitivas, sin que el tribunal a quo haya siquiera indagado en dichos fundamentos para realizar una crítica lo suficientemente razonada para demostrar que no ameritaba la apertura de la instancia casatoria o que correspondía apartarse de la doctrina del Máximo Tribunal Nacional.” (cfr.
PE y pdf cits., pág. 8).- Cita los precedentes “Pfizer SACI c/ Municipalidad de Río Cuarto”, Expte. P-706.255, del 28/08/2017, así como los dictados por este Tribunal Superior de Justicia (cfr. “Respaldo SRL c/ Iriarte Norma Adriana del Valle - Presentación múltiple - Ejecutivos Particulares - Recurso de Inconstitucionalidad”, Expte. N° 16774858/26, del 16/06/2014 y “Mezzano Diana Gariela c/ Municipalidad de Córdoba - Ejecutivo - Cobro de Honorarios - Recurso de Inconstitucionalidad -” Expte. N° M-24-13-1883578/36, del 06/02/2015); y explica que en dichos fallos se ha resuelto de manera contraria al decisorio atacado en casación, pues allí se declaró constitucional y aplicable la normativa que prevé la inembargabilidad de algunos bienes del Estado (cfr.
PE y pdf cits., pág. 11).- Explica que el principio de inembargabilidad de los fondos públicos encuentra respuesta en la tarea del administrador de imponer pautas racionales con el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, evitando el desvió de los recursos presupuestarios y los consiguientes trastornos que tal desvío pueda producir (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Aclara que no se niega al pago y/o cumplimiento de la sentencia condenatoria de pago, pero que el mismo deberá efectivizarse mediante su ingreso al presupuesto siguiente. Por lo tanto los embargos propuestos oportunamente por el inferior son improcedentes y sólo pueden tener carácter garantista y no ejecutante (cfr. PE, pdf y pág. cits.) .-
Sigue diciendo, que: “...es improcedente la embargabilidad de los bienes públicos de la municipalidad, toda vez que existe presupuesto propio para satisfacer el crédito del actor en autos, de lo contrario se afectaría (sic) derechos constitucionales de los vecinos y contribuyente (sic) haciendo prevalecer el interés privado por sobre el interés público.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 12).-
Aduce que la sentencia de la Alzada esta sólo aparentemente fundada, pues desoye la doctrina permanente y pacífica del Máximo Tribunal de la Nación e incluso de Organismos Internacionales de Derechos Humanos (cfr. PE y pdf cits., pág. 13).-
Argumenta que la vía extraordinaria debe ser admitida, pues estamos ante una resolución arbitraria que le ocasiona un gravamen irreparable (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Formula reserva del caso federal por violación de la doctrina de las sentencias arbitrarias; y la afectación de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio (cfr. arts. 18 de la CN; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; entre otros) (cfr. PE y pdf cits., pág. 15).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE790803-2023.-
IV. Que se constata de la lectura de los autos principales que la quejosa, el 24 de noviembre de 2022, procedió a transferir a la cuenta de autos la suma de pesos treinta y dos millones setecientos siete mil doscientos veintiséis con cincuenta y un centavos ($32.707.226,51) (cfr. PE734541-2022, de los autos principales). Suma equivalente a la que el Sr. Juez de Primera Instancia había ordenado trabar embargo y que se presupuestaron provisoriamente para responder a intereses, gastos y costas de la ejecución (cfr. PE459310-2022, de dichos autos). Dadas estas circunstancias, el Juez de Primera Instancia decretó el levantamiento del embargo dispuesto en PE459310-2022 y de la anotación de la litis ordenada por Oficio Nº 213/19 al Registro de la Propiedad Inmueble (cfr. PE466407-2022, de los mismos).- Ahora bien, estos acontecimientos posteriores impiden adentrarnos en el análisis del remedio procesal bajo estudio, argumentado sobre la base de la inembargabilidad de los fondos públicos, tornando abstracto el tratamiento de los presentes.-
En el contexto descripto, cobra virtualidad la jurisprudencia emanada del Máximo Tribunal de la Nación, el cual ha sostenido que: “...es doctrina reiterada de esta Corte que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias existentes cuando ellas se dictan, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso deducido…” (Fallos 315:2074); y asimismo que: “...le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual...” (Fallos 329:1898, entre otros).- Idéntico temperamento ha adoptado este Tribunal Superior de Justicia en similares circunstancias, al sostener que: “…cuando media el 'ius superviniens' (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis) por cuanto razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada. Tal es precisamente el sentido del art. 164, inc. 6to. párrafo 2do. de la ley adjetiva, cuando faculta al juez a considerar en oportunidad del dictado de la sentencia los aludidos hechos sobrevinientes que -sin variar las pretensiones deducidas- han consolidado o extinguido el derecho aplicable […] no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446; Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577 y Reg. 2893, Folio 4578/4581).- Las razones vertidas ut supra obstan a la consideración de los agravios que se invocan para sostener el recurso, en la medida en que dichos planteos devienen abstractos al no existir un conflicto litigioso actual, trayendo aparejada la pérdida de virtualidad del recurso de queja interpuesto. En cuanto a las costas, corresponde que las mismas sean impuestas en el orden causado (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XXIX, Reg. 3424, Folio 5782/5783 y XXXIII, Reg. 3682, Folio 6483/6485).- Que por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE819131-2023.-
2. Declarar abstracta la cuestión objeto del recurso de queja articulado por la Municipalidad de Río Gallegos en PE711696-2022, INT00016691.pdf.-
4. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvase. Cumplido, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1020I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3749 Folio N°: 6727/6729 Secretaría: 1
Fin de la sentencia