Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 26990071-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco, declarar la nulidad parcial del pronunciamiento del 4 de septiembre de 2024 y disponer el reenvío al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento, de conformidad con lo expresado en el considerando IV.
2Imponer las costas de esta instancia por su orden, atento al modo en que se decide (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 20 de septiembre de 2024.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
17786/2025 MAZA, MARIA JOSEFA (TF 26990071-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante la sentencia del 4 de septiembre de 2024, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: a) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la resolución n° RESOL-2022-8293-E -AFIP-DEPRLA#SDGTLA, mediante la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros había impuesto a las co-actoras el pago de una multa de 220.065,50 pesos, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 979 del Código Aduanero, con costas y; b) revocar la mencionada resolución en tanto dispuso el comiso de la mercadería –es decir, 12.575 euros-, con costas por su orden “atento haberse resuelto dicha cuestión por los fundamentos del propio tribunal” (cfr. páginas 984/990 del DEO 18463620 incorporado digitalmente a la causa el 20 de mayo de 2025). En primer término, puso de manifiesto que, durante el control rutinario efectuado en el Aeropuerto de Ezeiza, sonó la alarma del detector de metales al atravesarlo el señor Arturo Guillermo Kieltyka, quien pretendía abordar al vuelo con destino a la ciudad de Madrid, junto a su madre, María Josefa Maza.
Refirió que el señor Kieltyka fue consultado por el personal policial del aeropuerto sobre si llevaba dinero consigo, a lo que respondió: “Llevo once mil euros y en la mochila llevo más euros. Viajo con mi madre quien lleva 9500 euros”. Del resultado de la inspección resultó que el señor Kieltyka transportaba: 21.075 euros y 1200 pesos argentinos y; la señora Maza: 9500 euros y 365 pesos argentinos. En esa oportunidad se dispuso la devolución del dinero en moneda nacional.
Refirió que ambos sujetos fueron sobreseídos en el marco de la causa penal por el delito tipificado en el artículo 863 del Código Aduanero. Asimismo, puso de manifiesto que en tales condiciones se había instruido un sumario por la posible comisión de la infracción prevista en el artículo 979 del Código Aduanero.
Destacó que resultaba de las actuaciones administrativas que le habían sido restituidos la cantidad de 18.000 euros (9.000 euros a cada uno de ellos), suma equivalente, en ese tiempo, a 10.000 dólares estadounidenses por persona, máximo permitido para egresar del país. En tales condiciones, examinó si en el caso se había configurado la infracción prevista en el artículo 979 del Código Aduanero. Primeramente, indicó que “desde el punto de vista aduanero, los billetes de banco de curso legal nacionales o extranjeros son mercadería”, en los términos de lo establecido en el artículo 10 del Código Aduanero.
Posteriormente, citó lo establecido en la Resolución General AFIP n° 2705/09 y en la Resolución General AFIP n° 3010/10. “[E] ntonces, en el entendimiento de que los dólares constituyen mercadería y en razón de lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución AFIP 2705/09 y art. 1 de la Resolución 3010/10, en tanto allí dispone que la suma de 10.000 dólares se debe considerar por cada pasajero y que se debe efectuar al momento de egresar del país la declaración referida ut supra mediante el formulario OM -2250A y toda vez que no hay constancias en autos ni en las actuaciones administrativas del mismo y en razón de que la cantidad de dólares que llevaban los co-actores supera la cantidad autorizada, específicamente en el marco del régimen de equipaje de exportación, se encuentra configurada la infracción tipificada en el art. 979 del CA”.
Consideró que no se advertían elementos para reducir la multa establecida por cuanto aquella había sido fijada en el mínimo legal. Relevó la mercadería en infracción respecto de cada uno de los pasajeros y expresó que “…advirtiendo el suscripto que si se suma las multas de ambos co-actores, la misma asciende a: $221.627,5; y atento a que el monto exigido por el fisco es menor -$220.065,5-, corresponde confirmarla para no agravar la situación de los contribuyentes”. Sin perjuicio de ello, y toda vez que la multa debe ser establecida en relación con cada uno de los pasajeros, la fijó respecto del señor Arturo Guillermo Kieltyka en la suma de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 211.262,88 pesos y; respecto de la señora María Josefa Maza, en la cantidad de 8.802,62 pesos.
Con posterioridad, examinó los planteos vinculados con el comiso de la mercadería. Recordó que en el artículo 979, apartado 2, del Código Aduanero se halla previsto que “…si la exportación para consumo de la mercadería en infracción estuviera prohibida se aplicará además su comiso”. Señaló que en materia infraccional aduanera “…ocupa un lugar eminente el principio de legalidad (…) que postula que todos los elementos esenciales de una figura delictiva (entre los que se encuentra la pena, con su monto o alcance temporal) deben surgir de una ley en sentido formal -dictada por el Congreso”. En tales condiciones, expresó que la pena de comiso que se debate en el caso se aplica, en cuanto a su alcance, respecto de materia cuya exportación está prohibida “bajo el DNU 1570/01” que así lo dispuso respecto del dinero que exceda la suma de u$s 10.000 (o su equivalente en otras monedas). Por ello, cuestionó que se hubiera dispuesto tanto el “monto o la materia de la pena de comiso” prevista en el artículo 979, segunda parte del Código Aduanero (que define el tipo legal punitivo) por derivación de lo establecido en un DNU dictado por el Poder Ejecutivo y no por una ley del Congreso.
Insistió en que en el caso el DNU 1570/01 “tiene un efecto manifiestamente punitivo en el caso de autos, definiendo el monto de la pena de comiso del art. 979.2 del CA, por la que se privó a los actores de una suma de dinero que integraba su derecho constitucional de propiedad (art. 17 de la CN) del que también gozan los extranjeros (art. 17 y 20 de la CN). En definitiva, todo alcance punitivo que pueda derivarse del DNU 1570/01 está expresamente vedado por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución y puede ser cohonestado por esta instancia jurisdiccional”. Con tales fundamentos, concluyó que la pena de comiso dispuesta respecto de la mercadería cuya exportación es prohibida, debía ser dejada sin efecto y ordenó la devolución a los co-actores de los euros comisados.
Aclaró que “…la decisión de autos no implica, en absoluto, una declaración de nulidad constitucional (art. 99 inc. 3, párrafo segundo) del art. 7 del DNU 1570/01 ni tampoco de la prohibición de exportación [de] más de 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas que dispone dicha norma, prohibición cuya vigencia continua inalterable (…). La decisión de esta causa se limita, exclusivamente, a privar a dicho art. 7 del DNU de sus efectos punitivos (comiso de la mercadería de exportación prohibida conforme art. 979.2 del CA) por estar ello expresamente vedado por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución”.
Por lo demás, el 20 de septiembre de 2024, fueron regulados los honorarios del Dr. Gastón Eduardo Morón, en su carácter de letrado patrocinante de la parte actora, en la cantidad de 9,14 UMA, a cargo de su representada, de conformidad con la manera en que fueron impuestas las costas.
II. Que contra dicho pronunciamiento el Fisco apeló y expresó agravios el 26 de noviembre de 2024 (cfr. páginas 1013/1044 del DEO 18463620 incorporado digitalmente a la causa el 20 de mayo de 2025), cuyo traslado fue contestado por la parte actora el 24 de diciembre de 2024 (cfr. páginas 1058/1068 del aludido DEO).
Transcribe los fundamentos utilizados del Tribunal Fiscal para revocar la sanción de comiso dispuesta respecto de la mercadería considerada en infracción. En tales condiciones, se agravia en tanto afirma que se trata de un organismo administrativo que no se halla facultado para declarar la inconstitucionalidad de las normas.
Destaca que la revocación de la sanción de comiso se sustentó únicamente en la invalidez -al amparo de principios constitucionalesdel artículo 7 del DNU n° 1570/01, vedado por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución Nacional.
Considera que si la pretensión de la parte actora incluía la declaración de inconstitucionalidad y/o la declaración de invalidez del artículo 7 del DNU n° 1570/01, pudo haber optado por recurrir la resolución aduanera ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, tal como expresamente posibilita el artículo 1132 del Código Aduanero, y no ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que se halla limitado al respecto, de conformidad con lo establecido en el 1164 del Código Aduanero).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Cita precedentes de las diversas Salas de esta Cámara para fundar su postura.
Subsidiariamente, y para el caso de que no se dispusiera la revocación de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal y el reenvío para que aquel se pronuncie nuevamente respecto del fondo de la cuestión, desarrolla el marco normativo que, a su entender, debió ser tenido en consideración para resolver, así como las razones por las cuales debe ser considerada válida la delegación en el Poder Ejecutivo para disponer prohibiciones económicas transitorias.
Destaca que el “…el decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo Nacional encuentra sustento legal en las atribuciones que le confiere el artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional, así como en el artículo 632 del Código Aduanero, que permite la imposición de restricciones de carácter económico de manera transitoria”. En tales condiciones, afirma que “… la prohibición que aquí se defiende se trata de una prohibición relativa de exportación de carácter económico transitoria, por razones económicas (art. 609, inc. b) del CA) dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo en los términos y conforme las facultades que establece el art. 632 del citado cuerpo legal”. Por ende, considera que “…el Poder Ejecutivo Nacional no legisló en materia penal, sino que ejerció facultades otorgadas por el legislador para ejecutar políticas monetarias y cambiarias, dentro de los límites establecidos por el art. 609 del Código Aduanero. Asimismo, el control aduanero de exportaciones, incluidas las prohibiciones económicas, es una función inherente al servicio aduanero, validada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Con base en tales consideraciones, expresa que “…los efectos punitivos de la prohibición económica no solo son congruentes con el marco normativo vigente al momento del hecho, sino que resultan indispensables para garantizar su cumplimiento efectivo. Desvincular la regulación establecida implicaría, lejos de ajustarse a los principios constitucionales, generar una ruptura en el equilibrio entre los poderes del Estado y en la ejecución de políticas esenciales para el interés público”.
III. Que, el 29 de mayo de 2025, dictaminó el Fiscal General en orden a la cuestión de constitucionalidad planteada en los presentes autos.
IV. Que, de manera preliminar, corresponde recordar que el artículo 1143 del Código Aduanero establece que: “El Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria…”. Esta norma se aparta del sistema dispositivo, adoptándose el impulso de oficio y la facultad de resolver la controversia, independientemente de lo alegado por las partes. Así, en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conveniente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada (Alsina Mario A.; Barreira, Enrique C; et al., “Código Aduanero Comentado”, Tomo III, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 674). Sin embargo, estas atribuciones del Tribunal Fiscal de la Nación encuentran su límite en las pretensiones introducidas por las partes en sus escritos iniciales, pues no puede abandonarse la regla que obliga a fallar dentro de los límites de la demanda y de los hechos probados de la causa.
En tales condiciones, cabe señalar que de la lectura del escrito de apelación presentado ante ese Tribunal, obrante a fs. 40/62 del DEO 18463620 incorporado digitalmente a la causa el 20 de mayo de 2025 , no resulta que la parte actora hubiera formulado cuestionamientos concretos relacionados con la constitucionalidad de la sanción de comiso prevista en la segunda parte del artículo 979 del Código Aduanero.
A más de lo expuesto, y en consonancia con lo expresado por el Fiscal General en su dictamen del 29 de mayo de 2025, el Tribunal Fiscal de la Nación, carece de facultades para declarar la inconstitucionalidad de las normas, excepto que ya lo hubiere hecho la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuyo caso se halla habilitado para seguir esa interpretación (artículo 1164 del Código Aduanero), circunstancia que en el caso no se da.
Dicha limitación tiene fundamento en la ubicación orgánica de aquel y en que los vocales que lo componen no se hallan sujetos a los mecanismos de designación y remoción previstos en la Constitución Nacional para los jueces de la Nación “…y, por tal razón, su actividad —en cuanto recayera sobre la del Poder Legislativo, invalidándola— no está expuesta a los “pesos” y “contrapesos” institucionales que tienden a asegurar la división de poderes”.
En tales condiciones, se advierte que lo decidido por el Tribunal Fiscal, al haber privado de efectos punitivos al artículo 7 del DNU 1570/01 constituyó, en esencia, el examen de su validez constitucional a la luz de lo establecido en el artículo 99, inciso 3, tercer párrafo de la Constitución Nacional, aspecto que le estaba impedido, no sólo por tratarse de una cuestión que la parte actora no había sometido a decisión de ese Tribunal sino, fundamentalmente, porque aquél carece de atribuciones en tal sentido.
Por ello, y en la medida en que se advierte una violación manifiesta de las formas legales del procedimiento ante el Tribunal Fiscal, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco y, de conformidad con lo establecido en el artículo 1180, inciso a), del Código Aduanero, declarar la nulidad de lo decidido en los puntos 3, 4 y 5 de la parte dispositiva de la sentencia apelada. En consecuencia, y en la medida en que el Tribunal Fiscal omitió pronunciarse respecto a los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación obrante a fs. 40/62 del DEO 18463620 incorporado digitalmente a la causa el 20 de mayo de 2025, puntualmente con relación a la procedencia de la sanción de comiso aplicada respecto de la mercadería que fue considerada en infracción, en los términos de lo establecido en el artículo 979 del Código Aduanero, corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie nuevamente sobre tales aspectos (cfr. causa “Search S.A. (TF 22576-I) c/ D.G.I.”, expediente nº 37.573/2007, del 6 de marzo de 2008, causa Nº 27.060/06 “Agroferia SRL (TF 20436-I) c/ D.G.I.", expediente nº 27.060/06 del 15 de julio de 2008, “Scotland S.R.L. (TF 24.617-I) c/DGI”, expte. n° 43.136/2011, del 27 de junio de 2013 y “Solicon S.A. (TF 34.201-I) c/ DGI”, expte. n° 112/13, del 30 de abril de 2013, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/DGA”, expediente n° 49.663/2016, del 8 de marzo de 2017).
En virtud de la manera en que se decide, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada el 20 de septiembre de 2024 en favor del Dr. Gastón Eduardo Morón, en su carácter de letrado patrocinante de la parte actora.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco, declarar la nulidad parcial del pronunciamiento del 4 de septiembre de 2024 y disponer el reenvío al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento, de conformidad con lo expresado en el considerando IV. 2) Imponer las costas de esta instancia por su orden, atento al modo en que se decide (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 20 de septiembre de 2024.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy
Fin de la sentencia