Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2518/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a las excusaciones deducidas por los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Fernando Miguel Basanta en PE576528-2022 y PE756393-2022, respectivamente, declarando abstracta la recusación planteada en PE645699-2022.-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la amparista en PE541248-2022, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE560936-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2518/22-TSJ Interlocutorio N°: 3738 Actor: MC NAMARA ROMINA Demandada: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO Fecha: 13-04-23 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3738 FOLIO Nº 6688/6692 PROT. ELECT. TSS1 009 I.231
Río Gallegos, 13 de abril de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “MC NAMARA ROMINA c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ AMPARO”, Expte. Nº M-15.754/22 (M-2518/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, las excusaciones formuladas por los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani y Fernando Miguel Basanta (cfr. PE576528-2022 y PE756393-2022) y la recusación formulada por la parte actora contra el Dr. Basanta (cfr. PE645699-2022).-
El Dr. Mariani expresa: “En virtud de la previsión contenida en el segundo párrafo del artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial y a fin de aventar cualquier eventual sospecha sobre la ecuanimidad en la decisión que se adopte en las presentes actuaciones, debo inhibirme de intervenir por razones de decoro y delicadeza toda vez que el suscripto resulta ser integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz en calidad de Presidente. En virtud de lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en el presente juicio.” (cfr. PE576528-2022).- Por su parte el Dr. Basanta dice: “Tengo el honor de dirigirme a V.E., a fin de emitir el informe que establece el artículo 22 del Código Procesal Civil y Comercial, en orden a la recusación articulada por el Dr. Javier A. Stoessel, en la causa: 'MC Namara Romina c/ Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz s/ Acción de Amparo', Expte. 2518/22 TSJ, en trámite por ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia. La misma se formula en los términos del artículo 17 inciso 7° del cuerpo normativo precitado. Expresado ello, debo manifestar que el suscripto participó en estas actuaciones en el carácter de Agente Fiscal Subrogante de la Fiscalía de Primera Instancia N° DOS, emitiendo opinión a PE400971-2022. Es por ello, que excúsome de intervenir en el presente juicio, atento encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17 inciso 7°, del mismo cuerpo legal. Por lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en el presente juicio.” (cfr. PE756393-2022).- Que, en lo que respecta a la excusación del Dr. Daniel Mauricio Mariani, en razón del escrúpulo fundado en las circunstancias explicitadas, que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos y en virtud de lo normado en el artículo 30, segundo párrafo, del CPCyC, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
Asimismo, encuadrándose la situación planteada por el Dr. Fernando Miguel Basanta en la causal prevista por el artículo 17, inciso 7º, por remisión del artículo 30, primer párrafo, del CPCyC, corresponde hacer lugar a dicha excusación.-
En cuanto a la presentación efectuada por el Dr. Javier Alejandro Stoessel, recusando al Dr. Fernando Miguel Basanta (cfr. PE645699-2022), deviene abstracta atento lo resuelto precedentemente.-
II. Que, asimismo, llegan los presentes a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la Dra. Romina Mc Namara, por derecho propio (cfr. PE541248-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por su parte, confirmó la sentencia de Primera Instancia e impuso las costas de la Segunda Instancia por su orden (cfr. PE517237-2022).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había rechazado la acción de amparo e impuesto las costas por el orden causado (cfr. PE277179-2022).-
III. Que, en su recurso de casación, la Dra. Romina Mc Namara plantea que la sentencia atacada reviste el carácter de definitiva, en cuanto pone fin a la controversia de autos, resolviendo sobre el fondo jurídico del asunto (cfr. PE541248-2022, pág. 2).-
Solicita que se anule y/o revoque la sentencia recurrida; se haga lugar a la apelación presentada por esa parte; se admita la acción de amparo incoada en todas sus partes, y se impongan las costas de todas las instancias a la demandada perdidosa (cfr. PE cit. pág. 4).-
Tacha la sentencia de arbitraria, al contener graves vicios de razonamiento, apartarse de las constancias de la causa y no constituir una derivación razonada del derecho vigente (arts. 18 de la CN y 8º del Pacto de San José de Costa Rica). Dice que el fallo es infundado y que no se han atendido las principales alegaciones de las partes (art. 18 de la CN). Entiende que se ha violado el derecho de defensa en juicio y, por lo tanto, la igualdad ante la ley (arts. 16 y 18 de la CN) (cfr. PE cit. págs. 4/5).- Observa que la Excma. Cámara de Apelaciones se excede en sus competencias regladas, al no circunscribirse a las impugnaciones de la sentencia de Primera Instancia -articuladas en la apelación-, ingresando en cuestiones no tratadas en el fallo recurrido, violando el principio pro actione, en un claro exceso de su jurisdicción y en la violación del principio de congruencia procesal (con violación de los artículos 264, 265 y 276 del CPCyC; 18 y 75, inciso 22, de la CN; y demás tratados internacionales de derechos humanos) (cfr. PE cit. págs. 5 y 63).- Plantea que se han vulnerado las garantías de debido proceso, acceso a justicia y tutela judicial efectiva por cuanto dicho fallo no trata seriamente los agravios articulados por esa parte (con violación de los arts. 14 y 18 de la CN; y arts. 1º, 2º, 8º y 25 del Pacto San José de Costa Rica) (cfr. PE cit. pág. 5).-
También entiende que se viola el derecho a peticionar ante las autoridades y obtener un pronunciamiento de éstas (art. 14 de la CN). Aduce que la sentencia afecta el principio de razonabilidad; y que restringe y desnaturaliza arbitrariamente los derechos y garantías establecidos en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Añade que se vulnera también el artículo 31 de la misma al aplicarse normativa infraconstitucional violatoria de dichos derechos y garantías (cfr. PE cit. pág. cit).- Agrega que se vulnera el principio de transparencia (art. 1º de la CN) en los actos de la administración pública, derivado de la forma republicana de gobierno, al convalidarse -con la sentencia recurrida- la violación del derecho a acceder y tomar vista de los concursos públicos para el acceso a la Magistratura Provincial. Asimismo, considera que se transgrede la siguiente normativa: “El art. 1 incisos c) y f) de la ley 1260, en cuanto se vulnera el principio de informalismo a favor del administrado y el debido proceso adjetivo y derecho de defensa que debe garantizarse en todo proceso administrativo. El art. 36 y 4 reglamento (sic) del CM al negarse la publicidad y acceso a las actuaciones. El art 22 inc. 2 letra b y 6 del Reglamento de concursos en cuanto se quebrantó la regla del anonimato en la corrección de los exámenes.” (cfr. PE cit. pág. 6).- Afirma que la Alzada omitió considerar su pedido de la medida cautelar de no innovar para que el Consejo de la Magistratura se abstuviera de emitir resolución hasta tanto se resolviesen las presentes actuaciones. Destaca que tal circunstancia no es un tema menor, ya que impacta en la actualidad del reclamo (cfr. PE cit. págs. 32/33).-
Señala que no se advierte qué quiere decir la Alzada cuando manifiesta que la irregularidad en el trámite se funda en el incumplimiento de la norma que se pretende nula, inconstitucional o inaplicable, sin que luego explique, desarrolle o fundamente dicha afirmación. Estima que esta proposición de la Excma. Cámara de Apelaciones es totalmente arbitraria. Recuerda que se reprochó no sólo la falta de motivación de los Acuerdos N° 11/21 y N° 17/21 del Consejo de la Magistratura; sino que también se atacó en forma autónoma la omisión de dar vista de las actuaciones, la falta de publicidad del procedimiento, indicándose además que se debía tener específicamente acceso a las correcciones de los jurados externos y de los consejeros individualmente considerados.
Asimismo, sigue diciendo, se recriminó la violación del anonimato de los concursantes respecto de la corrección del examen escrito. Observa que si lo que se pretende sostener como contradictorio es que su parte peticiona la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuya aplicación reclama, ello es incorrecto y no se corresponde con su postura. Al respecto agrega que: “La irregularidad del trámite se funda por un lado en la violación de leyes (ley 1260 y 2552), normas constitucionales y tratados internacionales (como es el art. 18 CN, art. 8 y 25 CADH), que garantizan el debido proceso y derecho de defensa; y por otro lado en el art. 22 del reglamento de concursos cuando garantizan el anonimato y 4 y 36 que garantizan el acceso a las actuaciones; y en modo alguno se ha peticionado en autos la nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de dicha normativa.
No puede la alzada confundir los planteos articulados por esta parte en autos, y en particular con relación a la normativa que regula específicamente los concursos del CM: 1)-por un lado se planteó la violación del anonimato prescripto en la normativa, 2)-por el otro -y para el supuesto de que se entendiere que hay norma expresa que obsta la posibilidad a la actora de recurrir la calificación (cuestión que esta parte no afirma, pues no se advierte ello del reglamento de concursos ni de norma alguna conocida por esta parte) - se peticionó la nulidad y/o inconstitucionalidad y/o inaplicabilidad del Reglamento de Concursos, de la Ley del Consejo de la Magistratura Nº 2552 y de cualquier otra normativa, reglamento o interpretación que de ellas se realice que obste o cercene mi derecho a impugnar y/o recurrir los actos del proceso (en particular la calificación que se me otorgara en el examen de oposición por el Ac. 11/21) por ser violatorio del derecho de defensa, del debido proceso adjetivo y de la tutela efectiva de mis derechos (art. 18 CN y arts. 8 y 25 CADH, 14 PIDCP).
Que la alzada extraiga como conclusión de dichos planteos (esquemáticamente plasmados) que hay una contradicción, implica que desconocen los jueces de cámara la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad/nuli-dad/inaplicabilidad de una norma concreta de un ordenamiento legal, sin perjuicio de la aplicación de la restante normativa, lo que es más alarmante aún a todo lo antes dicho.” (cfr. PE cit. págs. 34/36).- Señala que se equivoca la Excma. Cámara de Apelaciones cuando concluye que debe rechazarse el recurso porque no se encuentra acreditada la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta ni los derechos o garantías constitucionales lesionadas. Anuda que planteó la nulidad y/o inconstitucionalidad y/o inaplicabilidad de la Ley del Consejo de la Magistratura N° 2552, del Reglamento del Consejo de la Magistratura y de cualquier otra normativa que cercenase su derecho a impugnar los actos del proceso del concurso (cfr.
PE cit. págs. 36/37).- Observa que carece de todo asidero lo planteado por la Alzada acerca de que no surgiría nítidamente gravamen irreparable concreto, que implique desamparo de derecho por actuar ilegítimo y/o arbitrario del ente demandado; y que del libelo de inicio y del relato de los hechos no surge un interés actual, directo, inmediato, sustancial y concreto al respecto (cfr. PE cit. pág. 42).-
Advera que existe aún daño actual para su parte, ya que a pesar de que la Cámara de Diputados ha prestado acuerdo para la designación de la Dra. López como Jueza del Juzgado de Familia N° 3, consecuencia del concurso N° 97, la vista de las actuaciones es un derecho de todo postulante que interviene en un proceso público de designación, de conformidad con el artículo 128 bis de la Constitución Provincial, derecho que se mantiene vigente. Añade que el interés de conocer las correcciones y tomar cuenta acabada de lo que allí consta se vincula con la necesidad de poder constatar documentalmente la legalidad o ilegalidad del proceso, y determinar las acciones a seguir, sean vías recursivas, impugnatorias, acciones judiciales contencioso administrativas o denuncias penales, según corresponda (cfr. PE cit. pág. 44).- Argumenta que al no haber podido tomar vista de los fundamentos de las calificaciones y observaciones realizadas, le impide conocer los motivos de las notas que le otorgaron a ella y al resto de los concursantes. Esto -evalúa- le conculca su derecho de defensa (cfr. arts. 18 de la CN y 8º del Pacto de San José de Costa Rica) y a obtener una decisión fundada. También destaca que esa información es de carácter público cuya difusión y/o entrega frente a petición se encuentra regida por ley especial que hace a la transparencia de la función pública, sobre todo en aquellos temas, como el presente, que tienen una relevancia social y política. (cfr. PE cit. pág. 50).- Formula reserva del caso federal, pues considera que una decisión contraria a lo peticionado en su recurso de casación implicaría la vulneración de normativa de carácter constitucional y normas internacionales con jerarquía constitucional (cfr. PE cit. pág. 70).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE560936-2022).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE369523-2022.-
IV. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomos XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670 y XXXII, Reg. 3639, Folio 6356/6360, entre otros).- También este Tribunal ha señalado que para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. Interlocutorio, Tomos XXXIII, Reg. 3669, Folio 6440/6442).- En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Debe observarse que de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es que en relación al invocado equívoco en que habría incurrido la Excma. Cámara de Apelaciones, al considerar que no se encontraban acreditados los presupuestos de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en la actuación del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz, ni tampoco la lesividad a un derecho o garantía constitucional como requisitos indispensables para la procedencia de la excepcional vía del amparo, no pasa de la exposición de su personal y discordante criterio al del juzgador, lo que pone en evidencia la insuficiencia de la pieza recursiva.- Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Alzada ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de arbitrariedad, absurdo, violación de la ley o quebrantamiento de formas.-
Así las cosas, se advierte que los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre por qué existiría una vulneración de normas constitucionales por parte del Consejo de la Magistratura que por sus características habiliten la favorable acogida del amparo. Pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).- Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales o principios generales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2960, Folio 4761/4764, entre otros).- En lo tocante a la invocada arbitrariedad de la que adolecería la sentencia de Cámara, debe recordarse lo que este Alto Cuerpo ha dicho sobre esa causal impugnativa, a saber: “…'…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…' (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788) y que debe rechazarse el absurdo o arbitrariedad denunciados en tanto no se ha logrado demostrar que el discurrir del fallo se encuentre viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1178, Folio 1554/1556)...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003). Asimismo, es tesis de este Tribunal que: “…'...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...' (confr.
Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2638, Folio 3963/3966).” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 523, Folio 2940/2946). Circunstancias éstas que no se avizoran en el sub lite. Por lo tanto es inatendible el pretenso agravio vinculado a esta causal casatoria.-
V. Que en cuanto a la violación del principio de congruencia alegado por la recurrente, ésta sólo se ha limitado a mencionar la existencia del vicio, pero ha omitido relacionarlo con los elementos que surgen de la causa para demostrar cómo, en el caso concreto, se ha producido tal violación. Es por ello que en este punto tampoco ha cumplido con el recaudo que le impone desarrollar una crítica concreta y razonada del fallo a efectos de demostrar cómo es que se ha producido la incongruencia que denuncia.- Al respecto, es aplicable al caso sub examine lo ya dicho por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a saber: no se ha violado “…en el decisorio atacado, el principio de congruencia -entendido este último como la coherencia o correspondencia lógica que debe existir entre lo peticionado por las partes y la resolución (confr. Enderle, Guillermo J. 'La congruencia procesal', Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pág. 57)...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2940, Folio 4704/4708).- Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar la denuncia respecto de la violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3573, Folio 6182/6185).-
Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
VI. En mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado por la amparista en PE541248-2022, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE560936-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Se debe tener por formulada la reserva del caso federal.-
Por todo ello, oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar a las excusaciones deducidas por los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Fernando Miguel Basanta en PE576528-2022 y PE756393-2022, respectivamente, declarando abstracta la recusación planteada en PE645699-2022.-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la amparista en PE541248-2022, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE560936-2022.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptadas las excusaciones de los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1009I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3738 Folio N°: 668876692 Secretaría: 1
Fin de la sentencia