Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-90319246-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 503/2021 (AD MEND), dictada en la actuación SIGEA N° 17448-218-2020.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-31426732-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Marzo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel N. Licht, Horacio J. Segura, y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “MAURO ALBERTO NEMI c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente Electrónico N° EX-2021-90319246-APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución N° 503/2021, la autoridad aduanera impuso a los presuntos responsables una sanción consistente en una multa, al considerar que habían incurrido en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (en adelante, “CA”). El sustento de dicha imputación radica en el supuesto reingreso al país de un vehículo sin contar con la correspondiente autorización aduanera, hecho que la Administración encuadró como reingreso indebido bajo la normativa del CA. La cuestión debatida gira en torno a la legalidad de la referida resolución sancionatoria, así como a la verificación de los elementos de la supuesta infracción (especialmente la existencia o inexistencia de conducta maliciosa, y la eventual concurrencia de causas de justificación o exculpación).
II. Disconformes con lo resuelto en sede administrativa, los sancionados interpusieron el presente recurso —bajo el número de referencia RE-2021-85950025-APN-SGASAD#TFN—, solicitando la revocación de la sanción impuesta y su consecuente sobreseimiento. En su escrito, esgrimen diversas razones jurídicas y fácticas que, a su juicio, desvirtúan la configuración de la infracción reprochada.
III. En efecto, mediante la presentación conjunta radicada bajo el número de registro RE-2021-85950025-APN- SGASAD#TFN, los recurrentes sostienen que la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 —concretamente, las medidas de aislamiento social, el cierre de fronteras y la reconfiguración de los procedimientos administrativos— configuró un supuesto de fuerza mayor que alteró sustancialmente las condiciones habituales del tráfico aduanero. Alegan que tal contexto debió motivar la adopción de medidas especiales y, en consecuencia, justificaría la exención de responsabilidad atribuida a sus representados por el presunto incumplimiento formal que se les endilga. Refieren asimismo que los hechos materia de impugnación se encuadrarían en un error de tipo, derivado de interpretaciones y valoraciones inexactas por parte de la autoridad aduanera, descartando así la existencia de conducta maliciosa o deliberada. En particular, señalan que la Sra. Prado se vio afectada en su derecho de defensa, toda vez que la notificación de la misiva CD EU065924631 habría sido remitida a un domicilio distinto del que figura en el acta 182/2020, lo que, en su criterio, constituye una irregularidad formal. De este modo, alegan que la discrepancia entre el domicilio correcto y aquél consignado (Block N° 12, Piso 3, Depto. 16, Salta) habría generado indefensión y viciado la validez de las actuaciones ulteriores. Finalmente, ofrecen la prueba que estiman pertinente y solicitan se disponga el sobreseimiento de sus representados.
IV. Por su parte, la representación fiscal sostiene la validez del acto administrativo cuestionado y descarta toda pretensión de nulidad, aduciendo que resulta inadmisible cuando el interesado consintió —de manera expresa o tácita— el acto que se califica de defectuoso. Según argumenta, la Res. Gral. Nº 2623/2009 exige que el vehículo sea operado únicamente por su propietario o por un tercero debidamente autorizado, constituyendo la falta de dicha autorización un incumplimiento esencial del régimen aplicable y justificando así la sanción impuesta. De igual modo, la representación fiscal rechaza el argumento de fuerza mayor esgrimido por la parte actora, pues considera que, ante cualquier dificultad, el interesado debió comunicarlo a la autoridad o solicitar la prórroga correspondiente. En su criterio, la fuerza mayor requiere una acreditación fehaciente y no puede ser invocada ex post facto como causal de eximición de responsabilidad. Finalmente, el Fisco ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera impugnada, con imposición de costas a la parte actora.
V. En virtud del principio consistente en que los jueces no están obligados a examinar todos los agravios formulados, sino únicamente aquellos que resulten decisivos para la resolución del litigio, corresponde circunscribir el análisis al aspecto central de la controversia. En tal sentido, habré de verificar si la decisión sancionatoria constituye una derivación razonada del ordenamiento jurídico aplicable, atendiendo a las circunstancias fácticas que se tienen por acreditadas en el caso.
VI. En ese sentido, resulta oportuno subrayar que la controversia tiene origen en el ingreso al país de un vehículo marca RAM 1500, conducido por uno de los encartados, el cual había sido previamente egresado —bajo régimen de exportación temporaria— por el otro emplazado. Así las cosas, se los encontró responsables como consecuencia del ingreso al país sin mediar el traspaso de responsabilidad estipulado en la Resolución General N° 2623/09 VII.- En las condiciones señaladas, es dable referirse a los fundamentos normativos de la Resolución General N° 2623/09, cuya aplicación se encuentra en el centro de la controversia. En este sentido, la Ley 23.825 aprobó el Convenio de Turismo Argentino-Chileno el 6 de noviembre de 1986, celebrado en el marco del Tratado de Paz y Amistad suscripto en la Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de 1984, con el propósito de consolidar la cooperación e integración bilateral a través del turismo y de establecer un marco normativo que facilite el tránsito de vehículos particulares en viajes turísticos. En consonancia con dicho convenio, se dictó la Resolución 127/86 (ANA), la cual reglamentó la entrada y salida temporal de vehículos utilizados en viajes turísticos entre la República Argentina y la República de Chile. Posteriormente, la Resolución General N° 2623/09 de la AFIP incorporó disposiciones específicas para el adecuado control y fiscalización de los vehículos admitidos en el régimen temporal, estableciendo las condiciones para su utilización y las obligaciones de los titulares. Adicionalmente, esta normativa, en línea con lo dispuesto en el CA, establece los requisitos para la cesión de derechos sobre los vehículos, exigiendo que cualquier transferencia de uso a un tercero cuente con autorización expresa del servicio aduanero, lo que garantiza tanto el cumplimiento de las disposiciones del régimen como la trazabilidad de los vehículos que circulan en el marco de este acuerdo bilateral.
VIII. Al respecto, si bien se advierte una clara transgresión al régimen establecido por la referida resolución, en el presente supuesto no resulta suficiente efectuar una mera subsunción de los hechos en la norma, puesto que se impone una aplicación contextualizada de la misma. De tal modo, corresponde verificar si su aplicación mecánica se condice con los fundamentos que motivaron la imposición regulatoria. Sucede que, en efecto, el operador jurídico no puede limitarse a actuar como un simple autómata servil de la norma, puesto que su labor implica interpretar y aplicar el ordenamiento a la luz de los principios que lo inspiran y de las circunstancias concretas del caso, de modo de evitar soluciones meramente formalistas que desvirtúen la finalidad y la justicia que la norma procura.
IX. En este orden de ideas, se ha enfatizado en reiteradas oportunidades que la verdadera misión de los jueces no radica en la mera práctica de silogismos lógicos, sino en la adopción de resoluciones fundamentadas en argumentos jurídicos razonables, contrastables y concordantes con los consensos sociales vigentes al momento de su dictado.
X. En tal sentido, la actividad jurisdiccional no puede desentenderse de la ratio legis ni del espíritu que anima a la norma; admitir soluciones manifiestamente disvaliosas sería incompatible con la finalidad última del ordenamiento jurídico: la realización de la justicia. El derecho no puede interpretarse como un sistema cerrado, donde cada situación encuentra su solución en la mera aplicación literal de una norma. La realidad jurídica es compleja y requiere que los operadores del derecho no se limiten a aplicar mecánicamente el texto normativo, sino que busquen la coherencia del sistema normativo en su conjunto. En este contexto, la equidad juega un rol central, ya que permite corregir las deficiencias que pueden surgir de la aplicación estricta de una norma en casos concretos. Como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces, en cuanto servidores del derecho, no pueden prescindir de la ratio legis ni del espíritu de la norma, pues admitir soluciones manifiestamente disvaliosas sería incompatible con el objetivo último del ordenamiento jurídico: la realización de la justicia.
XI. Desde esta perspectiva, se ha señalado que los casos difíciles, aquellos en los que la subsunción normativa no ofrece una respuesta evidente, requieren un análisis más profundo, donde el tribunal debe ponderar la vigencia efectiva de los principios jurídicos y exponer claramente los fundamentos de su decisión. La interpretación de las normas no puede limitarse a su literalidad cuando ello conduce a resultados injustos o contrarios a los valores constitucionalmente protegidos. En estos supuestos, la función jurisdiccional se orienta hacia la armonización de la normativa aplicable, sin necesidad de declarar su inconstitucionalidad, sino mediante una reconstrucción del sistema que permita alcanzar una solución justa y adecuada a las particularidades del caso.
XII. Por ello, sin desconocer el valor que la interpretación literal de los textos ha tenido históricamente en la tradición exegética, brindando un punto de partida sólido para la comprensión de las leyes, lo cierto es que la realidad pone de manifiesto las limitaciones de dicho enfoque. En tal sentido, resulta imprescindible cuestionarlo por su incapacidad de abarcar la riqueza y la complejidad que implica la comunicación jurídica, la cual exige un análisis más profundo y contextualizado.
XIII. Por cierto, las normas jurídicas se encuentran cargadas de elementos contextuales que, con frecuencia, trascienden su mero significado literal. No es raro que la interpretación estrictamente literal desemboque en prácticas incompatibles con los valores que las normas procuran trascender. El intérprete no debería dejar de considerar la realidad que circunda a la aplicación de la norma y caer en el riesgo de reducir textos ricos en significado a un conjunto de reglas mecánicas.
XIV. En lo que aquí resulta pertinente, corresponde destacar que la Resolución General N° 2623/09 tiene por objetivo principal facilitar el turismo y la integración binacional entre la República Argentina y la República de Chile, a la vez que procura asegurar un control aduanero eficiente en relación con el ingreso y la salida temporal de vehículos particulares. A partir de dicha premisa, si bien la conducta atribuida —el ingreso al país de la camioneta RAM 1500 sin la autorización correspondiente— puede encuadrar de manera superficial en la tipificación prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, lo cierto es que la mera aplicación literal de la norma no resulta suficiente para activar la potestad sancionadora.
XV. En efecto, el espíritu de la resolución radica en evitar que los automóviles argentinos terminen exportándose de modo irregular al país vecino, y no en penalizar meros formalismos que carezcan de un perjuicio concreto. Con base en la experiencia común, puede afirmarse que los vehículos argentinos han sido sistemáticamente más costosos que los del país limítrofe a lo largo de los últimos treinta años, de modo tal que nadie acudiría a un subterfugio normativo para obtener ventaja en la exportación de mercadería bajo estas condiciones.
XVI. En ese orden de ideas, a modo de referencia cultural y filosófica, la tradición judía ofrece una enseñanza profundamente significativa acerca de la interpretación y del dinamismo en la aplicación de la ley. Conforme a esta perspectiva, la validez de una respuesta no se define por su correspondencia con un único sentido “correcto” del texto, sino por su coherencia con los valores subyacentes y su capacidad de dar respuesta a las necesidades de la época. Esta visión pone el acento en la dimensión humana de la interpretación, situada “en la tierra” y no “en el cielo”.
XVII. Precisamente, proyectando estas consideraciones al caso que nos concierne, resulta inviable leer la norma desvinculada de las circunstancias fácticas que conforman la realidad. Pretender lo contrario resultaría de un absurdo tal como la suposición de la exportación de teléfonos celulares desde la Argentina hacia países como China o los Estados Unidos, escenario que, por su misma naturaleza, no podría verificarse en la práctica, y que pone en evidencia la absurdidad de una lectura estrictamente literal y descontextualizada de las disposiciones normativas.
XVIII. En línea con este razonamiento, resulta ilustrativa la crítica formulada en el artículo “Textualism’s Mistake”, publicado en la Harvard Law Review[1] (2022). Dicho estudio establece un paralelismo entre el textualismo y el New Criticism, una corriente de crítica literaria de gran influencia en la primera mitad del siglo XX, caracterizada por interpretar el texto de manera aislada, sin atender a la intención del autor ni al contexto de producción. El artículo destaca cómo las corrientes postestructuralistas terminaron por cuestionar y superar esa noción de “autonomía” del texto, al subrayar la imposibilidad de comprenderlo sin considerar los contextos de producción y recepción. Trasladada al ámbito jurídico, la crítica al textualismo pone de manifiesto que éste se funda en la premisa de que un texto legal puede entenderse de manera objetiva, sin apoyarse en factores externos, y que toda asignación de significado “adicional” sería una “invención judicial” ajena a la voluntad del legislador. Sin embargo, tal posicionamiento ignora que el lenguaje mismo es inestable y que su significado puede variar enormemente en función del contexto de aplicación. Del mismo modo que el New Criticism pasó por alto la dimensión social, cultural e histórica, el textualismo omite las circunstancias de formulación de la ley y las expectativas y necesidades que la norma intenta regular. Así, se corre el riesgo de incurrir en interpretaciones meramente literales que no contemplen los matices y complejidades para los que la ley fue concebida, llegando incluso a decisiones judiciales incompatibles con los principios de justicia o equidad que deberían informar todo el ordenamiento jurídico.
XIX. En tal sentido, la teoría postestructuralista ha desafiado la premisa de que el significado de un texto pueda fijarse de manera estable e inmutable. Así, autores como Jacques Derrida introdujeron la noción de “diferancia”, enfatizando que el significado de un texto se encuentra siempre en un proceso de aplazamiento, de suerte tal que nunca resulta plenamente definitivo ni unívoco. Bajo esta óptica, interpretar un texto —sea literario o legal— implica entrar en un proceso continuo de construcción de sentido, en el cual el lector (en el caso jurídico, el juez) aporta su propio bagaje cultural, moral y situacional al momento de aplicar la norma. De allí que las interpretaciones puramente literalistas corran el riesgo de volverse anacrónicas o abiertamente injustas, al ignorar las realidades interpretativas y la dinámica propia del lenguaje. Reconocer el carácter dinámico del lenguaje legal y admitir que la interpretación no puede ceñirse a la literalidad de las palabras, permite avanzar hacia una práctica judicial que atienda a la realidad social circundante. Ello no implica que el juez cree la ley, sino que la intérprete de tal modo que sirva al bien común y a los valores de justicia, sin perder de vista la intención original del legislador ni el espíritu que lo guio.
XX. Resulta, pues, inadmisible condenar a la actora sin haber analizado de forma exhaustiva si su conducta, en el contexto particular de los hechos, afectó realmente la operatividad del régimen de exportación temporal o si, por el contrario, se aplicó una interpretación formalista que ignoró las circunstancias y el propósito del sistema, máxime cuando, en casos como el presente, las actividades del servicio aduanero y de la población en general se habían visto interrumpidas a consecuencia de la pandemia derivada de las políticas públicas de aislamiento por COVID-19. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 503/2021 (AD MEND), dictada en la actuación SIGEA N° 17448-218-2020.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial, en especial a los Considerandos I a XV y XX del voto del Dr. Licht, que a mi entender, sumados al art. 898 del C.A., fundamentan el punto 1. de la parte resolutiva.
No obstante ello, interpreto que en este caso concreto la autoridad aduanera pudo razonablemente considerarse con derecho a litigar. Por ello, propicio que las costas se impongan en el orden causado.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 503/2021 (AD MEND), dictada en la actuación SIGEA N° 17448-218-2020.
2. Costas por su orden.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que conforme surge de las constancias colectadas en autos, el análisis del obrar reprochado a los encausados PRADO y NEMI denota una ausencia de valoración objetiva por parte de la Administración de las circunstancias excepcionales que rodearon el hecho sub exámine.
La contundencia de las medidas estatales restrictivas de circulación que internacionalmente se aplicaron al movimiento de personas y bienes durante el lapso en que ocurrió la supuesta infracción, bastan para merituar el alcance de la responsabilidad en la infracción imputada.
En ese sentido las circunstancias exculpatorias brindadas por la defensa, la expedición de un salvoconducto individual por Carabineros de Chile permitiendo el regreso de PRADO al país, permiten concluir en la irreprochabilidad de la conducta sancionada por cuestiones de fuerza mayor, circunstancia ésta que el Sr. Juez Administrativo debió valorar a efectos de evitar el desgaste jurisdiccional inútil que entrañó la sustanciación del presente en circunstancias tan extraordinarias.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 503/2021 (AD MEND), dictada en la actuación SIGEA N° 17448-218-2020.
2. Costas a la vencida.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 503/2021 (AD MEND), dictada en la actuación SIGEA N° 17448-218-2020.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
[1] Véase "Textualism’s Mistake," Harvard Law Review, vol. 135, núm. 3 (enero 2022), disponible en https://harvardlawreview.org/print/vol-135/textualisms-mistake/.
Date: 2025.03.25 17:05:06 ART Date: 2025.03.26 12:44:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.26 14:21:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.26 14:22:03 -03:00
Fin de la sentencia