Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74076
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación; doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.076, "Sanabria, Hugo Ernesto c/ Municipalidad de La Plata s/ medida autosatisfactiva".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada (v. fs. 66/78 vta.) y revocó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 19 y 20 inc. 3, Anexo II del decreto 532/09 y admitido la medida cautelar solicitada por el señor Hugo Ernesto Sanabria (v. fs. 93/99).
Disconforme con tal pronunciamiento, el accionante dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. fs. 104/111 vta.). La Cámara interviniente por resolución de fs. 113/114 concedió el mencionado en último término y a fs. 123/124 denegó el restante.
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 129/132), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 133) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de La Plata declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 19 y 20 inc. 3, Anexo II del decreto 532/09 y, en consecuencia, hizo lugar a la medida cautelar autosatisfactiva solicitada por el señor Hugo Ernesto Sanabria mediante la cual ordenó a la Municipalidad de La Plata a que emita un nuevo pronunciamiento respecto al otorgamiento de la renovación de la licencia de conducir para la categoría profesional (v. fs. 55/61).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de La Plata y revocó la sentencia de primera instancia (v. fs. 93/99).
Para así decidir, luego de conceptualizar la medida urgente o autosatisfactiva, sostuvo que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos en este caso para la procedencia de la tutela peticionada.
Puntualizó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del referido municipio dictaminó la improcedencia de la solicitud de renovación de la licencia de conducir peticionada por la parte actora, para la categoría profesional, en razón de que poseía antecedentes penales por homicidio culposo agravado, habiendo sido condenado a la pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso y cinco años y diez meses de inhabilitación especial para conducir automotores, con accesorias legales y costas, por un hecho cometido el 28 de abril de 2006, con sustento en los arts. 10 inc. 6, 19 y 20 inc. 3 del Anexo II, Título 1 del decreto 532/09.
Expresó que tal criterio denegatorio fue esgrimido con base en la existencia de causas penales que se encontraren relacionadas con accidentes de tránsito y que por ello constituía un impedimento para la obtención de la licencia de conducir en la categoría profesional.
Señaló que los arts. 25 de la ley 13.927 y 20 inc. 3 -Anexo II- del decreto reglamentario 532/09 establecen restricciones para el otorgamiento de licencias profesionales, a aquellos que tengan antecedentes penales relacionados con delitos con automotores en circulación, contra la honestidad, la libertad o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de las personas transportadas.
Indicó que dichas normas son razonables conforme al criterio plasmado por el Tribunal de Alzada en causas anteriores ("Bender", "Bettes", "Perez", "Rodriguez", "Belle", e.o.) y que los recaudos legislativos referidos a los requisitos técnicos, físicos, de seguridad y de idoneidad moral se muestran proporcionales a los fines públicos que se persiguen.
Afirmó que el derecho a trabajar y ejercer industria lícita receptado en el art. 14 de la Constitución nacional se encontraba condicionado en determinados supuestos, como en este caso, a la satisfacción por el interesado de estándares de idoneidad.
Sostuvo que al tratarse de habilitar una actividad que reviste el carácter de servicio público como es la destinada al transporte de pasajeros, tal situación ameritaba la obligación irrenunciable del Estado de ejercitar de manera cuidadosa, responsable, prudente y de manera atinada el poder de policía, potestad con la cual el ordenamiento legal y constitucional lo ha investido.
III. Contra el pronunciamiento de la Cámara la parte actora interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 103/111 vta.).
Sostiene que los arts. 19 y 20 inc. 3 Anexo II del decreto 532/09 vulneran su derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita, consagrados en los arts. 14 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 27 de la Constitución provincial y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la reinserción social y al principio de legalidad receptado en el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entiende que la denegatoria de renovación de la licencia de conducir en la categoría profesional se sustentó en la aplicación de los preceptos legales señalados que no prevé la situación del actor que posee una condena penal agotada, esto es vencida desde hace más de dos años.
Alude que aquel postulado supone que las condiciones y circunstancias que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar establecidas por una ley con carácter previo conforme al art. 30 de la referida Convención, cuya potestad a fin de regular tal limitación corresponde exclusiva y excluyentemente a la Legislatura en virtud de lo normado por los arts. 1, 2, 10, 103 inc. 13 y en particular 42 de la Constitución provincial.
Añade que dicha competencia no puede ser delegada al Poder Ejecutivo conforme al art. 45 de la Constitución provincial y que es fundamental establecer reglas claras a fin de poder impugnarlas, en aras de la tutela judicial real y efectiva consagrada en el art. 15 de la citada Carta local.
Alega que la reglamentación es reprochable desde el principio de la razonabilidad y que la denegatoria formulada con base en la existencia de antecedentes penales produce una estigmatización de la conducta del actor, en virtud de que el espíritu de la legislación penal es la reforma y readaptación social de los condenados.
Aduce que el decreto 532/09 es arbitrario en tanto prolonga indefinidamente la pena condenatoria impuesta y evidencia un juzgamiento de lo que la persona hará en el futuro, por la mera posibilidad que el actor cometa hechos delictivos similares a los que dieron lugar a una condena anterior.
Finalmente sostiene con sustento en los arts. 31 de la Constitución nacional y 57 de su par provincial, que la aplicación del mencionado decreto afecta derechos reconocidos por la Constitución nacional siendo obligatoria su declaración de inconstitucionalidad de oficio por los jueces.
IV. Adelanto que el recurso prospera.
IV.1. El señor Hugo Ernesto Sanabria mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto impugna la decisión de la Cámara que -por mayoría- revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 19 y 20 inc. 3, Anexo II, del decreto reglamentario n° 532/09.
La mencionada norma en su anexo II, dispone que "No podrán acceder a una licencia con categoría profesional aquellos conductores que hayan sido inhabilitados o que tengan o hayan sido condenados por causas referidas a accidentes de tránsito..." (art. 19), y que "...debe denegarse la habilitación de clase D para servicio de transporte cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de las personas transportadas" (art. 20 inc. 3).
Sentado ello, advierto que he tenido oportunidad de pronunciarme en un caso que guarda sustancial analogía al presente, en el que también se cuestionó la referida normativa (causa A 72.671, "Belle", sent. de 26-X-2016), cuyos fundamentos he de reiterar en la presente.
En la citada causa consideré, luego de efectuar la reseña de los arts. 41 del Código de Tránsito y 19 y 20 inc. 3 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09, que el legislador se encuentra facultado para imponer aquellas restricciones necesarias en materia de tránsito para preservar la seguridad, la movilidad, la salubridad, entre otros aspectos. Sin embargo, dicha potestad, a tenor del principio de relatividad, restrictiva y sancionatoria en materia de tránsito no puede ejercerse de manera arbitraria, sino que las restricciones o sanciones que se impongan deben compaginar con el principio general de libertad, perseguir fines constitucionalmente legítimos, deben ser razonables y proporcionales, y respetar en todo momento las garantías inherentes al debido proceso administrativo (arts. 14, 16, 17, 18 y 28, Const. nac.; 10, 11, 26, 36 y 39, Const. prov.).
Destaqué que la Constitución como los instrumentos internacionales, no se limitan a admitir la relatividad de los derechos, sino que a su vez hacen referencia a las condiciones particulares en las cuales es posible restringir el goce o ejercicio de tales derechos o libertades, sin violarlos. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las restricciones deben ajustarse a una serie de requisitos, a saber: que la medida restrictiva esté previamente dispuesta por una ley, que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos en una sociedad democrática, es decir, que obedezcan a "razones de interés general" o de "bien común", y que los medios utilizados sean proporcionales al interés legítimo que los justifican (CIDH, Opinión Consultiva OC5/85, "La colegiación obligatoria de periodistas", de 13-XI-1985, Serie A, n° 5, párr. 46; Opinión consultiva 0C6/86, "La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", Serie A, n° 6, párr. 18; "Caso Kimel vs. Argentina", sent. de 2-V-2008, Serie C, n° 177, párr. 52, entre muchos otros). Por su parte, a ello se ajusta la doctrina nacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vinculada con las condiciones de ejercicio del poder de policía estatal (Fallos: 136:161; 172:21 y 291; 199:483; 200:450; 201:71; 204:195; 243:449 y 467; 263:83; 269:416; 297:201, citados en Fallos: 312:496, cons. 7°).
Consideré que tales requisitos y su desarrollo jurisprudencial se condensan en los principios de legalidad y razonabilidad, consagrados respectivamente en los arts. 19 y 28 de la Constitución nacional, que admiten un doble control de constitucionalidad de la función reglamentaria o poder de policía del Estado: el debido proceso adjetivo y el debido proceso sustantivo (Gelli, María Angélica; Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada , La Ley, 2da. ed., Buenos Aires, 2003, pág. 70).
En efecto, en particular sostuve que, si se ha agotado la pena de inhabilitación, de lo que se toma debida razón en los registros pertinentes, ya no existe impedimento alguno para conducir. De donde la denegación de la licencia, prevista en el decreto reglamentario, excede absolutamente la previsión legal.
IV.2. Del mismo modo que en la causa referenciada, en este caso, surge de las constancias de autos que el actor ha cumplido con la condena en sede penal y ha sido declarada su rehabilitación para conducir. Desde esta perspectiva la aplicación de la norma cuestionada implicaría un castigo sine die .
En efecto, conforme la certificación expedida en el marco de la causa 2083 (IPP 167381-5171-UFI 10, carpeta de causa 6934 y 7307 del Juzgado de Ejecución), por el secretario del Tribunal en lo Criminal n° 4, surge que el cómputo de la pena impuesta venció el 28 de febrero de 2009 y la de inhabilitación para conducir automotores operó el día 25 de marzo de 2012, dejándose constancia que la resolución respectiva se encuentra firme y consentida (v. fs. 4).
La denegatoria al ejercicio de un derecho constitucional en base a una condena que se halla cumplida y vencida, produce en el reclamante una situación de "descalificación a perpetuidad" contraria al espíritu de los derechos constitucionales.
Ello es así por cuanto, en primer lugar, dicha norma ataca directamente el derecho a trabajar consagrado en los arts. 14 de la Constitución nacional y 27 de la provincial, así como en los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional, en particular la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, según la cual toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación (art. XIV); la Declaración Universal de Derechos Humanos, que determina que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a la protección contra el desempleo (art. 23); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que se reconoce el derecho a trabajar, que comprende "el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado", a cuyo fin el Estado debe tomar medidas adecuadas para garantizar ese derecho (art. 6, PIDESC).
Precisando el alcance de esta obligación indiqué, en el precedente que reseño, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que dicha norma "...estipula obligaciones jurídicas precisas y no un simple principio de alcance filosófico [...] en particular el derecho a no ser privado del trabajo de forma injusta" (Comité DESC., "El Derecho al Trabajo", Observación general 18, 35° período de sesiones, del 24-XI-2005; art. 6, PIDESC, párrafos 2 y 4), pues si bien es un derecho social, el derecho al trabajo es también "un derecho individual que pertenece a cada persona" y "engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario" (ídem, párr. 6).
IV.3. En conclusión, reafirmando los conceptos desarrollados, sostengo que la norma cuestionada irroga al actor en forma desmedida e inconstitucional un sacrificio desproporcionado. El accionante ha cumplido con su condena, con lo cual la medida adoptada por la administración importa en los hechos una inhabilitación accesoria, una nueva condena, en definitiva, que viola los principios de non bis in ídem y de legalidad y vulnera su derecho constitucional a trabajar (cfr. mi voto en la cit. causa A. 72.671).
Con base en lo hasta aquí desarrollado, concluyo que la Cámara ha incurrido en errores in iudicando al apreciar el apego de las restricciones establecidas en las normas impugnadas, a la Constitución provincial, afectando el derecho a trabajar del señor Sanabria consagrado en los arts. 14 de la Constitución nacional y 27 de la Constitución provincial.
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por el accionante; revocar la sentencia de la Cámara impugnada y confirmar la de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad a la situación del actor, de los arts. 19 y 20 inc. 3, Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 -de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires- e hizo lugar a la medida autosatisfactiva promovida condenando a la Municipalidad de La Plata a que en el plazo de cinco días proceda a emitir un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo allí decidido (arts. 299, 303 y concs., CPCC).
Las costas del Tribunal de Alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a la Municipalidad demandada vencida (arts. 51, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 69 y 303 in fine, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Discrepo con el colega que abre el acuerdo. En mi criterio el recurso no prospera atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 299, CPCC).
I. Sabido es que uno de los datos que caracteriza a la instancia recursiva extraordinaria ante esta Suprema Corte está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación.
I.1. A propósito de ello, en torno a los argumentos contenidos en la pieza recursiva comienzo por destacar que la crítica efectuada por el recurrente no puede considerarse un cuestionamiento suficiente que rebata los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada para resolver el caso constitucional planteado.
Al respecto cabe recordar que, a más de la referencia a las normas constitucionales que se reputen vulneradas, quien alega la inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de demostrar con argumentos sólidos de qué manera aquella contraría preceptos constitucionales, evidenciando el error jurídico del fallo y no limitarse a manifestar discrepancia con lo decidido (cfr. causas Ac. 41.159, "Skerj de Venturia", sent. de 12-XII-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989 IV-554; Ac. 83.866, "Village Cinemas S.A.", sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, "Cirilo", sent. de 11-V-2005 y A. 71.597, "Gómez", sent. de 9-X-2013).
Las manifestaciones del recurrente no logran acreditar que las normas que atacan vulneren los derechos y garantías de rango constitucional que mencionan. Su embate contra el fallo del Tribunal de Alzada dista de constituir la impugnación concreta, directa y eficaz de sus motivaciones esenciales que habilita el control casatorio de este Tribunal (arts. 279 y 300, CPCC; cfr. causas Ac. 32.929, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ La Rosa Pedernera Lucío E.", sent. de 30-XI-1984; Ac. 63.061, "Leroy", sent. de 27-XII-1996; Ac. 85.920, "Castronuevo", sent. de 24-III-2004; C. 97.850, "L., T.A. y O.", sent. de 13-VIII-2008; y A. 71.597, cit.).
La pieza recursiva exhibe disconformidad del impugnante con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, mas no consigue abordar con suficiencia los fundamentos esenciales del fallo atinentes a la validez de las restricciones establecidas en los arts. 25 de la ley 13.927 y 20 inc. 3 -anexo II- de su decreto reglamentario 532/09.
Así pues, los reparos de invalidez de la norma que ensaya el impugnante no pasan del mero enunciado y se desentiende de las motivaciones centrales que contiene el pronunciamiento del Tribunal de Alzada, en cuanto sostuvo que las restricciones para el otorgamiento de licencias profesionales -a aquellos que tengan antecedentes penales relacionados con delitos con automotores en circulación- se presentan proporcionales al fin público a resguardar, que en este caso es la seguridad vial.
Tampoco el recurrente critica con suficiencia el argumento de la Cámara en cuanto sostuvo que, al habilitarse a una persona para desplegar una actividad que en el más de los casos reviste carácter de servicio público, por estar comprometida la conducción de vehículos destinados al transporte de pasajeros -taxis, remises, micros de corta, mediana y larga distancia, emergencia y/o seguridad-, entendió que tal situación ameritaba la obligación irrenunciable del Estado de ejercitar cuidadosa, responsable y prudente el poder de policía que los ordenamientos constitucional y legal le confiere.
Tal como señalé, la exigencia de fundar adecuadamente un recurs
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.