Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 70539
Causa Nº F3-70539 R.S.: 314/2020
Con fecha 08 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ G. A. Y G. B. S/ MEDIDA DE ABRIGO ” Causa Nº F3-70539 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: : JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
V O T A C IÓ N
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia N° 3 Departamental con fecha 9 de diciembre de 2019 resolvió declarar a la niña A. G. en estado judicial de desamparo y colocarla en situación de adoptabilidad. Asimismo, se dispuso intimar a la Sra. A. G., progenitora de la niña, para que acredite haber concurrido con su hijo, el jóven B. G., a la sede de la DINAI, conforme el compromiso asumido y, entre otras cuestiones, manifestarse respecto de la escolaridad del jóven.-
En dicha sentencia, luego de realizada la síntesis de las constancias obrantes en autos, la Sra. Jueza de grado entiende que resulta contundente el descuido, el abandono y el desinterés de la Sra. A. G respecto de su hija A., haciendo referencia a la desprotección en la que se encontraba toda su prole, no pudiendo constituirse como adulta protectora de sus hijas e hijos. Destaca el trabajo de los organismos intervinientes, tanto DINAI, Servicio Zonal de Morón, Ministerio Público y el Equipo Técnico del Juzgado que han agotado las alternativas de la vinculación con su familia de origen. Así es como la sentenciante entiende que la niña A. se encuentra en condiciones de ser ahijada en una familia adoptiva.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 659, con fecha 7 de febrero de 2020, la Sra. A. G. con el patrocinio letrado de la Unidad Funcional de Defensa N° 7 Dptal., interponiendo recurso de revocatoria con apelación en subsidio y fundando en ese mismo acto su recurso de apelación. Rechazado el primero, fue concedido el segundo en relación a fs. 665vta., donde se corrió el respectivo traslado.-
La recurrente, progenitora de la niña A., se agravia de la resolución apelada en cuanto decreta el estado judicial de desamparo de la misma y la coloca en situación de adoptabilidad en base únicamente a lo actuado por la DINAI y el Servicio Zonal, sin tomar en cuenta otros elementos de suma importancia que obran en autos.-
Refiere que siempre cuidó a sus hijos, sobre todo en lo económico no permitiendo que les faltara nada, que la resolución impugnada ve sus fundamentos en relatos de personas totalmente ajenos a la realidad, en una interpretación sesgada de los hechos respecto a lo sucedido con B. y A., negando dicha situación, agregando que la niña estuvo bajo su cuidado desde lo económico, lo sentimental y familiar.-
Refiere que desde que la niña fue retirada del hogar familiar, nunca se le posibilitó la comunicación con la misma, ni con los miembros de la familia, no fue fomentado por el Hogar de residencia ni por las instituciones intervinientes.-
Que de la lectura del proceso no surge que se haya analizado si la recurrente se encontraba en plena capacidad para el ejercicio de la responsabilidad parental, por ello entiende que así se han vulnerado tanto sus derechos como los de la niña de permanecer dentro del ámbito familiar de origen.-
Luego de referir la legislación aplicable al caso, insiste en aclarar que su situación económica no era buena pero que ello no implica que no pudiera hacerse cargo del cuidado de sus hijos e hijas.-
Asimismo, recalca la existencia de manifestaciones de A. respecto de su deseo de retomar la convivencia con su progenitora, aunque refiere que no queda claro en qué contexto y por qué motivo la niña cambió de opinión al considerar la alternativa de egresar del hogar con una familia adoptiva.-
Finalmente, a los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en honor a la brevedad.-
3. El traslado de dichos agravios fue contestado tanto por la Sra. Asesora interviniente, Dra. Elena Borthiry, como por la Abogada de la niña, Dra. Elena Acevedo.-
La Sra. Asesora con fecha 5 de marzo de 2020 expresa que desde el inicio de las actuaciones la Sra. G. no ha logrado constituirse como adulta responsable y protectora de sus hijas e hijos, exponiéndolos a situaciones de extremo peligro.-
La Sra. G. no puede alegar que no se le han brindado oportunidades para progresar, o que se le haya negado el acceso a la justicia o la tutela de sus derechos, siendo ella quien se ha mostrado reticente a la actuación institucional, destacando que la intervención de los servicios administrativos se remonta al año 2014 y que luego de fracasadas las estrategias implementadas para abordar el fortalecimiento del rol materno y ante la inexistencia de referentes familiares, se adoptó la medida de abrigo con fecha 28 de febrero de 2019.-
Alega la Sra. Asesora que el Estado es responsable tanto si priva a un niño o niña indebidamente de vivir en su familia de origen como si restringe su derecho a vivir en una familia adoptiva por exagerar la búsqueda de la familia biológica y dejar pasar el tiempo de la niñez.-
Por ello, considera que se ha cumplido el plazo del art 607, inc. "c" del CCyCN sin que pudieran revertirse las causas que motivaron la medida, que los servicios administrativos emitieron su dictamen para restituir los derechos de la niña, teniendo en cuenta su interés superior y necesidades actuales, opina que deberá confirmarse la resolución apelada.-
Por su parte la Abogada de la niña, contesta los agravios de la Sra. G., dejando sentado que ha habido en la causa numerosas citaciones a a las que no acudió y por ende privó a A. de posibilidades de protección de sus derechos vulnerados, como a sus dos hijas mayores M. y B., quienes fueron víctimas de abuso sexual, desarrollando claramente como se han producido los hechos en autos hasta el momento de la adopción de la medida que se lleva a cabo en marzo de 2019.-
Agrega que A. ha brindado su consentimiento con la medida en fecha 6 de noviembre de 2019 y que, de las visitas a la niña en el Hogar, concluye que es una niña feliz con óptimos resultados educativos y que espera ansiosa una nueva familia a quien entregar su cariño.-
Finalmente, destaca que no se trata de una situación económica desfavorable o la falta de satisfacción de las necesidades básicas -como expresa la Sra. G. -, sino de no permitir la vulneración de sus derechos y ofrecerle una vida digna y feliz, rodeada de afecto con posibilidad de crecimiento personal.-
1. La declaración judicial del estado de adoptabilidad es un proceso judicial cuyo objetivo consiste en definir si un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la satisfacción del derecho a vivir en familia se verá efectivizada si el niño/a se inserta en otro grupo familiar que el de origen .-
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente, permite correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada por imperativo del derecho a que el niño/a permanecerá con ellos, a la familia adoptiva.-
Es un proceso en el que la familia de origen o ampliada -según el caso- ejerce de manera plena el derecho de defensa en juicio, derecho constitucional muy comprometido hasta la reforma del actual Código Civil y Comercial de la Nación pero que la doctrina y jurisprudencia han puesto en crisis en varias oportunidades, incluso repudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el renombrado caso "Fornerón C/ Argentina" del 27 de abril de 2012, surgiendo así con la referida reforma un proceso judicial de declaración de situación de adoptabilidad con reglas propias, en el que la familia de origen tiene plena participación (arts. 607 del CCyCN, "Código Civil y Comercial de la Nación -Comentado-", Dr. Ricrado L. Lorenzetti, Tomo IV, págs. 84 y sgtes., autora Marisa Herrera).-
Dicho derecho de defensa en un proceso judicial de esta índole permite a la familia de origen del niño, niña o adolescente (NNA) utilizar todas las herramientas que considere necesarias conforme a su objetivo, sea conservar al NNA en su seno familiar o permitir que los menores encuentren otra familia que los cobije.-
No obstante el carácter constitucional del derecho de defensa referido (art. 15 Const. Provincia de Buenos Aires), su ejercicio debe ser balanceado con los principios generales del derecho de familia, expuestos en el art. 706 del CCyCN .-
Y al respecto he de referir que " En materia de procesos de familia, el nuevo Código consagra una tutela efectiva y diferenciada con base en un modelo de justicia de acompañamiento (Rosales Cuello, Ramiro y Marino, Tomás; "Las normas procesales en el nuevo Código Civil y Comercial", publicado en SJA 2014/11/26-3; JA 2014, IV).
El art. 706 del Código Civil y Comercial pone de resalto una serie de principios rectores que deben aplicarse en los procesos de famili a.
Entre ellos se destaca el deber de respetar el principio de tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, especialmente en los casos en que -como en la especie- intervienen personas vulnerables (art. cit. inc. a).
Se completa el cuadro de principios generales aplicables con otras directivas: el principio de inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad en la labor jurisdiccional, la preeminencia de la oralidad, el acceso limitado al expediente, la facilitación de la resolución pacífica de los conflictos, la especialización que deben tener los jueces del fuero, la posibilidad de contar con apoyo multidisciplinario, y la necesidad de tener en cuenta el interés y bienestar de la persona en cuyo interés se realiza el proceso .
Cabe recordar que la tutela judicial efectiva se encuentra reconocida en los arts. 8 º y 25 de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica), y comprende la garantía de acceso a la justicia y s e complementa con los principios de concentración y celeridad, que derivan del principio de economía procesal (Bertoldi de Fourcade, María V. y Ferreyra de De la Rúa, Angelina, "Régimen Procesal del Fuero de Familia", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 42) -
El paso del tiempo es un elemento fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes.-
Dijo la Corte Interamericana en “Forneron” (CIDH, “Fornerón e Hija Vs. Argentina”, sentencia del 27/4/2012) que “ esta Corte también ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades ”.
En este sentido, el art. 607 del CCyCN –en su párrafo final- determina que “ el juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días ”.
Es una norma clara e imperativa, a ser interpretada –como es lógico- en clave convencional, al estar en juego aquí algo fundamental: el tiempo de vida de niños, niñas y adolescentes, con un bien precioso e insustituible: el tiempo.
Con esto se quiere significar que muchas cuestiones pueden hacerse en el ámbito de un proceso judicial, pero hay algo que nunca –o casi nunca- se logrará: revertir las consecuencias del paso del tiempo.
Aquí resulta imprescindible referir que el " interés superior del niño (art. 3°, inc. 1°, CDN): entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías de la infancia (art. 3°, ley 26.061), y que para nuestra Corte Suprema configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un criterio para la intervención institucional destinada a proteger a la persona menor de edad, en tanto proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio a ellos.-
Además de funcionar como un derecho sustantivo y un principio interpretativo fundamental, el interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga al Estado a introducir disposiciones para garantizar que esa pauta sea considerada " ("Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", Silvia Eugenia Fernández -directora-, "Principios rectores del Debido proceso de Infancia", Martín Alesi -autor-, Tomo III, pág. 2408).-
La flexibilidad que conlleva el interés superior del niño no puede perderse de vista en la búsqueda de una solución acorde a la satisfacción de dicho principio, pensando exclusivamente en los beneficiarios de su aplicación: niñas, niños y adolescentes.-
O, dicho de otro modo, en cada supuesto que se tenga que decidir por parte del órgano jurisdiccional es menester detenerse para ponderar, en el caso concreto (y de acuerdo con sus específicas circunstancias, art. 171 Const. Pcial.) cuál será el curso de acción que mejor satisfaga y resguarde aquel interés.-
2. Cuestiones preliminares :
En primer lugar, cabe dejar sentado que de la lectura del memorial de agravios puedo advertir que se ha cumplido mínimamente con la carga impuesta por el art. 260 del CPCC, no obstante ello, en honor al derecho de defensa de la recurrente, es que considero dar respuesta a los escasos agravios traídos por la Sra. A. G. y su asistencia letrada.-
Previo a ello, he de realizar algunas consideraciones previas.-
Resulta claro que la mención que hace la recurrente respecto a que el estado de desamparo de A. se resuelve únicamente en base a lo actuado por la DINAI y el Servicio Zonal y que no se han tomado en cuenta otros elementos que obran en autos, carece de fundamentación por parte de la Sra. G. pues no menciona cuáles serían los elementos de importancia a los que hace referencia, no pudiendo en esta instancia analizarlos, por lo que dicho argumento será rechazado.-
Por otro lado, de la atenta lectura de todo lo actuado en autos y de los argumentos expuestos por la sentenciante de primera instancia, surge que en ningún momento la situación económica de la Sra. G. ha sido fundamento alguno para considerar que la misma no pudiera hacerse cargo de sus hijas e hijos, en ningún argumento se expresa que la recurrente no pudo cumplir con su rol materno por no haber podido satisfacer las necesidades económicas básicas de la niña A. o del resto de sus hijos e hijas, por lo tanto el agravio referido a la situación económica de la recurrente carece de asidero pues dicha temática no ha sido discutida en la resolución apelada.-
Por último, el cuestionamiento que la Sra. G. incluye en su memorial de agravios respecto a que previo a la medida de abrigo de la niña, no se ha analizado si se encontraba con plena capacidad para el ejercicio de la responsabilidad parental, resulta a todas luces extemporáneo puesto que la recurrente junto a su asistencia letrada no lo planteó oportunamente en la instancia de origen (art. 266 del CPCC) sumado a que en la mayoría de las oportunidades en que la Sra. G. fue citada a entrevistas tanto en los organismos administrativos como por el equipo profesional del Juzgado de origen (ver informes de fs. 53/55) , la misma no se ha presentado , pudiendo haber sido su oportunidad para dicho análisis (ver informe de fs. 84, fs. 357, entre otros).-
Todo ello aclarado, corresponde ahora sí, en el afán de discernir el verdadero interés superior de la niña A., dar respuesta a la recurrente al resto de sus planteos referidos al cuidado y protección de la pequeña, a través de los hechos aquí denunciados y el actuar tanto de las partes como de los organismos intervinientes.-
3. La Solución:
La Sra. G. asevera en su memorial de agravios que ella es quien se encargaba del cuidado de la niña A. desde los aspectos económico, sentimental y familiar. Veamos el desarrollo de lo acontecido en este sentido, sin caer en repeticiones innecesarias.-
De la lectura de lo actuado en autos surge que se ha intervenido en la dinámica familiar desde agosto del año 2014 como consecuencia de la denuncia realizada por la Sra. A. G. contra su ex pareja (separada hacía una semana), el Sr. J. J. C. R. (conocido en ese momento con el nombre de D. C. M.) -ver informe sobre su identidad a fs. 440 (16 de enero de 2018)- por abuso sexual cometido contra una de las hijas de la Sra. G., la niña B. L. S. (por ese entonces aún no reconocida por su padre biológico, portando el apellido G.) -ver fs. 3-.-
En ese momento el núcleo familiar se conformaba por la Sra. G., el Sr. R., la hija que ambos tienen en común -la pequeña A. G.- con 5 años de edad en ese momento. A ello se suman la niña B. L. S. (por entonces de 13 años) y el niño B. G. (por entonces de 11 años), siendo ambos hija e hijo de ella únicamente.-
Además surge de la denuncia obrante a fs. 20/vta. que la Sra. G. es madre del jóven E. O. (por entonces de 20 años) y de la jóven M. O. (de por entonces 17 años de edad) quien es madre del pequeño T. O. A., de por entonces 1 año de edad (ver fs. 20).-
Respecto de la niña B., como consecuencia del abuso sexual del cual fuera víctima, cursó un embarazo a sus 13 años, manteniendo conflictos con la Sra. G., como por ejemplo, cuando la niña iba a mudarse con la Sra. G. para sus cuidados, recibió agresiones físicas y verbales de su madre y hermana mayor (ver denuncia de fs. 20/vta.) o cuando habiendo nacido el pequeño D. S. (por entonces de apellido G.) hubo de fijarse una restricción perimetral respecto de la Sra. G. debido a las agresiones recibidas de su parte por B. y su bebé (ver fs. 28/29).-
Es en ese momento que la DINAI -que ya venía interviniendo en la situación- sostuvo que la Sra. G. no logra constituirse como adulta protectora, exponiendo a la jóven B. a situaciones de riesgo de manera frecuente, cambiando de parecer en relación al embarazo de su hija -lo rechaza-, no aceptando la realización de tratamiento psicológico y saboteando medidas de cuidado indicadas por el servicio para B. (ver informe fs. 53/55).-
Es así que con fecha 16 de octubre de 2014 se adopta una medida de abrigo respecto de la jóven B., a cargo de la Sra. D., quien sería madrina de la jóven, aceptando hacerse responsable de B. y de su bebé, medida que se legaliza a fs. 107 (23 de febrero de 2015). Luego de ello, B. junto a su bebé convivirán con el Sr. S. quien reconoce a B. y acepta cuidarla a ella y a su bebé (fs. 100 y fs. 217), recibiendo por su parte también maltrato en su persona y en la de su hijo.-
Respecto de la jóven M. O., a fs. 57/82 se acumula una causa de abrigo iniciada ante el Juzgado de Familia N° 1 Dptal. donde se la tiene a ella y a su pequeño hijo T. como actores junto a sus hermanos y hermanas. Además dicha jóven fue víctima de un presunto abuso sexual perpetrado por el dueño de la pensión donde se alojaron un tiempo con su madre, hab
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