Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 48444-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada en punto a la multa aplicada, en los términos que surgen del Considerando VI;
2Modificar la imposición de costas relativas al ajuste fiscal y los intereses resarcitorios en los términos de los considerandos VII y VIII. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancias que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAF 44022/2022/CA1; MAYTIM SA (TF 48444–I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
DVP Buenos Aires, de marzo de 2023.
Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que mediante sentencia del 23/12/2021 –obrante a fs. 71/73 vta–, el Tribunal Fiscal de la Nación, resolvió: (i) confirmar la resolución apelada respecto de la determinación de oficio de la obligación de la recurrente frente al impuesto a los débito y créditos en cuenta corriente bancaria –períodos fiscales mayo de 2011 a noviembre de 2014–, con más sus intereses resarcitorios; (ii) revocar la referida resolución respecto de la sanción aplicada, e (iii) imponer las costas en el orden causado, en atención a la forma en la que se resolvió.
Para así decidir, luego de sintetizar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, en primer lugar estimó oportuno –sin perjuicio de no haber sido planteado como de previo y especial pronunciamiento– expedirse respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente.
En este sentido consideró que, contrario a lo sostenido por la apelante, la resolución impugnada reunía todos los requisitos esenciales para ser considerada plenamente valida, al encontrarse explicitados en ella todos los hechos que sirvieron como antecedente para su dictado, incluyendo la mención de la norma jurídica en virtud de la cual se resolvió el asunto, al igual que los fundamentos por los cuales se había determinado de oficio la obligación tributaria en cabeza del contribuyente. En virtud de ello, rechazó la nulidad incoada, sin especial imposición de costas por no haber sido tratada como de previo y especial pronunciamiento.
En segundo lugar, y en lo relativo al fondo de la cuestión, puntualizó que la decisión sometida a su conocimiento se encontraba circunscripta a decidir si las operaciones efectuadas por la recurrente se encontraban gravadas –o no– por el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente, al realizarse en el marco de un “sistema organizado de pagos”.
En esta tónica, luego de realizar una pormenorizada reseña de la normativa que estimó aplicable al caso, precisó que la recurrente era una persona jurídica cuya actividad principal declarada era la venta al por mayor de productos alimenticios y que, conforme surgía del informe final de inspecciones –obrante a fs. 235/253 de los antecedentes administrativos–, la mayor parte de las compras efectuadas a sus proveedores, fueron “canceladas mediante depósitos en efectivo realizados en cuenta de estos”
En consecuencia, consideró que la cuestión bajo estudio resultaba sustancialmente análoga a la resuelta por el Máximo Tribunal en el precedente “Piantoni Hnos S.A.C.I.F.I. c/ D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo”, del 12/12/2017.
Siendo ello así, estimó que –de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1°, inciso c), de la Ley N° 25.413, texto según Ley N° 25.453– resultaba correcta la conclusión del Fisco Nacional en cuanto a que la modalidad de pagos empleada –cancelación de deudas con sus proveedores en efectivo– se encontraba alcanzada por el impuesto, sin que obstara a ello la circunstancia –alegada y no probada– de que alguna de las deudas con los proveedores fueran canceladas a través de otros medios de pago.
En virtud de ello, confirmó la resolución apelada en cuanto determinó el impuesto e impuso los intereses resarcitorios.
Finalmente, revocó la sanción aplicada por el Fisco con fundamento en el art. 46 de la ley 11.683, por considerar que no había logrado acreditarse un obrar doloso por parte de la firma contribuyente, requerido por la figura en cuestión. Asimismo, remarcó que tampoco cabía reencuadrar la conducta en la figura culposa del art. 45 de la referida ley, por configurarse un supuesto de “error excusable”, habida cuenta de la existencia de numerosos precedentes contrapuestos sobre la misma materia litigiosa y “habiendo sido resuelta la controversia a la luz de un pronunciamiento de fecha posterior a la fecha de interposición del recurso”.
II. Que contra dicha sentencia se alza la parte demandada, interponiendo el recurso de apelación a fs.79 –concedido a fs. 80–, expresando sus agravios a fs. 83/94, los que no fueron replicados por la contraria (v. fs. 103).
Dos son los agravios en rededor de los cuales la representación fiscal estructura su memorial:
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En primer lugar, sostiene que el Tribunal Fiscal, al revocar la sanción aplicada, efectúo una errónea valoración de los elementos fácticos y probatorios de la causa, y una incorrecta aplicación de la normativa involucrada, tornando arbitraria a la sentencia apelada.
En esta línea, asevera que resulta contradictorio que por un lado se sostenga que la sociedad haya evitado el pago del tributo mediante la utilización de un sistema de pagos organizados –a los efectos de determinar que se encontraba alcanzada–, y por el otro lado que se la exima de toda sanción y costas.
Refiere a que el a quo yerra al consignar que no se encuentra acreditado el obrar doloso del contribuyente, habida cuenta de que tanto en la resolución apelada como en la contestación del recurso, se expuso la maniobra utilizada –cancelación en efectivo de las operaciones con sus proveedores– a los efectos de evitar la configuración del hecho imponible.
Explica que ninguno de los elementos fue analizado por el Tribunal Fiscal, el cual simplemente decidió eximir a la sociedad contribuyente de toda sanción, sin justificar por qué el sistema de pagos organizado empleado no resultaba una maniobra evasiva, máxime cuando la sociedad no había ofrecido prueba alguna que justificara su proceder. Cita numerosos precedentes jurisprudenciales –análogos al de autos– que, en lo sustancial, habrían confirmado no solo la procedencia del impuesto sino que además la pertinencia de la sanción aplicada.
En virtud de lo expuesto, sostiene que la conducta desplegada por la sociedad contribuyente es susceptible de la sanción correspondiente al tipo doloso, toda vez que actuó a sabiendas, es decir, “planificó y estudió la maniobra necesaria para evadir el pago del Tributo en cuestión, decidiendo, con ese objetivo, poner en funcionamiento un sistema organizado de pagos para escapar de los controles a los que estaba sujeta, procediendo a cancelar las operaciones de manera indebida con el único propósito de privar al Estado del impuesto que debió haber ingresado”.
En segundo lugar, se agravia por el régimen de costas dispuesto por el a quo.
Explica que más allá de lo que se resuelva respecto de la multa, la contribuyente “ha sido derrotada en cuanto a su pretensión de no ingresar el impuesto”, por lo que resulta improcedente relevarla de todo costo en virtud de su conducta.
Argumenta que en el sub-examine no existen fundamentos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, criterio sentado como regla general en materia de costas conforme lo normado en el art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, concordante con el art. 184 de la ley 11.683.
Indica que al haberse hecho lugar a la pretensión fiscal en sus aspectos sustanciales –toda vez que el Tribunal Fiscal confirmó el impuesto determinado y los intereses calculados–, no se puede decir que se trata de un caso de vencimientos recíprocos que ameriten eximir de costas a la actora. En virtud de todo lo expuesto, solicita se deje sin efecto la sentencia apelada en lo referente a la revocación de la multa y la imposición de costas por su orden.
III. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios introducidos por la parte demandada, es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf., CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus, “ACIJ c/EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina CAF 44022/2022/CA1; MAYTIM SA (TF 48444–I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, de 18/10/2022, entre otros).
IV. Que, desde otro ángulo, cabe recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)…” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018, del 7/5/19, entre otros).
Ahora bien, es importante destacar que este principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino también ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos.
Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (CNACAF, Sala V, “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c. DGI”, Causa Nº 35.379/10, sentencia del 21/03/2011; Sala II, “Caterina Consignatarios S.R.L. c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 74722/2018, del 18/7/19).
En virtud de ello, si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal, constituye un requisito de procedencia que demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria.
V. Que, así las cosas, corresponde puntualizar que la materia traída a conocimiento de esta Alzada gira en torno de: i) la procedencia de la multa prevista en el art. 46 de la ley 11.683, que fuera dejada sin efecto por el Tribunal Fiscal –organismo que tampoco consideró procedente el reencuadre de la conducta en el tipo culposo previsto en el art. 45 de la ley de rito, por entender que en autos el contribuyente había incurrido en un “error excusable”–, y ii) el modo en que fueron impuestas las costas.
VI. Que en lo atinente a los primero de los puntos consignados, resultan parcialmente atendibles los agravios esgrimidos por el fisco nacional.
En efecto, sin perjuicio de que esta Sala comparte el criterio sostenido por el Tribunal Fiscal, en cuanto a que la actitud desplegada por el contribuyente no puede ser encuadrada en la figura del art. 46 de la ley 11.683, por no haberse acreditado de forma cabal el obrar doloso requerido por la figura –obligación que se encontraba en cabeza del Fisco–, no lo hace respecto de la existencia de un “error excusable”, el cual, como ya fue explicitado supra, llevó al referido Tribunal a considerar que la conducta desplegada por el contribuyente tampoco correspondía que fuera reencuadrada en el tipo culposo regulado en el art. 45 de la citada ley. En este contexto, no puede dejar de señalarse que la Corte Suprema ha considerado que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (confr. CSJN, Fallos: 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una CAF 44022/2022/CA1; MAYTIM SA (TF 48444–I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
descripción de conducta que merezca sanción –como ocurre en el caso–, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (confr. CSJN, Fallos: 316:1313; 320:2271).
En esta tesitura, el artículo 45, primer párrafo, de la Ley Nº 11.683 tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume la imprudencia o negligencia del contribuyente –tanto en el caso de falta de presentación de la declaración jurada como en el supuesto de inexactitud de la presentada–, correspondiéndole a éste probar la eventual causal de excusabilidad de su conducta para quedar eximido de la pena; de ahí que el error excusable debe ser valorado de acuerdo a las circunstancias fácticas de cada caso (confr. CSJN, Fallos: 292:195 y 327:5345, entre otros). En este sentido, si bien la Corte Suprema ha admitido la posibilidad de que se configure un supuesto de error excusable en materia tributaria cuando exista oscuridad en las disposiciones de la ley o surjan dudas de su texto en torno a la situación del contribuyente (arg. CSJN, Fallos: 319:1524), o también cuando tiene origen “en la complejidad y las dificultades propias de la cuestión debatida (…) que quedó demostrada por el dispar tratamiento y las encontradas soluciones a las que llegaron los tribunales de las anteriores instancias” (CSJN, Fallos: 334:53), no es menos cierto que cuando la norma en cuestión admite el “error excusable”, refiere a un error de derecho “extrapenal”, más precisamente al que versa sobre la obligación tributaria sustantiva, o sea, sobre el derecho tributario material. Por ello, este eximente de responsabilidad debe ser aplicado con criterio restrictivo (confr. esta Sala, in re: “Electromecánica Vic SA (TF 33.885-I) c/ DGI”, Causa Nº 17.284/12, del 29/11/2012) y sólo en la medida que se acredite fehacientemente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no se tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de la conducta, es decir, de ajustar su conducta a los mandatos de las normas jurídicas (confr. CSJN, Fallos: 303:1548; 312:19 y 312:447).
En otros términos, para su viabilidad se requiere que dicho error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación (confr., CSJN, “Morixe Hnos S.A.C.I”, del 20/8/1996, Fallos, 319:1524; esta Sala, in rebus: “Cochería Tacuarí de Campos y CIA SCA – TF 33923-I c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 6068/2022, del 1/9/2022, “Techint Compañia Tecnica Internacional SACI ” y “Argentino Foot Ball Club”, ya citados; Sala I, in re: “B de T SA c/ EN-AFIP DGI- Resol 130/07 (CEN) s/ DGI”, Causa Nº 12.171/07, del 11/8/2011; Sala II, in re: “Scalise María Gabriela (TF 23.933-I) c/ DGI”, Causa Nº 43.115/11, del 10/4/2012; Sala V, in re: “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c/ D.G.I.”, Expte. Nº 22.846/06, del 11/05/2006).
En esta tónica, cabe aseverar que, a todas luces, los fundamentos de la sentencia apelada lucen insuficientes puesto que, en los breves dos párrafos que dedica a la medida, no menciona cuál sería la jurisprudencia contradictoria que habría provocado que Maytim SA omitiera ingresar el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria al vencimiento legal de la obligación (conf. ley 11.683, art. 45). En otras palabras, el a quo no practicó un examen pormenorizado de cada una de las materias involucradas en la litis. Asimismo, no resulta ocioso remarcar que la accionante tampoco ha aportado prueba o argumento alguno tendiente a acreditar que en el sub-examine se estaba ante un supuesto de “error excusable”.
En suma, a partir de los extremos analizados en este segmento, de conformidad con las pautas hermenéuticas expuestas, se extrae que el agravio expuesto por el organismo recaudador resulta parcialmente atendible, correspondiendo dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto revocó la sanción apelada y establecer la misma en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, graduada en su mínimo legal.
En este particular aspecto, las costas se imponen por su orden (conf. art. 184 in fine de la ley 11.683).
VII. Que, en punto a las costas concernientes al ajuste fiscal y a los intereses –segundo tópico descripto en el Considerando V–, cabe CAF 44022/2022/CA1; MAYTIM SA (TF 48444–I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
recordar que conforme lo dispone el art. 184 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), quinto párrafo, “…la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento…”. De esta manera, la norma consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho.
Siendo ello así, teniendo presente que el Tribunal Fiscal confirmó la resolución N° 266/2017 (DV SRR1) en lo atinente al ajuste y a los intereses resarcitorios liquidados por el fisco nacional, las costas a este respecto deben ser soportadas por la actora vencida, lo cual equivale a decir que la sentencia apelada debe ser modificada en este aspecto.
VIII. Que en virtud de todo lo expuesto en los Considerandos VI y VII, las costas relativas a la multa se imponen en el orden causado (art. 184, in fine, ley 11.683) mientras que las del ajuste fiscal y los intereses se imponen a la actora vencida (art. 184, quinto párrafo, ley 11.683).
Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) revocar la sentencia apelada en punto a la multa aplicada, en los términos que surgen del Considerando VI; 2) modificar la imposición de costas relativas al ajuste fiscal y los intereses resarcitorios en los términos de los considerandos VII y VIII. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancias que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia