Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la prescripción planteada por la actora respecto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 3/2008 a 11/2008. Con costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-46831200-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 11 de Mayo de 2022
El expediente caratulado Nº 44.061-I "MAYOL VIRGILIO RAFAEL s/apelación - Iva Ganancias" a resolución de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación),José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 65/88 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 143/2015 (DV DEOB) y 142/2015 (DV DEOB), dictadas por el Jefe de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Microcentro, por las que se determina de oficio la obligación tributaria del recurrente frente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 03/2008 a 12/2008 y en el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2008; en ambos casos con mas intereses resarcitorios y sendas multas con fundamento en los arts. 46 y 47 inc. e), de la Ley Nº 11.683. Que, en primer lugar, afirma que en el año 2008 era accionista y director de LASA Sociedad de Bolsa S.A., la cual integra el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. para la cual actuó como comitente.
Agrega el actor que en dicho año efectuó operaciones de compraventa de títulos públicos y de ADR con la intervención del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y que dichas operaciones fueron realizadas con fondos provenientes de la venta de títulos públicos en pesos argentinos, acreditados en la cuenta comitente en LASA, fondos que fueron transferidos desde dicha cuenta a la caja de ahorro en pesos para la posterior compra de moneda extranjera y transferidos al exterior, con el fin de aplicarlos a la cancelación del precio de compra de títulos valores en moneda extranjera en la cuenta bancaria del Mercado de Valores abierta en la plaza de Nueva York, que hace las veces de garante en la liquidación de todas las operaciones bursátiles.
Aclara que en el caso que nos ocupa, el recurrente adquirió títulos públicos en moneda extranjera, subespecie "c"; es decir que la única moneda en lo cual debía cancelar en el exterior, en la cuenta del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. en la plaza de Nueva York, la adquisición de los mencionados títulos, era en dólares estadounidenses. En el caso particular de los denominados ADR (American Depositary Receipts) se trata de un instrumento financiero nominativo, emitido por un banco de Estados Unidos, que autoriza a los inversionistas a negociar acciones de compañías extranjeras sin necesidad de comprar y vender directamente esa acción en la plaza local donde cotiza dicho título privado. Las acciones subyacentes a los ADR negociados en este caso son de compañías constituidas en nuestro país, tales como Tenaris.
Alega que en ambos casos se trata de tradicionales operaciones de compraventa de valores negociables permitida desde hace muchos años en el derecho bursátil argentino y aún en la actualidad, es decir, se trata de una operación lícita que, al igual que las restantes de la misma naturaleza, posee una especial y acentuada regulación y control estatal que la diferencia de muchas otras actividades comerciales y profesionales.
Manifiesta que la liquidación de los contratos de compra y venta se lleva a cabo con la intervención del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. por neteo multilateral -vgr: todas las partes concurren al Mercado, siendo esta institución la que realiza por participante un neteo de moneda (a cobran o pagan) y de especies (entregan o retiran)-, sin importar si alguna de sus contrapartes no honrara su obligación, ya que, como ya se dijo, dicha entidad garantiza en un todo la liquidación. Por ello, no es de interés de las partes o del público inversor conocer datos personales o perfiles entre comitentes que encomendaron operaciones opuestas -si uno compra hay otro que vende- a través de intermediarios -los Agentes y las Sociedades de Bolsas- en un ámbito garantizado como el del Mercadode Valores de Buenos Aires S.A. el que se llevaron a cabo las operaciones de esta parte; por consiguiente, cada uno de los inversores concreta sus intenciones de acuerdo exclusivamente a sus expectativas de precio. De hecho, en este sistema, la oferta puede ser adjudicada y distribuida entre dos o más operadores contrapartes, ninguno de los cuales, como ya se dijo, es conocido para el operador, modalidad operativa que, cabe ya decirlo, echa por tierra la calificación- de facilitador que sin fundamento fáctico ni normativo alguno se le endilga en las Resoluciones recurridas.
Afirma que el inc. w) del art. 20 de la ley del impuesto a las ganancias, vigente en el período fiscal 2008, establecía que se encuentran exentos los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas, en tanto no resulten comprendidas en las previsiones del inc. c) del art. 49 de la ley -que se refiere a comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio-, cuando los referidos sujetos sean residentes en el país.
Por su parte, el art. 42 del Decreto Reglamentario de la ley disponía que se encuentran comprendidos en esta exención, los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas que realicen dichas operaciones en forma habitual, siempre que estas operaciones no resulten atribuibles a empresas o explotaciones unipersonales dedicadas a otras actividades.
En síntesis, dice, en dicha fecha el resultado de la compraventa de títulos públicos obtenido por operaciones habituales o no por personas físicas residentes en el país se encontraba exento del gravamen, en la medida que estas operaciones no fueran atribuibles a empresas o explotaciones unipersonales.
En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado, afirma que el apartado 1) del primer párrafo del art. 36 bis de la ley 23.576 establecía que se encontraban exentos de este gravamen las operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelación de las obligaciones negociables y sus garantías, beneficio fiscal que el anteúltimo párrafo del citado artículo hacía extensivo a los títulos públicos.
Señala que en el caso, no niega el juez administrativo que la anterior era la regulación normativa vigente en el período fiscal 2008 lo que niega es que mi representada haya realizado las operaciones con títulos públicos y con ADR con una finalidad bursátil y por ende a partir de esa afirmación, que no es más que una apreciación subjetiva, decide recalificar su actividad en la figura que denomina de facilitador, de otras sociedades de bolsa y/o sus clientes, para de ese modo pretender la gravabilidad de la retribución percibida por esa supuesta prestación de servicio, en los términos de art. 49, inc. e) de la ley del impuesto a las ganancias y del art. 31, inc. e), apartado 21) de la ley del impuesto al valor agregado; ello así, aun cuando él mismo también reconoce que no está en discusión, y por ende no hace falta que la recurrente pruebe, que ella “conociera la identidad de /o contraparte”; es decir, según la libre interpretación del juez administrativo, Virgilio Mayol prestó un servicio a alguien que nunca conoció y por la retribución que percibió por ese supuesto servicio debe tributar.
Plantea la prescripción de la Res. N° 143/2015 por haber sido dictada en apartamiento a lo dispuesto por el art. 53 del decreto 1397/79, ya que se determinan de oficio obligaciones de la recurrente por los períodos fiscales 03/2008 a 11/2008 cuando a la fecha de su notificación, el día 2 de julio de 2015, ya había transcurrido el plazo de 120 días establecido en el artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683 para el dictado de dicho acto.
Destaca que teniendo en cuenta que la notificación de la Res. N ° 143/2015 fue efectuada el 2 de julio de 2015, acto que constituye la intimación de pago con efectos para suspender el plazo de prescripción de acuerdo a lo dispuesto en el art. 65, inc. a) de la ley, sólo cabe concluir que las facultades respecto del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 03/2008 a 11/2008 han sido ejercidas en forma tardía, al igual que la sanción impuesta en dicho período por aplicación de su inc. b).
Señala que el juez administrativo optó por rechazar la totalidad de las pruebas ofrecidas en oportunidad de contestar la vista de los ajustes, sin dar para ello, como lo exige la ley, la jurisprudencia y sus propios actos internos, razones valederas a tal fin, incurriendo así en el vicio de falta de motivación al que se refiere la jurisprudencia citada, ocasionando con dicha actitud la nulidad absoluta e insanable de las Resoluciones. Sostiene además la nulidad absoluta e insanable de las Resoluciones recurridas toda vez que fue objeto de tres, en realidad cuatro, inspecciones dirigidas a analizar el tratamiento fiscal de las operaciones de compraventa de títulos públicos aquí en tratas en el período fiscal 2008 en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado, todas ellas sustanciadas por la misma División Fiscalización de la Dirección General Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Señala que las dos primeras inspecciones, sustanciadas balo las O.I. N° 359.348 y 448.393, fueron archivadas el 14 de diciembre de 2009 y el 25 de noviembre de 2011, tal lo que se desprende de los Informes obrantes a fs. 334 y fs. 40/50, de los Cuerpos de cada una de ellas, respectivamente. Por ello, de la constancia que obra a fs. 1 de la Actuación N° 11038-494-2014 surge que el 26 de junio de 2012 la División Fiscalización Externa III interviniente en dichos procedimientos remitió las actuaciones a la Agencia N° 11 "para archivar", las que fueron recibidas el 12 de julio de 2012, muestra clara de la falta de interés fiscal en continuación con dichos procedimientos, razón por la cual también en ambos casos mi representada fue notificada formalmente de su finalización.
Alega que las Resoluciones adolecen de vicios en su finalidad ya que no son el resultado del ejercicio legítimo de las facultades de verificación que la ley 11.683 acuerda a la Administración Fiscal, sino que persiguen otro propósito, diferente al encomendado a ésta, constituyendo así el resultado de una desviación de poder, supuesto que ha sido definido por la doctrina más autorizada en derecho administrativo en los siguientes términos: "La finalidad debe ser una finalidad verdadera, no encubierta, ni falsa, ni distinta a la correspondiente al objeto o contenido del acto. En caso contrario habría una desviación de poder que viciaría el acto. ..si bien la finalidad que debe perseguirse por el agente administrativo es siempre la satisfacción de/interés público, no es en cambio cualquier interés, sino el interés concreto que debe satisfacerse por medio de la competencia atribuida a cada funcionario" y que '...se trata de un vicio clandestino, que se intenta disimular con apariencias de legalidad, situación que se agudiza porque incluso en ocasiones la autoridad administrativa actúa de mala fe'”. Señala que el juez administrativo recurre a este principio a partir de la invocación de ciertos indicios, los enunciados en la página 14 de las Resoluciones atacadas, ninguno de los cuales sirve paro negar que efectivamente se trató de operaciones con títulos públicos, sin ley alguna que las prohibiera, con capacidad económica justificada para realizarlas, cumpliendo con las múltiples regulaciones bursátiles vigentes establecidas a esa fecha por la Comisión Nacional de Valores en su condición de Autoridad de Aplicación designada por la entonces vigente ley 17.811 en su art. 60, actual art. 19 de la ley 26.831, razón por la cual no fue la recurrente objeto de actuaciones en dicha entidad, ni en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.. En efecto, ninguno de los indicios invocados controvierten la naturaleza de ser tales operaciones una de las enunciadas en el art. 20, inc. w) de la ley del impuesto a las ganancias.
Alega que el principio de la realidad económica no fue concebido por el legislador para suplir el deber que tiene la Administración de reunir pruebas certeras a la hora de fundar su pretensión fiscal y su aplicación, una vez más, de carácter excepcional, exige por así disponerlo el art. 20 de la ley 11.683, la alegación y consecuente demostración de las estructuras jurídicas inadecuadas que el contribuyente habría utilizado para apartarse de su obligación legal de tributar, además, en forma manifiesta, deber que en el caso no se ha cumplido desde el momento que se encuentra reiteradamente reconocido por el juez administrativo que las operaciones que se pretenden imponer consistieron efectivamente en operaciones de compra venta de títulos públicos realizadas en un absoluto marco de legalidad.
Sostiene que la aquí contraparte pretende gravar operaciones bursátiles desconociendo la vigencia de la exención legal que recae sobre las mismas mediante la exigencia de un recaudo, el de la finalidad bursátil, sin norma legal - tampoco reglamentaria- que lo imponga, constituyendo ésta una violación manifiesta al principio de legalidad que autoriza a ese Excmo. Tribunal a dejar sin efectos los actos recurridos, en el ejercicio de la potestad que la ley le acuerda de revisar la legitimidad y razonabilidad de las decisiones de la Administración.
Destaca que de los Considerandos de las Resoluciones se desprende que el principal argumento invocado por la Administración a la hora de recalificar las operaciones bursátiles realizadas por la recurrente y con ello negarles el tratamiento de exentas previsto en el art. 20, inc. w) de la ley del impuesto a las ganancias y consecuente tratamiento en el impuesto al valor agregado, fue su supuesta finalidad distinta a la bursátil, "... minimizando de esto manero el nivel de riesgo que todo operación bursátil lleva implícito", sin rendir prueba alguna de ello, es decir una apreciación subjetiva, no demostrada en forma debida en el expediente.
Alega que aún en la eventual hipótesis que este Tribunal interprete que los resultados con operaciones de títulos públicos realizados por mi parte no obedecen a una legítima y lícita operación bursátil y entienda que se trata de una retribución por un servicio, insisto supuestamente prestado a un sujeto desconocido, cabe señalar que dicho hipotético "servicio" tampoco se encontraría gravado con el Impuesto al Valor Agregado; toda vez que se trataría, en todo caso, de una "exportación de servicios", en los términos del segundo párrafo del art. 11 , inc. b) de la ley del gravamen y por ende excluida del objeto del impuesto.
En el caso que nos ocupa, este hipotético "servicio e hubiera sido aplicado por el cliente' (tomador del servicio) en el exterior, ya que dicho cliente lo que habría obtenido como resultado y fin de esta "prestación" sería la colocación de divisas en el exterior, por lo que en subsidio solicita se revoque en todas sus partes, también por los fundamentos antes expuestos, la Res. N° 143/2015, con costas.
Sostiene que aún en la hipótesis que los ingresos cuestionados se considerasen una renta gravada en el Impuesto a las Ganancias en modo alguno puede la Administración modificar el monto consumido consignado en la declaración jurada original presentada, ya que la actora ha exteriorizado que ha mantenido esos ingresos en su patrimonio al cierre del período fiscal y ninguna prueba ha aportado tendiente a sostener que se trata de una renta consumida, por lo que corresponde que en la sentencia a dictarse el Fisco Nacional ordene la reliquidación de la pretensión fiscal notificada en la Res. N° 143/2015 en la que se tenga en consideración los errores de liquidación antes expuestos. Por todas estas razones, solicita a este Tribunal revoque las Resoluciones recurridas, tanto en cuanto al capital como a los intereses reclamados en ellas; en subsidio, ordene su reliquidación, todo ello con expresa imposición de las costas al Fisco Nacional.
Sostiene que la luz de las consideraciones antes expuestas, que dan cuenta de la ilegitimidad de la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones, sostiene también la de los intereses en ellas reclamados con fundamento en la ausencia de prestación principal y, a todo evento, por inexistencia de mora culpable, por haber eventualmente incurrido mi representada en el supuesto de error excusable en la interpretación de las normas tributarias involucradas y, como tal, eximente de responsabilidad.
Con respecto a la aplicación de multas sostiene que las sanciones impuestas en las Resoluciones son improcedentes toda vez que la actora no ha cometido la infracción de defraudación que se le imputa, esto es no ha incurrido en la acción típica allí descripta (elemento objetivo), ni tampoco ha liquidado sus obligaciones fiscales con dolo (elemento subjetivo), sino de acuerdo a las disposiciones de la ley del impuesto a las ganancias y la jurisprudencia predominante exteriorizada en fallos de todas las instancias y fueros, inclusive de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 104/131vta contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Señala que el Sr. Mayol realizó operaciones, según la información recibida del Banco Central de la República Argentina, de compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación que, sobre la base de la realidad económica no configurarían una inversión de "portfolio en el exterior», sino el mero envío de divisas al exterior, considerándose al contribuyente como "facilitador" de dicha operatoria y en razón de ello, la retribución por la prestación de servicio indicada se encontraría alcanzada por el artículo 30 inciso e) punto 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o en 1997 y sus modificaciones) y por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Afirma que del análisis de la documentación aportada por el inspeccionado se observa que las operaciones en litis, realizadas en los meses 03/2008 a 10/2008, fueron concertadas y liquidadas en el mismo día, desprendiéndose de los extractos bancarios la acreditación de la venta y luego el débito de la compra de divisas. Mientras que en las operaciones efectuadas en los meses 11/2008 y 12/2008 si bien coincide la fecha de concertación de la compra y de la venta de títulos valores la liquidación de ambas operaciones se realiza a las 72 horas. A su vez, la liquidación de compra de divisas es posterior a esta última.
Alega que el contribuyente vendió títulos valores en el mercado local recibiendo pesos que utiliza para adquirir dólares estadounidenses divisa en el país, los que giró a cuentas bancarias del exterior con el fin de pagar los títulos valores adquiridos en primer término. De esta manera el vendedor de tales títulos recibió dólares directamente en una cuenta del exterior sin que hubieran sido comprados por él en el mercado único y libre de cambios.
De ello se desprende que los envíos de divisas al exterior no configuran una "inversión de portfolio en el exterior” sino el mero envío al exterior de divisas para cerrar operatorias en el mercado local, el efecto de la operatoria genera un costo para el tercero al cual le son transferidas las divisas y una retribución para quien actúa como intermediario por llevar a cabo la operación. Por lo tanto, si bien en la citada operatoria se utilizan las formas y procedimientos típicos de cualquier operación bursátil, el objetivo final sería lograr un resultado meramente cambiario y ajeno al riesgo inherente que posee cualquier operación bursátil, ya que las operaciones quedarían neutralizadas por operaciones inversas de venta.
Con respecto al planteo de nulidad interpuesto por la actora sostiene que de la simple lectura de los antecedentes administrativos, del informe de inspección y de la resolución en crisis, surgen los hechos y las normas aplicables que sustentan el dictado del acto recurrido ante ese Tribunal, por lo que no puede prosperar el planteamiento de nulidad.
Señala que no se ha visto menguado el derecho de defensa de la actora y la discrepancia con el criterio fiscal no es una cuestión que afecta la validez del acto, sino que integra el fondo mismo de la cuestión que el tribunal, está llamado a decidir.
En lo relativo al planteo de prescripción opuesto por la actora manifiesta que resulta aplicable la suspensión por un año del curso de la prescripción previsto por el articulo 17 de la Ley 26.860 y artículo 44 de la Ley 26476. Por lo tanto cabe señalar que no le asiste razón a la recurrente con dicho planteo.
Señala que por la conjunción de las suspensiones dispuestas por las leyes antes citadas, no se encontraban prescriptas las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio el gravamen y período en discusión en autos. En cuanto a que fue notificada la resolución determinativa de oficio por el Impuesto al Valor Agregado en fecha 2 de julio de 2015, ese fue el día 120. Señala que ha contado mal los plazos la apelante, y que para la cuenta corresponde tener presente lo dispuesto por el Decreto Administrativo 1165/2014, y además que se declaró inhábil el 2 de enero de 2015, con lo cual el día 120 fue el 2/7/2015, quedando claro que no le asiste razón a la contribuyente.
En cuanto al agravio referido a la interposición de la excepción de nulidad absoluta e insanable de las resoluciones administrativas por no haberse abierto a prueba en la etapa de determinación de oficio, menciona que es facultad de la Sra. Juez administrativo interviniente decidir sobre la pertinencia de las pruebas y si ellas son conducentes a resolver el litigio.
Respecto al primer agravio, referido a que la Comunicación “A” 4864 del BCRA (03/11/08) no estaba vigente al momento en que se efectuaron las operaciones cuestionadas, menciona que ello no tiene efecto sobre la cuestión en litigio, ya que la función de la Comunicación es reglamentar la operatoria cambiaria y establecer procedimientos propios de la actividad. La normativa aplicable y que establecen la gravabilidad de las operaciones realizadas por el Sr. Virgilio Mayol surgen de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias y las mismas se encontraban vigentes al momento de los hechos cuestionados.
Confunde la parte actora los dichos de la Sra. Juez administrativo interviniente, dice el contribuyente que el Fisco Nacional reconoce que se trataría de una operación de títulos valores típica, cuando en realidad lo que se dice es que en ese entendimiento, no se objeta la forma jurídica consistente en la compra-venta de títulos, como una operación bursátil, sino que la misma fue el medio por el cual se habría concretado la aludida formación de activos externos, resultando ésta la finalidad última de aquella, y como tal, se impone una realidad económica distinta de la bursátil, lo cual dista de la interpretación que le da el recurrente.
Señala que tal como consta en el informe final de inspección y en las resoluciones de Vista y determinativas de oficio, conforme la auditoría practicada, se verificó que el contribuyente obtuvo en el año 2008, un resultado neto por operaciones "contado contra liquidación" mediante la utilización de títulos públicos y acciones ADR que ascendió a la suma, deducidos los gastos vinculados a dichas operaciones, de $ 932.406,08, importe que difiere del resultado determinado por el contribuyente de $ 952.670,46..
Señala que el BCRA dictó con fecha 21 de marzo 2006 el Comunicado N° 48496 referido a Operaciones Cambiarias - Seguimiento y Control. En el mismo, dicho Organismo señaló que había detectado la realización por parte de intermediarios financieros, de operaciones de cambio que presuntamente constituirían infracciones al Régimen Penal Cambiario.
Afirma que las operaciones cuestionadas consistían en la instrumentación de la compra venta simultánea (o viceversa) de activos financieros, en lo que constituye una unidad inescindible tendiente a implementar la transferencia de fondos desde y hacia el exterior. Asimismo, remarcó que en la realización de estas operaciones puede intervenir más de un intermediario, sin por ello perder el mismo propósito, dejando aclarado que el único canal posible para la transferencia de divisas al exterior es a través del mercado local de cambios. Alega que mediante el dictado del Comunicado N° 48498, remarca que las operaciones a que se hace referencia en el Comunicado anterior son exclusivamente las operaciones de compra y venta simultánea de títulos Valores que tienden a instrumentar operaciones cambiarias. Este tipo de operaciones como señala el BCRA no tendría una finalidad bursátil auténtica, pues mediante una compra venta de títulos aparente, ya que la intención perseguida es otra, existe un sujeto que estaría girando divisas al exterior sin canalizar la transferencia a través del mercado único y libre de cambios.
Destaca que el contribuyente adquirió dólares estadounidenses en el mercado local y los giró a cuentas del exterior con el fin de realizar los pagos de los títulos valores adquiridos (liquidación contra cable), en la que el vendedor de tales títulos recibe los dólares estadounidenses directamente en una cuenta del exterior sin que sean comprados por él en el mercado único y libre de cambios, mientras que la venta de los mismos fue efectuada por liquidación en pesos en el país, y ambas operaciones se concretaron con escasa diferencia temporal. Manifiesta que se generó una renta a partir de las diferencias de cotización de los títulos entre ambas monedas, en tanto el tipo de cambio obtenido a partir de dividir el importe de la venta con liquidación en pesos por la cantidad de dólares puestos en el exterior entregados por la compra contra cable, en la totalidad de las operaciones resulta superior al tipo de cambio vigente en el mercado de cambio local.
Afirma que este tipo de operatoria contribuyó a posibilitar la salida de divisas del país a los clientes de las sociedades de bolsa o a ellas mismas, simplemente efectuando una compra y simultánea venta de títulos públicos con pesos en el mercado local, con liquidación de la venta en el exterior, siendo la divisa que recibe el cliente de la sociedad de bolsa y/o esta misma la que fue girada por los clientes del Banco de Valores S.A., el ITAU Buenos Aires y Banco de Galicia S.A como inversión de portfolio en el exterior.
Alega que no hay ninguna inversión de porfolio en el exterior, sino que lo que ha ocurrido fue la facilitación a las sociedades de bolsa y/o sus clientes, de la salida de divisa del país a través de compra-venta de títulos públicos sin pasar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y en dicha operatoria el banco prestó su estructura. Menciona que la fiscalización actuante comprobó que las operaciones realizadas en los meses de 03/2008 a 11/2008 existió una diferencia de un día entre la compra y venta del título, y en la mayoría de los casos la liquidación de ambas transacciones se realizó en el mismo día. Es decir, no existió riesgo ya que la tenencia de los títulos valores era por muy escaso tiempo.
Sostiene que las operaciones bursátiles efectivamente gozan de exención en tanto sean efectivamente operaciones bursátiles. Sin embargo, en el caso de marras, con fundamento en el principio de realidad económica, se ha levantado el manto que cubría las supuestas operaciones bursátiles y se ha determinado la finalidad cierta de las mismas. Conforme la normativa y principios que rigen en materia tributaria, debe darse preeminencia a la realidad económica puesta de manifiesto por sobre la mera formalidad jurídica de los actos bajo examen. En cuanto al argumento del Sr. Mayol, que los conceptos reclamados en el impuesto al Valor Agregado deberían ser encuadrados como una “exportación de servicios" y por lo tanto contemplado en el artículo 1° inc. b) de la ley del gravemen, corresponde mencionar que dicho planteo es erróneo, el servicio se presta en el país, toda la operatoria antes descripta lo demuestra, según la información recibida del Banco Central de la República Argentina, se trató de la compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación que, sobre la base de la realidad económica no configurarían una inversión de "portfolio en el exterior", sino el mero envío de divisas al exterior, considerándose al contribuyente como "facilitador" de dicha operatoria y en razón de ello, la retribución por la prestación de servicio indicada se encontraría alcanzada por el artículo 30 inciso e) punto 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o en 1997 y sus modificaciones) y por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Señala que otro de los agravios del contribuyente consistió en solicitar que se lo dispense de la aplicación de los intereses resarcitorios devengados en mérito del art. 37 de la Ley N° 11.683 (T.O. Cit.). Señala que, en tanto la suerte de los intereses resarcitorios queda supeditada a la del principal, es dable remitir para su rechazo a las consideraciones formuladas precedentemente en pos de confirmar el ajuste practicado.
En defensa de la legitimidad de las multas aplicadas ratifica en primer lugar que ha quedado acreditado -como se tuvo en cuenta desde le inicio- que el contribuyente perjudicó al Fisco mediante la omisión del pago oportuno del impuesto, en razón de haber presentado las declaraciones juradas originales de los períodos concernidos consignando datos inexactos o que no reflejan su situación impositiva real, por los montos señalados. Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. A fs. 142 se abre la causa a prueba. A fs. 142 se ordena la producción de la prueba informativa. A fs. 143/164 vta se produce la prueba informativa. A fs. 191 se elevaron los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 197 pasan para alegar. A fs. 203/205, 208/212 obran alegatos de la actora y el Fisco Nacional. A fs. 213 pasan los mismos a sentencia.
IV. Que en principio corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción planteada por la actora y analizar si la acción del fisco para determinar y aplicar multas respecto del Impuesto al Valor Agregado por los períodos 3/2008 a 11/2008 se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que, la ley 11.683, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Corresponde señalar que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2009 y tal como lo señala la actora habría operado el 1/1/2015 en función de la suspensión que por el término de un año contempla la ley 26860 (B.O. 3/6/2013).
Que, teniendo en cuenta lo indicado supra, corresponde analizar si se presenta en el caso algún otro supuesto de suspensión del término de la prescripción.
Que, cabe recordar que el artículo agregado a continuación del art. 65 establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Con lo cual, teniendo en consideración que la vista conferida se notificó el 22 de diciembre de 2014 los poderes y acciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los tributos de marras no prescribirían sino después de los 120 días previstos en la citada norma más los 9 días restantes del plazo original, plazo el cual no fue superado al dictarse la resolución apelada el 30 de junio de 2015. Al respecto cabe señalar que no puede confundirse la existencia misma del acto con su notificación, debiendo tenerse presente que “La notificación constituye una condición jurídica que hace a la eficacia del acto, y no forma parte de él” (en tal sentido Hutchinson, “Ley Nac. de Procedimientos Administrativos Comentada”, Tº I, págs. 228/9)” (citado por la Sala II de la C.N.C.A.F., in re PREASCO, Jorge Angel c/ F.N. (D.G.I.) s/ NULIDAD DE RESOLUCIÓN, fecha 5/03/92 y en “Von der Becke” del 16/9/93). En ese sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener que "la falta de notificación dentro del término de vigencia de la ley no hace a la validez del acto sino a su eficacia, de modo que habiéndose expedido en término el órgano adecuado acerca de la prescindibilidad del agente, la circunstancia de que éste fuera notificado cuando ya había expirado el plazo de vigencia de la ley 20.713, no anula el acto, que sólo será eficaz a partir de la notificación (confr. Fallos: 298:172)” (en igual sentido, “Banco Latinoamericano S.A. c/ B.C.R.A. -Resol. 228/92, Causa: 28330/93, del 11/09/97, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA IV).
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir los impuestos y aplicar sanciones por los períodos fiscales citados precedentemente, no se encuentran prescriptos.
Por ello procede no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora. Con costas.
V. Que ahora, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones administrativas por no haberse abierto a prueba en la etapa de determinación de oficio, por vicios en su motivación y finalidad. Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Como consecuencia de la información brindada por el Banco Central de la República Argentina en el marco del Régimen normado por las Comunicaciones BCRA “A” 3840 y “A” 3869, se inició la fiscalización de una serie de personas físicas a efectos de verificar la relación de las operaciones informadas por dicha entidad respecto del giro de los negocios de los sujetos seleccionados, tanto en sus conceptos como importes, así como el origen y aplicación dichos fondos y el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales que resultaren aplicables. En función de ello, con fecha 3/11/2008 se notificó la apertura de la orden de intervención preventiva N° 359.348, por medio de la cual el área fiscalizadora se abocó a obtener información respecto de las partes vinculadas y naturaleza de las operaciones celebradas; la que fue descargada con fecha 14/12/2009, sirviendo de antecedente para la Orden de Intervención N° 448.393 y 1.096.530, siendo esta última bajo la cual tramitan las actuaciones y que fuera notificada el 7/10/2014.
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal, circunstancia que se encuentra cumplida en el acto recurrido en su hoja 20, 21 (ver fs. 22 y 49 de autos). Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional.
Que, la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones fueron iniciadas por fiscalizadores de la División Comprobaciones Externas, a efectos de verificar las operaciones de compra y venta de Bonos del Estado Argentino por el periodo, más específicamente respecto de las denominadas operaciones de contado con liquidación, conocidas en el ambiente bursátil como "contado con Liqui” que efectuó durante el año 2008, en su mayoría con Bonos oficiales.
Conforme con la auditoría practicada en sede administrativas, se verificó que la contribuyente obtuvo en el año 2008, un resultado neto por operaciones "contado contra liquidación" que asciende a la suma, deducidos los gastos vinculados a dichas operaciones, de $ 932.406,08, con una pequeña diferencia por lo considerado por el rubrado como exento en el Impuesto a las Ganancias en concepto de “Resultado neto compra venta Títulos Valores”.
El importe bruto, considerado la diferencia, directa entre los boletos de compra y de venta de los valores negociados, asciende a $ 952.670,46. Luego, el organismo fiscal procedió a efectuar la interpretación de los hechos bajo las pautas que surgen de los artículos 1 y 2 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.) que dan preeminencia a la realidad económica por sobre las estructuras y figuras jurídicas adoptadas.
Para ello tuvo en cuenta que el BCRA dictó con fecha 2110312006 el Comunicado N° 48496 referido a Operaciones Cambiarlas - Seguimiento y control. En el mismo, dicho organismo señaló que había detectado la realización por parte de intermediarios financieros, de operaciones de cambio que presuntamente constituirían infracciones al Régimen Penal Cambiario.
Las operaciones cuestionadas consistían en la instrumentación de la compra venta simultánea (o viceversa) de activos financieros, en lo que constituye una unidad inescindible tendiente a implementar la transferencia de fondos desde y hacia el exterior.
Asimismo, remarcó que en la realización de estas operaciones puede intervenir más de un intermediario, sin por ello perder el mismo propósito, dejando aclarado que el único canal posible para la transferencia de divisas al exterior es a través del mercado local de cambios.
Mediante el dictado del Comunicado N° 48498, remarca que las operaciones a que se hace referencia en el Comunicado anterior son exclusivamente las operaciones de compra y venta simultánea de títulos valores que tienden a instrumentar operaciones cambiarias.
Este tipo de operaciones señala el BCRA no tendría una finalidad bursátil auténtica, pues mediante una compra venta de títulos aparente, ya que la intención perseguida es otra, existe un sujeto que estaría girando divisas al exterior sin canalizar la transferencia a través del mercado único y libre de cambios.
Analizada la operación desde el punto de vista del sujeto que persigue el giro de divisas al exterior, la compra venta de títulos no posee sentido económico, puesto que ordenando operaciones en forma simultánea el sujeto consiente una pérdida que invalida su participación en el mercado de títulos valores.
A los fines de comprender la operatoria resulta oportuno señalar que en el ámbito del Mercado de Valores de Buenos Aires y del MAE (Mercado Abierto Electrónico) es posible concertar operaciones cuyos precios o cotizaciones se expresan tanto en pesos como en dólares estadounidenses.
Para ello previamente, los responsables debieron pagar pesos a la entidad cambiaria para comprar dólar divisa que luego es transferido a una cuenta corriente en el exterior para cancelar la compra de títulos y/o acciones en dólares. Esos pesos pudieron provenir de fondos disponibles, propios o en calidad de préstamo o adelantos, o bien de la liquidación de la venta de esos títulos y/o acciones en pesos.
En cuanto a la operatoria general el criterio fiscal sostiene que en esta modalidad de operaciones y en particular la efectuada por el contribuyente -las cuales se condicen-, es fácil advertir que en las mismas se carece de finalidad bursátil, dado que en virtud de las características detalladas respecto del circuito operativo se puede advertir que se trata de una operatoria con fines netamente cambiarios; encontrándose las partes posiblemente movilizadas para sortear los controles vigentes en el mercado único y libre de cambios.
Sostiene el organismo fiscal que este tipo de operatoria contribuyó a posibilitar la salida de divisas del país a los clientes de las sociedades de bolsa o a ellas mismas, simplemente efectuando una compra y simultánea venta de títulos públicos con pesos en el mercado local, con liquidación de la venta en el exterior, siendo la divisa que recibe el cliente de la sociedad de bolsa y/o esta misma la que fue girada por los clientes del Banco de Valores S.A., el ITAU Buenos Aires y Banco de Galicia S.A como inversión de portfolio en el exterior.
Consecuentemente, no hay ninguna inversión de porfolio en el exterior, sino que lo que ha ocurrido fue la facilitación a las sociedades de bolsa y/o sus clientes, de la salida de divisa del país a través de compra-venta de títulos públicos sin pasar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y en dicha operatoria el banco prestó su estructura. En este orden de ideas Virgilio Mayol habría realizado un inadecuado uso de las modalidades operativas habilitadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires, concertando y registrando operaciones sin finalidad bursátil, que posteriormente fueron cursada al mercado y reflejadas en el volumen negociado. De esta manera, el organismo fiscal entendió que correspondía analizar las implicancias de estas operaciones desde el punto de vista del sujeto que actúa como contraparte, quien gira las divisas al exterior, recibiendo pesos en el país con una ganancia producida por las operaciones ordenadas.
La intermediación consiste, según la postura fiscal, en acercar a dos o más personas físicas y/o jurídicas indistintamente a la oferta y la demanda de bienes y servicios para la celebración entre ellas, de uno o más actos jurídicos determinados. Como el intermediador acerca a las partes para la celebración de una operación principal, no asume -en principio- el riesgo o responsabilidad de aquella.
Los beneficios que obtengan de su intermediación, consistente por lo general en una comisión o porcentaje sobre el monto de la operación realizada o en una retribución sujeta a tarifa o arancel, les pertenecen a titulo de lucro ganado mediante su trabajo profesional. Los resultados de esta actividad se encuentran alcanzados en virtud de lo dispuesto por el Art. 49 inc. e) de la Ley del Impuesto a las Ganancias, correspondiendo tributar por la diferencia de precio obtenida entre la compra y la venta.
Al respecto, recordando que las operaciones bajo análisis fueron realizadas en el mercado local, a través de una compra de títulos públicos en pesos, simultáneamente con una venta de dichos títulos contra dólar transferencia/cable; podría interpretarse de esta forma que la negociación de títulos públicos es un simple "medio" para el logro del fin último, el cual es que un sujeto pueda quedar posicionado con dólares fuera del país. Para ello, resulta necesaria la intervención de otros sujetos que compran dólares en el Mercado Único Libre de Cambio y que luego transfieren a una cuenta del exterior, sometiéndose a los controles y requisitos cambiarios vigentes. Luego, contra estos dólares en las cuentas bancarias extranjeras, se adquieren bonos y/o títulos públicos que luego se venden contra pesos. Se genera de esta manera una ganancia para el titular de la operación, que sería el costo que asumen los sujetos que desean quedar posicionados en dólares en el exterior.
La limitación de los u$s 2 millones por mes para la adquisición de moneda extranjera para formación de activos externos sería el justificativo por el cual las personas físicas estarían interviniendo en estas operaciones. La operatoria cuestionada por el Ente Fiscal, resultaría alcanzada en el impuesto a las ganancias en tanto y en cuanto, se constate que dado la simultaneidad de las operaciones de compra venta de títulos públicos, se verifica la inexistencia de riesgo que lleva implícita una típica operación bursátil como consecuencia de la diferencia de precios entre la compra y venta de tales instrumentos.
En tal sentido, a través de este mecanismo el fiscalizado posee certeza de que el resultado de la operación le producirá una ganancia segura mientras que la contraparte -sujeto oculto que se posiciona con la moneda extranjera en el exterior- sufrirá una pérdida equivalente.
En consecuencia, y aplicando el principio de la realidad económica, estas operaciones resultan excluidas de la exención en el impuesto a las ganancias que recae sobre las personas físicas, correspondiendo además su gravabilidad en el Impuesto al Valor agregado por tratarse de una operación de intermediación.
Por lo tanto, y de acuerdo con el criterio del Organismo, y teniendo en cuenta las características de las operaciones mencionadas -denominadas de "contado con liqui"-, corresponde la gravabilidad del resultado neto proveniente de estas operaciones por aplicación del principio de realidad económica (art. 2 de la Ley 11.683 y modif.) atento tratarse de operaciones de intermediación que permite a terceros la extracción de divisas del país sin quedar registrados en el Mercado Único y Libre de Cambios, correspondiendo alcanzarlas en virtud del artículo 49 inc. e) de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Asimismo el resultado bruto resulta gravado en el Impuesto al Valor Agregado, con sustento en el art. 3 inc. e) apartado 21 último párrafo de la Ley de IVA.
VII. Corresponde señalar que el Fisco Nacional finca el ajuste en que el Sr. Mayol realizó operaciones, según la información recibida del Banco Central de la República Argentina, de compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación que, sobre la base de la realidad económica no configurarían una inversión de "portfolio en el exterior”, sino el mero envío de divisas al exterior, considerándose al contribuyente como "facilitador" de dicha operatoria y en razón de ello, la retribución por la prestación de servicio indicada se encontraría alcanzada por el artículo 30 inciso e) punto 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o en 1997 y sus modificaciones) y por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Al respecto cabe puntualizar que el suscripto se ha expedido en los autos “Bacqué Chantal (TF 34.863-I) c/ DGI", sentencia de fecha 24-10-2016, en una cuestión análoga a la presente, a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad. Tal como en dicho precedente, en el presente caso se observa que durante el transcurso del período 2008, la parte actora efectuó operaciones de compraventa de títulos, obteniendo un beneficio como producto de las mismas. Tal operatoria, consistió en la adquisición de títulos públicos en el mercado local con cotización en dólares estadounidenses y liquidación contra cable en el exterior y la respectiva venta también en dicho mercado con liquidación en pesos.
Como resultado de ello respecto del actor, se generó una renta a partir de las diferencias de cotización de los títulos entre ambas monedas (pesos y dólares), en tanto el tipo de cambio obtenido a partir de dividir el importe de la venta con liquidación en pesos por la cantidad de dólares puestos en el exterior, entregados por la compra contra cable, resulta superior al tipo de cambio vigente en el mercado local.
En virtud de la verificación realizada, se detectó que la recurrente informó como ganancias exentas, con sustento en el inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, entendiendo que tampoco correspondía aplicar el Impuesto al Valor Agregado con base en el apartado 1) del primer párrafo del artículo 36 bis de la norma del tributo. Por su parte el Fisco Nacional consideró que la realidad económica indica que se trataría de girar montos de moneda extranjera al exterior, siendo la recurrente un mero facilitador de dicha operatoria, obteniendo con ello una renta no compatible con la aplicación de la exención estipulada y que la retribución por la prestación de servicios indicada en el párrafo precedente se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el artículo 3° inc. e) apartado 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
La Administración Fiscal finca los ajustes practicados en el principio de realidad económica establecido en el art. 2 de la ley 11.683. Al respecto cabe señalar que la Corte Suprema ha sostenido que en la determinación del hecho imponible se debe atender a la sustancia y no a las formas jurídicas de los actos involucrados, o sea que los artificios usados por los contribuyentes no deben prevalecer sobre la realidad que encubren (Fallos: 271:359, entre otros); que la interpretación judicial debe establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
Corresponde señalar que el origen de la inspección fue una información brindada por el Banco Central de la República Argentina que advertía sobre la existencia de operaciones cambiarias realizadas por personas físicas vinculadas a sociedades de bolsa. En el caso de autos, el actor es accionista y director de Lasa Sociedad de Bolsa S.A., siendo ésta empresa con la cual efectuó las operaciones en análisis, como comitente de la misma. Durante el transcurso de la fiscalización se verificó que en la mayoría de los meses involucrados en la fiscalización se realizaron operaciones por sumas que rondaron el límite de U$S 2.000.000 impuesto por el Banco Central de la República Argentina para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios sin su previa conformidad y que la operatoria no ha requerido de fondos para su liquidación.
Si bien las operaciones cumplían con todas las formalidades para encuadrarlas en la estructura prevista para la compra-venta de títulos públicos argentinos, cabe destacar que la mismas no dan lugar a que los movimientos normales del mercado influyan en el valor del título, minimizando el nivel de riesgo que toda operación bursátil lleva implícito. En definitiva, la rentabilidad de la operación no estaba dada por la tenencia de los títulos, sino por la diferencia de cotización entre ambas monedas.
Atento lo expuesto precedentemente no se vislumbran motivos en el caso concreto que lleven a prescindir de la aplicación del principio de la realidad económica, debiendo señalarse que no ha sido desvirtuado por la recurrente que la estructura jurídica adoptada como una operación bursátil ha constituido en realidad un instrumento por el cual se buscó la formación de activos externos, resultando los responsables meros facilitadores a tal efecto. Por lo que la retribución definida por la diferencia de cotización de los títulos entre ambas monedas se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Ganancias y por el apartado 21 del inciso e) del art. 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. De igual modo se expidió la Sala II de la CNCAF en autos “Bacqué, Paul c/EN” con fecha 08/10/2015.
Con respecto a los agravios de la actora por cuanto sostiene que aun en la hipótesis de que los ingresos cuestionados se considerasen una renta gravada en el Impuesto a las Ganancias en modo alguno el Fisco Nacional puede modificar el monto consumido consignado en la declaración jurada original, corresponde señalar que conforme se desprende de las actuaciones administrativas al computar en dicho impuesto como ingresos de tercera categoría la suma emergente entre la diferencia determinada entre el valor de compra y venta de los títulos valores negociados por la recurrente -a la cual se le detrajeron comisiones, aranceles, derechos de mercado y bolsa y otros gastos bancarios- y el monto declarado como exento en la declaración jurada original, surge una diferencia que corresponde exteriorizar modificando el monto consumido -Columna I- de la DDJJ Pro forma (fs. 134 Cuerpo Ganancias a.a.), disminuyendo el mismo en $490,80 (vide fs. 133 de dicho cuerpo de antecedentes). Que en función de lo expuesto corresponde confirmar las resoluciones apeladas en autos. Con Costas.
VIII. Que con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sancion aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
IX. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la determinación apelada.
X. Que atento lo expuesto voto por:
1. Rechazar la prescripción planteada por la actora respecto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 3/2008 a 11/2008. Con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Adhiero al relato de los hechos formulado por el Dr. Pérez como vocal preopinante (Considerandos I a III) y a lo resuelto en los Considerandos IV (prescripción) y V (nulidad), no así a la conclusión que arriba respecto del tratamiento tributario que corresponde otorgar a las operaciones en crisis.
II. El Fisco Nacional acude al principio de realidad económica previsto en el art. 2° de la ley 11683, para recaracterizar la operatoria de compraventa de títulos públicos y propiciar los ajustes que se discuten en el impuesto a las ganancias y en el IVA, considerando al recurrente un “facilitador” que interviene en estas operaciones para que otros sujetos puedan quedar posicionados en moneda extranjera en el exterior, por lo que entiende el Fisco Nacional que estas operaciones poseen una finalidad distinta a la bursátil.
III. Las partes en litigio, aunque difieren en las implicancias tributarias de estas transacciones con títulos públicos, no lo hacen en relación a los hechos acaecidos y al cumplimiento con la normativa vigente.
Nada de lo que aconteció en estas operaciones -incluso lo que observa el Fisco Nacional en cuanto la simultaneidad de las operaciones y su neutralidad por la compensación de idénticas cantidades compradas y vendidas, la relación de los inversores -familiares- con las sociedades intermediarias -directores-, la recurrencia de las operaciones, el giro casi inmediato de las divisas en la operaciones contra cable, etc.- fue impugnado o denunciado expresamente por las autoridades del Banco Central ni la Comisión Nacional de Valores, en sus respectivas competencias, conforme surge de las actuaciones. En ningún momento estas autoridades cuestionaron que la compra de moneda extranjera por parte del recurrente para la adquisición de los títulos públicos se realizó bajo el código de operación de cambio del Banco Central relativo a la formación de inversión de portafolio en el exterior.
El hecho que las operaciones conocidas como “contado con liqui” existan y se puedan concretar con algunos títulos valores, como los títulos públicos que tienen cotización en moneda nacional y en moneda extranjera, no es un hecho desconocido. Al respecto, se encuentra firme el criterio de la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la causa "BBVA Banco Francés; D.T.L.; E.J.A.; C.C.A. y otros s/ infracción ley 23.144" (fallo del 11/3/2015) que concluye que estas operaciones son legítimas, no implican operaciones de cambio y no constituyen un delito penal cambiario. Si bien el examen en esa causa giró en torno a la pretendida calificación de aquellas como operaciones de cambio –para negarles tal carácter- en el contexto del derecho penal, se realizaron apreciaciones que resultan útiles en los presentes actuados, respecto de operaciones de idéntica estructura a las aquí debatidas.
La Cámara dijo respecto de las operaciones de venta y compra de títulos públicos que "no se advierte la existencia de operaciones de canje de divisas por moneda nacional, o viceversa, sino, el intercambio de divisas o de pesos, según el caso, por títulos valores..." . Y concluyó que "...en este sentido, corresponde tener en cuenta que queda excluido del concepto de operación de cambio el intercambio de "...moneda (nacional o extranjera)...por bienes en sentido económico o jurídico.., ya que conformarían diversos contratos típicos (generalmente de compraventa) regidos por el derecho común;... tampoco lo integran los 'títulos de crédito', 'valores', 'negociables' o 'circulatorios', por no ser dinero ni medios de pago comprendidos en esa categoría....por lo tanto, al no verificarse en la operatoria cuestionada la existencia de un canje de divisas por moneda nacional, corresponde establecer que las operaciones analizadas no constituyen transacciones de cambio en su acepción técnica, sino operaciones diferentes, de adquisición y de venta de títulos públicos...".
La finalidad extra bursátil que el Fisco Nacional destaca en estas operaciones, en razón de considerar que en estas operaciones no existe un riesgo bursátil, cabe desecharla dado que dicho riesgo existe como consecuencia de los posibles cambios de cotización de los títulos que puedan producirse, por más mínimo que sea el plazo de tenencia de aquellos, aunque claramente en la medida que las operaciones sean más cercanas temporalmente, aquél se acota pero no desaparece. No hay duda que éstas son operaciones bursátiles, cursadas en mercados y con intermediarios autorizados y controlados.
En cuanto a la calificación de “facilitador” de envío de divisas al exterior que el Fisco Nacional asigna al recurrente, lo cierto es que éste como un inversor y a través de un agente autorizado en un mercado regulado, se vale de un negocio con títulos públicos que el mercado y sus reglas -y principalmente las limitaciones- han habilitado.
Considerando que estas operaciones se realizan en un mercado de concurrencia de órdenes de inversores - comitentes- comprando y vendiendo títulos valores, a través de agentes autorizados que intermedian, donde el mercado garantiza la liquidación de las operaciones frente a posibles incumplimientos de los inversores, practica las liquidaciones respectivas y establece la posición de cada inversor en términos de especies y moneda y donde las contrapartes no realizan operaciones entre si -por ende no se conocen-, sino que las órdenes se cursan a través de tales agentes intermediarios autorizados, todo ello hace que la calificación de “facilitador” que se le achaca al recurrente carezca de sustento.
Asimismo, no hay dudas que el resultado positivo que se produce en este caso, surge de la diferencia entre el precio de compra y venta de los títulos públicos -aunque en diferentes monedas- y no de una operación cambiaria –moneda nacional contra moneda extranjera o viceversa-.
En función de lo expuesto, debo anticipar que la pretensión del Fisco Nacional no puede prosperar.
IV. En cuanto al principio de realidad económica previsto en el art. 2º de la ley 11.683 que utiliza el Fisco Nacional, como es sabido, prescribe que: "para determinar la verdadera naturaleza del hecho Imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes ...”; y exige considerar la intención real si con motivo de tales " ... actos, situaciones y relaciones económicas ellos acudiesen a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica"; en cuyo caso confiere una autorización para prescindir de "las formas y estructuras jurídicas inadecuadas"; y encuadrar la situación económica real "en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos".
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "es principio aceptado por la Corte, también desde antiguo (Fallos: 21:498) que no importa la calificación que se utilice para denominar la realidad de las cosas, si se advierte que las instituciones jurídicas no dependen del 'nomen juris', que se le dé o asigne por los otorgantes del acto o el legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídico- económico y, entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad, deberá desestimarse y privilegiarse la segunda, o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos" (Fallos: 289:67).
En el presente caso, el negocio realizado con estos títulos públicos por parte del recurrente no se oculta en formas o en una instrumentación “manifiestamente inadecuada para configurar adecuadamente la cabal intención económica”. De hecho, aun siguiendo la tesitura fiscal de considerar al recurrente un “facilitador” de fuga de divisas, no se vislumbran otras formas jurídicas o de instrumentación posibles que serían aplicables, porque considerando como dice el Fisco Nacional su finalidad cambiaria, violentarían las normas vigentes –no podían, ni debían ser cursadas a través del Mercado oficial (MULC) de cambio-.
Por lo expuesto, entiendo que el principio de realidad económica no aplica en esta litis. En efecto, en este caso, la prevalencia de ella no procede al haber total concordancia entre la forma jurídica (compraventa de títulos públicos) y la realidad económica subyacente, ya que ésta ha acaecido, según se ha expuesto previamente, conforme las posibilidades que habilitaban las prácticas de los mercados implicados tanto financiero/cambiario y bursátil, dentro de la regulación aplicable y conforme el marco legal vigente (en el mismo sentido que el fallo por mayoría de la Sala A “Bacqué, Chantal s/apelación - ganancias e IVA” del 24/10/2016).
No se observa en estas operaciones una falta de autenticidad -en el sentido de ser artificiosas o carentes de contenido real- que me lleven a rebatir el alcance económico del negocio jurídico. Son operaciones bursátiles de compraventas de títulos públicos auténticas, legítimas y con contenido real. No se vislumbra un uso abusivo de las formas o instrumentación del negocio real con fines tributarios.
Qué, en función de lo expuesto, seguidamente se expone el tratamiento tributario aplicable a la compraventa de títulos públicos por parte del recurrente.
V. En relación al impuesto a las ganancias, en el art. 20, inc. -w- de la ley del impuesto (texto vigente al momento de los periodos fiscales bajo discusión), se contempla la exención aplicable a los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas, en tanto no resulten comprendidas en las previsiones del inciso c), del artículo 49 (actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría) cuando los referidos sujetos sean residentes en el país. Por su parte, el art. 42 de su decreto reglamentario de la ley del gravamen considera comprendidos en la norma exentiva "...los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores obtenidos por personas físicas o sucesiones indivisas que realicen dichas operaciones en forma habitual, siempre que esas operaciones no resulten atribuibles a empresas o explotaciones unipersonales dedicadas a otros actividades y que, en virtud de estas últimas, resulten comprendidas en los inc. b) y c) y en el último párrafo del art. 49 de la ley."
Cabe destacar que esta norma exentiva es objetiva, directamente relacionada con la naturaleza objetiva del acto productor de la renta.
Que en virtud de lo expuesto, considero que los resultados provenientes de las operaciones en crisis se encuentran exentos del gravamen, por lo que corresponde revocar, en todas sus partes, la Resolución N° 142/2015 (DV DEOB). Con costas.
VI. En lo relativo al impuesto al valor agregado, corresponde revisar si las operaciones efectuadas por el recurrente encuadra en la hipótesis de incidencia del art. 3, inc. e, ap. 21, de la ley de impuesto -en tanto, como afirma el Fisco Nacional, mediante una prestación de servicios-, o si ellas se encuentran amparadas por la norma exentiva del art. 36 bis, párrafo 1º, apartado 1 , de la ley 23.576 y su modificatoria 23.962.
Que el citado artículo 36 bis considera exentas del impuesto al valor agregado, "las operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelaciones de las obligaciones negociables y sus garantías... Igual tratamiento impositivo se aplicará a los títulos públicos....".
En función de dicha norma, y tomando en cuenta la calificación de las operaciones como de compraventa de títulos públicos, el criterio fiscal no puede prosperar, por lo que considero que la Resolución N° 143/2015 (DV DEOB) debe ser revocada. Con costas.
El Dr. Magallon dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
En virtud de la votación que antecede, por mayoria SE RESUELVE:
1. Rechazar la prescripción planteada por la actora respecto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 3/2008 a 11/2008. Con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.05.10 16:38:42 ART Date: 2022.05.10 21:20:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.11 10:41:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.11 10:41:46 -03:00
Fin de la sentencia