Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 30986-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el pronunciamiento del T.F.N. y, consecuentemente, confirmar el cargo aduanero nº 473/06. Con costas de ambas instancias a la actora vencida.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I EXPTE. Nº: 19.973/2018 “MAYULI, MARCELO GABRIEL (TF
30986-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
MSP
En Buenos Aires, a los días del mes de del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en autos: “MAYULI, MARCELO GABRIEL c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, y;
La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. A fs. 44/56, por mayoría, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación (T.F.N.) revocó la resolución de la Aduana de Paso de los Libres (AD PASO) nº 885/11 que: a) rechazó las impugnaciones deducidas por la transportista EXPRESSO SUD ATLANTICO S.R.L. y el agente MAYULI MARCELO; y b) confirmó el cargo nº 473/06 (de $54.656,38), en concepto de tributos adeudados por la destinación suspensiva de tránsito de importación, registrada como 01042TRAS068335A, con sustento en los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del Código Aduanero (C.A.). Impuso las costas por su orden.
Para así decidir, la mayoría, sostuvo que:
a) El límite impuesto por el párrafo final del art. 315 del C.A. no puede presumirse “…cuando no hay respaldo fáctico de que la mercadería fue aprovechada por un tercero”.
Pretender gravar con sustento en una presunción legal que la Administración no ha podido comprobar, constituiría una exigencia procesal de cumplimiento imposible.
Alta en sistema: 10/05/2019 1 En los supuestos en que la mercadería ha sido robada, y por ende cabe reputar a la misma como irremediablemente perdida, “…la exigibilidad del tributo recae en cabeza del ladrón y no ya en la de los responsables del régimen…”.
Es manifiestamente irrazonable exigir a la víctima del delito el pago de los tributos de importación por aplicación analógica del art. 312 del C.A.
b) No se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a sus fines.
c) Jamás puede ejercitarse el interés fiscal “…violentando garantías constitucionales de los administrados, como lo hacen las normas aduaneras en crisis…”.
d) Similar criterio aplicó la C.S.J.N. en “Tevelam”, del 11/12/12.
e) Las costas se distribuyen en el orden causado por prescindir de los argumentos de las partes para resolver, y atento las dificultades de la cuestión planteada.
II. Contra ese pronunciamiento apela la A.F.I.P.-D.G.A. (fs. 79/80, expresó agravios a fs. 82/88 vta., los que no fueron replicados). En lo sustancial, sostiene que:
a) No se dan los presupuestos de hecho valorados en “Tevelam”, y es inexacto que la Corte postule allí una inversión de la carga de la prueba. Muy por el contrario, en dicho precedente valoró que la actora había probado su diligencia en el cuidado de la carga. No se verifica el trascendental “deber de custodia de la mercadería” valorado en “Tevelam”, pues no surge la contratación de servicio de custodia ni otra precaución respecto al cuidado de la carga, más allá del chofer del vehículo.
b) Es ilógico y no se comprende cómo puede ponerse en cabeza de la Aduana la prueba de un hecho negativo (falta de Alta en sistema: 10/05/2019 2 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I EXPTE. Nº: 19.973/2018 “MAYULI, MARCELO GABRIEL (TF 30986-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
custodia); quien no está en posición de probarlo y es ajeno a sus funciones.
III. De entrada no es ocioso traer a primer plano algunas premisas que serán sustento del análisis a realizar. Son las siguientes: a) A diferencia de lo que disponía el sistema anterior (donde todas las mercaderías que atravesaban la frontera debían someterse al pago de derechos de aduana), el actual régimen de destinación suspensiva de tránsito de importación, posibilita que la mercadería (que carece de libre circulación interna) pueda ser sometida a otra destinación aduanera (art. 296 C.A.). Y que pueda hacerlo, sin “sujeción” a los tributos que gravan la importación para consumo (art. 305 C.A.).
Esto es, se trata de mercadería que ingresa y circula por el país sin pagar el arancel y demás tributos que gravaren la importación. Implica pues un “beneficio” (art. 302 C.A.), que erigiéndose en definitiva como fuera del régimen general, califica como un “privilegio” (art. 75 inc. 18 de la C.N.) y tiene carácter excepcional. Por ser así, en caso de duda, su interpretación debe ser restrictiva y resuelta en forma adversa a quien lo invoca (C.S.J.N., Fallos: 198:18; 204:110; Sala III, en “Blancanuez S.A. c/ D.G.A.”, del 6/6/13, firme (por desestimación del extraordinario: art. 280 C.P.C.C.N. –v. C.S.J.N. B.820.XLIX., del 10/6/14).
b) Además, en sentido técnico aduanero, hace a la existencia de un plexo de normas con expresos deberes a cargo de los beneficiarios, a quienes se les exige conductas determinadas y se les asigna responsabilidades, cuyo cumplimiento condiciona aquella no sujeción tributaria (conf. Alsina, Barreira, Basaldúa, Cotter Moine y Alta en sistema: 10/05/2019 3 Vidal Albarracín en “Código Aduanero Comentado” T. 1, 2011, pág. 628, 629 y ccds.)
c) Sabido es, que en materia de prueba, las exigencias del art. 377 del C.P.C.C.N. deben interpretarse con arreglo a la presunción de legitimidad del acto administrativo (art. 12 L.N.P.A.). Esto así, “…a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar en cada caso la veracidad de los hechos en que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio” (C.S.J.N., Fallos: 218:312, 324 y 372; 294:69; 328:53).
No es pues la Administración Federal de Ingresos Públicos, -como emisora de tales actos administrativos-, quien debe demostrar su veracidad; sino quien pide la nulidad de tales actos en juicio. Según el régimen legal vigente, cuando faltan mercaderías en tránsito, o cuando no arriba el medio que las transporta a la aduana de destino -luego de un mes de vencido el plazo para realizar el tránsito-; se presume, sin admitirse prueba en contrario, que aquéllas han sido importadas para consumo. Esto es, se trata de una presunción iure et de iure, por la cual se consideran responsables de la obligación tributaria emergente, al transportista o, en su caso, al agente de transporte y, subsidiariamente y con solidaridad entre sí, a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería, y a los beneficiarios del régimen de tránsito de importación (arts. 310, 311 y 312 del C.A.).
La finalidad del sistema así instaurado es proteger el erario público, evitando componendas o connivencias, incluso el denominado “autorobo”. Para preservar la hacienda pública, el Código Aduanero establece la responsabilidad por deuda ajena del transportista y de los beneficiarios del régimen suspensivo, en los arts. 311, 312 y 315 (Sala III, en “Galeano Gladis”, del 11/9/18 y Sala IV, en “Pepsico de Argentina S.R.L.”, del 14/12/17; entre otros). Alta en sistema: 10/05/2019 4 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I EXPTE. Nº: 19.973/2018 “MAYULI, MARCELO GABRIEL (TF 30986-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
IV. En tales condiciones, importa traer a primer plano, la línea jurisprudencial que se viene elaborando en torno a la posibilidad de dispensar el pago de tributos, a los responsables del hecho gravado (por la importación para consumo). Y, de hacerlo sin violentar los expresos deberes asignados por los arts. 310/311 del C.A. a) En “Tevelam” (del 11/12/12) la Corte distinguió dos situaciones:
Por un lado, la de “…quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; …o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción…”. Y por el otro, la de “…quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas como el denunciado…”.
Más aún, si “…venía acompañado en calidad de custodia por otro vehículo que también fue sustraído con la misma modalidad delictiva…” (considerando 11 del fallo cit.; conf. Sala III en “Blancanuez”, cit.).
b) De tal distinción, resulta la posibilidad de dispensa, únicamente, si el siniestro se produjo pese al cumplimiento de todos los deberes inherentes al tránsito de importación, entre los que se encuentra el deber de custodia de la mercadería (conf. C.S.J.N., “Tevelam”, en especial cons. 11 y 12; ratificado y aclarado en “Blancanuez S.A.” (cit.), donde la Sala III, con toda claridad se expidió al respecto; con lineamientos que siguió la Sala IV en “Barrera” del 17/11/16; y Sala V en “Briket S.A.” del 29/9/16; entre otros).
Importante aspecto que debe dilucidarse -especialmente en lo concerniente al nivel de precaución exigible-, según las Alta en sistema: 10/05/2019 5 circunstancias fácticas y probatorias de cada especie singular (dada la imposibilidad de fijar doctrina uniforme que comprenda las variantes posibles; C.N.A.C.A.F. en Pleno “Transportadora San Cristóbal Ltda.”, del 29/4/2013; esta Sala en causas “DM Transporte E. Logística Internacional”, del 18/12/14, “Transportadora DM S.A.”, del 12/03/15; “Expreso Aracatuba LTDA.”, del 27/10/15; “Irmaos Schwanck LTDA.”, del 20/10/16; y “SHK S.A.”, del 23/08/18). c) En suma, la posibilidad de eximir del pago de tributos, estará sujeta, entre otros recaudos, a la verificación fáctica del cumplimiento de los deberes de custodia por parte del responsable.
A diferencia pues, de lo que parece indicar la sentencia en recurso, no se trata aquí de aplicar por analogía el art 312 del C.A., ni de revisar la razonabilidad de normas del C.A., cuya inconstitucionalidad no es motivo de agravio. Menos aún, de desoír la línea de razonamiento expuesta por la Corte en “Tevelam”. Todo lo contrario.
V. No se encuentra aquí controvertido el robo del camión y su carga.
Por ser así, resta analizar si se cumplió, o no, el deber de comunicación del siniestro en los términos del art. 308 del C.A. y los correspondientes deberes de guarda y custodia de la mercadería durante su itinerario.
A) A tal fin, en primer lugar, y para una más acabada visión de los hechos y circunstancias del caso, no es ocioso repasar previamente los hechos y circunstancias que sustentaron la resolución aduanera, cuya presunción de legitimidad aquí se discute.
Son las siguientes:
a) El 30/9/01, en la Provincia de Corrientes, se sustrajeron el camión y su carga: repuestos de automotores de considerable valor: US$ 61.923,18 (conf. fs. 8, act. adm.) de la empresa “Multioriginal Alta en sistema: 10/05/2019 6 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I EXPTE. Nº: 19.973/2018 “MAYULI, MARCELO GABRIEL (TF 30986-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Parts S.A. Etman Distribuidores”; que ingresó por la Aduana de Paso de los Libres proveniente de Brasil, con destino final a Bahía Blanca, Buenos Aires.
b) El 10/10/01 se comunicó a la Aduana lo acontecido (v.
multinota obrante a fs. 4, act. adm.).
c) No se cumplió con las destinaciones del tránsito de importación (como consecuencia del robo), por lo que se instruyó el correspondiente sumario de prevención (fs. 8/9, act. adm.). d) Consecuentemente, la Aduana emitió el cargo nº 473/06 (confirmado por la res. (AD PASO) 885/11), por los tributos aduaneros pendientes, en los términos de los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del C.A. (confr. fs. 10 y fs. 42/50, act. adm.). B) Carga de la Prueba.
No es el Fisco quien debe acreditar la “custodia de la mercadería”, invirtiendo de ese modo la carga probatoria. Tal como se viene postulando en casos análogos, la carga de la prueba se encuentra en cabeza de quienes la ley atribuyó esa responsabilidad (arts. 310 y 311 C.A.; en mismo sentido, Sala III, en “Blancanuez S.A.”, cit., y en “Kuarahy S.R.L.”, del 27/9/16; Sala IV en nueva lectura del precedente “Tevelam” en “Mayuli”, del 23/9/14 -aclarada el 7/10/14- y reiterada en “Pepsico de Argentina S.R.L.”, del 14/12/17; Sala V, en “Briket”, del 29/9/16).
Máxime, que es el solicitante de la exención tributaria quien, a través de sencilla prueba, se encuentra en las mejores condiciones para conocer los riesgos de la actividad, adoptar medidas para evitar los siniestros, y en definitiva, demostrar sus afirmaciones. C) Más allá de que ambas partes afirman que se habría cumplido con la comunicación prevista en el art. 308 del C.A., lo cierto es que el agente de transporte no comunicó el hecho de modo Alta en sistema: 10/05/2019 7 “inmediato” a la Aduana (confr. certificado de denuncia policial del 30/9/01 y multinota del 10/10/01, fs. 6 y 4, act. adm., respectivamente).
D) Por último, cabe evaluar si se cumplieron “con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario”.
Para ello, y a fin de resguardar la carga, distintas Salas del fuero enunciaron, a modo ilustrativo, diversas medidas. Entre ellas: a) que el transporte cuente con un servicio de custodia; b) que posea control satelital o personal; o c) que -sin perjuicio del seguro de la mercadería contratado por cuenta y orden del importador, conf. art. 303- se contrate un seguro contra robos a favor del servicio aduanero. Sin que, a tal fin, resulte suficiente sostener que no se desvió del itinerario establecido ante la autoridad aduanera (Sala III, en “Galeano Gladis”, del 11/9/18; Sala IV, en “Barrera”, del 17/11/16; Sala V, en “Capovila”, del 12/7/16, “Frutabras Comercio e Transporte Internacional LTDA.”, del 14/7/16, y en “Briket S.A.”, del 29/9/16; entre otros).
La actora no alegó, y mucho menos ofreció probar, el cumplimiento del deber de guarda y custodia de la carga, que sobre él pesaba.
De lo actuado no surge que se cumplan aquí los presupuestos de hecho valorados por la Corte en “Tevelam”.
Tal como lo señala el Fisco, no surge la contratación de servicio de custodia, ni otra precaución respecto al cuidado de la carga (que sólo contaba con la presencia del chofer que conducía el camión). En efecto:
De lo actuado en sede administrativa (ver actuaciones n° 12314-2829-2006) no surge que el vehículo objeto del siniestro viajara con custodia de ningún tipo y/o con control satelital. Alta en sistema: 10/05/2019 8 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I EXPTE. Nº: 19.973/2018 “MAYULI, MARCELO GABRIEL (TF 30986-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Tampoco, que se hubiera contratado alguna “…protección que los reguarde y cubra no sólo el valor de las mercaderías sino también los eventuales tributos que el Fisco les pueda exigir. Al no haber utilizado aquella opción pudiendo hacerlo -la contratación voluntaria del seguro-, asumieron solitaria y personalmente el riesgo y las obligaciones que les impone el régimen al que libremente se acogieron y del que ahora no puede renegar… ”. Tal como lo menciona la res. AD PASO nº 885/11, sin réplica de la contraparte (fs. 46, act. adm.), por lo que a ello debe estarse (art.12 L.N.P.A.). Esa falta de custodia y/o de prueba encaminada a tal fin, toma particular relieve de cara a la entidad de la mercadería transportada: repuestos de automotores, con un valor FOT de US$ 61.923,18 (conf. fs, 8, act. adm.) y el largo trayecto por recorrer en territorio argentino: aproximadamente 1300 kms. (desde Paso de los Libres -Corrienteshasta Bahía Blanca -Pcia. de Buenos Aires-).
Los responsables, sobre quienes pesaba el deber de demostrar que cumplieron con los deberes de custodia, no lo hicieron, por lo que no lograron revertir la presunción de legitimidad del cargo impuesto, confirmado por la resolución AD PASO nº 885/11 (art.
12, L.P.N.A.).
E) Los referidos incumplimientos obstan a la operatividad de la exención tributaria prevista en el art. 315 del C.A. Por todo lo expuesto, VOTO por admitir los agravios del Fisco, revocar el pronunciamiento del T.F.N. y, consecuentemente, confirmar el cargo aduanero nº 473/06. Con costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68, primer párrafo, C.P.C.C.N.).
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
Alta en sistema: 10/05/2019 9 I. Comparto la reseña de los antecedentes de la causa formulada por la Jueza Liliana María Heiland en los considerandos I, II y V “A”, de su voto, así como también adhiero a la solución que propone en el plano sustancial.
II. De la constancia policial contenida en el sumario aduanero se desprende que el señor Vicente Bellinario Gildonir, el 30 de septiembre de 2001, denunció la sustracción de un camión marca Mercedes Benz “transportando como carga REPUESTOS DE AUTOMOTROES con destino final a la ciudad de Bahía Blanca” y, apuntó el agente policial, “En esta dependencia se labran actuaciones sumariales caratuladas ‘Robo A.M.A’ y ‘PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD”.
III. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Tevelam” (Fallos: 335:2549) estableció que “si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades en los términos del art. 308 del Código Aduanero, no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento”.
Cabe destacar que las circunstancias que llevaron al Máximo Tribunal a morigerar los efectos de la presunción legal contenida en el artículo 315 del Código Aduanero, respondieron a que en dichas actuaciones se encontraba acabadamente demostrado por la interesada que había sido objeto de un robo con armas, que no se había apartado del itinerario establecido ante la autoridad aduanera, que de ningún modo su conducta autorizaba a sospechar grado alguno de connivencia con el delito y, con especial énfasis, que no había mediado un incumplimiento a los deberes de custodia (esta sala, Alta en sistema: 10/05/2019 10 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I EXPTE. Nº: 19.973/2018 “MAYULI, MARCELO GABRIEL (TF 30986-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
causas “Transportadora DM SA (TF 23137-A) c/ DGA”, pronunciamiento del 12 de marzo de 2015;“Tora Transportes Industriais LTDA (TF 27747-A) c/ DGA”, pronunciamiento del 6 de agosto de 2015 y “Expreso Aracatuba LTDA y otro c/ Administración Nacional de Aduanas”, pronunciamiento del 27 de octubre de 2015).
El actor no probó el cumplimiento del itinerario fijado por la autoridad aduanera, como se estableció en el precedente “Tevelam”, ni comunicó el hecho de modo “inmediato” a la aduana, tal como se halla previsto en el artículo 308 del Código Aduanero. Tampoco precisó en ninguna de sus presentaciones de qué manera se perpetraron los hechos delictivos que son el fundamento de su pretensión.
Por esas razones, advierto que no se encuentra acreditado el cumplimiento de los deberes de custodio a su cargo.
Corresponde, entonces, acoger los planteos del Fisco Nacional y revocar la sentencia apelada, con costas. ASÍ VOTO.
La jueza Clara María do Pico adhiere al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: revocar el pronunciamiento del T.F.N. y, consecuentemente, confirmar el cargo aduanero nº 473/06. Con costas de ambas instancias a la actora vencida.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvanse.
Alta en sistema: 10/05/2019 Alta en sistema: 10/05/2019
Fin de la sentencia