Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 141.166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
2Revocar la resolución del 12/05/2026, dejándose establecido que la porción quirografaria del crédito reconocido a favor de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero debe integrar la base de cómputo de las mayorías previstas por el art. 45 de la ley 24.522, dentro de la categoría que la comprende.
3Desestimar, por resultar abstracta, la petición subsidiaria fundada en el art. 63 de la ley 24.522, y estar a lo expuesto en los considerandos 8 y 10 respecto de la categorización diferenciada y del planteo de inconstitucionalidad.
4Imponer las costas de Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, y 69 del C.P.C.C.).
5Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el art. 31 de la ley 14.967.
MCM/MD MEDICOS DE BERISSO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)
Causa: 141166 La Plata, 17 de Septiembre de 2026 AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Antecedentes.
1.1. Mediante resolución del 12/05/2026, registrada bajo el número RR-288-2026, el señor juez de primera instancia resolvió excluir a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA, ex A.F.I.P.-D.G.I., en adelante ARCA— del cómputo de las mayorías exigidas por el art. 45 de la ley 24.522, imponer las costas por su orden y diferir la regulación de honorarios.
1.2. La cuestión reconoce como antecedente la presentación de ARCA del 08/04/2026, sustanciada y respondida por la concursada el 18/04/2026 —oportunidad en la que ésta articuló de modo expreso la pretensión de exclusión del crédito fiscal del cómputo de las mayorías—, por la sindicatura el 24/04/2026 y nuevamente por ARCA el 28/04/2026.
1.3. Para decidir como lo hizo, el a quo ponderó sustancialmente que la reglamentación específica que gobierna la actuación del organismo recaudador frente a contribuyentes concursados somete la prestación de su conformidad a condiciones regladas, uniformes y predeterminadas —sin admisión de quitas y con estrictas condiciones de financiación—, circunstancia que restringiría sustancialmente la posibilidad de una negociación concordataria genuina en términos semejantes a la de los restantes acreedores. Añadió que el crédito quirografario del organismo representa una porción mayoritaria del pasivo computable y valoró la naturaleza médico-asistencial de la actividad desarrollada por la concursada en la ciudad de Berisso, así como el principio de conservación de la empresa. Precisó, por último, que la exclusión se circunscribe al cómputo de las conformidades, sin afectar la existencia, graduación ni exigibilidad de la acreencia fiscal, y hizo saber a la concursada que, hallándose vigente el período de exclusividad —prorrogado el 24/04/2026—, conserva la facultad de reformular o presentar propuestas que contemplen el tratamiento del crédito fiscal.
1.4. Contra ese pronunciamiento ARCA interpuso recurso de apelación el 20/05/2026, concedido el 26/05/2026, fundado mediante el memorial del 02/06/2026.
Se agravia el organismo recaudador, en lo medular, sosteniendo: a) que los supuestos de exclusión previstos por el art. 45 de la ley 24.522 son de interpretación estricta y restrictiva y que la hipótesis del acreedor fiscal no se encuentra entre ellos; b) que la circunstancia de hallarse reglada su actuación no autoriza a privarlo de una facultad inherente a su condición de acreedor concurrente, con menoscabo de los principios de universalidad y de pars conditio creditorum, del derecho de propiedad sobre el crédito verificado y de la defensa en juicio; c) que el tratamiento diferenciado que pudiera requerir el crédito fiscal debe instrumentarse mediante la formación de una categoría particular —v.gr. acreedores fiscales— y no a través de su eliminación de la base de cálculo de las mayorías; y d) subsidiariamente, para el caso de mantenerse la exclusión, que se establezca expresamente la obligación de la concursada de cancelar el crédito fiscal conforme la reglamentación administrativa vigente, bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 63 de la L.C.Q. Mantuvo la reserva del caso federal.
1.5. La sindicatura contestó el traslado el 11/06/2026. Postuló la confirmación del pronunciamiento y opuso, con carácter previo, la extemporaneidad del planteo del Fisco por aplicación de la regla de perentoriedad de los plazos (art. 273 inc. 1 de la L.C.Q.) y del principio de preclusión, en tanto la resolución de categorización del 17/11/2025 no fue observada ni impugnada por el organismo. Adujo asimismo que el memorial no contiene una crítica concreta y razonada del fallo.
1.6. La concursada contestó el traslado el 17/06/2026. Solicitó la confirmación de la resolución, con costas a la recurrente, sosteniendo: a) la inapelabilidad del decisorio conforme el art. 273 inc. 3 de la L.C.Q., con invocación de un pronunciamiento de esta Sala dictado en estas mismas actuaciones el 23/09/2025 y de la doctrina legal de la Suprema Corte provincial; b) el carácter conjetural de los agravios y la contradicción con los propios actos de ARCA, que no observó oportunamente la propuesta de categorización; c) el carácter no taxativo de las exclusiones del art. 45 de la L.C.Q. y la procedencia de la solución adoptada; y d) que la propia reglamentación fiscal, al exigir la homologación previa del acuerdo, importa una suerte de autoexclusión del organismo del universo de acreedores en condiciones de prestar conformidades.
1.7. El señor Fiscal de Cámaras dictaminó el 15/09/2026 aconsejando la confirmación de la resolución apelada.
2. Orden del tratamiento.
2.1. La correcta composición del litigio impone abordar sucesivamente: a) la admisibilidad del recurso frente a la regla de inapelabilidad del art. 273 inc. 3 de la L.C.Q.; b) la defensa de preclusión y extemporaneidad; c) la suficiencia técnica del memorial; d) el fondo del asunto, esto es, la procedencia de la exclusión del crédito fiscal de la base de cómputo del art. 45 de la L.C.Q.; e) el alcance de lo que se resuelve; f) la petición de categorización diferenciada y la petición subsidiaria fundada en el art. 63 de la L.C.Q.; y g) las costas.
3. Admisibilidad del recurso.
3.1. La ley 24.522 instaura un régimen propio en materia de medios de impugnación, estableciendo como regla general la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el proceso concursal. Este principio, sentado en el art. 273 inc. 3, apunta a impedir que la celeridad y agilidad de los trámites del concurso se vean perturbadas mediante la articulación de recursos que sólo persiguen una impropia demora en el desarrollo normal de la causa; de ahí que la posibilidad de revisión de las decisiones recaídas en el marco de un concurso o de una quiebra revista carácter excepcional (S.C.B.A., C. 96.636, sent. del 12/08/2009; C. 112.905, sent. del 14/09/2011; C. 114.090, sent. del 03/07/2013; C. 130.092, resol. del 30/09/2025, e.o.).
3.2. Ese principio, sin embargo, no es absoluto. Su alcance debe limitarse a los actos regulares del proceso, consecuencia de su tramitación ordinaria y normal, cediendo cuando se encuentra comprometida la defensa en juicio, la propia regulación concursal, o cuando la resolución impugnada irroga un gravamen de imposible reparación ulterior (S.C.B.A., causas citadas; esta Sala, causa 112.371, RSD 298/15 del 29/12/2015, e.o.).
3.3. La distinción resulta decisiva en la especie. Esta Sala ha aplicado el principio de inapelabilidad en estas mismas actuaciones —resolución del 23/09/2025— frente a una cuestión procesal extraña al orden regular del proceso; y la Suprema Corte tiene dicho que el rechazo del pedido de exclusión de voto no constituye una excepción a la regla de inapelabilidad (S.C.B.A., Rc. 120.154, resol. del 09/03/2016, "Clínica"; Rc. 120.152, resol. del 03/02/2016, "Violino"). Pero aquí ha ocurrido lo inverso: la exclusión fue admitida. Y esa asimetría no es indiferente, porque mientras el rechazo del pedido preserva íntegramente la situación del acreedor —que conserva su aptitud para conformar la voluntad colectiva—, su admisión lo priva de un derecho de contenido patrimonial que hace a la sustancia misma de su posición en el concurso, sin que exista oportunidad ulterior de reparación una vez computadas las mayorías y declarada la existencia del acuerdo.
3.4. En el caso, la resolución apelada no constituye una mera providencia ordenatoria del trámite: priva a un acreedor con crédito reconocido de participar en la formación de las mayorías del art. 45 de la L.C.Q. y, según se desprende de los propios fundamentos del pronunciamiento, se trata de un crédito de magnitud tal que resulta determinante de la suerte del acuerdo. Media, pues, gravamen de insusceptible reparación ulterior, lo que justifica habilitar la instancia revisora en los términos de la excepción antes reseñada. En consecuencia, el recurso es admisible.
4. La defensa de preclusión y extemporaneidad.
4.1. Sostiene la sindicatura —y, con matices, la concursada al invocar la doctrina de los actos propios— que la cuestión quedó definitivamente cerrada con la resolución de categorización del 17/11/2025, no observada por el Fisco, de modo que su objeción resulta extemporánea (arts. 42 y 273 inc. 1 de la L.C.Q.).
4.2. El planteo no puede prosperar, y ello por razones que emergen del propio pronunciamiento en revisión. En efecto, el a quo señaló expresamente que al proponer el agrupamiento de acreedores —escrito del 12/10/2025— la deudora se limitó a reservar un ulterior planteo de exclusión, sin articular entonces un pedido concreto, y que tales extremos tampoco fueron objeto de decisión expresa por este Tribunal al dictar la resolución categorizatoria (art. 42 LCQ), sino que como se indicó se lo tuvo presente. Mal puede predicarse la preclusión de una cuestión que no fue decidida: la resolución del art. 42 fija las categorías y los acreedores comprendidos en cada una, mas no resuelve —ni podía resolver, a falta de petición concreta y sustanciada— la exclusión del cómputo de un acreedor determinado.
4.3. A ello se suma que el pedido de exclusión recién se formalizó el 18/04/2026 y fue debidamente sustanciado, habiendo ARCA respondido el traslado el 28/04/2026. Antes bien, fue el propio organismo recaudador quien promovió la cuestión con su presentación del 08/04/2026, de suerte que tampoco cabe reprocharle contradicción con sus propios actos anteriores.
4.4. Por lo demás, siendo que la exclusión del cómputo incide directamente sobre la conformación de las mayorías legales, su planteo resulta admisible hasta la etapa de impugnación del acuerdo (art. 50 de la L.C.Q.), sin que la falta de observación de la resolución categorizatoria pueda erigirse en obstáculo para su tratamiento.
4.5. Corresponde, pues, desestimar la defensa.
5. Suficiencia técnica del memorial.
5.1. Tanto la sindicatura como la concursada postulan que la pieza recursiva no contiene una crítica concreta y razonada del fallo, limitándose a conjeturar sobre sus alcances (arts. 260 y 261 del C.P.C.C., aplicables por vía del art. 278 de la L.C.Q.).
5.2. La objeción no es de recibo. El memorial identifica con precisión el fundamento normativo que reputa mal aplicado —el carácter restrictivo de las exclusiones del art. 45 de la L.C.Q.—, expone las razones por las cuales entiende que la situación del acreedor fiscal no encuadra en la ratio del precepto, invoca doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesis y propone una solución alternativa —la categorización diferenciada—. Ello satisface holgadamente la carga de fundamentación, sin que la existencia de un capítulo dedicado a los alcances del pronunciamiento y a la petición subsidiaria del art. 63 de la L.C.Q. desvirtúe la crítica principal. Adicionalmente, en la duda debe estarse por la apertura de la instancia, dada la trascendencia de la garantía de defensa comprometida.
6. La exclusión del crédito fiscal de la base de cómputo del art. 45 de la L.C.Q.
6.1. La ley concursal, con el propósito de asegurar que lo que se decida acerca del rechazo o la aprobación del acuerdo ofrecido por el deudor constituya el resultado de una expresión seria de voluntad de los acreedores, establece respecto de ciertas personas la prohibición de computarlas para la formación de las mayorías, sobre la base de una presunción hominis de que sus adhesiones serán sospechadas de no ser sinceras en función de la vinculación que las une al deudor. Se estima que en los supuestos identificados por el art. 45 el interés del acreedor excluido no es otro que el de favorecer al concursado, careciendo de libertad para elegir entre aceptar o rechazar la propuesta (conf. SOSA AUBONE, Ricardo Daniel, “Ley de Concursos y Quiebras”, 1ra. edición, 2021, Hammurabi, pág. 365 y doctrina allí citada).
6.2. La doctrina y la jurisprudencia se han interrogado sobre si esa enumeración es taxativa o si es posible excluir del cómputo a sujetos no mencionados en la norma, desplegándose una variada gama de opiniones. Un sector considera que las exclusiones, por tratarse de prohibiciones, no admiten deducción de otras hipótesis por vía extensiva o analógica, en tanto constituyen especiales supuestos de excepción al régimen general de concurrencia a la formación de la voluntad que decide la suerte del concurso (conf. Heredia, Pablo D., "Tratado Exegético de Derecho Concursal", t. II, pág. 109, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2000; Argeri, Saúl A., "La quiebra y demás procesos concursales", t. I, pág. 439, Librería Editora Platense, La Plata, 1978; Quintana Ferreyra, Francisco, "Concursos", t. I, pág. 576, Astrea, Buenos Aires, 1985; Grispo, Jorge D., "Tratado sobre la Ley de Concursos y Quiebras", t. II, pág. 95, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998; Fassi, Santiago C. y Gebhardt, Marcelo, "Concursos y quiebras", págs. 151 y 152, Astrea, 1996). Otro, delineado por Alegría, propicia una lectura finalista: no debe reconocerse el derecho a conformar el acuerdo a quien tenga un interés relativo a su vinculación con el deudor que pueda influir de manera decisiva, constriñendo la libertad de decisión propia o ajena (Alegría, “La relación fisco-concurso, con especial referencia a la exclusión de voto del Fisco en el acuerdo preventivo”, L.L. 2002-E, 658).
6.3. Este Tribunal comparte que la enumeración del art. 45 no configura un numerus clausus rígido que impida relacionar esa regla con otras normas del ordenamiento —en especial las que reflejan principios vinculados al orden público, la moral, la buena fe y las buenas costumbres—, pero entiende que el instituto debe ser manejado con suma prudencia. La exclusión de un crédito de la base de cómputo importa la privación del derecho más legítimo que tiene un acreedor en un concurso preventivo, cual es la facultad de conformar la voluntad colectiva y decidir si acepta o no la propuesta concordataria; de ahí que deba ser interpretada restrictivamente y sólo proceda en supuestos donde las razones surjan de manera plena, resolviéndose cualquier duda en favor de la supervivencia del derecho y no de su supresión (arg. art. 17 de la Constitución Nacional; conf. CNCom., Sala A, 23/06/2011, "Castimar S.A. s/Concurso preventivo s/Incidente"; 08/03/2012, "Epsa Electrical Products S.A. s/Concurso preventivo"; 29/04/2014, "Wilmor S.A. s/Concurso preventivo"; Sosa Aubone, Ricardo D., “Ley de concursos y quiebras”, Hammurabi, 2021, comentario al art. 45 de la ley 24.522, páginas 365 y siguientes).
6.4. Sentado ello, el examen de la ratio del precepto resulta dirimente. El común denominador de los sujetos excluidos del cómputo es la existencia de una relación estrecha con el concursado, que hace presumir acreedores fuertemente condicionados en su libertad para decidir sobre el acuerdo en sentido favorable al deudor (conf. Rouillón, Adolfo A. N., "Código de Comercio comentado y anotado", t. IV-A, pág. 568, La Ley, 2007; S.C.B.A., C. 93.258, sent. del 01/09/2010; C. 114.090, sent. del 03/07/2013; C. 117.732, sent. del 29/04/2015). Cuando se ha admitido extender la prohibición a hipótesis no previstas, ello lo ha sido exclusivamente respecto de aquellas en que, como consecuencia de un voto complaciente tendiente a favorecer al deudor, pueda verse afectado el interés de los acreedores minoritarios; mas la norma no contempla los casos de voto negativo, pues de otro modo se privaría a un acreedor de un derecho trascendental para el curso del proceso (conf. CNCom., Sala A, 16/09/2003, "Librería Diagonal S.A. s/Concurso preventivo"; Cám. Civ. y Com. 1ª de San Nicolás, causa 7.072, RSI 794/2004 del 02/12/2004). La situación del acreedor fiscal es, precisamente, la inversa de la contemplada por la norma.
6.5. A lo expuesto se agrega un dato que sella la suerte de la controversia. La Suprema Corte de Justicia provincial ha explicitado las razones que justifican la inclusión en el cómputo de las acreencias de los organismos fiscales, estableciendo doctrina legal en la causa C. 93.258, "Romano, José Hugo s/Concurso preventivo (hoy quiebra)", sent. del 01/09/2010, reiterada en C. 114.090, "Huertas del Plata S.A.
s/Homologación de convenio", sent. del 03/07/2013. Allí se puntualizó que no podría privarse a un acreedor de un derecho tan trascendental como el de prestar o no su conformidad al acuerdo que ofrece su deudor; que aun admitiendo la aplicación analógica del art. 45, el común denominador de los sujetos excluidos es la existencia de una relación estrecha con el concursado, hipótesis ajena a la examinada; y que si bien la problemática podría resolverse mediante la categorización de esta clase de acreedores y la formulación de propuestas diferenciadas, el propio deudor reconocía no haber ejercido tal facultad. Esa doctrina fue luego aplicada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, en la causa 62.368, "Demoliciones Olavarría S.A. s/Concurso preventivo (pequeño)", sent. del 31/10/2017, que revocó la exclusión del organismo fiscal, modificando el criterio que ese mismo tribunal había sostenido en la causa 52.754, "Ronicevi S.E.C.P.A. s/Concurso preventivo", RSD 170/2008 del 02/12/2008, invocada por la concursada.
6.6. Resultando vinculante para los órganos judiciales provinciales la doctrina legal emanada de la Suprema Corte en aquellos supuestos que presentan análoga plataforma jurídica, sin que la existencia de criterios distintos provenientes de tribunales de otras jurisdicciones habilite a prescindir de ella (art. 161 inc. 3 ap. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 278 del C.P.C.C.), a ella habrá de estarse. Y la analogía es aquí prácticamente identidad: también en autos la deudora omitió categorizar separadamente al acreedor fiscal, para luego postular su exclusión de la base de cómputo.
6.7. Ese último extremo merece particular consideración. Al proponer el agrupamiento de acreedores la concursada se limitó a hacer constar que la participación del único acreedor de origen fiscal habrá de ser excluida en función de la postulación que, por separado, esta parte articulará al efecto, sin conformar una categoría autónoma que permitiera dirigirle una propuesta diferenciada, tal como lo autorizan los arts. 41 y 43 de la L.C.Q. El régimen concursal ofrece herramientas idóneas para armonizar la rigidez del régimen administrativo con la dinámica del período de exclusividad —la categorización diferenciada y la formulación de propuestas diversas—, y no puede admitirse que la omisión de utilizarlas se convierta luego en fundamento de la supresión del derecho del acreedor. De lo contrario, la participación de los organismos recaudadores quedaría condicionada a la exclusiva voluntad del concursado, quien los eliminaría del elenco de acreedores computables con el simple expediente de no categorizarlos especialmente (conf. CNCom., Sala D, 01/10/2013, "Torres Balanzas Electrónicas S.R.L. s/Concurso preventivo"; Sala A, 29/04/2014, "Wilmor S.A. s/Concurso preventivo").
6.8. Tampoco resulta atendible el argumento según el cual la propia reglamentación fiscal, al requerir la homologación previa del acuerdo, importaría una autoexclusión del organismo. El planteo confunde dos institutos que la reglamentación regula por separado: la solicitud de conformidad a los fines del art. 45 de la L.C.Q., que se formula y resuelve durante el período de exclusividad y con antelación a su vencimiento, y la adhesión al plan de facilidades de pago, que sí presupone la homologación del acuerdo. Así lo ha decidido esta Cámara, Sala II, en la causa 102.315, RSD 230 bis del 16/09/2004, "Orazi, Rubén Jorge s/Concurso preventivo (pequeño)", al señalar que el acuerdo preventivo que el deudor quisiera formular respecto del crédito fiscal quirografario no requiere de la previa homologación, exigencia que la normativa reserva al supuesto de intentarse un acuerdo relativo a la porción privilegiada del crédito.
6.9. A todo ello se añade una circunstancia sobreviniente que priva de sustento a la premisa normativa sobre la que se edificó la resolución en revisión. La Resolución General AFIP 3.587/2014 —expresamente invocada por el a quo como fuente de la rigidez que tornaría ilusoria la negociación— fue abrogada por la Resolución General ARCA 5.873/2026 (B.O. del 03/07/2026), vigente desde el 15/07/2026 (arts. 38 y 39). El nuevo régimen flexibiliza sensiblemente las condiciones de regularización: eleva a ciento veinte el número máximo de cuotas para las deudas impositivas y aduaneras y a sesenta para los aportes personales, retenciones, percepciones y verificaciones tardías (art. 21 inc. a), reduce la tasa de interés de financiación al cincuenta por ciento de la tasa resarcitoria vigente (art. 21 inc. c), amplía los sujetos y conceptos alcanzados (arts. 3° y 4°) y extiende a sesenta días corridos el plazo de adhesión (art. 22). Y, en lo que aquí interesa de modo directo, el art. 8° inc. b) mantiene que la solicitud de conformidad en los términos del art. 45 de la ley 24.522 se formula con una antelación no menor a veinte días hábiles administrativos al vencimiento del período de exclusividad, resolviéndose previa evaluación global del contribuyente y de los dictámenes técnico-jurídicos pertinentes (arts. 9° y 10), siendo el nuevo régimen aplicable —a opción del contribuyente— a las solicitudes en trámite a la fecha de su entrada en vigencia (art. 39). Corresponde a esta Alzada fallar conforme a la situación normativa existente al tiempo de decidir, y esa situación difiere de la ponderada en la instancia de origen.
6.10. No se desconoce la existencia de una corriente jurisprudencial que ha admitido la exclusión de los organismos fiscales del cómputo de las mayorías concordatarias sobre la base de la rigidez de la reglamentación administrativa, a la que se remite la resolución apelada. Pero esa línea, además de no ser la receptada por la doctrina legal citada, supone acreditar de manera plena y concreta que el régimen administrativo torna materialmente inviable la obtención de la conformidad o introduce recaudos inaceptables, extremo que en autos no se verifica: el propio organismo ha manifestado en su memorial que su conformidad se encuentra supeditada al cumplimiento del procedimiento reglamentario y ha descartado toda animosidad hacia la concursada. No se está, pues, ante un acreedor hostil —aquel cuyo voto se avizora como forzosamente adverso cualquiera fuese la propuesta—, sino ante un acreedor con potestades regladas cuya conformidad resulta obtenible si se transita el procedimiento previsto al efecto.
6.11. Por último, la trascendencia sanitaria, social y económica de la actividad médico-asistencial desarrollada por la concursada y el principio de conservación de la empresa útil, debidamente ponderados por el a quo, constituyen valores que este Tribunal no desatiende. Pero ellos no autorizan por sí mismos a prescindir de las reglas legales que rigen la formación de la voluntad colectiva de los acreedores ni a privar a uno de ellos de su participación en el cómputo fuera de los supuestos admitidos por el ordenamiento y por la doctrina legal aplicable, máxime cuando el propio sistema concursal ofrece vías idóneas —la categorización diferenciada y la formulación de propuestas diversas— que no fueron transitadas.
6.12. Consecuentemente, asiste razón al apelante, correspondiendo revocar la resolución del 12/05/2026 y disponer que el crédito de ARCA sea computado a los fines de la determinación de las mayorías legales.
7. Alcance de lo que se resuelve.
7.1. A fin de evitar dificultades en la etapa de cómputo, corresponde precisar que sólo integra la base de cálculo del art. 45 de la L.C.Q. la porción quirografaria del crédito reconocido a favor de ARCA, dentro de la categoría que la comprende conforme la resolución del 17/11/2025. La porción reconocida con privilegio general permanece ajena a dicho cómputo, salvo que se formule propuesta a los acreedores privilegiados y se pretenda su aprobación en los términos de los arts. 44, 45 último párrafo y 47 de la L.C.Q.
7.2. Cabe asimismo señalar que, tratándose de un pequeño concurso, no regiría en la especie el régimen del supuesto especial del art. 48 de la L.C.Q. (art. 289 del mismo cuerpo legal), lo cual responde a la referencia a dicha norma contenida en la parte dispositiva de la resolución apelada.
7.3. Lo resuelto no importa pronunciamiento alguno sobre el mérito de la propuesta que en definitiva se formule ni sobre su eventual homologación, cuestiones ajenas a esta instancia.
8. La petición de categorización diferenciada.
8.1. Solicita el apelante que, en lugar de la exclusión, se disponga la formación de una categoría de acreedores fiscales. La pretensión excede el ámbito de conocimiento de esta Alzada, delimitado por el contenido de la resolución recurrida y por los agravios (art. 272 del C.P.C.C.), pues la conformación de las categorías constituye materia propia del juez del concurso (arts. 41 y 42 de la L.C.Q.).
8.2. Ello sin perjuicio de destacar que la revocación que aquí se dispone deja expedito el ejercicio de esa facultad ante el juez de grado, tanto a instancia de parte como de oficio, solución que un sector de la jurisprudencia ha reputado menos gravosa que la exclusión, por cuanto preserva la solución preventiva permitiendo al acreedor pronunciarse en categoría separada (conf. CNCom., Sala D, 18/02/2016, "Foxman Fueguina S.A. s/Concurso preventivo"). Queda igualmente a salvo la facultad que el propio a quo hizo saber a la concursada en el punto 4 de la resolución apelada —no apelado—, en cuanto a la reformulación o presentación de propuestas que contemplen el tratamiento del crédito fiscal dentro del marco legal aplicable, mientras se encuentre vigente el período de exclusividad.
9. La petición subsidiaria fundada en el art. 63 de la L.C.Q.
9.1. El pedido de que se declare expresamente la obligación de la concursada de cancelar el crédito fiscal conforme la reglamentación administrativa, bajo apercibimiento del art. 63 de la L.C.Q., fue formulado por el apelante para la hipótesis de confirmarse la exclusión. Al revocarse el pronunciamiento, la petición deviene abstracta. A todo evento, y a mayor abundamiento, su tratamiento resultaría prematuro, toda vez que la decisión sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento debe sustentarse en hechos concretamente producidos y no en una hipótesis futura.
10. El planteo de inconstitucionalidad.
10.1. La concursada alude en su contestación a un planteo de inconstitucionalidad de la reglamentación fiscal. Conforme surge de la resolución en revisión, tal articulación no fue formalizada oportunamente, habiéndose limitado la deudora a formular reserva de su eventual introducción; no fue objeto de decisión por el a quo ni integra la materia de agravio. Su tratamiento resulta, por tanto, ajeno a esta instancia (art. 272 del C.P.C.C.), quedando a salvo su articulación ante el juez del concurso en la oportunidad y forma que corresponda.
11. Costas.
11.1. Atento la existencia de criterios jurisprudenciales divergentes sobre la cuestión debatida, la naturaleza concursal del conflicto y que la decisión de primera instancia encontró apoyo en una corriente jurisprudencial relevante, las costas de Alzada se imponen en el orden causado (arts. 68, segunda parte, y 69 del C.P.C.C.).
11.2. Corresponde diferir la regulación de honorarios de esta instancia para la oportunidad prevista en el art. 31 de la ley 14.967.
POR ELLO, por los fundamentos expuestos, dictamen del Fiscal de Cámaras de fecha 15/09/2026, y oída la sindicatura, el Tribunal RESUELVE:
1. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
2. Revocar la resolución del 12/05/2026, dejándose establecido que la porción quirografaria del crédito reconocido a favor de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero debe integrar la base de cómputo de las mayorías previstas por el art. 45 de la ley 24.522, dentro de la categoría que la comprende.
3. Desestimar, por resultar abstracta, la petición subsidiaria fundada en el art. 63 de la ley 24.522, y estar a lo expuesto en los considerandos 8 y 10 respecto de la categorización diferenciada y del planteo de inconstitucionalidad.
4. Imponer las costas de Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, y 69 del C.P.C.C.).
5. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el art. 31 de la ley 14.967.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia