Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en cuanto determina el Impuesto al Valor Agregado, con más intereses resarcitorios, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-35343478-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Abril de 2024
El Expte. N° 49.847-1 caratulado “CON MDQ S.R.L. s/ APELACIÓN”. resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal de la Quinta Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal de la Sexta Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que a fs. 72/81 se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución N° 82/19 DO (DV RRMP), de fecha 29/03/2019, emitida por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina el Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 02/2017 a 09/2017 – ambos extremos inclusive – por la suma de $ 492.982,33, con más la suma de $ 289.857,07 en concepto de intereses resarcitorios y hacer expresa reserva de la eventual aplicabilidad de la sanción que pudiera corresponder, en los términos del art. 20 del régimen penal tributario vigente.
En primer lugar, la recurrente expone los antecedentes que motivaron el ajuste fiscal. Plantea la nulidad de la resolución en crisis, con sustento en dos cuestiones, a saber:
(i) Improcedencia del método utilizado por el Fisco Nacional para determinar de oficio la obligación tributaria por cuanto pese haber contado con toda la documentación necesaria, el Fisco Nacional decidió acudir directamente a efectuarlo por medio de presunciones, sin hacer constar en la resolución apelada que la contabilidad haya sido rechazada, o que haya realizado objeciones respecto al cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales, siendo que tales indicios le resultan no concordantes ni precisos.
(ii) falta de motivación del acto administrativo con sustento en que las circunstancias de hecho recolectadas por la fiscalización no fueron valoradas por el juez administrativo, siendo rechazadas sin fundamento alguno. En lo que respecta al fondo de la cuestión, afirma que los elementos colectados por el Fisco Nacional no resultan suficientes como para fundar la tacha de apócrifo del proveedor Enrique Domingo De Rosa, por cuanto los mismos constituyen meras conjeturas carentes de elementos probatorios que pongan en duda la existencia de cada operación impugnada.
Afirma que actuó de buena fe con dicho proveedor, y que el hecho de que éste no posea empleados o que no haya dado cumplimiento a sus obligaciones fiscales, no constituyen sustento alguno para determinar la inexistencia del mismo e impugnar así tanto el crédito fiscal como la operatoria misma. Indica que el Fisco Nacional tampoco impugna la inscripción del presunto proveedor ante dicho organismo.
Remarca que el proveedor Enrique Domingo De Rosa fue incluido en la base e-Apoc en fecha 17/11/2017 -con fecha de detección 01/11/2016-, es decir, con posterioridad al momento en que comenzó a operar con el mismo, circunstancia que para el Fisco Nacional no resulta relevante puesto que únicamente le importa la real capacidad operativa/financiera del sujeto, cuestión que su entender resulta inexacto y falaz ya que demuestra la postura del organismo fiscal respecto a una falta a sus deberes de contralor.
Asimismo, indica que el hecho de que el Fisco Nacional haya detectado determinadas circunstancias que lleven a incluir al proveedor en la base apoc, no implica que las operaciones celebradas con anterioridad no hayan sido verdaderas, toda vez que de las mismas surge que poseía la CAI vigente.
Explica que contrató de buena fe los servicios del Sr. Enrique Domingo De Rosa, puesto que para llevar adelante la logística y distribución de productos lácteos de la firma Sancor Cooperativa en diversos supermercados de Mar del Plata y zonas aledañas, no poseía los equipos necesarios para tal fin, abonándole por dichos servicios y exigiéndole la correspondiente emisión de la factura por cada uno de ellos.
Cita Jurisprudencia y doctrina a su favor. Ofrece prueba informativa, testimonial y pericial contable. Concede autorizaciones. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente solicita se revoque la resolución apelada en todos sus términos, con costas.
II. A fs. 95/113 se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Concede autorizaciones. Hace reserva de caso federal. Solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. A fs. 155 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y a fs. 159 pasan los autos a sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que procede en primer término examinar el planteo de nulidad articulado por la actora en relación al acto administrativo apelado por resultarle improcedente el método presuntivo utilizado por el Fisco Nacional y por la falta del elemento motivación.
Cabe señalar que el ajuste determinado en autos por el Fisco Nacional se sustenta en la impugnación por apócrifo del proveedor Enrique Domingo De Rosa, lo que lleva a cuestionar en definitiva la facturación que a éste le atribuye la recurrente.
Corresponde tener presente, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C. NAC. CONT. ADM. FED. SALA II , 9/10/96, entre otros).
Con respecto de lo estrictamente formal, la resolución apelada en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Por su parte, con relación al planteo de la actora referido al uso directo de presunciones por parte del Fisco Nacional, cabe desecharlo dado que la determinación del tributo en cuestión se basó en el método directo por conocimiento cierto de los hechos que fueron evaluados por el juez administrativo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Asimismo, corresponde señalar que si bien la parte actora planteó la nulidad como excepción de previo y especial pronunciamiento en los términos del art. 171 de la ley ritual (vide petitorio del escrito de apelación), a fs. 115 este Tribunal dispuso diferir su tratamiento con el fondo de la cuestión, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que, para entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde revisar los hechos constatados por la inspección actuante y expuesta en los antecedentes administrativos.
La contribuyente CON MDQ SRL tiene como actividad declarada ante AFIP el transporte automotor de cargas y de ventas al por mayor de productos lácteos.
Conforme se desprende del informe final de inspección obrante a fs. 73/75vta. del Cuerpo IVA de los Antecedentes Administrativos, la inspección tuvo origen en la detección de operaciones de compra efectuadas con el proveedor Enrique Domingo De Rosa, el cual se encuentra incluido en la base eApoc.
La misma fue sujeta a fiscalización a través la OI N°1651568, por medio de la cual se le solicitó que aporte las facturas recibidas y su forma de cancelación, así como también el respaldo documental del pago de dichas facturas e informe mediante nota los elementos facturados, lugar y medio de entrega de la mercadería y forma de contacto con el proveedor.
La recurrente mediante multinota aportó copia de las declaraciones juradas de IVA por los periodos fiscales febrero a septiembre 2017, copia de los subdiarios IVA ventas y compras por los mismos periodos, fotocopia de las facturas recibidas a nombre del Sr. Enrique Domingo De Rosa N° 0002-000000050, 52, 54, 69, 71, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 97, 100, 102, 103, 110, 115, 117 y 118, manifestando que la forma de cancelación fue al contado. Además las facturas N° 0002-000000047/48, registradas en el libro IVA compras, obrante a fs. 25 de Cpo. Ppal. de los antecedentes administrativos, no fueron aportadas.
En relación al Sr. Enrique Domingo De Rosa, tal como surge del informe obrante a fs. 73/75vta del cuerpo de IVA de los antecedentes administrativos, fue sujeto a fiscalización mediante la OI N° 162914, cuyo resultado derivó en su inclusión en la base apoc en fecha 31/08/2017 bajo la condición de “usina duplicadora de facturas, usina empresa desactivada, usina de única actividad de venta de facturas, usina componente de un grupo económico con resistencia a la fiscalización, sin capacidad económica, sin capacidad financiera, desconocida por sus titulares y/o responsables, prestanombres en proceso de constatación con irregularidades en la cadena de comercialización sin capacidad económica”, con fecha de detección 01/11/2016.
Asimismo, no fue localizado en su domicilio fiscal, y según lo manifestado oportunamente por su hermano no viviría más allí, tampoco posee bienes registrables a su nombre con los que se pueda inferir que desarrolla las actividades facturadas a la contribuyente de autos, a saber: alquiler y logística de equipo simétrico para reparto en supermercado y mayoristas, alquiler de sampick y cinta transportadora y Reparto en ruta 2 y 8. Tampoco posee empleados en relación de dependencia, ni registra pagos de ningún concepto ante AFIP. Del régimen de información de compras y ventas surgen escasas operaciones de compras (mayormente servicios, por ej: Medife), tampoco se pudo corroborar que el proveedor cuestionado posea capacidad financiera para las prestaciones que supuestamente ha realizado, puesto que no registra movimientos en sus cuentas bancarias.
Por lo tanto, de las tareas de auditoria llevadas adelante por la fiscalización se estableció el carácter de apócrifo de tal proveedor y, en consecuencia, de los comprobantes emitidos en los que figura como emisor.
VII. Que en relación al fondo del asunto, cabe concluir que la impugnación de dicho proveedor ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva realización de las operaciones por parte del proveedor cuestionado por el Fisco Nacional.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por el proveedor impugnado siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de Impuesto al Valor Agregado, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró con el proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
Que no obstante compartir la tesis que propugna la actora, en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por el proveedor cuestionado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dicho tercero haya sido el verdadero proveedor de los servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización “cuando no se han agotado todas las medidas que el ordenamiento jurídico otorga (…)”. (sic)
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas, que dicho proveedor se encuentre inscripto o que su CAI se encontraba vigente al momento de celebrar las operaciones impugnadas, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con el proveedor impugnado.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
En el caso de marras, de la prueba documental acompañada en las presentes actuaciones no se logra acreditar que el proveedor haya efectivamente prestado los servicios que dan cuenta las facturas impugnadas por el Fisco Nacional.
Por lo tanto, en función de las inconsistencias detectadas al proveedor Enrique Domingo De Rosa, y toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco Nacional a través de la inspección realizada, acreditando la efectiva realización por parte del nombrado de las operaciones, corresponde confirmar la resolución que determina el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
Que comparte el relato de los hechos que efectúa el Vocal instructor en su voto, como así también los fundamentos en base a los que resuelve la cuestión de fondo, compartiendo las conclusiones a las que allí arriba. En efecto, la impugnación del proveedor se encuentra debidamente fundada por el Fisco nacional y la parte actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribara el juez administrativo ni aportó en la causa prueba que logre acreditar que el proveedor impugnado haya efectivamente prestado los servicios que dan cuenta las facturas cuestionadas por el ente recaudador. En efecto, la prueba informativa y pericial contable ofrecida en autos versaba sobre hechos que surgían ya de las actuaciones administrativas acompañadas en autos o que no se encontraban controvertidos, lo que motivara la oposición de la representación fiscal, dando lugar al rechazo de la totalidad de la prueba por parte de la Vocalía instructora a fs. 143 y 151, providencias que no fueron objeto de recurso alguno, quedando consentidas por la parte.
Asimismo, la prueba documental aportada tampoco logra conmover las conclusiones a las que se arriban, ya que consisten en las propias facturas impugnadas, la consulta en la web AFIP del proveedor y los testimonios de dos ex empleados de la recurrente producidas ante escribano público, las cuales más allá de que no puede atribuirse a dicha modalidad probatoria la misma eficacia que la testimonial prestada ante autoridad competente y la posibilidad de la contraparte de controlar la prueba y efectuar las preguntas que estime pertinentes, asegurándose así, tanto el derecho de defensa como el principio de contradicción, se advierte que se trata de meras manifestaciones sin mayores precisiones ni explicaciones respecto de la operatoria supuestamente atribuída al proveedor impugnado y sin ningún respaldo documental. En efecto, cabe tener presente que este Tribunal tiene dicho en reiteradas oportunidades, en consonancia con cita de doctrina jurisprudencial de nuestro más Alto Tribunal, que la prueba testimonial en sede fiscal posee un valor probatorio acotado. Al respecto, y entre otros, cabe citar lo señalado por esta Sala en anterior composición in re "Wree Helmuth Tomás" (sentencia del 30/9/2002) donde se dijera "Que, la prueba testimonial en materia fiscal tiene un valor probatorio acotado, frente a otras circunstancias que resultan probadas...Que, las personas deponentes revestían, en varios casos, características de cuasi dependientes, familiares o amigos del actor...Que, al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene inveteradamente resuelto que la prueba para desvirtuar la determinación del Fisco puede ser ampliamente desarrollada “aunque claro está que esa prueba no puede consistir únicamente... en certificaciones testimoniales de sus propios dependientes...porque de admitirse tal procedimiento, los fraudes fiscales quedarían impunes” (CSJN in re S.I.A. S.A. 06/09/1967)."
Por lo expuesto, voto por cofirmar la resolución apelada, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en cuanto determina el Impuesto al Valor Agregado, con más intereses resarcitorios, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2024.04.08 16:28:12 ART Date: 2024.04.08 18:31:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.08 19:52:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.08 19:54:16 -03:00
Fin de la sentencia