Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.119-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción interpuesta 2) confirmar la resolución apelada.
Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-32460519-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Marzo de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “MAXICONSUMO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 38.119-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 2633/2017, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12196-1373-2011, en cuanto resuelve confirmar el cargo N° 538/2011 en relación a la destinación nro. 11 001 IC05 005809 M.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 11/18 se presenta la firma actora, por derecho propio y con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la resolución aduanera cuestionada. En primer término, plantea la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 803 del Código Aduanero. Seguidamente, desarrolla sus agravios y sostiene que la Aduana omitió valorar que el documento observado en autos se encuentra debidamente apostillado conforme a los parámetros establecidos en la Convención de La Haya de 1961, y que ello suprime la exigencia de legalización diplomática o consular de los documentos públicos extranjeros. Entiende, en consecuencia, que el Fisco, sobre la base de un rigor formal carente de sustento sustantivo, pretende desconocer los efectos de un acuerdo internacional vigente, en particular el Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (MERCOSUR), y los beneficios arancelarios que reconoce a los Estados Parte, derivando ello en una decisión manifiestamente arbitraria. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se revoque y se deje sin efecto la resolución recurrida, con costas a la Dirección General de Aduanas.
III. Contestación del traslado: A fs. 30/34 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas. Niega, en general y particular, todos los hechos y el derecho invocados por la contraria que no resulten objeto de expreso reconocimiento o no surjan de las constancias obrantes en el expediente administrativo que ofrece como prueba. Realiza una breve reseña de lo actuado en sede aduanera y sostiene que, en el caso de autos, no corresponde otorgar el beneficio arancelario preferencial previsto en el Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (MERCOSUR), en tanto —a su criterio— no se han cumplido los requisitos formales establecidos por la Nota Externa Nª 09/2009 y su modificatoria, la Instrucción General 02/2016, sancionados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo V del citado acuerdo. En particular, argumenta que la declaración jurada del Agente de Transporte Aduanero (a continuación “ATA”) y la constancia emitida por la autoridad aduanera del país no signatario carecen de legalización consular por parte de la Representación Diplomática de la República Argentina con jurisdicción en dicho país, requisito que considera indispensable para la validez de tales documentos. Contesta la excepción de prescripción interpuesta, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se dicte sentencia rechazando el recurso de apelación, con costas a la parte actora.
IV. Que, en lo que aquí interesa, la actuación administrativa SIGEA N° 12196-1373-2011 se inicia con la declaración jurada del ATA (fs. 5), quien manifiesta que la mercadería, cargada en el puerto de Perú con destino final al puerto de Buenos Aires, efectuó transbordo en la República Dominicana por razones operativas de la línea marítima, compatibles con la ruta geográfica del trayecto, y que la misma no fue sometida a operaciones distintas de carga, descarga o manipuleo destinados a mantenerla en buen estado. A fs. 6/7 obra la constancia emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, apostillada conforme a la Convención de La Haya, que certifica que la mercadería permaneció bajo control y vigilancia aduanera sin alteración alguna. Entre otros antecedentes, obran el contrato de transporte (fs. 8), el permiso de importación N° 11 001 IC05 005809 M (fs. 10/13), las liquidaciones de los cargos N° 538 y 539 del 2011 (fs. 14/17) y el recurso de impugnación interpuesto por la firma MAXICONSUMO S.A. (fs. 19). Posteriormente, a fs. 44, la actuación fue remitida a la División Impugnaciones, que corrió vista a la División Cupos de Origen, la cual emitió la Nota N° 542/14 (ver fs. 53/54) ; y, a fs. 56, la Sección Operativa y Registral dictó la Nota N° 2586/15, ratificando el cargo N° 539/11. Finalmente, mediante la Resolución N° 2633/2017 (AD BSAS) (fs. 64/65), el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dejó sin efecto el cargo N° 539/2011 (multa automática) y confirmó el cargo N° 538/2011 (tributos), por los importes allí detallados, acto cuya validez se somete a revisión en las presentes actuaciones.
V. Que a fs. 35, en fecha 29/04/2019, se declaró la causa como de puro derecho y se dispuso tratar la excepción de prescripción planteada por la actora con el fondo de la causa.
VI. Que en fecha 18 de marzo de 2026 se elevan los autos a la Sala “G” (ver fs. 55) y finalmente, en la misma fecha pasan a sentencia (ver fs. 56).
VII. Que corresponde en forma preliminar el tratamiento de la excepción de prescripción interpuesta por la actora.
Que el art. 803 del C.A. dispone: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera.”
Que el art. 805 inciso c) del C.A. establece que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: (…) c) desde que el deudor o responsable interpusiere algún recurso o reclamación que tuviere efecto suspensivo contra la liquidación tributaria, hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución (…)”
Que, en cuanto al planteo formulado por la recurrente, cabe poner de relieve que el plazo de prescripción establecido en el art. 803 del C.A. fue suspendido con la interposición del recurso de impugnación contra los cargos nro. 538-539/2011, deducido por la actora el 06/06/2011 (ver fs. 19 de las act. adm.), en virtud de lo dispuesto por el citado art. 805, inc. c) del C.A.
Luego, el dictado de la Resolución N° 2633/2017 (AD BSAS), en fecha 21/04/2017, reanudó el plazo de prescripción y fue notificada el 29/05/2017, es decir, con anterioridad a que operara el plazo prescriptivo. Que, por lo expuesto, corresponde desestimar la excepción de prescripción opuesta, sin costas, por su tratamiento integrativo con el fondo.
VIII. Que, no encontrándose controvertido el origen de la mercadería, corresponde determinar si la Resolución N° 2633/2017 (AD BSAS), dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, resulta ajustada a derecho. En consecuencia, el análisis se circunscribe a establecer si el presunto incumplimiento de ciertos requisitos formales vinculados a la documentación de tránsito puede válidamente obstar la procedencia del beneficio arancelario preferencial previsto en el Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE 58).
Que el artículo 14 del Anexo V del ACE N° 58 reza:
“Para que una mercancía originaria se beneficie del tratamiento preferencial, deberá expedirse directamente de la Parte Signataria exportadora a la Parte Signataria importadora. A tal fin, se considera expedición directa: a) Las mercancías transportadas únicamente por el territorio de una o más Partes Signatarias del Acuerdo b) Las mercancías en tránsito, a través de una o más Partes no Signatarias del Acuerdo con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo vigilancia de la autoridad aduanera del país transitado siempre que: a. El tránsito estuviera justificado por razones geográficas o consideraciones relativas a requerimientos de transporte;
b. No estuvieran destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito;
c. No sufra, durante su transporte o depósito , ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación Para los efectos de lo dispuesto en el literal b) precedente, en caso de trasbordo o almacenamiento temporal realizado en una Parte no Signataria del Acuerdo, las autoridades aduaneras podrán exigir adicionalmente un documento de control aduanero de dicha Parte no Signataria, que acredite que la mercancía permaneció bajo supervisión aduanera.”
Que de las actuaciones administrativas surge que la mercadería fue cargada en el puerto de Perú con destino final a Buenos Aires y que, por razones operativas de la línea naviera, efectuó un transbordo en la República Dominicana. A fs. 5 obra la declaración jurada del ATA que detalla tales circunstancias y afirma expresamente que la mercadería no fue sometida a operaciones distintas de las permitidas por el ACE. Asimismo, obra constancia emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, debidamente apostillada conforme a la Convención de La Haya de 1961, que certifica que la mercadería permaneció bajo control aduanero y sin alteraciones.
Que, pese a ello, la Aduana de Buenos Aires observó la falta de legalización consular por parte de la Representación Diplomática de la República Argentina con jurisdicción en dicho país de la declaración jurada y de la constancia emitida por la autoridad extranjera, conforme a lo exigido por la Nota Externa N° 22/2009 y su modificatoria, la Instrucción General N° 2/2016 (DGA), y con sustento en tales normas procedió a confirmar el cargo N° 538/11 y rechazar la impugnación deducida.
Que, con posterioridad a la emisión de la resolución cuestionada, la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas, mediante Instrucción General N° IG-2025-5-ARCA-DGADUA, (publicado en el Boletín de Aduanas en fecha 5 de septiembre de 2025), abrogó la Instrucción General N° 2/2016 (DGA) y estableció nuevas pautas procedimentales para la acreditación del requisito de expedición directa, orientadas a su simplificación y a la reducción de cargas administrativas, a saber:
(...)
“D.- PAUTAS PROCEDIMENTALES
1. Para acreditar el requisito de expedición directa objeto de esta Instrucción General, inclusive para aquellas operaciones que se encuentren pendientes de resolución, resultará suficiente la presentación de un Documento firmado por el Agente de Transporte Aduanero o Agente Desconsolidador en el que se indique, en carácter de declaración jurada, el recorrido que efectuó el medio de transporte en su trayecto desde el país de origen hasta la República Argentina, con indicación expresa de los países por los que transitó -con o sin trasbordo-, e identificación del correspondiente documento de transporte.
2. En la referida Declaración Jurada deberá indicarse el motivo por el cual las mercaderías no se expidieron de manera directa desde país exportador hasta el país importador, dejándose expresa constancia que, durante su transporte, dichas mercaderías no estuvieron sujetas a ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.
3. En caso de presentar una copia de la mencionada Declaración, la misma deberá encontrarse firmada por el importador y el despachante de aduana o el declarante, según corresponda, resultando ambos responsables del carácter de dicho documento.
(…)
Que la citada normativa dispone expresamente que, inclusive para operaciones pendientes de resolución, resulta suficiente la presentación de un documento suscripto por el agente de transporte o declarante —en carácter de declaración jurada— en el que se indique el recorrido efectuado, los países de tránsito y la confirmación de que la mercadería no fue sometida a operaciones distintas a las previstas.
Que de la valoración integral de las constancias de la causa surge que la actora dio cumplimiento material a las exigencias sustanciales previstas tanto en el artículo 14 del Anexo V del ACE 58 como en la Instrucción General N° IG-2025-5-ARCA-DGADUA. La declaración del ATA y la certificación de la autoridad aduanera de República Dominicana acreditan que el tránsito se debió a razones operativas razonables, que la mercadería no fue objeto de uso ni transformación, y que permaneció bajo control y vigilancia de las autoridades competentes. Que, en consecuencia, el argumento del fisco se circunscribe a un aspecto puramente formal —la ausencia de legalización consular— que ha sido expresamente dejado sin efecto por la normativa vigente, la cual privilegia la fluidez del comercio internacional y la seguridad documental razonable por sobre formalidades que no alteran la certeza del control aduanero.
IX. Que, sin perjuicio de lo analizado en el punto anterior, corresponde efectuar una consideración adicional en torno a la motivación del acto administrativo recurrido, elemento esencial de validez previsto en el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que, al respecto, resulta pertinente recordar la precisión conceptual efectuada por el Dr. Agustín Gordillo en el Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, donde sostiene que la motivación constituye la fundamentación fáctica y jurídica mediante la cual la Administración exterioriza las razones que justifican la legitimidad y oportunidad de la decisión, y que dicha fundamentación constituye el punto de partida del control jurisdiccional sobre la validez del acto.
Que, trasladando tales principios al caso de autos, se advierte que la resolución aduanera recurrida se basó principalmente en la ausencia de legalización consular de la documentación de tránsito presentada por la actora, requisito cuyo cumplimiento —según entendió la autoridad aduanera— resultaba indispensable a la luz de la normativa entonces vigente. Sin embargo, dicha exigencia fue posteriormente derogada por la Instrucción General N° IG-2025-5-ARCA-DGADUA, que introdujo un régimen procedimental más simple y acorde con la finalidad del Acuerdo de Complementación Económica N° 58.
Que, conforme a los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Reta, Miguel Ángel c/ Universidad Nacional de San Juan s/ civil y comercial – varios”, para que un acto administrativo sea válido este debe estar motivado. En consecuencia, aun cuando pudiera considerarse que la resolución contó con motivación al momento de su dictado —cuestión cuya revisión no resulta estrictamente necesaria en este caso— lo cierto es que, tras la entrada en vigencia de la Instrucción General N° IG-2025-5-ARCA-DGADUA, el fundamento normativo en el que se apoyó la resolución administrativa ha perdido actualidad y razonabilidad, al haber quedado desplazado por un criterio reglamentario distinto.
Que, en tales condiciones, mantener la validez del acto impugnado importaría convalidar una decisión carente de motivación actual, en contradicción con los principios de legalidad, razonabilidad y motivación adecuada que rigen el obrar administrativo. Ello conduciría a la subsistencia de un acto apoyado en una formalidad hoy sin sustento normativo, lo cual resulta incompatible con el estándar constitucional de debido proceso y con el control de juridicidad que compete a este Tribunal Fiscal.
X. En atención a que la resolución administrativa aquí impugnada fue notificada el 24 de abril de 2017, esto es, con anterioridad a la publicación de la Instrucción General N° IG-2025-5-ARCA-DGADUA (05/09/2025), corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, voto por:
1).- RECHAZAR la excepción de prescripción interpuesta por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo.
2).- REVOCAR la Resolución N° 2633/2017, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, dictada en las actuaciones SIGEA N° 12196-1373-2011.
3).- Costas por su orden.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Las presentes actuaciones tienen por objeto determinar la procedencia del beneficio arancelario preferencial previsto en el Acuerdo de Complementación Económica invocado por la firma interesada al momento de la importación.
II. En ese sentido se encuentra debidamente acreditado en el expediente que, a la fecha de la destinación, la documentación presentada por la administrada no cumplía con el requisito de legalización consular exigido por la normativa entonces vigente para validar el origen de las mercaderías. Sin embargo, tal modificación normativa posterior no resulta aplicable al caso de autos, en tanto el análisis debe efectuarse conforme al régimen vigente al momento de la oficialización de la destinación.
III. Así las cosas, se observa que, como principio general del derecho, rige la máxima tempus regit actum, por la cual el acto administrativo de control y los requisitos para el acceso a beneficios tributarios deben regirse por la norma vigente a la oficialización de la destinación aduanera.
IV. En ese orden de ideas, corresponde hacer notar que la legalización consular no constituía un mero arbitrio ritual, sino que representaba el medio de fe pública destinado a acreditar extremos de hecho —referidos a la autenticidad y origen— cuya prueba, por su propia naturaleza, resulta de imposible dilucidación o verificación fehaciente de manera retroactiva o diferida. De este modo, el requisito formal se vincula directamente con la eficacia del control aduanero.
V. En consecuencia, una decisión de política legislativa o administrativa de simplificación posterior no puede tener entidad jurídica suficiente para exceptuar al administrado del cumplimiento de las formas imperativas que regían al momento de su declaración, ni para sanear una omisión que impidió en su oportunidad el ejercicio de las facultades de control del Estado. Aceptar lo contrario implicaría desnaturalizar el principio de seguridad jurídica y alterar la previsibilidad del régimen aplicable.
VI. Precisamente admitir la aplicación retroactiva de la Instrucción General de 2025 violentaría el principio de seguridad jurídica y alteraría la igualdad de tratamiento ante la ley respecto de aquellos operadores que sí cumplieron con las cargas vigentes a la sazón de sus operaciones. Ello importaría introducir un tratamiento diferencial carente de fundamento objetivo y razonable.
VII. Seguidamente, resulta propicio realizar un análisis exhaustivo del requisito de la Nota 22/2009 de la Dirección Nacional de Aduanas. La mencionada Nota explicitaba los requisitos indispensables para poder acoger efectivamente los beneficios establecidos en el Acuerdo y estableció en su punto 1.3 que: “Los documentos mencionados en los puntos 1.1 y 1.2 deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiera transitado la mercadería”.
El requisito de legalización consular supone que el consulado argentino en el país de tránsito de la mercadería de fe de la firma del funcionario público que certifica que la mercadería no fue sometida a operaciones distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantenerla en buen estado y permanecieron bajo estricto control y vigilancia de las autoridades aduaneras en el territorio no participante del Acuerdo. Este recaudo formal se orienta a garantizar la autenticidad del documento y la identidad del funcionario interviniente, extremos indispensables para la validez probatoria del instrumento.
VIII. Sentado lo anterior, corresponde analizar la Convención que permite la Apostilla.
La Convención de Suprimiendo la exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros adoptada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, más conocida como “Convención de La Haya o Apostilla”, fue ratificada por la República Argentina en 1986.
Desde su entrada en vigor, Argentina acepta los documentos extranjeros debidamente apostillados de países signatarios de la Convención y los recepta como documentos públicos válidos, de la misma manera, los documentos públicos apostillados en este país resultan legalmente válidos en todos los países firmantes de la Convención. No obstante, ello no implica una sustitución automática de los requisitos exigidos por la normativa aduanera interna, sino que exige verificar en cada caso la funcionalidad del mecanismo de autenticación presentado.
Ahora bien, la finalidad de la Apostilla consiste en reducir y simplificar la cadena de legalización a la cual eran sometidos los documentos públicos, que, en muchos casos, seguía el curso de una cuádruple legalización para ser válido en países extranjeros.
Adentrados en la finalidad e intencionalidad de la convención en cuestión, corresponder analizar su articulado. El cual en su artículo 1° establece expresamente una excepción que nos atañe particularmente al caso en estudio: “La presente Convención se aplicará a los documentos públicos que hayan sido extendidos en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante. (…) No obstante la presente Convención no se aplicará: (…) b) A los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.”.
Como es sabido, generalmente las convenciones, tratados y/o acuerdos tienen sus comentarios o notas explicativas que nos ayudan a comprender en profundidad la finalidad para el cual fue creado. En este caso, existe una “Comisión Especial sobre el funcionamiento Práctico del Convenio sobre la Apostilla”, que se reúne para analizar y actualizar los alcances de la normativa convencional con el correr de los años para asegurar su funcionalidad y finalidad.
En el año 2009, en el punto 77 de las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial se sostuvo que: “La Comisión Especial recuerda que la finalidad del Convenio sobre Apostilla es la supresión de la exigencia de legalización y la facilitación del uso de documentos públicos en el extranjero. Asimismo, la Comisión Especial recuerda que, de conformidad con el artículo 3(2), no podrá exigirse una Apostilla cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado de destino, o un tratado u otro acuerdo en vigor entre el Estado de origen y el Estado de destino ha suprimido o simplificado el requisito de una Apostilla o ha dispensado de legalización al documento. Además, la Comisión Especial reitera que la excepción prevista para “los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera” (art. 1(3) b)) debe interpretarse de manera restrictiva. En este sentido, la Comisión Especial destaca que algunos Estados expiden Apostillas para documentos tales como Licencias de Importación/Exportación, Certificados de Salud y Certificados de Origen o Conformidad”.
En el año 2021 tuvo lugar la última reunión de la Comisión Especial, de la cual surge la Nota Explicativa sobre las exclusiones del artículo 1(3), la cual nos brinda claridad para interpretar la convención al caso en estudio. La misma nota sostiene que el objetivo de los redactores de la Convención consistió en facilitar la circulación de documentos a través de las fronteras y por ello surge la exclusión a documentos administrativos relacionados con operaciones comerciales o aduaneras, puesto que al momento de la firma de la Convención, en la mayoría de los países signatarios no era requisito la legalización de dichos documentos y las exclusiones “ se incorporaron por las mismas razones: para evitar la imposición de formalidades adicionales para la autenticación en los casos en que no se requería anteriormente”. De la misma manera, sostiene que: “El objetivo de la exclusión del artículo 1(3)(b) fue evitar la imposición de formalidades adicionales cuando éstas no existían. Ello se debe a que, cuando se negoció el Convenio, los documentos mercantiles o aduaneros ya recibían un "tratamiento favorable" en muchos países, ya sea mediante procedimientos simplificados o una dispensa de legalización”. Es decir, las exclusiones establecidas por La Apostilla importan solamente para no imponer obstáculos innecesarios a una convención que vino a simplificar trámites que resultaban demasiado complejos en su procedimiento de legalización.
Ahora bien, la Nota Explicativa también refiere que: “La Comisión Especial ha tratado estas exclusiones en cada una de sus reuniones desde 2003. Esto ha quedado reflejado en un lenguaje cada vez más contundente respecto a las exclusiones. En 2009, la Comisión Especial confirmó que la exclusión del artículo 1(3)(b) debía "interpretarse de forma estricta". Esto se volvió a confirmar en 2012 y se amplió para abarcar tanto al artículo 1(3)(a) como al (b)12. De la misma manera, se alentó a las Partes Contratantes a aceptar, en la medida de lo posible, las Apostillas emitidas para estos documentos, incluso si ellas mismas no emitían Apostillas para dichos documentos. En 2016, se volvió a examinar esta cuestión y la Comisión Especial recomendó que las exclusiones se interpretaran de forma "extremadamente estricta". Más recientemente, en 2021, la Comisión Especial dio un paso más y, además de la orientación "extremadamente estricta", instó a las Partes Contratantes a ser flexibles y animó a los destinatarios a aceptar las Apostillas emitidas para documentos que, de otro modo, quedarían excluidos en virtud del artículo 1(3)”.
En este punto, corresponde destacar que la Convención no prohíbe la utilización de la Apostilla en documentos vinculados con operaciones aduaneras, sino que delimita su ámbito de aplicación y exige una interpretación restrictiva de las exclusiones, lo cual refuerza la necesidad de un análisis casuístico centrado en la funcionalidad del mecanismo de autenticación.
IX. En efecto, como es conocido en nuestro derecho, las legalizaciones consulares y la misma Apostilla no certifican el contenido del documento a legalizar sino la firma del funcionario interviniente y en lo que aquí respecta, a fs. 6 se encuentra la certificación N°622 de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, firmada por el Dr. Wilson Acosta Rivas y la Apostilla de fs. 7 establece que el documento público fue firmado por Juana Paulino, como encargada de Exportaciones de la Administración Aduanera multimodal de Caucedo.
A la luz de la finalidad de las legalizaciones y de su funcionalidad, la disimilitud del funcionario que firma la certificación de la Aduana de Caucedo y la firma del funcionario que fue certificada por la Apostilla hace suponer que ésta surge de otro documento aduanero que no se corresponde al de la operación cuestionada. En tales condiciones, la solución adoptada se circunscribe estrictamente a las particularidades del caso concreto, derivadas de la falta de correspondencia entre el documento principal y la certificación de firma que pretende autenticarlo. Ello no implica desconocer la aptitud de la Apostilla como mecanismo de autenticación formal en supuestos en los que exista identidad entre el documento y la firma certificada, ni excluye la pertinencia de la legalización consular cuando el instrumento no se encuentre apostillado conforme a la normativa aplicable. Asimismo, la validez abstracta de uno u otro mecanismo de autenticación no se encuentra en debate en estas actuaciones, por cuanto la cuestión se resuelve exclusivamente a partir de la insuficiencia probatoria derivada de la discordancia documental verificada, sin efectuar pronunciamiento alguno sobre la jerarquía o prevalencia entre sistemas de certificación.
En este punto, no encuentro un obstáculo para la aceptación de la Apostilla como supletorio a la legalización consular a la luz de las recomendaciones de la Convención; sin embargo, me encuentro impedido de aceptar la presentada puesto que la prueba es concluyente en cuanto a que no se cumple la funcionalidad esencial de la Apostilla en este caso concreto, la cual es certificar la firma del funcionario interviniente en el documento acompañado.
Por ello voto por:
1. RECHAZAR la excepción de prescripción interpuesta 2) CONFIRMAR la resolución apelada.
Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. RECHAZAR la excepción de prescripción interpuesta 2) CONFIRMAR la resolución apelada.
Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, devuélvase las actuaciones administrativas y oportunamente archívese.- Date: 2026.03.30 18:03:26 ART Date: 2026.03.30 22:17:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.31 11:34:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.31 11:34:52 -03:00
Fin de la sentencia