Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 29195
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
Estos autos caratulados: "ANDORNO ERICA AYELEN Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE NAVARRO S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO ", expediente Nº 29195, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y ,
I. Que a fs.11/17, se presentan Erica Ayelén Andorno y Carla Vanesa Tagliabue, solicitando el dictado de una medida cautelar de no innovar contra el Hospital Municipal "San Antonio de Padua" de la localidad de Navarro.
Que manifiestan que la finalidad de la medida es al solo efecto de mantener las condiciones del contrato de trabajo, en razón de que se les ha anoticiado -sin justificación- de un cambio de días y horarios en su jornada de trabajo, afectándose derechos y garantías constitucionales en un claro ejercicio abusivo de las facultades de su empleador.
En su relato de los hechos, refieren que se desempeñan como radiólogas prestando servicios en el Hospital Municipal "San Antonio de Padua" de la localidad de Navarro, contando la Srta. Erica Andorno con una antigüedad de mas de 10 años y por su parte la Srta. Carla Tagliabue más de 6 años.-
Explican que la guardia de la entidad hospitalaria debe estar cubierta -entre otros profesionales- por un radiólogo en forma diaria, cuya jornada es de 24 horas.
En ese orden manifiestan que la Srta. Erica Andorno cubría las guardias de los días viernes ingresando a las 8.00 am. y culminando su jornada el día sábado a las 8.00 am. comenzando en ese momento la guardia cubierta por su compañera Carla Tagliabue, quien concluye sus labores el día domingo a las 8.00 am.
Indican que su superior resulta ser la Sra. Mariela Lemus, quien también es radióloga y cubre un turno en forma semanal.
Refieren que sin perjuicio de las facultades de dirección por parte del empleador, con fecha 08/09/17 y 15/09/17, se les anotició por parte de su superior -Sra. Lemus- que a partir del 01 de noviembre del corriente (2017), se les modificaría su jornada de trabajo. En tanto la guardia de la Srta. Tagliabue pasaría de los días sábados a los días domingos; la guardia de la Srta. Andorno pasaría de los días viernes a los días sábados.
Resaltan que la notificación dirigida a la Srta. Tagliabue -que ni siquiera fue suscripta por el Director de la entidad- no indica ninguna causa, motivo o justificación en el cambio de la jornada laboral.
Por otra parte, exponen que de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 15.00 hs. la Srta. Tagliabue presta servicios en el consultorio "Centro Médico San José" de la localidad de Navarro, de modo que el cambio que se pretende perjudica notablemente su actividad diaria, afectándose ni mas ni menos que el derecho a la propiedad.
Asimismo, la Srta. Andorno posee otra fuente de ingresos, prestando servicios en un emprendimiento familiar, los días sábados por la tarde/noche y los domingos por la mañana.
Relatan que a pesar de la infundada notificación por parte de la empleadora -mediante telegramas que adjuntan- manifestaron su oposición y rechazo respecto del cambio de jornada sin ningún tipo de justificativo.
Habiendo trascurrido 30 días sin obtener respuesta a la oposición formulada, remiten nuevo TCL considerando que el silencio de la requerida avala su postura, comunicando que seguirán tomando las guardias en la forma que habitualmente lo venían haciendo.
Fundan su petición en el art. 66 del LCT, argumentando un ejercicio abusivo del ius variandi, y apoyan su postura en jurisprudencia relativa a la cuestión.-
Por ultimo, ofrecen prueba y peticionan.-
II. Que con fecha 21/12/2017, se presenta el Dr. Marcos Javier Aguilar,en representación de la comuna demandada y contesta el informe requerido en la providencia inicial.-
Refiere que la actora Andorno pertenece a la planta permanente del personal de la Municipalidad, mientras tanto la Srta. Tagliabue pertenecía a la planta temporaria de la Municipalidad.
Explica que la Srta. Tagliabue, pertenecía a la planta temporaria por lo cual su designación se realizaba de manera mensual mediante Decreto del Depto. Ejecutivo Municipal, de acuerdo a las necesidades del servicio.
Manifiesta que sentado el carácter de empleo público, éste tiene características distintas a la Ley de Contrato de Trabajo, en la cual se apoyan sin fundamento las actoras. Por ello, no pueden las actoras considerar el silencio de la Administración como una afirmativa a su petición.-
En cuanto a la manifestación de las actoras respecto a que la Municipalidad habría incurrido en un ejercicio abusivo del ius variandi, expone que lo hacen por confundir el régimen público con el privado.
Relata que los días y horarios de prestación del servicio, no han sido convenidos ni establecidos como requisitos al momento de la contratación y designación respectivamente. Por ello, no pueden las actoras hablar de un derecho adquirido.-
Por otra parte, asegura que la petición de las actoras no reúne los requisitos establecidos por el régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo.
Argumenta que las actoras manifiestan -pese a que fueron informadas con la suficiente antelación-, que los cambios determinados por la Administración le generan una serie de perjuicios sociales, personales, familiares y laborales dando detalle solamente de estos últimos, aunque no aportan prueba alguna que permitan acreditar sus dichos.
En ese orden, afirma que no se acredita en autos el perjuicio que dicen que se les generó.
En suma, refiere que la Administración ha obrado conforme a derecho, y no se encuentra acreditado en autos perjuicio alguno generado a las accionantes y que lo solicitado, excede el marco provisorio y preliminar de toda medida cautelar.
Por último, ofrece prueba y peticiona.-
III. Que con fecha 14/03/2018, como medida de mejor proveer -y con suspensión del autos para resolver oportunamente decretado- se requiere a la Municipalidad de Navarro que acompañe los legajos de personal de las actoras.
IV. Que allegados los legajos solicitados, con fecha 04/05/2018, se reanuda el autos para resolver suspendido.
1. El régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Titulo I, cap.IV) dispone los requisitos que el peticionante debe cumplimentar para la obtención de las medidas cautelares: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (peliculum in mora); c) no afectación del interés publico.
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre si: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando mas evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pag. 1163).
3. Abordado el análisis de los recaudos precedentemente indicados, no encuentro con los elementos aportados por las accionantes, configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alegan, adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. (Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.-
En orden al achacado ejercicio abusivo del ius variandi, es preciso recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que la relación de empleo es de naturaleza estatutaria y se regula por actos unilaterales provenientes de la Administración, siendo la organización de las dependencias municipales una facultad privativa y discrecional del Departamento Ejecutivo (arts. 107 inc. 10 y 181 del dec. ley 6769/1958), por lo que no puede afirmarse que el agente público tenga como derecho incorporado a su patrimonio el mantenimiento de una modalidad de trabajo, tal el régimen horario (doctrina SCBA: causa B- 62943, "Marguery de López, Matilde Elvira c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa".
En ese sentido advierto, que el exámen de un ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la administración, requiere de mayor debate y prueba, para determinar la existencia del requerido "fumus bonis iuris".
En atención a lo expuesto, las alegaciones vertidas por las reclamantes, no tienen en los elementos agregados respaldo suficiente, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad.-
Por lo demás, tampoco de la documentación requerida con la medida de mejor proveer (legajos de personal), se desprende extremo fáctico alguno que permita concluir en un uso abusivo de las facultades de organización y dirección del servicio de salud de la naturaleza que se trata en autos.-
4. Que por otro lado, sin perjuicio de resultar de aplicación la reiterada doctrina judicial que postula que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (cfr. Cámara Cont. Adm. La Plata, causa Nº 2054 del 08/09/05 "Pyzynsky" y demás allí citadas), destácase en autos -a mayor abundamiento- que las accionantes tampoco han logrado acreditar el pelicurum in mora involucrado a su respecto en la presente causa.
En efecto, ambas actoras refieren que la medida dispuesta -cambio de día para cumplir sus guardias- les ocasiona serios perjuicios económicos, atento haber asumido otros compromisos laborales, los que no podrán afrontar a causa de la modificación impuesta por la administración.
Ahora bien, y como lo señalé precedentemente, no se encuentra acreditado en autos, por los elementos aportados, que efectivamente las aquí accionantes, posean otras actividades laborales, ni que la modificación de la jornada laboral (de los días viernes a los días sábados para la Srta. Andorno, y de los días sábados al domingo respecto de la Srta. Tagliabue) les ocasione un perjuicio patrimonial.
En ese particular contexto, he de precisar que tampoco logro observar una circunstancia excepcional de peligro que justifique apartarse de lo precedentemente dispuesto, máxime cuando no han acreditado de modo particularizado los perjuicios que la falta de concesión de la medida le traería aparejado, no configurándose el periculum in mora involucrado en el caso.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
2. Imponer las costas por su orden. (art. 51 inc. 2 -texto según Ley 14437).-
3. En su consecuencia, merituando los trabajos realizados y el resultado obtenido (art. 28 Ley 14967), regúlanse los honorarios del Dr. ALBERTO JOSE CHIFOLELLE, T° IX, F° 276 CADJM, en su carácter de patrocinante de la parte actora, en la cantidad de 7 (SIETE) JUS -Ley14967- cantidades a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de contribución previsional (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante -CSJN Fallos 316:1533- (arts.1, 2, 10, 15, 16, 21, 22, 24 y cctes .Ley 14967). NOTIFIQUESE en la forma prevista en el art.57 de la Ley 14967.-
No correspondiendo -salvo que acrediten no estar comprendidos en la normativa de los arts.103 y 274 L.O.M., y Dec. Ley 8838/7, la regulación de los honorarios del letrado apoderado del Municipio demandado, conforme a la imposición de costas
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria . Registrada Bajo El N° .........................
Honorarios Registrados Bajo El N° .................................
Fin de la sentencia