Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo dictado precedentemente, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Admitir el agravio de la parte actora, modificando la tasa de interés dispuesta en el punto 2° de la sentencia de grado, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena.-
2Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC).-3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado.-4°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara– Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 070 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3241 Folio Nº: 128/131 Secretaria: 1
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9325/26 Sentencia: Definitiva Actor: Mayorga Juan Carlos Demandada: Experta ART S.A.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 24-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 24 de septiembre de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “MAYORGA JUAN CARLOS C/ EXPERTA ART S.A. S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº 2494 del año 2.020 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de la Familia de la localidad de Las Heras, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 9325/26. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda I. Bard, Horacio Fernández y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. A fs. 15/23 se presenta Juan Carlos Mayorga con el patrocinio letrado de los Dres. Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila y deduce demanda laboral contra EXPERTA ART S.A. persiguiendo el cobro de $2.920.264,08, con más intereses o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse. Dicho importe lo reclama en concepto de incapacidad laboral parcial y permanente, como consecuencia directa de las tareas desarrolladas para su empleadora San Antonio Internacional S.A.. El monto reclamado es en base a las prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto en la Ley N° 24557, Ley N° 26.773, y sus modificatorias. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22, de la LRT, Decreto 717/96, Decreto 1278/00. En otro orden plantea la inconstitucionalidad del listado de enfermedades profesionales, solicita se declare la inconstitucionalidad de los Decretos 658/96 y 659/96, y asimismo del Decreto 669/19. Acompaña documentación, ofrece prueba, funda en derecho y hace su petición final.-
Dice que ingresó a trabajar en el año 2008, desempeñando tareas pesadas como operador de equipo de perforación y pulling. Realiza una descripción de dichas tareas y los elementos que se manipulan al efectuarlas. Expone -al momento de interponer la demanda- que se desempeña como maquinista. Conforme certificado médico de fecha 07/05/2019 que acompaña, fue diagnosticado con dolor y limitación en la movilidad de la columna lumbar, lumbalgia moderada bilateral, espondilo artrosis de columna lumbar como consecuencia de la exposición a vibraciones de cuerpo entero presentando una pérdida de la capacidad laboral del 15,24%.-
II. Corrido el traslado de la acción, a PE374262-2022 la Dra. Mariana Clément en carácter de apoderada de EXPERTA ART S.A. contesta demanda. Niega los hechos expuestos por el actor, desconoce el contenido y la autenticidad del informe médico acompañado. Manifiesta que en enero de 2.012 el actor reportó un episodio agudo de lumbalgia que tuvo lugar sobre una columna con patología degenerativa, lo cual se atendió y una vez revertido se otorgó alta médica. Continúa diciendo que en el 2.019 Juan Carlos Myorga reiteró la dolencia por lo que se le indicó la realización de una resonancia magnética, pero el mismo no compareció a los turnos otorgados, por lo que al no haberse podido constatar la afección se notificó el rechazo del siniestro, además de no haber sido denunciado por su empleador como expuesto al riesgo. Plantea la defensa de prescripción. Describe los elementos básicos que deben ser considerados para atribuir el carácter profesional a una enfermedad de acuerdo al decreto 658/96. Impugna la pretensión de acumular el coeficiente obtenido a partir del índice RIPTE directamente sobre el resultado de la fórmula legal, y calculado hasta la fecha de efectivo pago. Contesta las inconstitucionalidades planteadas. Acompaña documentación, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, formula reserva de recuperar del FFEP, y solicita el rechazo de la demanda con costas.-
III. A PE408892-2022 se abre la causa a prueba y se provee la ofrecida por las partes. Producida ésta y en la etapa de expedirse sobre el mérito de la misma solo hace uso del derecho de alegar la parte actora a través de PE1985466-2025. Se expide en PE2024845-2025 el Agente Fiscal con relación a las inconstitucionalidades planteadas.-
IV. Se dispone en PE1237400-2025 el pase de los autos a despacho para dictar sentencia, la que obra en PE2097289-2025. En su parte dispositiva hace lugar a la demanda interpuesta por Juan Carlos Mayorga en contra de EXPERTA ART S.A. y la condena al pago de la suma que surja de la liquidación prevista en el art. 99 Ley N° 1.444; condena en costas a la demandada.-
V. A PE2162256-2026 el Dr. Julián Michavila, apoderado del actor, apela y expresa agravios. El recurso es concedido al PE1287952-2026 con efecto suspensivo. La contraria contestó los agravios a PE2181545-2026.-
Los autos se elevan con la certificación de estilo obrante al PE2206544- 2026, se llama autos a sentencia. Firme se dispone el pase a estudio fijando el orden para ello.-
VI. Se agravia el actor de la tasa de interés dispuesta para actualizar las sumas de condena, ya que considera que no recompone adecuadamente el capital, atento a que sus índices se encuentran por debajo de los índices inflacionarios imperantes en nuestro país en los últimos años. Plantea la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley N° 27.348, toda vez que la tasa que establece no recompone adecuadamente el capital de condena, vulnerando los arts. 14 bis, 16, 17 de la CN, y los Tratados Internacionales incorporados a ella, los cuales tienen jerarquía superior a las leyes. Realiza cálculos para poner de resalto la insuficiencia de las tasas y el Índice de Precios al Consumidor. Solicita se actualicen las sumas adeudadas conforme al índice de Precios al Consumidor o, subsidiariamente, se aplique la Tasa Pasiva del BCRA, conforme jurisprudencia de esta Cámara a la que hace referencia.-
VII. Por su parte la demandada, al contestar el traslado de los agravios refiere que el apelante incurre en contradicción y violación del principio de congruencia procesal, al pretender incorporar en esta instancia un cuestionamiento constitucional contra la tasa de interés legal, que no fuera invocado en la demanda. Sostiene que por el contrario, la pretensión del trabajador quedó enmarcada en los intereses de ley, pues no formuló objeción alguna al sistema tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni planteó insuficiencia o necesidad de indexación. Considera que el argumento de la inflación perdió vigencia, puesto que no estamos cursando un proceso inflacionario que alcance a distorsionar el efecto indemnizatorio de la prestación dineraria. Entiende que el fallo dictado en esta instancia y que el recurrente cita en su presentación trata del interés moratorio. Mantiene reserva del caso federal. Solicita se rechace el recurso del actor y se confirme la sentencia en todas sus partes, con costas.-
VIII. Ingresando al estudio del agravio propuesto, se observa que el actor en su demanda reclamó la suma de $2.920.264,08 con más intereses, o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en autos, en concepto de las prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. El Juez de grado en el punto 2 de la sentencia estableció que el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.-
Sin perjuicio de que en su presentación inicial la parte actora no solicitó de manera específica la tasa a través de la cual pretendía que se actualice el crédito, la naturaleza alimentaria del crédito que se reclama (art. 14 C.N.), obliga a resolver de acuerdo a los principios protectorios que rigen a las relaciones laborales, motivo por el cual, el principio de congruencia al que alude la demandada al contestar agravios cede en este caso particular.-
Jurisprudencialmente se ha dicho que "Los intereses deben orientarse a resarcir el perjuicio provocado por la mora del deudor, y recomponer el capital adeudado, lo cual no se logra cuando la tasa fijada jurisprudencialmente NO cubre la depreciación que ha sufrido la moneda. Las condiciones económicofinancieras actuales imponen la necesidad de revisar la aplicación de la Tasa Activa utilizada judicialmente pues las circunstancias han mutado beneficiando al deudor" (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba - Sala Laboral en autos "SEREN, SERGIO ENRIQUE C/ DERUDDER HERMANOS S.R.L. - ORDINARIO - DESPIDO" - Expte. N°3281572, 01/09/23. Recuperado en https://www.justiciacordoba.gob.ar).-
Ante la existencia de una situación desigual de poder en las relaciones laborales, el principio protectorio del art. 14 bis de la CN que establece y garantiza derechos laborales y sociales fundamentales para el trabajador, exige que dicha desigualdad sea compensada en favor del sujeto de preferente tutela constitucional.-
Así advierto que utilizar la tasa activa en los presentes es contrario a los intereses del trabajador cuyo crédito laboral es de indudable naturaleza alimentaria; entiendo que corresponde aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos, siendo ello además la doctrina casatoria del Tribunal Superior de la Provincia y habiendo quedado acreditada la insuficiencia de los intereses que propone el juzgador de grado (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la CN; 768 inc. c) del CCyCN; arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Esta ha sido la postura de la suscripta a partir del voto en la causa "Linares c/ Experta" que refiere el recurrente y lo he sostenido en diferentes fallos por entender que es la justa solución al caso.-
Hechas estas consideraciones, sostengo que el agravio esgrimido por el actor debe ser admitido, debiendo modificarse el punto 2° de la sentencia de grado, disponiéndose que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) sobre el capital de condena. Conforme se admite el agravio las costas deben ser soportadas por su orden, y la regulación de honorarios se difiere para cuando exista monto determinado en la instancia de grado. Así lo propongo al Acuerdo.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
IX. Sin perjuico de dejar a salvo el criterio del suscripto expuesto entre otros pronunciamientos en los autos caratulados "Rios, José R. c/Prevención ART s/Accidente de Trabajo" Expte. Nro. 20.546/2.022, en los caules sostuve la procedencia de utilizar el IPC como mecanismo de actualización de créditos laborales, en aras al principio de seguridad jurídica y a los fines de evitar mayores dilaciones, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 43 de la Ley Nro Uno Organica de la Justicia y la postura mayoritaria de los integrantes de éste Tribunal fijada en los autos caratulados "Errobidart, Pablo Silvero c/Swiss Medical s/Demanda Laboral" Expte. Nro. 3332/21, voy a adherir al voto de la Dra. Griselda Bard.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. En función de las razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el agravio de la parte actora, modificando la tasa de interés dispuesta en el punto 2° de la sentencia de grado, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena. 2º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado.
4. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XI. En función de lo manifestado anteriormente adhiero a la propuesta formulada por la Dra. Bard.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
CALETA OLIVIA, 24 de septiembre de 2026.-
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo dictado precedentemente, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir el agravio de la parte actora, modificando la tasa de interés dispuesta en el punto 2° de la sentencia de grado, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena.- 2º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC).-3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado.-4°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara– Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 070 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3241 Folio Nº: 128/131 Secretaria: 1
Fin de la sentencia