Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75485
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Paz Letrado de Malvinas Argentinas para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite.
B.75.485 “SCIOCIA RICARDO HORACIO C/ MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 21 de noviembre de 2018.
I. Ricardo Horacio Sciocia promovió una medida cautelar autónoma contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas, con el objeto de que se deje sin efecto la clausura preventiva que fuera confirmada por el Intendente de dicha comuna mediante la resolución 66/18 para el comercio del actor.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de General San Martín. La jueza a su cargo se declaró incompetente a fs. 31/34, en la inteligencia de que en autos se cuestionaba la "actividad policial municipal en materia de control de faltas", materia en la cual no estaba llamada a intervenir atento a lo dispuesto por el art. 54 del Código de Faltas municipales, invocando doctrina de este Tribunal en sustento de su postura. Así, remitió los actuados a la Receptoría General de Expedientes departamental a efectos de que se sortee un juzgado correccional (arts. 166, segundo párrafo, 172 y 216, Const. prov. y 24 inc. 3, ley 11.922).
De tal manera, se asignaron las presentes actuaciones al Juzgado en lo Correccional N°3, cuya magistrada resolvió declinar su competencia por razón del territorio, con lo cual el expediente pasó al Juzgado de Paz Letrado de Malvinas Argentinas (fs. 59/62).
Por su lado, a fs. 64/66 el titular de este último se declaró incompetente tras señalar que la instancia administrativa de faltas no había concluido y que, por lo tanto, no procedía la apelación de medidas como la dispuesta en autos. Sostuvo que "...la Justicia de Paz Letrada no resulta competente para la resolución de medidas cautelares autónomas, si en cambio para la actividad administrativa sancionatoria y de índole contravencional o penal..." (arts. 58 y 61, ley 5827, 1 y 2, CPCA y 166, in fine, Const. prov.).
En virtud de lo mencionado, ordenó la devolución de las actuaciones al juzgado que intervino en primer término, el cual mantuvo su primigenia postura planteando así el conflicto de competencia negativa que esta Corte está llamada a dirimir (art. 7 inc. 1, CPCA).
III.1. La jurisdicción en materia de faltas municipales, según lo establece el decreto ley 8751/77, será ejercida por los jueces de faltas en aquellos partidos en los que el Departamento Deliberativo hubiere dispuesto su creación, o por los intendentes en los municipios donde no se hubiesen creada tales juzgados o cuando, existiendo ellos, sus titulares se hayan excusado de actuar.
En relación a la competencia de alzada, el plexo citado establece que la ejercerá el "Juez en lo Correccional en turno de la jurisdicción, o de Paz Letrado en aquellos partidos de la Provincia que no sean cabecera de Departamento Judicial", quien entenderá en los recursos de apelación y nulidad que se interpongan contra las "sentencias definitivas" emanadas de los juzgados de faltas municipales (art. 54), pudiéndose recurrir en queja directamente ante ese órgano cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar sentencia (art.57).
III.2. Como se ha resuelto, en principio si una determinada normativa sectorial, con arreglo a la Constitución, prevé un canal específico de impugnación en materia de faltas, la competencia quedará de ese modo fijada y solo habrá de ceder si del relato de los hechos surge de modo indubitable que la cuestión debatida excede el marco estrictamente contravencional (doctr. causas B. 73.566 "Valdata", res. de 16-III-2016; B. 74.502 "Vepez SA" y B. 74.498 "CFA Compañía Fiduciaria Americana SA", ambas res. de 7-XII-2016 y B. 75.289 "Banco de la Provincia de Buenos Aires", res. de 15-VIII-2018).
De allí que este Tribunal haya sostenido tanto en casos de análoga configuración al presente como en el ámbito de conflictos resueltos en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia, que compete a los jueces en lo correccional -o de Paz, según corresponda en función del territorio- entender en los casos en los cuales, al margen de su procedencia o viabilidad adjetiva, se peticionan medidas suspensivas de sanciones adoptadas por jueces de faltas en el ámbito del procedimiento reglado por el decreto ley 8751/77 -en virtud de su accesoriedad-, como así también se articulan las impugnaciones deducidas contra esas sanciones (doctr. causas B. 68.506 "Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Dolores", res. de 31-V-2006; B. 69.026 "Shoines SRL", res. de 2-V-2007; B. 71.482 "Radisol SA", res. de 31-VIII-2011; B. 72.196 "Solfima SA", res. de 8-V-2013; B. 74.352 "Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado", res. de 26-X-2016; B. 74.502, B. 74.498 Y B. 75.289, cit.).
III.3. Sobre la base de lo expuesto, toda vez que el actor persigue el dictado de una medida cautelar autónoma a fin de dejar sin efecto la clausura preventiva que fuera confirmada por el Intendente municipal de Malvinas Argentinas, con arreglo a la normativa aplicable, cabe concluir que el presente caso es ajeno a la competencia de los juzgados contencioso administrativos y resulta propio de la que le corresponde al Juzgado de Paz Letrado de dicho partido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Paz Letrado de Malvinas Argentinas para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite.
Hágase saber de lo que aquí se resuelve al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 y al Juzgado en lo Correccional N°3, ambos del Departamento Judicial de General San Martín.
Regístrese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 584
Fin de la sentencia