Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76646 P
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.646-P, "Arata, Facundo y otros contra Provincia de Buenos Aires. Medida autosatisfactiva. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, desestimó la impugnación interpuesta por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, confirmando el pronunciamiento de primera instancia en cuanto fuera motivo de agravios por esa parte e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la actora, a fin de que se provea en el marco de la tutela cautelar, un estándar adecuado de alimentación saludable y nutrientes para el grupo de menores con alto riesgo de vulnerabilidad, en las provisiones periódicas a que tienen derecho a acceder (cfr. sentencia de 27-VIII-2020, v. sistema electrónico).
II. Disconforme con tal pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (fecha 10-IX-2020), cuya concesión fue denegada por la Cámara interviniente con fundamento en la ausencia de definitividad de la sentencia atacada.
III. Frente a ello la Fiscalía interpuso recurso de queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentaciones de fechas 1-X-2020 y 2-X-2020), el que fue acogido por esta Corte mediante resolución de 23 de diciembre de 2020, la que consideró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal e hizo lugar a la queja planteada.
IV. Mediante resolución de 16 de mayo de 2022 esta Corte suspendió el llamado de autos para resolver dictado el 10 de agosto de 2021 y solicitó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, como medida para mejor proveer, un informe detallado acerca de las condiciones fácticas y jurídicas actuales del Programa de Servicio Alimentario Escolar (SAE) conforme la resolución conjunta RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE, de 26 de marzo de 2020.
V. Acompañada que fuera la presentación de la demandada y habiendo la actora contestado el traslado que le fuera conferido, con fecha 9 de agosto de 2022 se reanudó el llamamiento de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Los actores, por derecho propio, en calidad de docentes y padres de instituciones educativas que cuentan con servicio de comedor escolar, promovieron demanda autosatisfactiva con alcance colectivo contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de requerir en forma urgente que el Estado provincial: a) garantice la provisión suficiente y adecuada de bolsones de alimentos que se distribuyen por niño en comedores escolares, estableciendo días y horarios de entrega; b) disponga las medidas necesarias, en coordinación con los consejos escolares de cada municipio, para que tales alimentos sean elaborados y entregados en perfectas condiciones de salubridad e higiene; c) abra el listado para incorporar nuevos beneficiarios de los bolsones de alimentos ante la emergencia alimentaria y sanitaria abierta con la pandemia de Covid-19; y, d) otorguen elementos de higiene y limpieza necesarios para el cuidado y prevención de enfermedades.
El Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, dio curso a la acción por vía del juicio sumarísimo (arts. 321 y 498, CPCC). Confirió traslado de la pretensión a la Fiscalía de Estado y vista a la Asesoría de Incapaces, así también comunicó al Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva el inicio del proceso y le requirió informara sobre la existencia de otras acciones de objeto similar o referidas al mismo derecho o interés colectivo (v. resol. de 30-III-2020).
I.2. El apoderado del Fisco contestó demanda (v. escrito electrónico de fecha 6-IV-2020) y, con posterioridad, el co-actor Facundo Arata solicitó el dictado de una medida cautelar -inaudita parte- que imponga a la accionada, en coordinación con los municipios, el otorgamiento efectivo de los bolsones de comida con una frecuencia semanal y que estos incluyan todos los alimentos referidos en la contestación de la demanda, más la incorporación de alimentos frescos como verduras, frutas y carnes, para garantizar una alimentación saludable para los niños, niñas y adolescentes asistidos en los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la emergencia alimentaria y socio-sanitaria que atraviesa el país, producto de la pandemia de Covid-19. Acompañó a su presentación, una adhesión suscripta por el diputado de la Provincia de Buenos Aires Claudio Dellecarbonara, como así también un petitorio de docentes y familiares en apoyo al reclamo interpuesto en la demanda (v. presentaciones de fecha 14-IV-2020).
I.3. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la medida cautelar requerida. En consecuencia, ordenó a la demandada -hasta tanto recaiga sentencia firme en autos- dar acabado y efectivo cumplimiento con el Servicio Alimentario Escolar (SAE) conforme la resolución conjunta RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE (de 26-III-2020), como así también, designar a través de los organismos competentes -Dirección General de Cultura y Educación y Ministerio de Desarrollo de la Comunidad- un funcionario responsable de la entrega, composición y reparto de los bolsones de emergencia, con el deber de actuar en coordinación con las autoridades de los establecimientos educativos (v. resol. de 30-IV-2020).
II. Apelada por ambas partes dicha resolución (v. presentaciones de fechas 8-V-2020 y 20-V-2020), la Cámara del fuero con asiento en este departamento judicial, por mayoría, desestimó la impugnación interpuesta por la Fiscalía de Estado, e hizo lugar parcialmente a los agravios deducidos por la actora.
Asimismo, y a fin de complementar la tutela cautelar dictada en la instancia de origen, dispuso que en el término de 72 hs. la demandada arbitrara las medidas necesarias para que los bolsones, canastas o entregas de emergencia pudieran integrarse de acuerdo a las pautas dadas por la propia reglamentación, garantizando una nutrición saludable a través de una provisión sustitutiva y eficaz, para cumplimentar el estándar básico al que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes que concurren a los comedores escolares, extendiendo su alcance a todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, atento el estado de grave riesgo social y extrema vulnerabilidad de los menores de edad.
Para así decidir, indicó que tal como se desprendía de las constancias acompañadas a la causa, a partir de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el brote del coronavirus Covid-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en nuestro país por el decreto de necesidad y urgencia 297/20 y sus prórrogas, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con la Dirección General de Cultura y Educación, dictaron la resolución conjunta RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE de 26 de marzo de 2020 por medio de la cual se estableció que, a partir de su publicación, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) se prestaría mediante la entrega de módulos de alimentos. Ello conforme al marco nutricional de emergencia detallado en el IF-2020-05905710-GDEBA-DSTAMDCGP.
Señaló que dicha norma en sus considerandos expresó: "Que, por otra parte, es competencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO ESCOLAR coordinar la implementación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) con la Dirección de Políticas Socio Educativas de la Dirección General de Cultura y Educación y con los Municipios de la provincia de Buenos Aires en forma directa o a través de los Consejos Escolares de los mismos. Que en virtud de tales recomendaciones y la suspensión de clases presenciales aludida precedentemente, se dictó la Resolución Firma Conjunta N° 573/2020, suscripta por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación, a efectos de procurar una solución directa que permita garantizar una prestación alimentaria adecuada del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a todos los niños, niñas y adolescentes alcanzados por el mismo, a través de la entrega de un bolsón de emergencia de productos alimenticios. Que, en esta instancia, deviene necesario continuar adecuando el marco nutricional de emergencia que fuera aprobado mediante la Resolución Firma Conjunta N° 573/2020, suscripta por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación, a efectos de garantizar las mejores condiciones nutricionales para los destinatarios del programa...".
Y sobre esa base, puso de relieve que no era materia de discusión en el presente caso que en el contexto de emergencia vivido la Provincia de Buenos Aires se dispuso la entrega de productos alimenticios a fin de garantizar una prestación nutricional adecuada a todos los niños, niñas y adolescentes alcanzados por el Programa del Servicio Alimentario Escolar (SAE), y que la cuestión estaba circunscripta a determinar si la demandada daba cumplimiento a la resolución conjunta RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE de 26 de febrero de 2020 haciendo entrega de los bolsones en los términos allí indicados.
III. Frente a lo así decidido, el representante de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 9-IX-2020), el que, denegado con sustento en la ausencia de definitividad de la decisión recurrida (v. resol. de 24-IX-2020), motivó la promoción de una queja a la que esta Suprema Corte hizo lugar (v. presentaciones de fechas 1-X-2020 y 2-X-2020, resol. de 23-XII-2020).
IV. La Fiscalía plantea los siguientes agravios:
a) violación y errónea aplicación de las resoluciones conjuntas 2020-573-GDEBA y 2020-705-GDEBA del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación, por entender que la Cámara la habría interpretado incorrectamente, desoyendo a los organismos técnico-administrativos que no incorporaron otros productos (como carnes, frutas y verduras) al plan alimentario "a raíz de impedimentos logísticos" y riesgos bromatológicos. Afirma que en el caso no se encuentra acreditada de verosimilitud en el derecho en los términos del art. 22 del Código Contencioso Administrativo.
b) errónea aplicación de los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; VII y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 y 27.3. de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13.3. del Protocolo de San Salvador; 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la resolución 1-20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vulneración del principio de división de poderes con base en los arts. 1, 121 y 123 de la Constitución nacional.
c) conculcación de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en materia de exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales.
d) plantea la existencia de absurdo y que la decisión de la Cámara proyecta consecuencias negativas respecto del programa en curso, aumentando los riesgos bromatológicos y en la salud de los menores de edad.
e) violación de los arts. 43 de la Constitución nacional y 13 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto a la falta de delimitación del "grupo afectado" por la medida.
f) por último, señala la vulneración de normas constitucionales (arts. 103, 157 y 192 a 195, Const. prov.), legales y presupuestarias (arts. 14, 28 y 38, ley 13.767) que exigen tener en cuenta las capacidades del sistema al momento de aumentar el nivel de las exigencias contra los planes de gobierno, ante el riesgo de introducir variables distorsivas y contraproducentes.
V.1. Con posterioridad a la declaración del llamamiento de autos para resolver, y habiéndoselo suspendido, esta Corte dictó, con fecha 16 de mayo de 2022 una medida para mejor proveer, solicitando a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires que informara detalladamente acerca de las condiciones fácticas y jurídicas actuales del Programa de Servicio Alimentario Escolar (SAE) conforme la resolución conjunta RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE, de 26 de marzo de 2020.
En particular requirió : i) informe sobre la situación actual del funcionamiento de los comedores escolares de la Provincia; ii) si ante la modificación de la situación fáctica (plan de vacunación, dictado de clases casi con normalidad, levantamiento de las restricciones de aforo, etc.), el plan implementado por la normativa en crisis seguía vigente y iii) si se dispusieron otras medidas para el efectivo cumplimiento del SAE, como así también todo otro dato que resultara de interés para la resolución de la cuestión debatida (arts. 36 inc. 2, CPCC y 46, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
V.2. La Fiscalía de Estado presentó un escrito -con fecha 3 de junio de 2022- y adjuntó la respuesta dada por la Dirección de Calidad Laboral y Medio Ambiente del Trabajo de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia y los "Lineamientos para la presencialidad en los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires en contexto Covid-19". En dicha presentación hizo referencia a que "Se ha implementado una modalidad de tipo presencial en los establecimientos educativos (que incluye a los comedores escolares), que se presenta como superadora de la que se tuvo que implementar durante el periodo que rigieron las medidas de aislamiento originadas por el COVID-19 [...] y se agrega que [...] la modalidad actual modifica y supera la situación de conflicto que originó los presentes. Por ese motivo, pido que se agregue la documentación que se acompaña, se le haga saber a la parte actora y se tenga presente al momento de dictar sentencia".
En esa misma fecha adjuntó, un informe elaborado por la Dirección del Sistema Alimentario Escolar (SAE) del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. En él, se hace referencia a que, durante el año 2021, comenzó el regreso paulatino a la presencialidad en las aulas por lo que se resolvió conjuntamente entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación mediante la RESOC-2021-2229-GDEBADGCYE, la posibilidad de que el Programa SAE se implemente alternativa o complementariamente por medio de las prestaciones presenciales y los módulos de alimentos .
Agregó que mediante la RESO-2021-1922-GDEBA-MDCGP, continuaron entregando módulos alimentarios institucionalizados bajo la creación del "Programa MESA", en trámite bajo expediente EX-2022-11276102-GDEBA-DPSYSAMDCGP cuyos parámetros nutricionales se hallan encuadrados en el Marco Alimentario Nutricional SAE 2022. Asimismo, adjuntó el "Marco Alimentario Nutricional MESA 2022" y un listado de "menús sugeridos".
V.3. La parte actora, con fecha 8 de agosto de 2022, especifica que el hecho de la recuperación de la modalidad presencial no implicó una merma en la demanda de los módulos alimentarios y agrega que el denominado "Programa MESA" no habría mejorado en los hechos la situación de los niños y niñas de la Provincia que continúan en situación de extrema vulnerabilidad, particularmente agravada por la influencia de la altísima inflación verificada en el rubro de alimentos, situación que -indica- de hecho es pública y notoria.
Asegura que la Provincia redujo el contenido de los bolsones de alimentos y lo proporcionado resulta insuficiente. Adjunta fotografías actuales -según refiere- de la composición de los bolsones alimentarios, y señala que en ellas se observa claramente la ausencia de materiales de alimentación con fibra, proteínas, carnes o verduras.
Finalmente, argumenta que la Fiscalía de Estado no aporta información alguna sobre cómo se implementa esa supuesta "complementariedad de los programas en los hechos", ya que, insiste, existen numerosas instituciones que no poseen servicios de comedor.
VI.1. Por las consideraciones que paso a exponer, entiendo que el tratamiento del recurso extraordinario interpuesto se ha tornado abstracto, ya que las condiciones fácticas y jurídicas tenidas en cuenta en la instancia ordinaria son distintas a las actuales y en consecuencia determinan la extinción del interés en el recurso planteado, siendo este último un elemento esencial en materia de impugnaciones judiciales, el que debe existir al momento del pronunciamiento del Tribunal.
VI.2. Tal como expuse, en el pronunciamiento impugnado la Cámara destacó que no era materia de discusión que en el contexto de emergencia vivido la Provincia de Buenos Aires dispuso la entrega de productos alimenticios a fines de garantizar una prestación nutricional adecuada a todos los niños, niñas y adolescentes alcanzados por el Programa del Servicio Alimentario Escolar (SAE), sino que la controversia estaba circunscripta a determinar si la demandada cumplía con la resolución conjunta RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE, de fecha 26 de marzo de 2020.
La Cámara sobre esa base, reparando en los valores en juego, la extrema situación de vulnerabilidad del grupo afectado -niños, niñas y adolescentes destinatarios del Programa del Sistema Alimentario Escolar- y en el marco de la descentralización como en el contexto de emergencia -imperante en ese momento-, decidió desestimar la impugnación interpuesta por la Fiscalía de Estado y hacer lugar parcialmente a los agravios deducidos por la actora en función de lo indicado en el art. 3 de la resolución conjunta 705/20.
Puntualizó que la normativa -por entonces vigente- para el Servicio Alimentario Escolar previó la entrega de módulos de alimentos "...que integran la Canasta Básica de Alimentos CBA INDEC; tradicionalmente aceptados y socialmente valorados por las familias y la comunidad y que a su vez sean productos alimenticios que se proveen a las Escuelas en el marco del Programa SAE..." (RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE, cit. y anexo resol. 705.20-IF-2020-0590571).
Destacó que la RESO-2020-705-GDEBA-DGCYE, de 26 de marzo de 2020, estableció que los módulos de alimentos serían otorgados sin distinción de la prestación que recibían anteriormente los beneficiarios, pudiendo retirarse cada quince días en horarios convenidos previamente, en grupos reducidos que eviten la aglomeración de personas. Y dispuso que dichos bolsones, canastas o entregas de emergencia pudieran integrarse de acuerdo a las pautas dadas por la propia reglamentación garantizando una nutrición saludable, cumpliendo con el estándar básico al que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes, atento el estado de grave riesgo social y extrema vulnerabilidad en la que se encuentran, producto de sus propias circunstancias, acentuadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19.
VI.3. Ahora bien, de la documental acompañada a raíz de la medida para mejor proveer se advierte que el Director del Sistema Alimentario Escolar (SAE) del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con fecha 2 de junio de 2022 informó que el Programa SAE, debido a la suspensión del dictado de clases presenciales generada por la pandemia del Covid-19, a partir del mes de abril del año 2020 introdujo una nueva metodología que consistió en la entrega de "módulos alimentarios, mediante la RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE, el Programa".
Expresó que, durante el año 2021, ante el regreso paulatino a la presencialidad con el "PLAN JURISDICCIONAL D
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