Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 26.767-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el Fallo n° 378/2009 AD MEND, dictado por el Señor Jefe de División de la Aduana de Mendoza el 22/06/2009 en la Actuación N° 12127-56-2004, en cuanto condena a MAY FLOWER S.R.L. y al despachante de Aduana, Sr. Gabriel Rafael POTENZONE, en relación a la infracción de declaración inexacta establecida en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.. Revocarla en relación a la imputación correspondiente a la infracción estipulada por el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A..
2Remitir los presentes autos conjuntamente con la Actuación N° 12127-56-2004 a la Dirección General de Aduanas, a los fines de que, por intermedio del área competente, se proceda a efectuar la liquidación de la multa cuya imposición se confirma, conforme a lo resuelto en el punto 1) precedente.
3Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-56578660-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 27 de Mayo de 2025 GABRIEL RAFAEL En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “MAY FLOWER S.R.L. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente nº 26.767-A, y acumulado “POTENZONE, GABRIEL RAFAEL c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente n° 27.062-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 21/41, la firma MAY FLOWER S.R.L. (en adelante “MAY FLOWER”, “actora” o “recurrente”) se presenta, por apoderado, e interpone el correspondiente recurso de apelación contra el Fallo n° 378/2009 (AD MEND), dictado por el Señor Jefe de División de la Aduana de Mendoza el 22 de junio de 2009, mediante el cual, en virtud de lo estipulado por el art. 954, ap. 1, incs. a), b) y c), del C.A., se resuelve condenar a la firma MAY FLOWER y al despachante de aduana Sr. Gabriel Rafael POTENZONE al pago de un primer importe igual a $ 167.520,69, en concepto de multa, y un monto igual a U$S 610, en concepto de tributos.
Luego de haber realizado una descripción de los principales antecedentes y de los hechos que dieron origen al sub examine, y de haber presentado, mediante la cita de una abundante jurisprudencia, el alcance del art. 954 del C.A., manifiesta en un primer momento que, en el presente caso, no se produjo perjuicio fiscal alguno. Agrega, al respecto, que la factura comercial presentada en el permiso de embarque era real y cierta, y que, en sede judicial, esto no fue objeto de investigación. En lo que respecta a la valoración en aduana, afirma que el servicio aduanero no tuvo en cuenta ninguno de los métodos estipulados por el art. 748 del C.A. En cuanto a la imputación del supuesto emergente del inciso b) del art. 954 del C.A., resalta que este punto también había sido dilucidado en sede judicial, donde se determinaría que la mercadería no era prohibida. Con relación al tercer supuesto estipulado por el inciso c) del art. 954 del C.A., destaca su inexistencia “…ya que al darse por buena la factura comercial contenida en el permiso de embarque, no existe elemento alguno que permita suponer [la presencia] en forma encubierta [de] un importe pagado o por pagar distinto del que corresponde”. Concluye, en términos generales, que la figura infraccional imputada no se habría cometido en ninguna de sus tres hipótesis ya que los supuestos fácticos sobre los que se sustenta la denuncia no habrían acontecido, “…a saber: un valor muy superior al declarado y que se trata de bienes que superan los 100 años de antigüedad y que representan [un] interés histórico”. Retomando la cuestión concerniente a la existencia o no de una prohibición de exportación de la mercadería involucrada, declara que, de la lectura detenida y escrupulosa de las normas desde la perspectiva legal, sea cual fuere la clasificación arancelaria que se haya otorgado al producto, no se requiere licencia especial alguna ni se encuentra prohibición al respecto, ya que las normas citadas no menciona específicamente a los libros. Finalmente, hacen reserva de Caso Federal, ofrece prueba y solicita que se deje sin efecto la resolución apelada.
II. A fs. 52/60, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, luego de realizar una descripción resumida de los hechos y de efectuar una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Considera oportuno destacar, en primer término, que, de conformidad con la denuncia efectuada y demás diligencias practicadas, pudieron constatarse diferencias significativas de valor de la mercadería involucrada, y la firma no ha arrimado pruebas que pudieran variar la situación planteada. Destaca la intervención efectuada por el agente Abel Horacio Ferrino, en su carácter tanto de Representante ante el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, como de Supervisor de la División Verificación de la Dirección Aduana de Buenos Aires. Luego de hacer referencia a determinados instrumentos internacionales suscriptos por la República Argentina, manifiesta que “…la mercadería es de importación prohibida requiriendo […] la certificación correcta, conforme lo exige la Resolución ANA 452/96…”. …”. Finalmente, hacen reserva de Caso Federal, ofrece prueba y solicita que se rechace la apelación interpuesta por la actora, con costas.
III. A fs. 77/80 el despachante de aduana, Sr. Gabriel Rafael POTENZONE (en adelante “despachante de aduana” o “parte coactora”) se presenta, por apoderado, e interpone el correspondiente recurso de apelación contra el ya mencionado Fallo n° 378/2009 (AD MEND), dictado por el Señor Jefe de División de la Aduana de Mendoza el 22 de junio de 2009 (ver ut supra considerando I). Luego de efectuar un detalle de los principales antecedentes y de negar todo y cada uno de los hechos que se le atribuyen con relación a la infracción endilgada, destaca, en primer lugar, que no se le ha otorgado la participación correspondiente a los efectos de controlar la prueba y demás medios para llegar a los resultados encuadrados en forma unilateral, y le impide, a su vez, ofrecer medios de prueba idóneos.
En este sentido, niega el valor probatorio del perito de parte designado por el servicio aduanero. Subraya que no habría declaración inexacta prevista por el art. 954 del C.A. porque, en primer lugar, la mercadería objeto del permiso de embarque cuestionado se encontraba sometido al “canal rojo” y, por consiguiente, la inexactitud mencionada nunca pudo haber pasado inadvertida. En segundo lugar, con relación a la posición arancelaria declarada, considera que la mercadería cuestionada consiste en obras literarias, y no en objetos de arte o colección y antigüedades. Resalta que, ante la falta de reglamentación y tipificación de algunas de las disposiciones legales tenidas en cuenta por la Aduana, no se podría dar por configurada la infracción de declaración inexacta.
Afirma que los valores de referencia obtenidos por el servicio aduanero no serían correctos por tratarse de importes vinculados con obras que no serían iguales o idénticas (en cuanto a su materialidad, estado y condición) a aquellas involucradas en la operación de exportación cuestionada. Con relación a la responsabilidad atribuida, recuerda el haber cumplido con lo establecido por el art. 902 del C.A. En efecto, su intervención en la operación de exportación bajo examen se limitó a declararla en base a la información/documentación aportada por el cliente y, como resultado de ello, no implicó verificar el contenido de los 24 bultos. Subraya que, ante el hecho de que los peritos intervinientes en el proceso penal no hayan podido acceder a la mercadería objeto de la operación de exportación, la pericia obtenida como resultado de ello no representaría un elemento de prueba idóneo.
Finalmente, hacen reserva de Caso Federal, ofrece prueba y solicita que se deje sin efecto la resolución apelada.
IV. a fs. 97/103, la representación fiscal contesta, en esta oportunidad, el traslado del recurso presentado por el despachante de aduana. En la primera parte de su escrito, presenta los mismos argumentos empleados para responder el recurso de la firma exportadora. En una segunda parte, se avoca a desarrollar algunos puntos vinculados específicamente con la responsabilidad del despachante de aduana. En efecto, destaca el haber endilgado la infracción de declaración inexacta, junto al exportador, al auxiliar del comercio y del servicio aduanero por haber actuado como gestor en la operación de marras y, a su vez, por no haber probado en sede administrativa, ni haber intentado hacerlo, el haber cumplido con todas aquellas obligaciones a su cargo; es decir, por no haber tomado los recaudos suficientes para cumplir con las obligaciones a su cargo. Luego de citar lo estipulado por el art. 907 del C.A. y de hacer referencia a algunos antecedentes jurisprudenciales, subraya que la coactora se habría centrado en presentar únicamente argumentos dogmáticos que no habrían logrado, ni habría resultado verosímiles, para desvirtuar la infracción constatada. Finalmente, hacen reserva de Caso Federal, ofrece prueba y solicita que se rechace la apelación interpuesta por la actora, con costas.
V. En virtud de los argumentos presentados por cada una de las partes involucradas en el sub examine, corresponde determinar si el Fallo n° 378/2009 (AD MEND), dictado por el Señor Jefe de División de la Aduana de Mendoza el 22 de junio de 2009, resulta ajustado a derecho. En este sentido, atañe examinar si tanto MAY FLOWER como el despachante de aduana citado, Sr. Gabriel Rafael POTENZONE, efectivamente incurrieron en una declaración inexacta, según lo expresamente estipulado por el art, 954, ap. 1, incs. a), b) y c), del C.A. Para ello, previo a presentar el correspondiente análisis de la cuestión de fondo involucrada en el presente caso, se llevará a cabo una descripción sucinta de algunos aspectos vinculados con los hechos involucrados y con lo actuado en sede administrativa y judicial.
VI. La presente litis encuentra su origen en la Nota n° 416/2004 (SECCION V), del 13 de abril de 2004, mediante la cual la dependencia aduanera correspondiente informa al Jefe de la División Aduana de Mendoza la detección de ciertas inexactitudes sobre la destinación de exportación para consumo n° 04 038 EC01 005548 Z, presentada por la firma MAY FLOWER, y oficializada por el despachante de aduana, Sr. Gabriel Rafael POTENZONE el 10 de abril de 2004 (a fs. 1 de las actuaciones administrativas n° 12127- 56-2004). A través de dicha operación, la citada firma pretendió exportar a la República de Chile 481 volúmenes (bajo la posición SIM 4901.99.00.990A), junto con otro tipo de mercadería (identificada mediante la posición SIM 9401.61.00.600C). Según lo detallado en la mencionada nota, el servicio aduanero habría detectado una inexactitud con relación a la posición arancelaria empleada para identificar los volúmenes y al valor declarado por la exportadora. En efecto, “…se trata de libros de más de cien años de antigüedad, en algunos casos (PA 9706.00.00.100Q) de autores reconocidos, con valores varias veces superior a lo que así lo haría suponer […], donde, por ejemplo, el libro Calli e Canali in Venecia, Organia, 1890-1895 se adjuntó una cotización de euros 6000…”. Se aclara, a su vez, el haberse procedido a contactar a los siguientes dos particulares: a) a las Sras. Lucía Bourguet de la Souza y Elena Nanclares, de la Biblioteca General San Martín de Mendoza. Ambas habrían mencionado que se estaría en presencia de publicaciones antiguas (joyas bibliográficas) de interés especial (histórico, artístico, literario, etc.); b) al Sr. Marcelo Lacerna, Secretario de Cultura de la Provincia de Mendoza, quien “…prestaría colaboración a [los] fines de determinar la real valía de las publicaciones en cuestión”. De esta manera, se concluye que, de acuerdo con lo estipulado por la RES n° 452/96 ANA, la mercadería en trato se encontraría prohibida para su exportación y, por ello, se estaría frene a la comisión de una infracción del art. 954, ap. 1, inc. b) del CA. Consecuentemente, “…se detiene el trámite de la destinación de referencia quedando la mercadería en trato interdicta y a disposición del Superior…”.
En virtud de esta primera intervención, el Jefe de la División Aduana de Mendoza solicitó a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, como medida para mejor proveer en los términos del art. 1090, inc. a), del C.A., la designación de un perito o persona idónea con la finalidad de que, con posterioridad al examen de la mercadería cuestionada, se expida con relación a la real validez de los libros, publicaciones y volúmenes correspondientes, e indique, a su vez, “…si se trata de bienes que forman parte del patrimonio cultural de la Provincia y/o Nación, origen, antigüedad que presentan [aquellos], valor comercial y cultural que poseen, si se trata de colecciones y obras originales, si figuran en inventario de la institución interesada, si resultan ser bienes legalmente adquiridos con el consentimiento de la autoridad competente, y todo otro dato que entienda sea de interés para la presente investigación” (a fs. 11 ibid. Ver, a su vez, Nota n° 1020/04 (AD MEND) del 16 de abril de 2004 [a fs. 19 ibid.]). Sin embargo, en respuesta a esta solicitud, la Directora de Patrimonio Histórico-Cultural de Mendoza informó, el 27 de abril de 2004, que no había registro provincial alguno de peritos en esta materia, y recomendó realizar la correspondiente consulta con una persona de conocimiento actualizado en mercado nacional e internacional de libros, cuyo nombre podría solicitarse en alguna de las librerías importantes de la ciudad de Mendoza.
Frente a dicha negativa, se decide realizar el mismo requerimiento a las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (a fs. 22 ibid. Ver, a su vez, la Nota n° 1657/04 (AD MEND) del 1° de junio de 2004 [a fs. 24 ibid.]). Respondiendo a la presente petición, la Sra. Marta I. Estruch de D’Inca, Directora de la biblioteca de la mencionada Facultad, informó, mediante nota del 3 de agosto de 2004, el haberse presentado en la zona de Puerto Seco de la Aduana de Mendoza con la finalidad de determinar el origen, valor comercial y cultural del número de ejemplares de libros usados objeto de una operación de exportación cuestionada. No obstante, el empleado de la aduana le habría presentado un listado de obras literarias que no contaba “…con los requisitos indispensables para poder realizar el informe técnico solicitado de la mercadería en cuestión…”.
Por otra parte, luego de mencionar el haberse dirigido al lugar donde se encontraban alojados los ejemplares, informó, en primer lugar, que “…no se encontraba capacitada para realizar el informe técnico [requerido]”, para luego detallar las siguientes aclaraciones: “a) el lugar donde se encuentra alojada la mercadería no reúne las condiciones mínimas de protección que requiere; b) la lista presentada por el empleado de la Aduana es incompleta ya que faltan datos indispensables para la seguridad y el correcto avalúo de las obras. Debe examinarse detalladamente cada ejemplar y establecer los siguientes datos de identificación: título, autor, editorial, año y lugar de publicación, tamaño, n° de páginas, y cualquier otro tipo de características relevantes que permitan la correcta individualización de cada ejemplar, como ilustraciones, grabados, firmas, características de la encuadernación, etc.; c) el examen mencionado [en el punto anterior] debe ser en un lugar apto, no en el galpón donde se encuentran; d) las personas indicadas a las que se debería consultar, son los coleccionistas de libros antiguos.
Al no tener conocimiento de alguien que se especialice en el tema en la Provincia, le recomiendo establecer contacto con el bibliotecario encargado del Fondo Patrimonial del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Valparaiso […] o a los nombres mencionados en el artículo del diario Clarín del día 20 de noviembre de 2000 […]; e) sugiero que no se dejen salir del país hasta tanto se tenga la certeza de su valor patrimonial y económico” (a fs. 44/45 ibid.). En forma paralela, mediante nota del 5 de julio de 2004, MAY FLOWER solicitó el pronto despacho de la mercadería demorada (a fs. 25/38 ibid.). En dicha oportunidad, aclaró que la operación cuestionada se relacionaba con la venta de libros usados (novelas) cuyo destino era meramente decorativo.
A su vez, acompañó una valuación sobre un total de noventa y un obras, efectuada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que detalló como resultado un valor total igual a $ 7010. No obstante, mediante la Resolución Apertura n° 298/04 del 13 de julio de 2004 (a fs. 42/43 ibid.), el Jefe División de la Aduana de Mendoza resolvió instruir el sumario contencioso correspondiente, en los términos del art. 1090, inc. c), del C.A., contra la firma MAY FLOWER y el despachante de aduana, Sr. Gabriel Rafael Potenzone, por haberse incurrido en la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, incs. a), b) y c) del C.A. A su vez, decidió mantener la medida cautelar que pesaba sobre la mercadería en infracción y correr vista de lo todo lo actuado a los presuntos responsables.
En base a la recomendación efectuada por el Jefe de la División Valoración de Exportación con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio con relación a la mercadería cuestionada (a fs. 57 ibid. (Nota n° 1011/04 (DV VALE) del 20 de diciembre de 2004)), la Dirección Regional Aduanera Mendoza se contactó con el Sr. Gabriel Ernesto Miremont, Licenciado en Museología, Doctor en Museología y en Historia, y Jefe Oficina A (Director del Museo de la Aduana) dependiente de la Secretaría General de la D.G.I. (a fs. 62 ibid.).Sin embargo, nuevamente la respuesta no sería del todo positiva. En efecto, en su mensaje del 19 de abril de 2005, mencionó, en primer lugar, resultarle difícil comprender cómo podía ser de utilidad como museólogo, para luego informar “[l]a valoración de no ejercer la DGA en su ramo específico puede ser complementada con los estudios de los peritos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en su sección pignoraticia”. Frente a la imposibilidad de lograr contactar un perito tasador experto en la materia, el Jefe de la División Fiscalización Operaciones Aduaneras, mediante nota n° 144/05 (DV FOME) del 3 de mayo de 2005 determinó que, a los fines de lograr el aforo de la mercadería involucrada, “…podrá recurrirse a obtener antecedentes vía internet […], de valores de venta de títulos idénticos o similares, a partir del precio de venta en mercado interno tomando en cuenta las modalidades inherentes a la exportación (art. 748, inc. f), [del C.A.]), o el valor del precio de venta en el mercado interno del país de destino, con las previsiones del art. 748, inc. d) [del C.A.]” (a fs. 97 ibid.). En virtud de dicha operación de aforo, se logró determinar que el valor FOB de la totalidad de la mercadería involucrada era igual a U$S 87.212,56. De esta manera, se determinó una diferencia entre lo declarado (U$S 500) y lo determinado por el servicio aduanero (U$S 87.212,56), igual a U$S 86.712,56 y, por consiguiente, una deuda, en concepto de derechos de exportación, igual a U$S 4.129,17 (a fs. 442/443 ibid.; ver, en particular, Nota n° 436/2005 (V) del 25 de mayo de 2005).
Nuevamente, con el objetivo de lograr contar con mayores elementos de juicio en la investigación en curso, el Jefe de la División Jurídica recomendó contactarse con el Sr. Abel Ferrino, Supervisor de la Sección Verificaciones de la Aduana de Buenos Aires para que lleve a cabo una pericia técnica y posterior informe exhaustivo sobre la mercadería interdicta (a fs. 470 de las actuaciones administrativas n° 12127- 56-2004/2 [Nota n° 156/05 (DV JRME) del 8 de julio de 2005]; y a fs. 573 de las actuaciones administrativas 12127-56-2004/1 [Nota n° 158/05 (DV JRME) del 8 de julio de 2005]). Dicho informe fue finalmente presentado por el Sr. Ferrino el 29 de agosto de 2005 (a fs. 578/602 ibid.). Mediante dicho documento, se destacaron, en primer lugar, las siguientes inexactitudes: a) se declaran en forma inexacta la cantidad de una (1) unidad cuando se trata de cuatrocientos setenta y cinco (475) ejemplares; b) las antigü edades de más de 100 años, independientemente del género y especie, así como los bienes que por sus características tengan importancia e interés como objetos coleccionables, se clasifican en el capítulo 97 de la Nomenclatura, tomando en consideración las características peculiares de los objetos que, por su antigüedad, valor histórico, valor de colección o museístico, sea universal o nacional, se definen como “bienes culturales histórico-artísticos” y que son de carácter irremplazable por su peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad; c) los libros, grabados y manuscritos que se pretendían exportar por el régimen gené rico de “libros” y que por su antigüedad y excepcionalidad deben contar con un Certificado de Exportación extendido por las autoridades de la Nación, son de exportación prohibida al no poseer dicho Certificado que debe ser tramitado con anterioridad al registro de la solicitud de exportación; d) el valor documentado para los ejemplares, todos de características relevantes, se aleja claramente de la realidad teniendo en cuenta no solo los precios que pueden alcanzar en el mercado interno, sino en los valores de subasta internacionales; además, la gran mayoría de los libros son numerados, es decir, se publicó en edición limitada, de calidad superior a la edición en rústica para su colección.
En algunos casos se constató que son ejemplares que se conservan como parte de los fondos de importantes museos del mundo; e) el documentante omitió la declaración individual del título y editorial de cada ejemplar, que es obligatorio como sufijo de valor, en el sector declaración de la mercadería de la destinación de exportación. Se analizan, en segundo lugar, los siguientes plexos normativos: i) la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (aprobada por ley 19.943) (arts. 1°, 6 y 8); ii) la ley general vigente n° 6034 de la provincia de Mendoza, según texto ordenado del 1° de octubre de 2001 (art. 4) y; iii) el Código Aduanero de la República Argentina (arts. 610 y 611).
Se concluye, finalmente, que, en virtud de lo mencionado con anterioridad “…es opinión del suscrito que, en la situación descripta, se está en presencia del presunto delito tipificado por el [a]rtículo n° 865, inciso g), de la ley 22.415, modificado por el [a]rtículo 25 de la ley 25.986, incluyendo el comiso de la mercadería previsto en el artículo 876 – 1, a), del Código Aduanero, ello sin desmedro de otros elementos que surjan sobre el hecho motivo de autos”.
VII. Acción penal ante el Juzgado Federal n° 3 de Mendoza. Sobre la base de la naturaleza de la mercadería incautada; y teniendo en cuenta que, por su interés bibliográfico y museístico, se podría estar en presencia de una maniobra de tráfico de bienes culturales, históricos y/o artísticos, se iniciaron una serie de investigaciones, por parte de diferentes organismos, que culminaron en una denuncia penal formulada ante el Juzgado Federal en turno de Mendoza; tribunal, este último, que, luego de disponer de una serie de medidas de investigación con relación a los hechos denunciados, declaró su competencia y ordenó instruir sumario por infracción “…al art. 864, inc. b), con el agravante del art. 865, incs. f) y g), en función del art. 863, en grado de tentativa (art. 871), todos de la ley 22.415, para con posterioridad, y luego de cumplirse las etapas procesales pertinentes, dictar el procesamiento por dicha imputación al responsable de la firma May Flowers, Fernando Juan Samra, y al despachante de aduana Gabriel Potenzone” (ver Res. n° 22/2007 del 31 de octubre de 2007 [a fs. 759 ibid.]).
En virtud de la sentencia del 24 de octubre de 2007, dictada por el Sr. Juez Federal, Dr. Alfredo Manuel Rodríguez, y agregada a fs. 761/762 vta. de las actuaciones administrativas n° 12437-1328-2007, se pueden destacar las siguientes consideraciones: i) la investigación tiene su origen en una denuncia formulada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza como resultado de lo informado oportunamente por el Sub-Secretario de Cultura de la Provincia con respecto a la existencia de un embarque de libros antiguos con destino a la República de Chile que podría llegar a tener relación con la sustracción de las llamadas “Joyas Bibliográficas de la Biblioteca General San Martín”(considerando I); ii) la acción reprochada fue la de pretender exportar mercaderías cuya prohibición se encuentra expresamente establecida por la resolución 452/96, y haber clasificado aquella en una posición arancelaria diferente a la que le atañe con el fin de someter la mercadería a un tratamiento aduanero distinto del que le hubiese correspondido; iii) En base a las declaraciones testimoniales de Lourdes Lascurain de Doucet, Victor Aizenman, Daniel Guido Pastore y Martín Sarachag, se determinó que los libros secuestrados costaban alrededor de quince mil pesos, y que ninguno podía tener más de 100 años de antigüedad.
Consecuentemente, se concluyó que la mercadería mencionada no integraba “…de ningún modo la prohibición establecida en la resolución de fs. 452/96 de la Administración General de Aduanas”. Se agregó que, “…si bien en un primer momento del análisis llevado a cabo de las actuaciones, de los informes remitidos por la Aduana, y del aforo realizado por el Agente Abel Ferrino, quien indic[ó] que el valor de la [mercadería] [era] de U$S 60.630, no existe prueba concreta para que se mantenga el procesamiento dictado”; iv) De la nueva prueba incorporada respecto a Samra, no se encuentran elementos concretos que lleven a considerar su participación en el delito investigado, toda vez que la mercadería no sólo no superaría el monto de cien mil pesos establecidos por ley, sino que no se trataría de mercadería prohibida para su exportación, por lo que el delito atribuido y por el cual se encuentra procesado, esto es la de infracción al art. 864, inc. b), con el agravante del art. 865, inc. f) y g), en función del art. 863 en grado de tentativa (art. 871), todos de la ley 22.415 no ha ocurrido (considerando IV); v) en virtud de lo mencionado con anterioridad, se resolvió: “1°) sobreseer definitivamente a Fernando Juan Samra Animoso, de demás datos personales conocidos y obrantes en autos del art. 864, inc. b), con el agravante del art. 865, inc. f) y g), en función del art. 863 en grado de tentativa (art. 871), todos de la ley 22.415 por el que fuera endilgado […]; 2°) convertir en sobreseimiento definitivo la falta de mérito para procesar o sobreseer a Gabriel Potenzone Muñoz […]; 3°) convertir en sobreseimiento definitivo la falta de mérito para procesar o sobreseer a Washington Luis Pereyra Casella…”.
VIII. En base a lo manifestado por el Juzgado actuante, notificado al servicio aduanero mediante Oficio n° 4346/07, el Jefe de la División de la Aduana de Mendoza, mediante Resolución n° 08/2008 resolvió: a) recaratular las actuaciones como presunta infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inc. a), b) y c) del C.A., imputable a la firma MAY FLAWER y al despachante de aduana, Sr. Gabriel Rafael POTENZONE; b) restablecer los plazos procesales oportunamente suspendidos; c) correr vista de todo lo actuado a los presuntos responsables, conforme lo previsto por el art. 1101 del C.A. y; d) mantener la medida cautelar que pesa sobre la mercadería en infracción (a fs. 764 ibid.). En respuesta a las notificaciones correspondientes, ambas partes presentaron las contestaciones pertinentes en tiempo y forma (a fs. 775/811 ibid.). Mediante providencia del 17 de abril de 2009, el Sr. Administrador de la División Aduana de Mendoza: a) tuvo por contestada en tiempo y forma las vistas correspondientes; b) incorporó la prueba documental oportunamente acompañada; c) no hizo lugar a la solicitud de adjuntar una copia completa del expediente judicial 11.020-D “…por meramente dilatoria (art. 1108 C.A.), considerando en tal sentido que en la presente actuación contenciosa ya obran agregadas distintas partes pertinentes de la referida causa judicial que se estiman suficientes y de interés para la presente investigación…” y; d) declaró la cuestión de puro derecho (a fs. 812 ibid.). A fs. 817/831 (de las actuaciones administrativas n° 12437-1328-2007) se inserta el Dictamen jurídico n° 171/09 del 22 de junio de 2009, mediante el cual se confirma la imputación de la infracción de declaración inexacta (art. 954, ap. 1, incs. a), b) y c), del C.A.). A fs. 832/845 (ibid.) se detalla la Resolución Fallo n° 378/2009 (AD MEND), objeto de las apelaciones correspondientes ante la presente instancia administrativa jurisdiccional (ver considerando I y III ut supra).
IX. Examinado de manera sucinta lo actuado tanto en sede administrativa como en sede judicial, corresponde a continuación centrar la atención en determinar si el comportamiento imputado a las apelantes pueda o no ser finalmente catalogado como una declaración inexacta. Para ello, ciertas observaciones concernientes al alcance del art. 954 del C.A. deben ser previamente presentadas. Según lo estipulado por los términos invocados de la disposición menciona “[e]l que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal […]; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación […] c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere…”.
En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de la disposición bajo examen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN”) ha tenido oportunidad de resaltar que las leyes deben ser interpretadas de forma tal que se evite darles un sentido que coloque en pugna sus disposiciones, y se adopte finalmente como pertinente aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 304:794; 315:929; 315:942, entre muchos otros). A esta primera constatación, habitualmente se le añade que el alcance de las leyes tributarias deba determinarse computando la totalidad de las normas que la integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 307:871; 315:929; 315:942).
A su vez, en cuanto al bien jurídico finalmente tutelado por la disposición bajo análisis, la CSJN ha llegado a señalar que el art. 954 del C.A. “…da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante – salvo los supuestos previstos en la propia ley – o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tienden a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (Fallos: 315:942).
No obstante, la configuración del tipo definido por el art. 954 del C.A. no sólo presupone la constatación de una declaración inexacta, sino que a su vez la mencionada falsedad debe acarrear la producción o potencialidad de producir, de pasar inadvertida, alguna de las consecuencias perjudiciales finalmente mencionadas a través de sus incisos a), b) o c). En este sentido, la CSJN ha remarcado en su oportunidad que la conducta declarada punible a través de la disposición bajo análisis no se agota con la sola formulación inexacta de la declaración respectiva ante la autoridad aduanera, ya que la norma requiere que, a la transgresión de los ya mencionados principios de veracidad y exactitud de las declaraciones, se le sume la existencia o la posibilidad de producir un daño (Caso Ferry Líneas Argentinas SA, CSJN, 17/6/1986).
De esta manera, para que una conducta en particular pueda ser finalmente sancionada sobre la base de lo dispuesto por el art. 954 ap. 1 incs. a), b) y c) del C.A., los siguientes elementos del tipo infraccional deberían ser claramente identificados: a) se debe estar en presencia de una declaración que difiera con lo resultante de la comprobación efectuada por el servicio aduanero y; b) la mencionada diferencia, en caso de pasar inadvertida, deba producir, o tenga la potencialidad de producir: i) un perjuicio fiscal; ii) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación o; iii) un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere. La efectiva aplicación de la sanción estipulada por el art. 954 del C.A. sin la constatación de alguno de los elementos mencionados con anterioridad implicaría una clara violación del principio de legalidad.
A los fines entonces de poder constatar el primer elemento del tipo infraccional estipulado por el art. 954 del C.A., una diferencia entre lo detallado en el documento bajo análisis y lo verificado por el servicio aduanero debe ser constatada. De acuerdo con la jurisprudencia del TFN, la mencionada disimilitud podría llegar a surgir tanto de la comprobación física como de la verificación documental llevada a cabo por el servicio aduanero (Papelera Tucumán S.A. v. D.G.A. (expediente: 24.383-A), sentencia del 15 de abril de 2009).
En el presente caso, el servicio aduanero llegó a constatar, en un primer momento, una diferencia entre lo declarado y lo comprobado en lo que respecta específicamente a la posición arancelaria empleada y al valor manifestado. En efecto, por tratarse de obras literarias que, según lo manifestado por la Aduana de Mendoza, poseían una antigüedad mayor a 100 años, los dos datos mencionados con anterioridad y detallados en la destinación de exportación para consumo del 10 de abril de 2004 no coincidirían con la información emergente de la verificación efectuada por el ente administrativo. Sin embargo, en base a los elementos de prueba disponibles tanto en lo actuado en sede administrativa como en lo manifestado ante la justicia federal, resulta pertinente hacer una diferencia entre lo verificado con respecto al valor declarado de la mercadería cuestionada y lo comprobado con relación a la posición arancelaria empleada por la exportadora. En lo respecta al valor de la mercadería, la diferencia entre lo declarado y lo comprobado sería confirmado no sólo por las pericias o informes oportunamente solicitados por ambas sedes (administrativa y judicial), sino también por la valuación presentada por la parte apelante y elaborada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires al momento de solicitar el pronto despacho mediante nota del 5 de julio de 2004. Efectivamente, si la firma exportadora había declarado un valor total de U$S 500, que coincidiría con el valor emergente de las facturas respaldatorias de la operación (U$S 500 ó su equivalente en moneda nacional: $ 1300), dicho importe no concordaría con aquel detallado en la valuación mencionada ($ 7010), ni con el emergente del aforo efectuado sobre la base de la información en internet (U$S 87.212,56). Tampoco, el valor declarado por MAY FLOWER ante el servicio aduanero se correspondería con aquellos detallados en los informes oportunamente presentados en sede administrativa (por el Sr. Abel Ferrino) y en sede judicial. De esta manera, en lo que respecta al valor de la mercadería, gracias a los diferentes elementos de pruebas oportunamente aportados, se logró constatar una subfacturación de la mercadería en cuestión y, por consiguiente, una diferencia entre lo declarado y lo comprobado.
La situación se plantea de manera diferente cuando se analiza lo vinculado con la posición arancelaria declarada. En efecto, si bien lo manifestado por el servicio aduanero con relación a al características y a la antigüedad de la mercadería involucrada (“…objetos para colecciones que tengan un interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático y antigüedades de más de cien años” [resolución n° 452/96 de la Administración General de Aduana]) sería confirmado por el informe presentado por el Sr. Abel Ferrino, esto no sería así en sede judicial. Así, como bien lo mencionáramos con anterioridad (ver considerando VII ut supra), el Sr. Juez Federal, Dr. Alfredo Manuel Rodríguez, mediante su sentencia del 24 de octubre de 2007, resolvería que: i) en base a las declaraciones testimoniales de Lourdes Lascurain de Doucet, Victor Aizenman, Daniel Guido Pastore y Martín Sarachag, se determinó que los libros secuestrados costaban alrededor de quince mil pesos, y que ninguno podía tener más de 100 años de antig üedad.
Consecuentemente, se concluyó que la mercadería mencionada no integraba “…de ningún modo la prohibición establecida en la resolución de fs. 452/96 de la Administración General de Aduanas”. Se agregó que, “…si bien en un primer momento del análisis llevado a cabo de las actuaciones, de los informes remitidos por la Aduana, y del aforo realizado por el Agente Abel Ferrino, quien indic[ó] que el valor de la [mercadería] [era] de U$S 60.630, no existe prueba concreta para que se mantenga el procesamiento dictado”; ii) De la nueva prueba incorporada respecto a Samra, no se encuentran elementos concretos que lleven a considerar su participación en el delito investigado, toda vez que la mercadería no sólo no superaría el monto de cien mil pesos establecidos por ley, sino que no se trataría de mercadería prohibida para su exportación.
Consecuentemente, en virtud de lo manifestado en sede judicial, no resta otra cosa que rechazar los argumentos presentados por el servicio aduanero con relación a las características y posición arancelaria declaradas por el exportador y, por consiguiente, constatar que, con respecto a los aspectos mencionados de la mercadería a ser exportada (valor histórico y antigüedad), no existió diferencia alguna entre lo declarado y lo comprobado. Por otra parte, esto último repercute indefectiblemente en la verificación de una de las consecuencias detalladas específicamente mediante el inc. b), del art. 954 del C.A. En efecto, si la mercadería bajo análisis, en virtud de lo manifestado en sede judicial, no es finalmente considerada como un objeto para colecciones que tenga un interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático, y con una antigüedad de más de cien años, de acuerdo con la resolución n° 452/96 de la Administración General de Aduana, su exportación no traería como resultado “…una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación”.
X. Si el primer elemento del tipo infraccional quedó finalmente configurado con relación al valor de la mercadería involucrada, resta determinar si, como resultado de la diferencia constatada entre lo declarado y lo verificado, se generó, o pudo haberse generado, alguno de los efectos detallados en los incisos a) y c) del art. 954 ap. 1 del C.A. Con respecto al primer inciso de la disposición referida, el art. 956 inc. b) del mismo plexo normativo nos ofrece la siguiente definición de lo que se debería entender por perjuicio fiscal: “se entiende por [el mencionado concepto] la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el Fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación”. En cuanto al inciso c) del art. 954 del C.A., nuestro Más Alto Tribunal ha sostenido la imposibilidad de dejar de ponderar que la función primordial del organismo aduanero consiste en ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías, cometido para el cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas (Fallos: 321:1614). “Es desde esta amplia perspectiva, [continúa afirmando] que excede los fines estrictamente recaudatorios – tutelados por el inciso a) del art. 954 – y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado […], como debe apreciarse lo establecido por el inciso c) del [art. 954 del C.A.], cuyo texto, por lo demás, no autoriza una interpretación contraria puesto que se refiere a importes distintos de lo que efectivamente correspondieren – con lo cual obviamente abarca tanto a las diferencias en más como a las en menos – ya sea que se trate de operaciones o destinaciones de importación o de exportación” (ibid.).
Si de lo verificado en el considerando IX ut supra, se logró constatar una subfacturación, resulta latente que la diferencia corroborada entre lo declarado y lo comprobado no sólo repercutió en “…el egreso […] hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”, sino que también terminó por generar el correspondiente perjuicio fiscal. En efecto, el valor declarado por menos trajo como resultado la disposición de una base imponible menor a la que hubiese correspondido, según lo manifestado por los diferentes elementos de prueba presentado oportunamente (ver considerando VI ut supra). Consecuentemente, en base a lo mencionado con anterioridad, se logró constatar que, mediante la operación de exportación bajo examen, MAY FLOWER incurrió en la infracción de declaración inexacta, según lo estipulado por el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.
XI. Sentado lo anterior, corresponde centrar la atención sobre la responsabilidad del Despachante de Aduana, Sr. Gabriel Rafael POTENZONE, en el presente caso. De acuerdo con los argumentos presentados oportunamente por esta parte, confirma el haber cumplido tanto con todas las instrucciones dadas oportunamente por la exportadora como así también con todas las obligaciones a su cargo. Luego de hacer referencia a los arts. 902 y 908 del C.A., manifiesta que, al confeccionar la declaración aduanera correspondiente a la destinación de exportación en cuestión, se aportaron todos los detalles y especificaciones de la mercadería declarada, de acuerdo con la documentación brindada por el importador. Asimismo, expone el haber cumplido con todos los deberes a su cargo, y, en especial, con el deber de colaboración para con el Servicio Aduanero.
Con relación a esta cuestión, el TFN ha llegado a afirmar que “…el despachante de aduana no solo actúa como mandante del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero. […] [D]ebe tenerse presente que, “[d]ado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del “despacho en confianza” y su correlativa “declaración aduanera previa”, es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la de mero auxiliar del comercio”. (Alsina, Mario; A, Barreira, Enrique C.; Basaldua, Ricardo Xavier; Cotter Moine, Juan P. y Vidal Albarracin, Hector G., Código Aduanero comentado, completado y actualizado por Barreira, Enrique C.; Basaldua, Ricardo Xavier; Vidal Albarracin, Hector G.; Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L y Vidal Albarracin (h), Guillermo, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2011, tomo I, p. 129)” (TFN, Molinos Río de la Plata S.A. y otra c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación (expediente N° 27.345-A), sentencia del 12 de mayo de 2016).
La importancia de la actividad desarrollada por estos profesionales fue destacada en el segundo párrafo del punto 1 de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, bajo el título II “Auxiliares del comercio y del servicio aduanero”, Capítulo Primero “despachantes de aduana”, donde se señala, entre otras cosas, que “…se evidencia [...] que son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del fisco, en la medida en que el despachante colabora a la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya actividad se ve facilitada por la intervención del profesional y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas operaciones aduaneras tramitan”.
Sobre la base lo afirmado hasta aquí, el TFN continuó afirmando que “…debido a la trascendencia, tanto para el importador-exportador como para el servicio aduanero, de la actividad que desarrolla dicho actor en el ámbito del comercio internacional es que se le exige cierto grado de idoneidad, lo que se evidencia, entre otras cosas, en los requisitos que se le reclama para poder desenvolverse como tal. Entre ellos, se destaca - en cuanto aquí interesa - la exigencia de “...haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establecieren” -cfme. art. 41, inc. b), del C.A. En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera” (TFN, Molinos Río de la Plata S.A. y otra c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación (expediente N° 27.345-A), op. cit.).
Dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica, tanto en el ámbito del derecho privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del derecho público, frente al servicio aduanero. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de “técnico asesor del comercio exterior”. (La responsabilidad del despachante de aduana, Hector G. Vidal Albarracin, Guillermo Vidal Albarracion, Juan M. Sluman, Guia Practica y Ediciones IARA S.A., Buenos Aires, 2009, p. 47).
En este sentido, de la interpretación de los arts. 902 y 908 del C.A. se deduce que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta nace en cabeza del despachante de aduana, salvo que probase haber cumplido acabadamente con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada sería responsable por la infracción aduanera cometida y el despachante, habiendo cumplido con las obligaciones a su cargo, quedaría liberada de la infracción endilgada. En tal inteligencia del asunto, resulta menester que dicho auxiliar del servicio aduanero demuestre haber obrado con prudencia y buen cumplimiento de las obligaciones contraídas. De ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorado en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de su responsabilidad (TFN, “Loizzo Francisco Enrique c/DGA s/recurso de apelación (y otros, Causa n° 31.335-A: “Taranto San Juan S.A. c/DGA s/recurso de apelación”)”, sentencia del 28 de septiembre de 2022 (voto del Dr. Miguel N. Licht, considerando XLIX)).
A partir del análisis de todo lo actuado, encuentro que los argumentos en conjunción con la documentación aportada por el despachante no logran conmover los fundamentos de la sanción impuesta en sede aduanera. Ello, teniendo en cuenta que la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio establecido en el art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación (anterior art. 902 del Código Civil), de conformidad con el cual se determina que “[c]uanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”(ibid.
(voto del Dr. Miguel N. Licht, considerando L)). En la especie, el despachante de aduana no puede eximirse de sus deberes legales so pretexto de haber aportado todos los detalles y especificaciones de la mercadería declarada, de acuerdo con la documentación brindada por el exportador. Por consiguiente, reconociendo los fundamentos constitucionales de orden normativo e institucional por los que se establecen los deberes de colaboración, va de suyo que, en caso de existir motivos razonables para sospechar de la aplicación de un régimen tributario en particular, no puede excusarse la responsabilidad del despachante de aduana. Es que, en efecto, no se trata de exigir al auxiliar aduanero que realice una pesquisa exhaustiva sobre la sinceridad de la operación, pero si es demandable que no actúe como un autómata.
En el sub lite, el despachante de aduana, de conformidad con su rol de auxiliar del servicio aduanero, debió haber lidiado con las deficiencias de la información brindada por su mandante y, como resultado de ello, por tratarse de la exportación de una mercadería con características muy particulares y cuyo valor superaba claramente los U$S 500 (ó $ 1300), debió haber hecho las consultas correspondientes a un especialista (o haber propuesto al exportador obtener dicho asesoramiento) a los fines de confirmar o modificar los importes involucrados. Es por ello que no resultan atendibles sus argumentos tendientes a desvirtuar la responsabilidad endilgada, ya que se evidencia en el caso de marras un desacierto en la declaración pasible de reproche.
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la operatoria aduanera esta estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones. Por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente el Fallo n° 378/2009 AD MEND, dictado por el Señor Jefe de División de la Aduana de Mendoza el 22/06/2009 en la Actuación N° 12127-56-2004, en cuanto condena a MAY FLOWER S.R.L. y al despachante de Aduana, Sr. Gabriel Rafael POTENZONE, en relación a la infracción de declaración inexacta establecida en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.. Revocarla en relación a la imputación correspondiente de la infracción estipulada por el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A..
2. Remitir los presentes autos conjuntamente con la Actuación N° 12127-56-2004 a la Dirección General de Aduanas, a los fines de que, por intermedio del área competente, se proceda a efectuar la liquidación de la multa cuya imposición se confirma, conforme a lo resuelto en el punto 1) precedente.
3. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que, en honor a la brevedad, me remito a lo expuesto en los considerandos I a IV del voto del Dr. Licht.
II. Que corresponde dejar sentado que -a mi parecer- no es procedente responsabilizar al despachante interviniente en el caso, atento a los argumentos que a continuación expondré.
III. Que, como he reiterado en otras oportunidades, no se observa ni fue invocado por el servicio aduanero apartamiento alguno por parte del despachante de aduana respecto de la documentación complementaria, aplicándose la doctrina de la Corte Suprema, in re “Garibotti, Armando” (Fallos, 287:191), acerca de que queda, en principio, exento de responsabilidad el despachante de aduana que cumpliendo con las obligaciones a su cargo, se atiene a lo manifestado por el importador y a lo que resulte de la documentación complementaria, salvo que incurra en hechos personales que lo comprometan.
IV. Que, por lo demás, la Sala I de la CNCAF ha sostenido (15/5/2007, “Fernández, Hugo Abel”) que “no existe obligación legal que imponga al despachante comprobar la exactitud del valor consignado por el exportador a los fines de efectuar la declaración aduanera, sino como quedó dicho que el despachante cumple con las funciones a su cargo si se ajusta a los datos contenidos en la factura tal como se observa en los hechos de autos (confr. Fallos 287:191 ya citado)”.
V. Que, en efecto, del detalle de la factura de exportación N° 0001-00000197 se desprende “1 paquete de libros usados (190 títulos en 481 volúmenes) por U$S 500, que fue lo incluido en el permiso de embarque en trato (04038EC01005548Z), sin ninguna otra especificación adicional.
Que tampoco fue acreditado por el servicio aduanero ni surge de las actuaciones, la existencia de circunstancias excepcionales respecto de las cuales, pese al cumplimiento de los deberes impuestos al despachante, hagan inferir que, por las cualidades de la mercadería y los conocimientos que posee dicho agente, debía dudar de los precios a declararse o de la forma en la que clasificó la mercadería. Consecuentemente con lo expuesto VOTO POR:
1. CONFIRMAR parcialmente la Resolución-Fallo N° 378/2009 (AD MEND) dictada en fecha 22/06/2009 y, por ende, la imputación efectuada a la firma MAYFLOWER S.R.L. de la infracción de declaración inexacta, conf. art. 954 incisos a) y c) del C.A. y SE REVOCA respecto del Despachante de Aduanas Gabriel Rafael POTENZONE.
2. Costas conforme sus respectivos vencimientos.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente el Fallo n° 378/2009 AD MEND, dictado por el Señor Jefe de División de la Aduana de Mendoza el 22/06/2009 en la Actuación N° 12127-56-2004, en cuanto condena a MAY FLOWER S.R.L. y al despachante de Aduana, Sr. Gabriel Rafael POTENZONE, en relación a la infracción de declaración inexacta establecida en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.. Revocarla en relación a la imputación correspondiente a la infracción estipulada por el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A..
2. Remitir los presentes autos conjuntamente con la Actuación N° 12127-56-2004 a la Dirección General de Aduanas, a los fines de que, por intermedio del área competente, se proceda a efectuar la liquidación de la multa cuya imposición se confirma, conforme a lo resuelto en el punto 1) precedente.
3. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, remítanse la autos conjuntamente con la Actuación N° 12127-56-2004 a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.05.27 12:06:51 ART Date: 2025.05.27 13:11:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.27 14:19:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.27 14:20:12 -03:00
Fin de la sentencia