Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 146.905
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de casación interpuestos.
II. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial, en lo que respecta a la determinación de la pena, pues procede en el caso descartar el agravante de la corta edad de las víctimas y computar como atenuante el buen concepto del imputado.
III. Rechazar -por mayoría de votos- el recurso de casación interpuesto por el Agente Fiscal.
IV. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la Defensa.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h, 8.4 CADH; 14.5, 14.7 PIDCP; 14, ley 48; 40, 41, 45 y 166 inc. 2, último párrafo, CP; y 20 inc. 1, 106, 209, 210, 366, 373, 421, 422, 423, 448, 450, 451, 452, 454, 460, 461, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 146905 (IPP 1200-440-24) caratulada “MAZZEI, PABLO NICOLAS NAHUEL S/ RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS POR AGENTE FISCAL Y POR DEFENSOR OFICIAL”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Pergamino, integrado de forma unipersonal por la Dra. Marcela A. Santoro, luego de la realización del juicio oral, condenó a Pablo Nicolás Nahuel Mazzei a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse -Hecho N° 1, de fecha 19 de enero de 2024-; y lo absolvió del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse por el que fuera acusado -Hecho N° 2, de fecha 26 de enero del año 2024- (arts. 166 inc. 2, último párrafo, 45 y ccs., CP) Contra el veredicto condenatorio interpuso recurso de casación el Defensor Oficial, Dr. Daniel Patricio Ryan, y contra la absolución, el Agente Fiscal, Dr. Germán Güidi.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Luciano Javier Marino, propició el rechazo del recurso de la Defensa y la procedencia del interpuesto por el Agente Fiscal, por los argumentos que expuso en su memorial.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantuvo el recurso de la Defensa y, como cuestión previa, planteó la inadmisibilidad e inconstitucionalidad de los arts. 421 tercer párrafo, 422, 423, 452 –incs. 1, 2 y 4– y 453 del CPP, en cuanto habilitan los recursos acusatorios, por entender que la condena dictada en esta sede afectaría la doble instancia, la inmediación y el principio in dubio pro reo, y que el reenvío vulneraría la prohibición de doble juzgamiento.
La causa ingresó a esta Sala en fecha 13/4/2026 y se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Corresponde dar respuesta en primer lugar, al planteo de inconstitucionalidad del recurso acusatorio formulado por el Defensor Adjunto de Casación.
Las normas que regulan la posibilidad del recurso fiscal habilitan de manera legítima la impugnación por esa parte en los supuestos taxativamente regulados, y el art. 452 inc. 1 del CPP establece que el Ministerio Público Fiscal podrá recurrir la sentencia absolutoria cuando haya pedido la condena del imputado. Para desatender dicha legitimación expresa debería mediar necesariamente una declaración de inconstitucionalidad, que constituye un acto de suma gravedad institucional y la última ratio del orden jurídico, reservada a los supuestos en que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional resulte manifiesta, clara e indudable. El derecho al recurso reconocido en los arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP no excluye el recurso fiscal, que tiene fuente y fundamento distintos; y, en virtud de lo establecido por los arts. 8.4 CADH y 14.7 PIDCP, la prohibición ne bis in idem no está provista de un alcance tal que excluya el recurso de la acusación contra una sentencia de absolución, sirviendo lo expuesto para rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 421 tercer párrafo, 422, 423 y 452 incisos 1, 2 y 4 del CPP. Los recursos fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450 primer párrafo, 451, 452 y 454 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión el señor juez, doctor Violini, dijo:
Advirtiendo que los preopinantes han alcanzado la mayoría constitucionalmente exigida a los fines de definir la admisibilidad formal de los remedios casatorios presentados, deviene ocioso que me expida sobre el sentido de una cuestión cuya suerte ya ha quedado resuelta con el concenso de mis colegas.
A la segunda cuestión el señor juez, doctor Maidana, dijo:
El Defensor Oficial plantea la arbitrariedad de la sentencia y la violación de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de la prueba para tener por acreditada la autoría de Mazzei en el hecho N° 1. Señala que la condena reposa de manera exclusiva en el reconocimiento efectuado por la víctima Santiago Bazán Sánchez, cuyo resultado considera viciado por la exhibición previa de una fotografía del imputado obtenida de una red social, que le habría sido mostrada con anterioridad. Con apoyo en la psicología del testimonio, sostiene que esa exhibición indujo el reconocimiento posterior, y que la jueza omitió tratar dicho planteo. Agrega que en la diligencia vinculada con un episodio posterior la víctima no lo identificó, que el allanamiento dio resultado negativo, que no fue captado por las cámaras y que no se acreditó vínculo alguno con los restantes coimputados. Cuestiona, asimismo, la fundamentación del monto de la pena, por entender que las circunstancias agravantes fueron computadas de manera automática y sin explicar su incidencia, por lo que reclama la imposición del mínimo legal. Invoca el principio in dubio pro reo. Solicita la absolución de su asistido. Hace reserva del caso federal.
El Agente Fiscal sostiene que el Tribunal denegó de manera arbitraria, y en contra de lo dispuesto por el art. 366 del CPP, la incorporación por lectura de la declaración testimonial de la víctima Fausto Omar Duarte –inhabilitado para concurrir al debate por una intervención quirúrgica acreditada con certificado médico– y del acta de reconocimiento en rueda de personas con resultado positivo llevada a cabo con su participación; y que, sobre la base de esa exclusión, se arribó al veredicto absolutorio. Solicita que se case lo resuelto y se condene a Mazzei también por el hecho N° 2.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
La extensión que, por vía de una interpretación compatible con las exigencias de los Pactos sobre Derechos Humanos, se acordó al recurso de casación (por todos, cfr. CSJN in re “Casal”) obviamente no opera cuando es el acusador público el que impugna un pronunciamiento final. Ello así en la medida en que el recurso es para el imputado una garantía de raigambre constitucional que ha sido reconocida por diversos Tratados de Derechos Humanos, mientras que el recurso fiscal se erige en una simple prerrogativa que concede la ley ritual al mismísimo Estado (cfr. CSJN, Fallos: 320:2145). De tal manera, las cuestiones referidas a la valoración probatoria quedan –en este tipo de supuestos– fuera del ámbito de esta Sede, salvo absurdo o arbitrariedad.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
Los recursos habrán de prosperar parcialmente, sólo el de la defensa en su pretensión subsidiaria.
El Tribunal tuvo por acreditados los siguientes hechos:
Hecho N° 1 (IPP 12-00-000440-24): “En la ciudad de Pergamino, siendo las 02:30 horas aproximadamente del día 19 de enero de 2024, en circunstancias que Santiago Bazán Sánchez, Tomás Alexis Escobar y Tomás Agustín Alcalde venían caminando por calle Santiago del Estero en el sentido de la calle en dirección hacia el arroyo Chu-Chú, cuando a la altura de la intersección con calle Venezuela de Pergamino, son alcanzados por una motocicleta del tipo 110 cc de color negra, sin luces ni plásticos en sus laterales, en la que circulaban dos sujetos a bordo en el mismo sentido de las víctimas. Que al sobrepasar a las víctimas, los sujetos a bordo de la motocicleta dan un giro en U y pegan la vuelta haciendo un tramo en contramano, procediendo a detener la marcha de la motocicleta, de la que desciende el acompañante, quien extrae de entre sus prendas un arma de fuego del tipo revólver y mediante la utilización de la misma, se apodera del teléfono celular marca Samsung modelo A70 de color azul tornasolado, de pantalla astillada en sus bordes, con funda negra colocada con tres stickers, abonado 2478-419288, con número de IMEI 355924/10/378952/7, perteneciente a Santiago Bazán Sánchez, del teléfono celular marca Samsung modelo S6 de color verde, con pantalla astillada en la cual al encenderlo posee dos líneas verticales, con funda de color negra colocada, con número de abonado 011-22944444 de la empresa Personal, perteneciente a Tomás Agustín Alcalde y del teléfono celular marca Samsung modelo A31 de color azul con funda negra colocada, abonado 2477-399910, con número de IMEI 352825096211754, perteneciente a Alexis Tomás Escobar, para luego subir a la motocicleta y darse a la fuga ambos por calle Santiago del Estero en el mismo sentido de circulación”.
Hecho N° 2 (IPP 12-00-000613-24): “Asimismo, siendo aproximadamente las 02:50 horas del día 26 de enero de 2024, en circunstancias que Lautaro Gabriel Acosta, Fausto Omar Duarte, Constanza Rojas y Magalí Malarchia se encontraban caminando llevando de tiro una bicicleta del tipo mountain bike marca Top Mega de color negra con detalles en color flúor, propiedad de Lautaro Acosta, por calle Zeballos en dirección hacia el parque Belgrano de esta ciudad, es que al llegar a la intersección de calle Colodrero los sobrepasa una motocicleta del tipo 110 cc de color negra con el faltante de plásticos y luces, con dos sujetos a bordo, quienes doblan por calle Colodrero. En ese escenario, es que las víctimas continuaron caminando por calle Zeballos, cuando antes de llegar a la intersección de la Ruta 188, Lautaro Acosta grita ‘tengan cuidado que volvieron los de la moto’, siendo que Fausto Omar Duarte venía unos metros adelante circulando a bordo de la bicicleta propiedad de Acosta, por lo que le cruzan la motocicleta cortando el paso de Fausto, descendiendo de la misma el acompañante, quien extrae de entre sus prendas un arma de fuego del tipo revólver, y mediante la utilización de la misma le refiere que entreguen todos los celulares, por lo que Duarte se queda paralizado mirando, mientras el resto de sus amigos salieron corriendo.
Seguidamente, el sujeto se acerca a Fausto Duarte y comienzan a forcejear por la bicicleta, por lo que lo obliga a bajar a la víctima y se apodera del rodado cargando el mismo en su hombro, dándose a la fuga junto al otro sujeto en la motocicleta por Ruta 188 en dirección hacia el Arroyo Pergamino, doblando nuevamente a la izquierda en dirección hacia el barrio José Hernández”.
La absolución por el segundo hecho tuvo por sustento la falta de acreditación de la autoría del imputado.
El motivo de agravio principal de la defensa es improcedente.
Del recurso surge que la mayoría de las cuestiones planteadas ya fueron objeto de tratamiento por el tribunal, quien las evaluó y contestó, sin que la persistencia logre alterar la decisión (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada "BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación", sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, "GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación" y su acum., c. N° 56.647, "GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.", sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 "REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
Con relación a la valoración del reconocimiento de la víctima Bazán Sánchez, la jueza ponderó que la obtención y visualización de la fotografía con antelación a la diligencia de reconocimiento en rueda, por sí sola, no alcanza para sostener que indujo su resultado, y lo contrastó con la franqueza, firmeza y espontaneidad del relato de la víctima, quien reiteró las señas particulares del rostro del autor –los pozos que en un primer momento describió como cicatrices– ya aportadas en su primera declaración en sede policial, anterior a toda exhibición fotográfica. Así, evaluó que Santiago Bazán Sánchez reconoció a Mazzei como el acompañante de la motocicleta que descendió empuñando un revólver y lo desapoderó -y a sus amigos- del teléfono celular, que fue el único -por su ubicación- “que tuvo al autor de la sustracción de frente, al entregarle el celular en mano”. Que explicó que el imputado usaba una capucha del propio buzo, estaba a cara descubierta y que pudo verle el rostro ("lo vi de frente, lo pude ver bien"), y especificó que tiene pozos en la cara, creyó que eran cicatrices y así lo declaró en un primer momento, pero son pozos. Que agregó, que luego del hecho, angustiado, subió una historia a Instagram contando lo sucedido, y como consecuencia un cliente de "Antares" de nombre Martín le exhibe una foto de un perfil de Facebook y le pregunta si ese no era el autor, que al verla lo reconoció. Que aclaró, que cuando participó en la rueda de reconocimiento en Fiscalía, estaba esa misma persona, aunque teñida de rubio, con barba y más peso, pero igualmente la reconoció. Al ser interrogado por la Defensa, refirió que si bien no pudo reconocerlo en el álbum -de modus operandi- que le fuera exhibido inmediatamente al hecho, sí lo hizo al ver la foto y en la rueda efectuada un mes después. Base en que justificó la jueza el rechazo de una situación de sugestión o inducción en el testigo.
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución cuestionada, destruir las premisas y conclusiones o para demostrar su ilegalidad, por lo que debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la defensa prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
Las cuestiones planteadas sólo reflejan una diversa interpretación del material probatorio, más favorable a sus intereses, que no comprueban ni una arbitraria valoración ni una insuficiencia de la prueba que conduzca, como pretende la defensa, a la absolución de Mazzei por el primer de los hechos.
No hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica, ni al principio in dubio pro reo (arts. 1, 106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad -frustrada-, no sólo no surge de los fundamentos que la sentenciante expuso sino tampoco de los planteos formalizados por la defensa (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación”, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
El reclamo subsidiario dirigido a la pena, es procedente parcialmente.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal argentino –de penas relativas–, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras sin establecer el sentido ni el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control crítico-racional del proceso de decisión. No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena, y la Suprema Corte de Justicia provincial ha declarado invariablemente que no resulta impuesto asignar un valor numérico a cada pauta sobre algún punto de ingreso a la escala penal (SCBA, P. 125.464, del 22/12/2015, entre otras).
La Dra. Santoro computó como agravantes los antecedentes condenatorios del imputado, la nocturnidad y la corta edad de las víctimas.
La controversia relativa a la ponderación de los antecedentes condenatorios como pauta susceptible de incrementar la medida de pena, ha sido saldada ya por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores en sentido contrario al aquí pretendido (TCP, Sala VI, Causa N° 54.805 “L., P. D. s/recurso de casación”, rta. 30/05/13). Así, la CSJN tiene dicho que el principio constitucional del ne bis in idem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho, pero no impide tomar en cuenta la anterior condena para ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario. En este mismo sentido, se pronunció la Suprema Corte de esta provincia que, en reiteradas oportunidades, avaló la valoración de las condenas previas como circunstancia gravosa y descartó que esto constituya una violación del mencionado principio, incluso en aquellos casos donde recaiga declaración de reincidencia. Pues los juzgadores a los fines de graduar la pena ponderan únicamente la existencia del precedente condenatorio, mientras que las consecuencias que la ley asigna a la condición jurídica de reincidente operan en el ámbito de la ejecución de la pena (causas P. 65.317, sent. de 3-III-2004; P. 80.174, sent. de 8-IX-2004; P. 78.262, sent. de 14-XII-2005; P. 79.967, sent. de 20-VI-2007; P. 94.467, sent. de 7-V-2008; P. 102.267, sent. de 28-XII-2008; P. 98.760, sent. de 3-II-2010; P. 109.772, sent. de 4-IV-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 133.869, cit.; entre muchas otras). Por lo que el impugnante no ha intentado evidenciar que el baremo cuestionado no encuentre previsión legal en el enunciado del art. 41 inc. 2 del C.P. o que su valoración sea incompatible con la esencia del sistema por aquél receptado (SCBA, P. 94.467, sent. del 7-V-2008), ni ha cuestionado la corrección de los precedentes reseñados, el motivo de agravio no puede prosperar. Es que la ley reconoce a la “conducta precedente” del sujeto como un criterio dosificador que permite extraer en este caso una mayor culpabilidad en el hecho reprochado y ajustar con más precisión el tratamiento (cfr. TCP, Sala I, c. N° 134554 “Paredes”, 12/12/2024, entre otras).
La valoración de la nocturnidad como severizante, también debe mantenerse, pues fue debidamente fundada en el aprovechamiento de las particulares condiciones de la madrugada y de la menor concurrencia del lugar en que las víctimas fueron interceptadas. Se trata de un dato que disminuye las defensas del bien al permitir actuar con mayor impunidad. El contenido del injusto aumenta debido a la desprotección del bien jurídico no imputable a su titular (cfr. TCP, Sala I, c. N° 84033 “Beramendi”. 14/2/2018, entre otras). No ocurre lo mismo con la corta edad de las víctimas, pues la mera afirmación de que los menores –en el caso de 17 años- son “un objetivo que brinda menor resistencia” -frente a un robo con armas ejecutado por dos hombres que se movilizaban en un moto- no constituye fundamentación suficiente, sumado a que tampoco se acreditó que el autor conociera que tenían esa edad, ni que las hubiera seleccionado por esa circunstancia.
También asiste razón al Dr. Ryan en la pretensión de que se valore como atenuante el buen concepto del imputado, pues se presume a falta de prueba en contrario y, en el caso, contaba con respaldo concreto en el incidente de medida morigeradora. Es un dato que se enrola dentro de las calidades personales del agente, a las que alude el inciso 2º del artículo 41 del Código Penal, operando así como un correctivo de menor peligrosidad que debe reflejarse en el monto de pena fijado (cfr. TCP, Sala I, c. N° 80.727, “Estigarribia”, 23/03/2017, c. N° 95355 “Torres”, 31/10/2019, entre otras)
El recurso del fiscal también resulta parcialmente procedente.
Según surge del acta de debate, la víctima Fausto Omar Duarte no concurrió a la audiencia por encontrarse inhabilitada para hacerlo a raíz de una intervención quirúrgica programada para esa misma fecha, extremo acreditado con el certificado médico acompañado por la Fiscalía. Ante ello, el Agente Fiscal solicitó la incorporación por lectura de la declaración testimonial prestada por la víctima durante la investigación; la Defensa se opuso con invocación del precedente “Benítez” de la CSJN y la jueza no hizo lugar al pedido, frente a lo cual el fiscal formuló la pertinente protesta.
La situación encuadra en uno de los supuestos expresamente previstos en el art. 366, cuarto párrafo, del CPP, que autoriza la incorporación por lectura de la declaración de quien se hallare inhabilitado por cualquier causa para concurrir, presupuesto que aquí se verificó y fue debidamente acreditado. A su vez, el caso no presenta la analogía con el precedente “Benítez” de la CSJN (B. 1147. XL – “Benítez, Aníbal Leonel s/ lesiones graves”, del 12/12/2006) que la Defensa invoca, en tanto allí la totalidad de los testimonios de cargo que fueron valorados para fundar la condena fueron incorporados al debate por lectura (Cfr, mi voto en la causa n° 50029 y acum., “Perez, Pablo José y Oporto, Gustavo Omar s/ recurso de casación”, sent. del 23/3/2023, TCP, Sala III, e/o). En el presente, en cambio, la declaración que se pretendía incorporar provenía de una de las víctimas del hecho, que, además de haber declarado en la etapa previa, participó de la diligencia de reconocimiento en rueda de personas en presencia del Secretario de la Defensoría Oficial, Dr. Gerardo Gastón Ríos, oportunidad en la que ratificó su testimonial y respondió las preguntas que se le formularon, de modo que la prueba excluida había sido sometida al control de la Defensa durante la investigación.
La decisión, asimismo, confunde el mecanismo de incorporación por lectura al debate con el mérito probatorio. Si se trata de uno de los supuestos previstos por el art. 366 del CPP su ingreso al debate es procedente; luego, si ese testimonio la defensa no tuvo la posibilidad de controlarlo no podrá utilizarse como base de una condena, y corresponderá su exclusión a tales fines. Como dijo la Corte Suprema en “Benítez” (Fallos 329:5556, considerando 13): “no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado” (Cfr. TCP, Sala I, c. 123467, “Ortega Castillo”, 23/11/2023, c. 132694, “Escobar”, 17/9/2024, entre otras). En tales condiciones, la denegatoria importó un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, en los términos del art. 461 del CPP, que descalifica al veredicto absolutorio como acto jurisdiccional válido y torna necesaria la realización de un nuevo juicio. Por otra parte, -en el caso- la valoración de la prueba indebidamente no incorporada exige un juicio en el que sea producida e integrada al resto de la evidencia, con posibilidad de que la Defensa pueda discutir su peso y oponerse a la condena en el contradictorio del debate; sólo así se resguarda la garantía de defensa en juicio (art. 18, CN).
Por todo lo expresado, corresponde: 1) hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Defensor Oficial en lo que respecta a la determinación de la pena, pues procede en el caso descartar el agravante de la corta edad de las víctimas y computar como atenuante el buen concepto del imputado; 2) hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Agente Fiscal y anular el veredicto absolutorio respecto del hecho N° 2; 3) reenviar las actuaciones a la instancia de origen para que, a través de jueces hábiles, se realice un nuevo juicio comprensivo tanto del hecho N° 2 como de la nueva determinación de la pena. Asimismo, tener presente la reserva del caso federal formulada por la Defensa (arts. 40, 41, 45, 166 inc. 2, último párrafo, CP; 366, 448, 450, 451, 452, 454, 460, 461 y ccs., CPP; art. 14, ley 48).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión el señor juez, doctor Carral, dijo:
En punto al progreso parcial del recurso de la defensa, propuesto por el voto por el que se abre el acuerdo, coincido en lo sustancial con el razonamiento expuesto, adhiero a sus fundamentos y ,me pronuncio en idéntico sentido.
Distinto es mi parecer con relación a la impugnación del ministerio público fiscal que el primer voto declara procedente. En este sentido me permito disentir con mi distinguido colega de Sala, con relación a la interpretación y aplicación de la doctrina de la Corte federal por la que se resguarda el derecho de la defensa a controlar las testificales de cargo, conocido en la doctrina constitucional como “derecho de confrontación” de especial relevancia en un sistema acusatorio. Veamos los antecedentes que llevaron al órgano de juicio a declarar inadmisible la incorporación por lectura peticionada por la fiscalía de juicio.
Según surge de la lectura del acta de debate agregada al legajo digital es pertinente señalar el contexto en que se desarrolló el inicio del juicio.
La acusación estatal llega a juicio con una pluralidad de imputaciones que involucraban varios hechos, como así también varias personas acusadas. Al momento en que la fiscalía establece los lineamientos de las imputaciones, en una actuación que merece destacarse por el resguardo del deber de objetividad, desiste de seguir adelante con la acusación con relación a los enjuiciados D.N.S y R.E.M, en orden a la imputación de encubrimiento, solicitud que es receptada por el órgano jurisdiccional de conformidad con lo reglado por el art.368 última parte, dictándose el sobreseimiento.
También la acusación adopta igual temperamento, en este caso con relación a Mazzei, con relación al sustrato fáctico que fuera encuadrado en “amenazas calificadas” (c.688-2024 -IPP 1083-24), concluyendo en idéntica decisión jurisdiccional que la señalada en el párrafo anterior (art.368 última parte Código Procesal Penal). Por otra parte, sostiene la imputación a Mazzei en orden a los dos hechos, cuya narración ya fuera ofrecida en el voto que me precede. Ahora bien, iniciado el debate comenzó la producción de prueba de la fiscalía y al momento de producir la destinada a corroborar su hipótesis del suceso identificado como n° 2, postuló la incorporación por lectura de la declaración de la víctima del despojo -Fausto Omar Duarte- argumentando para ello que “…la familia del mismo acompañó certificado médico de intervención quirúrgica para el día de la fecha en la ciudad de La Plata, lo que justifica su incomparecencia a debate”.
Con base en ese sustrato fáctico e invocando el art.366 del digesto de forma, solicita la incorporación de la testifical brindada en el marco de la IPP. Por su parte, sustanciada la petición, la defensa oficial se opuso a la integración por lectura, fundando su postura en el fallo “Benitez” de la C.S.J.N. según así reza el acta de debate antes citada. La señora jueza de la audiencia rechazó la petición de la fiscalía, lo que generó que se formule la correspondiente protesta de forma, que habilita la admisibilidad del agravio planteado ante esta instancia.
Sentado lo anterior, voy ahora por las razones de mi disenso. Dejando a un lado la auscultación de los presupuestos que establece el art.366 del código de rito para admitir la integración por lectura, que tampoco encuentro abastecidos en el particular, entiendo necesario ingresar directamente en el tratamiento constitucional que conlleva la materia de discusión, vale decir y como anticipé, el alcance del “derecho a confrontar los testigos de cargo”, cuya receptación convencional resulta consabida con arraigo en los artículos 8.2.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.e. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Inicialmente es preciso destacar que la actividad de la acusación presentó aquí varios déficits. Frente a un supuesto como el examinado (ausencia momentánea por intervención quirúrgica en otra ciudad) más allá del grado de corroboración sobre ese extremo, en principio pareciera ser una información que debiera estar disponible para la fiscalía con alguna antelación al juicio y, aún en una ausencia tal, hay otros caminos posibles para sostener la producción de esa prueba (aplazamiento dentro del plazo de ley para la recepción de la testifical; mecanismos alternativos de receptación (video-conferencia) una vez que la persona se encuentre en condiciones de prestar declaración -siempre dentro del plazo de ley que permite la suspensión del debate, entre otras alternativas). Nada de esto se intentó desde la acusación, que entendió que contaba con un derecho a integrar por su lectura a partir de la simple inasistencia del testigo al debate. Más allá de estos antecedentes, entiendo que los argumentos por los que la acusación pretende que progrese su agravio, se apartan de la doctrina de la Corte federal y de la interpretación y aplicación de las cláusulas convencionales (en las condiciones de su vigencia), al encontrarse en oposición a la jurisprudencia de la Corte I.D.H. y del T.E.D.H, en la interpretación de cláusulas equivalentes del Convenio Europeo D.H., y la interpretación que del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se ha efectuado desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (O.N.U.).
En mi parecer, el tribunal de la audiencia no incurre en una confusión acerca del mecanismo de incorporación por lectura y el eventual mérito probatorio que corresponde asignarle. Lo primero que ha de tenerse en cuenta es que la declaración testifical recibida durante la IPP es una “protoprueba”, y que, para adquirir el carácter de prueba necesita de su producción en la audiencia de debate, asegurándose el control y confrontación. Las “declaraciones anteriores” son herramientas de litigación para que las partes, una vez que acrediten debidamente la necesidad de su utilización, puedan confrontar al testigo de acuerdo a la modalidad que lo habilite (contradicciones, omisiones relevantes, entre otros).
La protección constitucional se resguarda en el derecho interno bajo el conducto de la exclusión probatoria. Si bien la pieza que se pretende introducir a debate por lectura ha sido regularmente adquirida, existe una “prohibición de valoración” que impide entonces que se integre al cuadro probatorio, y todo ello con independencia de las consecuencias que ello pueda acarrear, vale decir si el elemento probatorio excluido es dirimente.
La cita del precedente “Benitez” por la que se propicia validar la pretensión de la acusación, “no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado” (considerando 13), debe ser entendida en el sentido de que pueden existir situaciones donde ese procedimiento pueda legitimarse, tales como el acuerdo de partes para su ingreso; que se cumplan las dos condiciones que impone la doctrina del fallo citado en cuanto exige como presupuestos la corroboración de la indisponibilidad y de la oportunidad útil y eficaz de confrontación anterior, o, incluso, excepciones como aquella que legitima la integración por lectura cuando ha sido el propio acusado el que ha causado la indisponibilidad para estar en juicio, conocida en el derecho anglosajón como Forfeiture by wrongdoing.
Al respecto, la Corte estableció que “el derecho de examinación exige que el imputado haya tenido una oportunidad adecuada y apropiada de desafiar y cuestionar a un testigo o cualquiera que hubiera hecho declaraciones en su contra” (considerando 14), e invoco´ la sentencia de la CorteIDH en el caso “Castillo Petruzzi v. Perú” en el que -interpreto´ la Corte- se había estimado relevante que la defensa no hubiera podido contrainterrogar a los testigos durante la instrucción ni con posterioridad” (considerando 15).
En función de lo anterior, se ha sostenido que la doctrina de “Benítez” puede resumirse del siguiente modo: “Si durante la instrucción la recepción de un testimonio tiene lugar con intervención de las partes y con posibilidad de la defensa de repreguntar, entonces ese control será considerado suficiente en caso de que luego, en la etapa de debate, resulte imposible la nueva comparecencia de ese mismo testigo” (Carrió, Alejandro, 2014, Garantías constitucionales en el proceso penal, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, pág. 137).
En el informe del caso 12.681 del 5 de octubre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que, tomando en cuenta que la prueba practicada sin participación de la defensa fue una declaración testimonial y la misma resultó evidencia sustancial para condenar, esta situación constituyó una violación del artículo 8.2 f) de la Convención, el cual consagra, entre otros, el derecho de toda persona procesada penalmente, a interrogar a los testigos. Esto incluye, los testigos tanto de cargo como de descargo.
Precisó que, si bien es cierto que, conforme a los estándares citados, el derecho a interrogar a los testigos puede ser restringido en circunstancias excepcionales, tal limitación debe estar fundamentada en razones de mucho peso, tales como el riesgo a la vida e integridad personal de los declarantes, y siempre que se dispongan medidas de compensación respecto del derecho de defensa de la persona procesada (caso “Marcos Alejandro Martín c/ Argentina, cfr. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pc/fondos.asp).
Por consiguiente, si en el marco del proceso no se ofreció a la defensa una oportunidad útil y efectiva para interrogar al testigo de cargo, que tampoco está disponible en la audiencia de juicio, su declaración no controlada por la defensa no puede ser tomada como base de la sentencia, encontrándonos -en rigor- ante un supuesto de exclusión probatoria (art. 211, CPP) y, por ello, debe examinarse cuál es el peso relativo que pudo haber tenido esa prueba al fundar el veredicto de culpabilidad, es decir, evaluar si la exclusión señalada afecta la suficiencia probatoria. Sobre estos pilares hemos coincidido con mi colega de Sala en las causas N° 124.200 caratulada “Benitez Matías Pablo S/ Recurso de Casación” (14-06-2023) y causa N°123046 caratulada “Orellana, Carlos Norberto s/Recurso De Casación” (16-08-2023), entre muchas otras. Es por lo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General nro.32 del año 2007, emitió opinión sobre la exégesis de la regla del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ámbito regulatorio que dio lugar interpretaciones alambicadas del T.E.D.H., que van desde “Lucá c/Italia”, “Urterpertinger c/Austria” en 1986 (utilizado por nuestra Corte Federal en “Benitez”) hasta cierta devaluación en “Al-Khawaja y Tahery c. Reino Unido” en 2011, para retomar el criterio tradicional sobre el alcance de las excepciones en “Balta y Demir c. Turquía” (2015).
En la resolución de cita la O.N.U. ha señalado, interpretando el apartado e) del párrafo 3 del art.14del Pacto de Derecho Civiles y Políticos, que “...como aplicación del principio de igualdad de medios, esta garantía es importante para asegurar una defensa efectiva por los acusados y sus abogados y, en consecuencia, garantiza a los acusados las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer e interrogarlos y contrainterrogarlos que las que tiene la acusación”. Sobre esos presupuestos ha precisado que, si bien esa exigencia no otorga un derecho ilimitado a obtener la comparecencia de cualquier testigo, debe asegurar “la oportunidad de interrogar a los testigos de cargo e impugnar sus declaraciones en alguna etapa del proceso”.
Se ha sostenido en el voto por el que se abre el acuerdo, que la defensa a través de la actuación del secretario de la defensoría estuvo presente en la diligencia de reconocimiento en fila de la que participó el aquí acusado, y donde el testigo (ahora ausente) ratificó su declaración anterior. Según el criterio que se erige desde ese razonamiento, esa fue la oportunidad en la que la defensa podía confrontar y desafiar la declaración anterior.
Desde mi punto de vista es necesario atender a la verdadera naturaleza de la diligencia en la que intervino la defensa y cómo es el desarrollo del acto, que también puede seguirse de las actas que pretende incorporar la fiscalía. Con relación a esos extremos, el eje de discusión necesita ser esclarecido en punto al alcance de lo que invocando precedentes del TEDH, la Corte federal ha destacado como una “oportunidad adecuada y apropiada” para confrontar a un testigo de cargo. Así, en “Benitez” se ha sostenido que: “[…] corresponde aclarar que el derecho de examinación exige que el imputado haya tenido una oportunidad adecuada y apropiada para desafiar y cuestionar a un testigo o cualquiera que hubiera hecho declaraciones en su contra (conf. TEDH, caso Saïdi v. Francia, Serie A, N° 261-C, sentencia del 20 de septiembre de 1993, párr. 43 C; —sin destacar en el original—; asimismo, caso Barberá, Messegué y Jabardo vs. España, serie A, N° 146, sentencia del 6 de diciembre de 1988)” (considerando 14) (la negrita es propia).
Abocados a esta tarea, puede verse que las reglas del digesto procesal que regulan la diligencia de “reconocimientos”, en lo que aquí respecta y resulta pertinente, artículos 257 a 259, facilitan la comprensión de su alcance. Tal como es simple de apreciar, especialmente si nos atenemos a lo prescripto por el art.259 que regula la forma en que debe llevarse a cabo la diligencia, no contempla la manda de abrir el contenido de sus declaraciones anteriores a la confrontación del representante de la defensa que -eventualmente- pudiera estar presente. Incluso aceptando que el sujeto reconociente haya ratificado formalmente sus dichos anteriores durante esa diligencia, no equivale a que la defensa haya tenido la oportunidad de confrontarlos: se trata de dos actos distintos. La ratificación de la declaración por el propio testigo —acto del que, además, la defensa ni siquiera fue notificada— no suple la ausencia de una verdadera instancia de contradicción a su respecto. Por lo demás, la naturaleza del acto y la dinámica de su desarrollo, incluso en las condiciones y espacios físicos en que se despliega, parecen estar alejadas de garantizar aquella oportunidad “adecuada” de la que nos habla el sistema interamericano de protección de derechos humanos. En consecuencia, más allá de que estos argumentos no fueron esgrimidos oportunamente -por la acusación- a la hora de peticionar sobre la incorporación por lectura y, por tanto, se sustrajeron a la decisión de la magistrada de la audiencia, la ulterior utilización tampoco alcanza para habilitar las excepciones a la regla “Benitez”.
Finalmente, sella la suerte adversa del recurso de la fiscalía el razonamiento del veredicto absolutorio que ponderó el resto de la prueba llevada a juicio para corroborar la hipótesis del hecho nro.2. En efecto, con atinado criterio se señala que tanto las testificales producidas en juicio del oficial Palacios, como la del joven Lautaro Acosta, nada aportan en torno a la identificación de los autores del hecho cuya materialidad no se encuentra controvertida.
En este mismo sentido, debe destacarse que la pretensión de la fiscalía de utilizar la inferencia de autoría en cabeza de Mazzei, a partir de los dichos del personal policial que afirmó que a partir de la detención de Mazzei cesaron la comisión de ilícitos bajo esa modalidad en la zona en que se desempeña, constituye una generalización (máxima de la experiencia) espuria que no permite validar la presunción.
Como consecuencia de lo antedicho concluyo que con relación al recurso de la defensa VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA y en relación con el recurso de la fiscalía VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma segunda cuestión el señor juez, doctor Violini, dijo:
Existiendo consenso entre mis distinguidos colegas sobre la procedencia parcial del recurso articulado por quien tiene a su cargo la defensa técnica de Mazzei, he de pronunciarme exclusivamente sobre el único punto de disidencia entre los preopinantes, esto es, la suerte de la impugnación incoada por el Agente Fiscal contra la decisión del Tribunal en lo Criminal Nro. 1 de Pergamino de absolver a Pablo Nicolás Nahuel Mazzei en relación al ilícito contra la propiedad perpetrado la madrugada del 26 de enero de 2024 y que en el fallo impugnado obra identificado como Hecho 2.
En ese sentido, adhiero a las fundadas razones por la que el doctor Carral propone que se rechace el recurso incoado por el titular de la acción penal, y que guardan relación con la insuficiencia de las pruebas valoradas para esclarecer la responsabilidad criminal del encausado y, fundamentalmente, los impedimentos de orden constitucional que obstan a la incorporación de la prueba escrita con case en la que el vindicante pretende que se dicte condena respecto al acusado, conforme el minucioso análisis efectuado por mi estimado colega en cuanto al sentido y alcance de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el precedente "Benitez", y su aplicación al caso de autos. ASI LO VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisibles los recursos de casación interpuestos.
II. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial, en lo que respecta a la determinación de la pena, pues procede en el caso descartar el agravante de la corta edad de las víctimas y computar como atenuante el buen concepto del imputado.
III. Rechazar -por mayoría de votos- el recurso de casación interpuesto por el Agente Fiscal.
IV. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la Defensa.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h, 8.4 CADH; 14.5, 14.7 PIDCP; 14, ley 48; 40, 41, 45 y 166 inc. 2, último párrafo, CP; y 20 inc. 1, 106, 209, 210, 366, 373, 421, 422, 423, 448, 450, 451, 452, 454, 460, 461, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia