Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 32.944-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Res. 238/2008, 239/2008, 25/2017 y 26/2017, con costas.
2Revocar la sanción aplicada en la Res. 27/2017 (ISND), con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-15723453-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 14 de Febrero de 2024 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expediente 32.944-I y sus acumulados 32.945-I, 47.950-I, 47.951-I y 47.952-I; caratulado “MEDICAL CORPORATIVE TRADE S.A. s/ recurso de apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 44/87, 352/395, 495/520vta., 575/598 y 659/682vta. se interpusieron recursos de apelación contra las siguientes resoluciones:
a) Res. 238/2008, que determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) de los ejercicios 2003 y 2004, e intimó su pago con más intereses resarcitorios; y difirió la aplicación de sanciones (cfme. art 20, ley 24.769, vigente al momento de los hechos) (Expte. 32.944-I).
b) Res. 239/2008, que determinó de oficio el impuesto a las ganancias - salidas no documentadas (en adelante ISND), de los períodos 03/2003 a 12/2004, e intimó su pago con más intereses resarcitorios; y difirió la aplicación de sanción (cfme. art. 20, ley 24.769, vigente al momento de los hechos) (Expte.
32.945-I).
c) Res. 25/2017, que aplicó una multa equivalente a 3 veces el gravamen defraudado en el IG de los ejercicios 2003 y 2004 (cfme. arts. 46 y 47, inc. “b”, ley 11.683) (Expte. 47.950-I).
d) Res. 26/2017, que aplicó una multa equivalente a 3 veces el gravamen defraudado en el IVA de los períodos fiscales 03/2003 a 07/2004 y 09/2004 a 12/2004 (cfme. arts. 46 y 47, inc. “b”, ley 11.683) (Expte.
47.951-I).
e) Res. 27/2017, que aplicó una multa equivalente al 80% del gravamen defraudado en ISND de los períodos 03/2003 a 06/2003 y 08/2003 a 10/2003; y otra multa equivalente a 3 veces el gravamen omitido en los períodos 11/2003 a 12/2004 (cfme. Arts. 45, 46 y 47, inc. “b”, ley 11.683) (Expte. 47.952-I). Las determinaciones de oficio se fundaron en la impugnación de operaciones de compra realizadas con 11 proveedores.
La recurrente se agravió por entender que el fisco asumió directamente que las operaciones que contrató con sus proveedores son falsas, sólo porque éstos no cumplen con alguno de los infinitos recaudos que la AFIP establece que se observen en cada contratación de servicios y/o adquisición de bienes o, también, porque cumplen con otros que -a criterio del fisco- son confusos.
Recordó que las operaciones comerciales en un mercado se basan, fundamentalmente, en el principio de máxima buena fe y que ello supone que quienes operan y están habilitados para hacerlo, son hábiles y están facultados para hacerlo.
Adujo que nadie puede probar que los bienes que tiene en su stock o que vendió, se corresponden con los adquiridos en la operación puesta en duda. Agregó que, ello se halla agravado si, entre la fecha de ocurrencia de las operaciones (objeto de prueba), pasaron varios meses o varios años, como resulta en el caso de autos.
A fs. 50/69 se agravió en forma particular de cada uno de los proveedores cuestionados. Destacó que la gran mayoría son empresas que poseen CUIT, según el Boletín Oficial fueron constituidas, su objeto social se relaciona con las actividades que le fueron facturadas, no se encontraban en la base Apoc a la época de las operaciones cuestionadas, presentaron DDJJ en el IVA en las que incluyeron el débito fiscal de las facturas impugnadas y abonaron el impuesto. Hizo hincapié en que pagó las facturas mediante cheques. Sólo respecto de las operaciones con Caliban S.A. y Grupo Informático Sidt S.A., destacó que no obran en su poder antecedentes documentales de las operaciones.
Asimismo, cuestionó las deficiencias observadas por el fisco en las DDJJ de IVA de los distintos proveedores, así como también el registro de empleados, la falta de retenciones y bienes registrables; por no resultar ninguna de esas observaciones impedimentos para contratar.
También se agravio de la impugnación de los domicilios (Diagno Salud S.R.L., Policlínica de Alicia Quinteros), el no haber exhibido libros rubricados (Diagno Salud S.R.L.), la titularidad de cuentas bancarias (Policlínica de Alicia Quinteros, Interconsultas S.A., Publicidad Total S.A., Centro Gráfico Publicitario S.R.L., Artelim S.R.L. y Grupo Informático Sidt S.A.), el endoso de cheques (Interconsultas S.A.), cheques librados a la orden de empleados y la actividad en la que se encuentra inscripta (Artelim S.R.L., Prodamo S.A.), el cobro a través de cuasi monedas (Publicidad Total S.A.), y la supuesta falta de localización del proveedor (Megaweb S.A.).
Resumió que los proveedores observados son sujetos fiscales y legales, que están identificados, que existían al momento de realizar las operaciones y que habían sido habilitados por la AFIP mediante el otorgamiento de la CUIT.
Mediante cuadros explicativos trató de demostrar que Medical Corporative Trade S.A. fue quien cumplió todas sus obligaciones y el fisco quien menos las cumplió.
Manifestó que es evidente que existió ineficacia en el control de los contribuyentes emisores de las facturas y que mediante el mecanismo de la impugnación de facturas se intenta trasladar la responsabilidad a quien continúa en actividad y cumple con la totalidad de sus obligaciones fiscales. Agregó que si el proveedor facturó a varios contribuyentes, es señal que existió y que operó en el mercado durante largo tiempo. Con relación al ajuste relativo al ISND, planteó que la impugnación de las facturas de los proveedores observados no fue adecuadamente ponderada por el organismo, puesto que no demostró que los instrumentos sean apócrifos.
En los recursos de apelación referidos a las multas, señaló que las resoluciones son nulas porque en el sumario que le dio origen no se dictó resolución que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de los medios de prueba ofrecidos al contestar la vista. Destacó que tampoco se dictó la apertura a prueba, violándose la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa amparados por nuestra Carta Magna.
Planteó que los actos administrativos son nulos de nulidad absoluta e insanable por contar con vicio en la causa, objeto, motivación, arbitrariedad y finalidad.
Adujo que se lo la privó del derecho constitucional de defensa en juicio, descalificando su propia esencia decisoria en cuanto se desentiende abiertamente de las constancias del expediente.
Advirtió que el fisco en su impugnación invirtió la carga probatoria pretendiendo que la recurrente pruebe más allá de lo lógico, e incluso, rechazando prueba que había ofrecido y que confirma lo ya probado y acreditado en autos.
Expuso que nunca se notificó de las aperturas a prueba de los sumarios que motivaron las resoluciones en crisis, afectándose su derecho de defensa.
Indicó que la supuesta evasión tributaria referida, originó las denuncias penales que concluyeron con el sobreseimiento de la imputada en razón que las operaciones con el proveedor Diagno Salud S.R.L. se llevaron a cabo. En consecuencia, se detrajo de la base de cálculo de la multa el ajuste referido a este proveedor.
Afirmó que el organismo recaudador no puede presumir que las operaciones comerciales no se llevaron a cabo y menos aún, presumir que su conducta fue dolosa y, en consecuencia, encuadrar a la misma en las previsiones del art. 46 y 47 inc. “b” de la ley 11.683.
Resumió que toda presunción, para no ser una falacia, debe sustentarse en hechos ciertos, conocidos y definitivamente probados.
Por último, destacó que no se probó el dolo requerido y, en consecuencia, solicitó el reencuadre de su conducta en la figura omisiva del art. 45 de la ley 11.683.
Finalmente, ofreció prueba, citó jurisprudencia en apoyo de su postura y solicitó que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 141/155, 408/423, 543/548vta., 615/621 y 694/700 el fisco contestó los traslados de los recursos interpuestos, por los argumentos de hecho y de derecho que expuso, solicitó que se confirmen los actos apelados, con costas, y acompañó los antecedentes administrativos de la causa (en adelante aa).
III. Que a fs. 206, 285, 448 y 465 se le dió por decaído a la actora las pruebas informativa y contable; por no haber instado su producción.
Con fecha 07/04/2015, el Juzgado Penal Económico Nº 11, dictó sentencia en la causa N° 498/2009, caratulada “Medical Corporative Trade S.A. s/ Infracción Ley 24.769”, por la que declaró extinguida por prescripción la acción penal respecto de la Sra. Stella Maris Scazziotta, con relación a la presunta evasión del IVA (períodos 2003 y 2004) y el ISND (período 2003) de Medical Corporative Trade S.A. y, en consecuencia, sobreseyó a la nombrada. A su vez, decretó el procesamiento, sin prisión preventiva, por considerarla autora penalmente responsable del delito de evasión del IG (ejercicios 2003 y 2004) y del ISND (ejercicio 2004). Luego, con fecha 20/11/2015, dicho Juzgado sobreseyó a la Sra. Scazziotta, en orden a la presunta evasión del IG (ejercicio 2004), y declaró extinguida por prescripción la acción penal con relación a la presunta evasión en el IG (ejercicio 2003) y en el ISND (ejercicio 2004) de la firma. En el considerando 19 de la primera de las citadas sentencias, se concluye que Medical Corp. Trade S.A. no tuvo operatoria real con los proveedores cuestionados; pero en el considerando 9 de la segunda sentencia mencionada; se concluye que fueron ciertas las operaciones con el proveedor Diagno Salud S.R.L. (v. fs. 1/30, Cpo. Sentencias, aa).
En consecuencia, a fs. 714/726vta. el fisco se allanó parcialmente a los recursos articulados y a fs. 735/736 este Tribunal lo tuvo por allanado en forma parcial respecto del proveedor Diagno Salud S.R.L., incluido en las Res. 238/2008 y 239/2008; tal como da cuenta el considerando V de dicha sentencia. Debe puntualizarse que el ajuste referido a dicho proveedor, no había sido incluido en las bases de cuantificación de las sanciones impuestas en las Res. 25 a 27/2017.
Finalmente, a fs. 768 se elevaron, nuevamente, los autos a consideración de la Sala “C” y a fs. 774 se pusieron autos para dictar sentencia.
IV. Que primeramente debo señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes, sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros); ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
V. Que respecto al fondo del asunto, de las resoluciones apeladas, los informes finales de inspección y los antecedentes administrativos (aa) de la causa (v. fs. 152/189, Cpo. ISND; fs. 671/708, Cpo. IG y fs. 81/118, Cpo. IVA, aa), surge que la actora se encuentra inscripta en “Servicios relacionados con la salud humana N.C.P.”, cerrando sus ejercicios comerciales en diciembre de cada año y que el fisco impugnó operaciones de compra con diversos proveedores, habiendo observado lo siguiente:
1. Policlínica CEMCO de Alicia Quinteros: La fiscalización detectó que se trata de un contribuyente inscripto en la actividad de "Servicios de atención a ancianos con alojamiento", mientras que la descripción consignada en las facturas extendidas a nombre de la actora es “Prestaciones de diagnóstico y tratamiento a vuestros asociados” (v. fs. 170/173, Cpo. proveedores y fs. 261, Cpo. antecedentes, aa).
Se circularizó a la Sra. Quinteros, quien informó operaciones coincidentes con las registradas por la recurrente, exhibiendo el libro IVA- Ventas sin rubricar. Aportó fotocopias de los períodos 01/2003 a 04/2004, observándose diferencias entre lo informado y lo consignado en el dicho registro, ya que en la misma se encuentra únicamente la registración de las operaciones de los meses 09 y 11 de 2003 (v. fs. 286/308, Cpo. proveedores, aa). La inspección cotejó los libros mencionados con las DDJJ originales obrantes en la base de datos del fisco, donde verificó que no se consignaban la totalidad de los débitos fiscales transcriptos, existiendo una diferencia de $ 71.411,93.
Una vez iniciada la inspección, el proveedor presentó DDJJ rectificativas del IVA respecto de los períodos 01/2003 a 11/2004, no obstante lo cual, en las mismas, no se encontraba incluida la totalidad de las operaciones, tanto las registradas en el libro IVA Ventas, como las informadas por la firma en cuestión (v. fs. 195/226 y 260, Cpo. proveedores y fs. 7/20, Cpo. Quinteros, aa).
Asimismo, el ente recaudador circularizó a los bancos con los que operó, determinando la existencia de un cheque de poco monto emitido a nombre de la Sra. Quinteros, el cual fue depositado en la CA de Banco Itau/Buen Ayre de esta última. Los restantes cheques informados por el proveedor, tienen como beneficiarios/cobradores personas físicas, que no están relacionadas ni con este supuesto proveedor ni con la actora, pero que en un caso, una de estas personas también fue cobradora de un cheque supuestamente afectado al pago de facturas de la empresa Diagno Salud S.R.L. (v. fs. 57/58, Cpo. Quinteros, aa). Con fecha 29/10/2004, los inspectores se constituyeron en el domicilio comercial del contribuyente, constatando que el local se encuentra cerrado, en estado de aparente abandono y con un cartel indicativo de un nuevo domicilio situado en la localidad de Ramos Mejía. En dicho domicilio, el personal fiscalizador fue atendido por el Sr. Rivero, quien manifestó ser el titular de la firma ocupante del inmueble, denominada Medicbrand, sin aportar ninguna documentación respaldatoria (v. fs. 210, 312/314, Cpo. Proveedores, aa). Manifestó que no tiene ninguna relación con Policlínica CEMCO, que desconoce el actual paradero de esa firma y que en el cartel figuraba su domicilio, simplemente al efecto de trasladar los pacientes de la Policlínica a su empresa. No obstante lo expuesto, la fiscalización detectó que, según lo informado por el sistema Veraz, el Sr. Rivero aparece como cónyuge de Alicia Quinteros (v. fs. 146, Cpo. proveedores, aa).
En lo atinente a los contratos entre la actora, Medical Corporative Trade S.A. y esta proveedora, el ente fiscal expresó que se trata de contratos preimpresos, con lugares en blanco reservados para completar los datos del prestador y sin intervención de escribano público. Agregó que de la cláusula primera de los contratos, surge que el prestador brindará a los beneficiarios de la tomadora, que acrediten su condición de tal, las prestaciones médicas conforme a las normas estipuladas en los anexos adjuntos (v. fs. 393/401, Cpo. antecedentes, aa). Seguidamente, la fiscalización explicó que dicho anexo establece que el afiliado deberá solicitar el turno correspondiente según sus normas internas y que el mismo deberá presentar formulario de práctica médica, credencial y recibo de pago de la cuota mensual.
En función de lo expuesto, la fiscalización le requirió a la recurrente que aporte elementos que acrediten la prestación de los servicios de este proveedor, como ser cartillas médicas donde constan los médicos, prestadores, institutos, etc. correspondiente a los años 2003 y 2004, listados de los profesionales de las mencionadas firmas, lugares físicos donde dichos profesionales prestaban los servicios y toda otra documentación que acredite la prestación de los servicios realizados, como ser historias clínicas, pedidos de autorizaciones, etc. Al contestar, la actora informó que no se localizaron cartillas médicas de los años 2003 y 2004, donde consten los servicios médicos, prestadores, institutos, etc. de esos años; que no cuentan con los listados de los profesionales de la firma Policlínica CEMCO, para la prestación de los servicios médicos, ni poseen información de los lugares físicos donde tales profesionales prestaban servicios y que no localizaron ninguna documentación que acredite la prestación de los servicios de la firma ya mencionada.
2. Interconsultas S.A.: La fiscalización detalló que el concepto de las facturas extendidas a nombre del contribuyente es "Prestaciones complementarias de diagnóstico y tratamiento a vuestros asociados”, advirtiendo que según el BO, del 02/01/1995, el objeto social de la empresa es “Explotación y administración de servicios asistenciales, médicos, geriátricos y de reposo, ya sea en establecimientos propios o de terceros” (v. fs. 260, Cpo. antecedentes y fs. 8, Cpo. Interconsultas, aa).
La inspección efectuó un requerimiento al domicilio fiscal del proveedor, siendo recepcionado por una empleada, quien exhibió el libro IVA-Ventas rubricado de la firma y aportó detalle de las operaciones y fotocopias de las facturas, las que resultan coincidentes con las registradas por la fiscalizada (v. fs. 384/409, Cpo. Proveedores, aa).
Conforme la base de datos de la AFIP, el proveedor consigna en sus DDJJ originales del IVA, débito fiscal considerablemente inferior al que surge de las transacciones informadas, procediendo a rectificar las mismas con fecha 17/12/2004, es decir, con posterioridad al inicio de la inspección, incluyendo importes de débito fiscal que incluirían las transacciones comerciales llevadas a cabo por la contribuyente, aclarando que en las referidas a los meses 10 y 11 de 2003, no fue rectificado el mismo (v. fs. 336/360 y 385/390, Cpo. proveedores y fs. 11/15, Cpo. Interconsultas, aa).
El fisco se constituyó en dos oportunidades en el domicilio comercial consignado en las facturas, encontrándose el local cerrado en ambas visitas, dejando constancia que en la puerta de acceso del domicilio, se visualizaba un cartel con indicación de "lugar de atención local situado en Av. Gaona 1798", resultando ser el inmueble contiguo al mencionado anteriormente, el cual también en ambas oportunidades se encontraba cerrado (v. fs. 386 y 410/413, Cpo. Proveedores, aa).
Respecto al pago de las facturas, el personal fiscal advirtió la existencia de cheques de gran cuantía que fueron endosados a financieras (v. fs. 11/15, Cpo. Interconsultas, aa).
En lo atinente a los contratos entre Medical Corporative Trade S.A. y la proveedora, al igual que respecto del proveedor anterior, el ente fiscal expresó que se trata de contratos preimpresos, con lugares en blanco reservados para completar los datos del prestador y sin intervención de escribano público. Agregó que de la cláusula primera de los contratos surge que el prestador brindará a los beneficiarios de la tomadora, que acrediten su condición de tal, las prestaciones médicas conforme a las normas estipuladas en los anexos adjuntos (v. fs. 393/401, Cpo. antecedentes, aa). Seguidamente, la fiscalización explicó que dicho anexo establece que el afiliado deberá solicitar el turno correspondiente según sus normas internas y que el mismo deberá presentar formulario de práctica médica, credencial y recibo de pago de la cuota mensual. En función de lo expuesto, la fiscalización le requirió a la recurrente que aporte elementos que acrediten la prestación de los servicios de este proveedor, como ser cartillas médicas donde constan los médicos, prestadores, institutos, etc. correspondiente a los años 2003 y 2004, listados de los profesionales de las mencionadas firmas, lugares físicos donde dichos profesionales prestaban los servicios y toda otra documentación que acredite la prestación de los servicios realizados por las mimas, como ser historias clínicas, pedidos de autorizaciones, etc. Al igual que respecto del proveedor anterior, la recurrente informó que no se localizaron cartillas médicas de los años 2003 y 2004 donde consten los servicios médicos, prestadores, institutos, etc. de esos años; que no cuentan con los listados de los profesionales de la firma Interconsultas S.A. para la prestación de los servicios médicos, ni poseen información de los lugares físicos donde tales profesionales prestaban servicios y que no localizaron ninguna documentación que acredite la prestación de los servicios de la firma ya mencionada.
Finalmente, la inspección constató que el proveedor no tiene cuentas bancarias a su nombre, no declaró empleados en relación de dependencia, ni posee titularidad de bienes registrables afectados a la actividad.
3. Publicidad Total S.A.: La fiscalización advirtió que los conceptos facturados son "Carpetas con logos, stickers, sobres oficio con logo, etc.", observando además que conforme la publicación en el BO del 19/11/1998, el objeto de la empresa es “Publicidad y propaganda” (v. fs. 323/360, Cpo. ganancias y fs. 19, Cpo. publicidad total, aa).
Apersonados en el domicilio fiscal de la firma, constataron que se trata de una oficina vacía, sin cartel identificatorio alguno (v. fs. 499 y 556, Cpo. proveedores, aa). Asimismo, personal del fisco se constituyó en el domicilio comercial que surge de las facturas, siendo atendidos mediante portero eléctrico por una persona de sexo masculino que expresó que ese inmueble es ocupado por una familia y que desconoce totalmente a la firma, manifestando además el encargado, que la firma en cuestión nunca estuvo allí (v. fs. 555 y 558, Cpo. Proveedores, aa).
En relación a las DDJJ del IG del proveedor, de los ejercicios 2003 y 2004, esta última consigna importes negativos de patrimonio neto y en ambos ejercicios determina quebrantos, en tanto las ventas declaradas ascienden a $2.576.068 y $1.379.298,61, respectivamente (v. fs. 512/517, Cpo. Proveedores, aa). El fisco detectó que el contribuyente no registra titularidad de bienes muebles e inmuebles y declara sólo un empleado durante los períodos 11/2003 a 10/2004 (v. fs. 534/537 y 547/548, Cpo. proveedores, aa). Por último, y en relación a la cancelación de las facturas, la mayoría fueron canceladas en efectivo o patacones y, con respecto a los cheques aportados a través de la circularización bancaria, se verificó que los mismos fueron endosados por el proveedor a la "Coop. Viv. Cer. Zodiaco Ltd." (v. fs. 20/22, Cpo. Publicidad Total, aa).
4. Centro Gráfico Publicitario S.R.L.: La inspección constató que los conceptos facturados fueron “Trabajos de folletería en blanco y negro y diseño, armado e impresión de cartillas de prestaciones médicas con tapa color” y que conforme la publicación en el BO del 02/06/1993, el objeto de la empresa es “Imprenta y publicidad” (v. fs. 201/272, Cpo. Ganancias y fs. 4, Cpo. Centro Gráfico Publicitario, aa). Apersonados en el domicilio fiscal del proveedor, los inspectores advirtieron que el edificio cuenta con un sólo inmueble en el primer piso, no existiendo la unidad funcional "B". No obstante, personal del fisco consultó en dicho primer piso, siendo atendidos por una persona de sexo femenino quien manifestó que esa era su vivienda y que desconocía la empresa (v. fs. 563 y 599, Cpo. Proveedores, aa). Seguidamente, el ente recaudador se constituyó en el nuevo domicilio fiscal declarado por la empresa a partir de 11/04/2005, no recibiendo respuesta alguna, dejando constancia que en la puerta de acceso al mismo luce un cartel de “Asociación del Personal de Presidencia de la Nación- APPN" y que en el hall de entrada del edificio, una persona que manifestó ser el encargado, informó que desconoce a la firma, agregando que cumple sus funciones desde principios del año 2004, ignorando si alguna vez estuvieron antes de esa fecha (v. fs. 1/3 y 5/6, Cpo. Centro Gráfico Publicitario, aa).
La fiscalización consultó sus sistemas informáticos señalando que el proveedor presentó DDJJ del IG correspondientes a los ejercicios fiscales 2004 a 2006, sin arrojar saldos (v. fs. 30/38, Cpo. Centro Gráfico Publicitario, aa).
En función de lo expuesto, el fisco consultó a la Sra. Hoogstra, la cual se encuentra consignada en dichas declaraciones, quien expresó que ni en su actuación profesional como contadora ni en lo personal, posee vinculación alguna con la firma Centro Gráfico Publicitario S.R.L., manifestando desconocer por qué consta su número de CUIT en las DDJJ de la mencionada empresa (v. fs. 39/41, Cpo. Centro Gráfico Publicitario, aa).
Con relación a los pagos de las facturas, de las circularizaciones bancarias surge que los cheques emitidos por la actora en el año 2003 para este proveedor, fueron endosados a la Coop. Viv. Cred. Cons. Zodíaco. Con respecto al año 2004, se verificó que parte de ellos se entregaban sin beneficiario designado o designando como beneficiarios a personas físicas, por las que no pudo establecerse relación alguna con Centro Gráfico Publicitario S.R.L., pero sí con Medical Corporative Trade S.A., ya que uno de los cheques fue emitido a nombre de César Perrotta, quien resultaba ser empleado de la actora por el período 09/2002 a 10/2007 (v. fs. 53/57, Cpo. Centro Gráfico Publicitario, aa).
De la circularización a la IGJ, la fiscalización constató que no se hallan datos de libros rubricados a nombre de la entidad (v. fs. 58/59, Cpo. Centro Gráfico Publicitario, aa).
Finalmente, el fisco detectó que el proveedor no declaró empleados en relación de dependencia, no surgen acreditaciones bancarias a su nombre y no posee bienes registrados (v. fs. 23, Cpo. Centro Gráfico Publicitario y fs. 590/592, Cpo. Proveedores, aa).
5. Artelim S.R.L.: La inspección constató que los conceptos detallados en las facturas son lapiceras, bolígrafos, relojes, ceniceros con logos, etc., mientras que su objeto social, conforme publicación en el BO del 28/07/1992, es la “Prestación de servicios de limpieza, desinfección, desratización, fumigación de bancos, oficinas y hospitales, la comercialización, importación y exportación de bienes conexos” (v. fs. 285/304 y 365, Cpo. Ganancias y fs. 4, Cpo. Artelim, aa).
La fiscalización se constituyó en el domicilio fiscal del proveedor, el encargado del edificio manifestó que no conocía a la firma, que nunca funcionó en el edificio y que el departamento "B" del edificio, siempre fue una casa de familia. Seguidamente, personal del fisco se constituyó en el domicilio legal del proveedor, dejando constancia que se trata de un inmueble en propiedad horizontal, expresando el encargado del edificio que desde el año 2000 cumple esa función y nunca conoció a la empresa en cuestión (v. fs. 10/13, Cpo. Artelim, aa).
Respecto a los pagos de las operaciones cuestionadas, la fiscalización constató que los mismos fueron efectuados parte en efectivo, parte con cheque de terceros y parte con cheques propios, tanto en el ejercicio 2003 como en el 2004 (v. fs. 472/478, Cpo. Ganancias, aa).
Así, con relación al período 2003, los cheques librados al proveedor fueron endosados en su mayoría a Coop. Viv. Cred. Cons. Zodíaco, destacando que en uno de ellos figura como beneficiario Artelim S.R.L. En tanto en el endoso luce la descripción de dicha empresa, pero con la CUIT y el domicilio de la firma Prodamo, proveedor de Medical Corporative Trade S.A., también impugnado (v. fs. 14, Cpo. Artelim, aa). Con relación al período 2004, de la circularización efectuada surge que parte de los valores se entregaban sin beneficiario o designando como tales a personas físicas, entre las cuales se encuentra el Sr. Julio César Crosa, empleado de Medical Corporative Trade en el período 05/2004 a 10/2005 (v. fs. 15/16, Cpo. Artelim, aa).
De la circularización a la IGJ, el fisco constató que no se hallan datos de libros rubricados a nombre de la entidad (v. fs. 17/18, Cpo. Artelim, aa).
Finalmente, se detectó que el proveedor no declaró empleados en relación de dependencia, no surgen acreditaciones bancarias a su nombre y no posee bienes muebles ni inmuebles registrados (v. fs. 19 y 27/29, Cpo. Artelim, aa).
6. Prodamo S.A.: La fiscalización advirtió que el concepto facturado es el de "Campaña de Marketing Institucional", mientras que su actividad declarada es “Elaboración de productos alimenticios” y desde 10/2004 incluye también la de “Servicios empresariales” (v. fs. 284, Cpo. Ganancias y fs. 1, Cpo. Prodamo, aa).
Apersonados en el domicilio fiscal, una persona sin identificarse respondió que la empresa no se encuentra en dicho domicilio, negándose a brindar mayor información. Tampoco pudo ubicarse al encargado del edificio (v. fs. 09/10, Cpo. Prodamo, aa).
Asimismo, la fiscalización se constituyó tanto en el domicilio legal de la firma, como en los alternativos, no pudiendo ser localizada en ninguno de ellos (v. fs. 53/88, Cpo. Prodamo Anexo II, aa). También se circularizó a los socios de la empresa, quienes tampoco fueron localizados. Con relación a la imprenta que figura al pie de la factura, personal fiscalizador se constituyó en el domicilio fiscal de la misma, siendo atendidos por la titular, quien reconoció la impresión de las mismas y manifestó que no recuerda quién las retiró, agregando que los pagos de las mismas fueron efectuados en efectivo (v. fs. 102/103, Cpo. Prodamo Anexo II, aa).
La inspección detectó que el proveedor se encuentra incluido en la base Apoc como “usina de única actividad venta de facturas”, en función de una inspección efectuada a otra contribuyente por la División Investigación perteneciente a la Dirección Regional Mar del Plata (v. fs. 90/93, Cpo. Prodamo Anexo II, aa).
Con relación al pago de la factura cuestionada, existen dos cheques emitidos en el año 2003 para este proveedor, observándose que uno de ellos fue emitido por la firma sin beneficiario y fue pagado por caja en el Banco Río. En el otro cheque consta un beneficiario respecto del que no pudo determinarse su vinculación con la firma, ni con Medical Corporative Trade S.A. (v. fs. 11, Cpo. Prodamo, aa). Finalmente, se detectó que el proveedor no declaró empleados en relación de dependencia, solo registró acreditaciones bancarias por el año 2001 y no posee propiedades a su nombre ni automotores (v. fs. 12 y 21/26, Cpo. Prodamo, aa).
7. Megaweb S.A.: Los servicios facturados son los de "Actualización de páginas web, reconstrucción, actualización y mantenimiento de base de datos, etc.", teniendo como actividad declarada “Servicios de consultoría en informática y suministro de programas de informática” (v. fs. 305/312, Cpo. Ganancias y fs. 01/03, Cpo. Megaweb, aa).
La inspección se constituyó en el domicilio fiscal, no recibiendo respuesta alguna. El encargado del edificio respondió que desde hace 9 años que trabaja allí y durante ese tiempo la empresa Megaweb S.A. nunca estuvo en el edificio y que en el dpto "E" del piso 3º vivía una familia que hacía poco se había mudado (v. fs. 08/09, Cpo. Megaweb, aa). Apersonados en el domicilio comercial de la firma, en cuya puerta de entrada se verifica la identificación de un estudio contable, siendo atendidos por el Dr. Ocampo quien manifestó desconocer a la empresa Megaweb S.A. y a sus representantes (v. fs. 10, Cpo. Megaweb, aa).
Personal del organismo concurrió al domicilio legal de la firma, en el que tampoco respondió persona alguna, constatando -según las manifestaciones del personal de limpieza- que desconoce a Megaweb S.A. La fiscalización no pudo localizar a ninguno de los accionistas o directores de la firma con excepción del Sr. Lencina, quien manifestó telefónicamente que trabaja de albañil (v. fs. 15/18, Cpo. III Megaweb, aa). Con relación a la situación fiscal del proveedor, el fisco advirtió que la firma se encuentra inscripta desde el 09/10/2000, habiendo presentado DDJJ de los períodos 01/2001 a 07/2005, ambos inclusive, con una relación constante de débitos y créditos fiscales, surgiendo recurrentes saldo a favor del contribuyente, excepto por los períodos 01/2002 a 10/2002 que fueron presentados sin movimientos, y las de 11/2012 y 12/2012, no arrojaron saldo a ingresar (v. fs. 198/200, Cpo. Megaweb, aa).
Respecto de las imprentas que realizaron los trabajos de impresión de las facturas cuestionadas, los titulares de las mismas afirmaron que no pudieron identificar a las personas que efectuaron la solicitud y que los mismos fueron abonados en efectivo (v. fs. 09, Cpo. VI y fs. 8, Cpo. VII Megaweb, aa). Finalmente, el organismo detectó que el proveedor no declaró empleados en relación de dependencia sino hasta el año 2005, no se encontraron propiedades a su nombre, ni automotores y solo registra acreditaciones bancarias en el Banco de Neuquén en el año 2006 y no posee propiedades a su nombre, ni automotores (v. fs. 20/25, Cpo. Megaweb, aa).
8. Neversatile S.A.: Los servicios facturados son “Desarrollo de campañas de promoción y Marketing Institucional" y "Asesoramiento de Marketing Empresario", mientras que, según publicación en el BO del 15/01/2001, el objeto social de la empresa es el de “Servicios de investigación, desarrollo y enseñanza de informática y ciencias de la computación, consultoría, marketing” (v. fs. 313/322, Cpo. Ganancias y fs. 4/14, Cpo. Neversatile, aa).
La inspección se constituyó en el domicilio fiscal de la firma, recibiendo la respuesta de una persona que, sin identificarse, informó que vive en ese lugar desde el año 2001 y manifestó no conocer a la empresa. Asimismo, se consultó al encargado del edificio, explicando este último que hace 9 años que cumple esa función y que recuerda que el señor del departamento "A" del 2º piso era ingeniero y tenía una empresa con ese nombre, y que se fueron del edificio en 2000. Seguidamente, en el domicilio comercial del proveedor fueron atendidos por el encargado del edificio, quien informó no conocer a la empresa, ni la tienen registrada como perteneciente al edificio (v. fs. 11/14, Cpo. Neversatile, aa). También se visitó el domicilio declarado por la empresa a través de la publicación en el BO del 22/02/2005, no recibiendo respuesta alguna e informando el encargado que la firma estuvo en los años 2003 o 2004, pero se fueron sin dejar otro domicilio (v. fs. 15/18, Cpo. Neversatile, aa).
La fiscalización no pudo localizar a ninguno de los accionistas o directores de la firma, con excepción de la Sra. Bestani, quien manifestó que conoce a la firma porque fue su presidente hasta 15/03/2001, momento en el cual se desvinculó de la misma y desconoció su paradero actual y; la Sra. Pantín, quien figura como presidente de la firma, enfatizando esta última que trabajó en la empresa realizando tareas administrativas (v. fs. 40/41 cpo. V y anexo IX Neversatile, aa). También fue localizada la contadora de la sociedad, quien expresó ser contadora de la firma hasta el año 2003, momento en que fue vendido el paquete accionario de la sociedad y que la actividad que desarrollaba estaba relacionada con la informática, computación y software (v. fs. 67, Cpo. Neversatile Anexo II, aa).
Con relación a la conducta fiscal del proveedor, el fisco verificó que en el IG presentó las DDJJ por los ejercicios 2001 a 2003, no determinando en ninguno de esos períodos saldo a favor, mientras que en el IVA de los períodos 01/2001 a 09/2005 los débitos y créditos fiscales son similares, por lo que desde 06/2003 las presentaciones no determinan saldo a favor de la AFIP-DGI (v. fs. 19/28, Cpo. Neversatile, aa).
La inspección se constituyó en las imprentas que figuran al pie de las facturas, constatando que los trabajos de impresión fueron encargados por el Sr. Carlos Gerardo Salvador, en su carácter de director suplente, por María Adriana Pantín y por María Cecilia Albornoz en su carácter de apoderada y directora de la firma. Asimismo, se detectó que los modelos aportados por una de las imprentas, difieren de los aportados por la firma (v. Cpo. Anexo III Neversatile, aa).
En lo que respecta a los pagos de las facturas, de la circularización bancaria, se detectó que los cheques emitidos en el año 2004 a favor de este proveedor, fueron endosados a Títulos y Valores Soc. Bolsa S.A. (v. fs. 08, Cpo. Neversatile, aa).
Finalmente, el organismo fiscal detectó que el proveedor no declaró empleados en relación de dependencia, no tiene propiedades a su nombre, ni automotores y registra acreditaciones bancarias de escasa significancia en los años 2001 a 2004 (v. fs. 01, 19 y 39/46, Cpo. Neversatile, aa).
9. Caliban S.A.: Con respecto a este proveedor, la actora registró una sola operación en el ejercicio 2004, no aportando ninguna documentación que respalde la operación. Asimismo, su presidenta manifestó que no se localizó ningún tipo de antecedentes de los trabajos realizados u otra documentación en la que consten las prestaciones facturadas (v. fs. 361, Cpo. Ganancias, aa). A su vez, la inspección mencionó que de su base de datos surge como “usina de única actividad venta de facturas”, no se encontraron propiedades a su nombre, ni automotores.
10. Grupo Informático Sidt S.A.: La fiscalización expuso que la actora contabilizó operaciones con este proveedor no exhibiendo la documentación que avale las mismas (v. fs. 441/442, Cpo. Ganancias, aa). Por otro lado, el organismo constató que el proveedor no registra cuentas bancarias a su nombre y no posee titularidad de bienes registrables.
Hasta aquí las observaciones realizadas por el fisco respecto de los 10 proveedores impugnados. Corresponde aclarar que en las presentes actuaciones se apelaron las determinaciones de oficio practicadas en el IG y el ISND, mientras que la determinación de oficio relativa al IVA fue resuelta por la Sala “A” de este Tribunal, en cuya sentencia del 25/06/2013 resolvió confirmar la resolución apelada, decisorio que se encuentra firme.
VI. Que debo recordar que el art. 80 de la LIG vigente al momento de los hechos disponía que “…los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina”.
De la lectura de la resolución 238/08, aquí apelada, y de los aa relevados en el considerando anterior, se observa que el fisco constató que las facturas cuestionadas no merecen fe alguna, toda vez que según los indicios claros, precisos y concordantes que recabó, las operaciones cuestionadas no fueron efectivamente realizadas, impugnando, en consecuencia, la deducción del gasto correspondiente en el IG.
Como es sabido, en la etapa de revisión del acto, la carga impugnatoria se desplaza al contribuyente o responsable. En efecto, en el caso, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la materialidad de las operaciones, motivo por el cual se debe analizar la prueba producida en autos.
Al respecto, a lo largo de su recurso, la actora hizo hincapié principalmente en que las facturas cuestionadas cumplían con los requisitos formales exigidos por la normativa y que no existe norma legal que exija al contribuyente investigar la conducta fiscal de los proveedores. Pero lo cierto es que si bien contó con la posibilidad de producir las pruebas que propuso, se le dio por decaído el derecho a su producción por la falta de impulso procesal, tanto la prueba informativa como la pericial contable (v. fs. 206 y 285).
Ello así, la inexistencia de prueba demostrativa de la efectiva y real existencia de las operaciones comerciales, cuya producción le correspondía a la actora, conduce a confirmar las conclusiones del fisco. Es decir, la actora no logró demostrar que las operaciones supuestamente concertadas hayan verdaderamente existido, habiendo contado con la posibilidad de su demostración en la tramitación de estos autos. En este sentido, una prolija documentación contable no resulta per se suficiente para acreditar la veracidad de las operaciones, más aún cuando –repito- la actora contó con la posibilidad de producir pruebas para demostrar la verdadera prestación de tales servicios.
En efecto, ni durante la fiscalización, ni en el trámite ante este Tribunal, la recurrente procuró localizar a los proveedores, apoderados, representantes legales o a terceras personas, para que reconozcan haber realizado las operaciones cuestionadas, o bien, para que otorguen precisiones sobre la relación comercial que habría entablado con ellos. Mucho menos quedó acreditado el circuito de pagos, pues en muchos casos el destinatario final resultó ser una financiera o beneficiarios totalmente ajenos a las operaciones. En este sentido, observo que el organismo fiscal ponderó adecuadamente los elementos colectados durante la inspección, mientras que la actora no realizó mayor esfuerzo por aportar elementos probatorios hábiles y conducentes que desvirtúen la posición fiscal. En este sentido, ante los fundados indicios que ponían en duda la realidad de las operaciones, era necesario que la actora demuestre con precisión, al menos parte de la operatoria llevada a cabo, lo que no hizo.
En cuanto a la existencia de CAI vigente sólo permite afirmar que los proveedores se encontraban inscriptos y que solicitaron impresión de facturas, cuestiones que -reitero- sólo otorgan formalidad a la operación, pero no le aportan certeza en cuanto a su verdadera realización.
Asimismo, es de destacar que tampoco resulta válido el agravio referido a la fecha en que los proveedores fueron incorporados a la base Apoc, puesto que este dato no fue el único elemento en que se basó el ajuste, sino que fue utilizado como uno más de los indicios comprobados, graves y concordantes, respecto de cada supuesto proveedor, que permitieron concluir en la inexistencia de las operaciones.
En esta línea, la actividad en la cual el juzgador valora la prueba producida es lo que se denomina el método reconstructivo de apreciación conforme las reglas de la sana crítica. En tal inteligencia, del análisis de los elementos probatorios colectados durante el procedimiento ante el organismo recaudador y plasmados en los actos apelados; y los producidos en esta instancia, se observa un razonamiento congruente sobre la inexistencia de las operaciones y el circuito comercial respecto de los proveedores impugnados. Por otra parte, si bien las facturas impugnadas en apariencia y/o extrínsecamente pueden parecer correctas, ello no implica que la prestación de los servicios que instrumentan hayan sido efectivamente prestados.
En tales condiciones, cabe concluir que los agravios de la recurrente, al no encontrar respaldo en probanza alguna, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el fisco respecto de la impugnación de las operaciones supuestamente celebradas.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes practicados respecto del IG.
VII. Que en cuanto al ajuste referido al ISND en la Res. 239/08, debo recordar que con la finalidad de asegurar la íntegra percepción de la renta pública, la LIG crea una ficción al establecer un impuesto especial a las salidas no documentadas, consistente en considerar que el beneficiario oculto o innominado de un cobro se encuentra alcanzado con el IG, y presume, en consecuencia, que la operación objeto del pago resulta gravada y a la tasa máxima; colocando en cabeza del sujeto pagador la obligación de ingresar dicho presunto impuesto. Es decir, la norma obliga a quien realizó la erogación sin la debida y correcta documentación, a ingresar a título propio el impuesto del tercero beneficiario oculto del cobro. Tal como lo señaló la CSJN al referirse a la figura “… debe partirse de la base de que no grava las ganancias obtenidas por el obligado a su pago, …en realidad lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúa erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio" (Fallos 275:83 considerando 6°, reiterada en Fallos 323:3376 y 326:2987).
Recordemos que aquí se discute si se encuentran individualizados los verdaderos beneficiarios de las operaciones celebradas por la actora -que fueron detallados en el considerando V.- durante los períodos 03/2003 a 12/2004 a los fines del ISND.
En el caso de autos, la ausencia de prueba específica producida no permite individualizar quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de los pagos realizados. Recuérdese que si bien la actora contó con la posibilidad de producir la ordenada, se le dio por decaído el derecho a su producción por falta de impulso procesal (v. fs. 448 y 465).
Además, debe agregarse que, al quedar firme la sentencia de este Tribunal por la que se confirmó el ajuste en el IVA de los períodos 02/2003 a 12/2004 en la que se analizaron los mismos proveedores cuestionados en esta causa, quedó fuera de discusión que las salidas de fondos lo fueron con documentación carente de aptitud para individualizar a los verdaderos beneficiarios de los cobros y –presume la ley- alcanzados por el IG. En el caso de autos, la aplicación de la doctrina de los actos propios obedece exclusivamente a la conducta de la recurrente que dejó firme la sentencia del Tribunal respecto del IVA, en la que el fisco impugnó el cómputo del crédito fiscal sobre la base de que los proveedores de las facturas no fueron quienes pudieron haber realizado las supuestas –ahora demostradas inexistentes- prestaciones de servicios. Contrariamente a esa conducta, no puede ahora la actora sostener que tales proveedores fueron los verdaderos beneficiarios de los pagos, cuando consintió la sentencia del Tribunal que concluyó que tales proveedores eran apócrifos. Esto es, no puede ahora la actora asumir una conducta en franco desconocimiento de la anterior, porque sostener la primera la perjudica. Es que, debe estarse “a las duras y a las maduras” (frase de uso popular utilizada en términos parecidos por el juez Petracchi en su considerando 35 del precedente de Fallos 318:676).
En consecuencia, resulta correcto el criterio fiscal en cuanto aplicó sobre cada una de las erogaciones efectuadas a favor de los supuestos proveedores, la tasa del 35% (cfme. última parte del art. 37 de la LIG, s/ texto vigente al momento de los hechos); por lo que corresponde confirmar el ajuste practicado en el ISND, con costas.
VIII. Que en lo que respecta a los intereses resarcitorios, cabe señalar que constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Al respecto, la CSJN ha revisado la doctrina de Fallos 304:203 donde expuso que: “si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario…que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta de la contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido, en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello, es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley lo puntualizó la Corte en otros precedentes…se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Fallos 323:1315).
Ello así, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios intimados en las Res. 238/2008 y 239/2008, toda vez que se ajustan a lo dispuesto por art. 37 de 11.683, con costas.
IX. Que en cuanto a las Res. 25/2017, 26/2017 y 27/2017, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde me expida primero sobre los agravios de nulidad articulados por la actora, toda vez que los mismos, de ser acogidos favorablemente, derivarían en la nulidad de las resoluciones recurridas. Al respecto, cabe tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley, y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
En este sentido, debe recordarse que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican su dictado. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justificaron emitirlo.
Por su parte, es doctrina pacífica de este Tribunal que la prueba no admitida en sede administrativa, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia, lo que ocurrió en la presente causa, ya que la recurrente tuvo ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, sin que se advierta en qué medida la actora vio afectada la garantía del debido proceso adjetivo, puesto que para ello, es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso, en atención a que -tal como surge de los propios actos apelados- el fisco entendió que las pruebas ofrecidas no resultaban hábiles para desvirtuar la pretensión fiscal (v. fs. 484, 563 y 637), y, como ya se expuso, la actora también tuvo oportunidad de ofrecer nuevamente en sede de este Tribunal, lo que hizo; pero sin embargo no produjo.
En efecto, tal como lo tiene dicho reiteradamente la CSJN “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52, 267:393, entre otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249, entre otros).
Del análisis de los actos recurridos, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contienen los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7°, ley 19.549), y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no vislumbrándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan las resoluciones apeladas, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez de los actos, por lo que corresponde rechazar el agravio articulado.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra los actos apelados y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto.
X. Que con relación a las multas por defraudación impuestas en el IG e IVA en las Res. 25/2017 y 26/2017, cabe destacar que el art. 46 de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) en su parte pertinente disponía que: “…el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido, y un “elemento subjetivo“, consistente en “una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco” (Fallos 323:2172 considerando 4).
Como se desprende de los considerandos que anteceden, debe tenerse por acreditado el elemento objetivo o material de la sanción impuesta.
Ello así, corresponde analizar el elemento subjetivo teniendo en cuenta la figura legal imputada por el ente fiscal.
El art. 46 citado exige al ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos, por acción u omisión. Al respecto, el ente fiscal debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente conjetural. Una vez acreditado dicho soporte, se infiere la conducta dolosa; pero la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, debe ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta. En efecto, demostrado el elemento objetivo del ilícito, las presunciones establecidas en el art. 47 admiten prueba en contrario. En el caso, el ente fiscal aplicó la presunción dispuesta en el inc. “b” del art. 47 que establece que: “se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: b) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas”.
En este sentido, las constancias agregadas en las actuaciones y el análisis expuesto en los considerandos que anteceden, dan cuenta de la debida exteriorización de la presunción del art. 47 de la ley 11.683 utilizada. Como se afirmó, ésta admite prueba en contrario, siendo la apelante quien debió demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que la aplicación de dichas presunciones ocasiona procesalmente. Al respecto, se advierte que la actora no produjo prueba fehaciente que avale sus dichos, lo que llevó al fisco a determinar de oficio la materia imponible.
Ello así, corresponde confirmar las sanciones aplicadas en las Res. 25/2017 y 26/2017, con costas.
XI. Que en relación a la Res. 27/2017, corresponde resolver si se ajusta a derecho la aplicación de las multas impuestas en los términos de los arts. 45, 46 y 47 inc. “b” de la ley 11.683, con origen en el ISND. A fin de establecer el encuadre efectuado por el organismo recaudador y con el objeto de esclarecer los elementos necesarios para la configuración del ilícito que se le imputa a la recurrente, debe tenerse presente que las infracciones materiales reguladas en la ley 11.683 requieren por su indiscutida naturaleza penal, de la configuración en primer término del “elemento objetivo”; y en segundo, del “elemento subjetivo”.
1. Que respecto del “elemento objetivo” debo anticipar que no se cumple en la especie la tipicidad exigida por la figura infraccional invocada por el fisco nacional, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago el carácter de declaración jurada.
El concepto declaración jurada implica una cuantificación de los presupuestos del hecho imponible, materializados por el sujeto pasivo y sujeta a la verificación fiscal.
Por otra parte, tampoco es posible atribuirles a los comprobantes en cuestión naturaleza de declaración jurada por invocación del artículo 15 de la ley 11.683, porque ello es pretender otorgarles un alcance del que claramente carecen. En efecto, las boletas de depósito y comunicaciones de pagos contempladas en dicha normativa son confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporta, situación que no acontece en la especie, toda vez que la calificación de no documentada de la salida de fondos es efectuada por el fisco con posterioridad a su tarea de verificación y como consecuencia de ella, razón por la que los instrumentos que se pretenden asimilar integran una etapa posterior, que es la referida al cumplimiento de la obligación tributaria mediante el pago.
2. Que por otro lado, respecto del “elemento subjetivo” corresponde señalar que el artículo 40 –antes 36- de la LIG crea una ficción al establecer un impuesto especial a las salidas no documentadas, con base en considerar que el beneficiario oculto o innominado de un cobro se encuentra alcanzado con el impuesto a las ganancias, y presume, en consecuencia, que la operación objeto del pago resulta gravada y a la tasa máxima; colocando en cabeza del sujeto pagador la obligación de ingresar dicho presunto impuesto. Es decir, la norma obliga a quien realizó la erogación sin documentación o con una reputada apócrifa, a ingresar a título propio el impuesto del tercero beneficiario oculto de ese cobro (Fallos 323:3376 considerando 7°; 275:83 considerando 6°, reiterada en Fallos 323:3376 y 326:2987). Tan impuesto de un tercero es, que: a) la propia LIG en su actual art. 41 –antes 37- dispone que no corresponderá el pago de dicho impuesto cuando se presuma que los pagos “no llegan a ser ganancias gravadas en manos del beneficiario”, y b) la Corte admitió su deducción por parte del sustituto que efectuó el pago (Fallos 275:83).
Dicho esto, cabe recordar que el derecho penal tributario se conforma con el derecho penal infraccional –con las figuras punitivas previstas en la ley 11.683- y el derecho penal delictual –con las figuras actuales del régimen penal tributario creado por el art. 279 de la ley 27.430, aplicándose en ambos los principios propios del derecho penal, entre los que se encuentra el de personalidad de la pena. Sobre la naturaleza “penal” de las infracciones tributarias –y más allá de la vasta doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia- es inveterada y pacífica la doctrina de nuestro Máximo Tribunal desde el precedente de Fallos 271:297.
En tal inteligencia, de configurarse el llamado “elemento objetivo” de la figura, corresponderá analizar el “elemento subjetivo”, a fin de establecer si la conducta antijurídica reprochada le es imputable al presunto infractor en función del principio de personalidad de la pena, al tratarse del impuesto de un tercero.
3. De los antecedentes de la causa y todo lo expuesto, surge que ni siquiera se encuentra configurado el “elemento objetivo” de la figura en los términos descriptos en el punto 1 del presente considerando, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago el carácter de declaración jurada exigido por la norma, deviniendo, por ende, inoficioso el tratamiento del “elemento subjetivo” de la figura.
Por ello, corresponde revocar las sanciones respecto del ISND, con costas por su orden, atento la complejidad de la cuestión evidenciada en los distintos criterios jurisprudenciales al respecto. La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Res. 238/2008, 239/2008, 25/2017 y 26/2017, con costas.
2. Revocar la sanción aplicada en la Res. 27/2017 (ISND), con costas por su orden.
Se deja constancia que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.02.09 15:32:08 -03:00 Date: 2024.02.14 15:17:44 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.14 15:17:45 -03:00
Fin de la sentencia