Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 38952
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo dispuesto en los arts.1, 10, 15, 16, 21,37, 44 cuarto párrafo, 51 y cctes. de la norma arancelaria (Ley 14.967), REGULO los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Gustavo Armando Farina, Tº IV, Fº 12 CADJM , en la cantidad de DIEZ (10) JUS, cantidades a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de contribución previsional (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
Estos autos caratulados "Avila Omar Enrique C/ Municipalidad De Veinticinco De Mayo S/ Medida Cautelar Autonoma O Anticipada - Empl.Publico" , expediente Nº38952, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.19/22 se presenta el Sr. Omar Enrique Avila con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Armando Farina, promoviendo medida cautelar autónoma o anticipada, con la finalidad de obtener el dictado de una medida cautelar innovativa que haga cesar todo tipo de descuentos que se realizan arbitrariamente en los recibos de haberes de la actora en concepto de "inasistencias".-
2. Relata la actora los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
En tal sentido, manifiesta ser médico de planta con régimen de 36 horas, distribuidas los días martes, miércoles, jueves y viernes de 9.00 a 17.00 horas, en el marco de la ley de Carrera Médico Hospitalaria n° 10471, desempeñándose en el Hospital Municipal Saturnino E. Unzué de 25 de Mayo (legajo n° 1852).-
A su vez refiere que sin ningún tipo de incompatibilidad horaria, los días Domingos a partir de las 20.00 horas hasta el lunes a las 20.00 horas se desempeña como médico Clínico en el Hospital Provincial Dr. Felipe Fossati de la ciudad de Balcarce (legajo n° 1374).-
Continúa su relato diciendo que los recibos de haberes del Hospital Municipal de 25 de Mayo que extiende la Municipalidad demandada, son copias sin firmas del empleador y sin sello de la repartición, razón por la cual muchas veces ni siquiera son retirados, ya que el sueldo se abona mediante acreditación bancaria en la cuenta sueldos del Banco de la Provincia de Buenos Aires y que hace algunos meses advirtió que en los recibos de haberes constan descuentos individualizados como "inasistencias", razón por la cual averiguó en la dirección administrativa del ente y en la asesoría letrada las razones de esos arbitrarios descuentos y pidió la devolución de las sumas retenidas, refiriendo así que de manera verbal reclamó una solución.
Manifiesta que en fecha 22 de noviembre de 2019 envío Carta Documento, cuyo ejemplar acompaña a estas actuaciones, sin obtener respuesta alguna.
3. Solicita como medida cautelar innovativa que se ordene a la Administración comunal que se abstenga de realizar descuentos en concepto de "inasistencias", hasta tanto se dirima la cuestión principal en un proceso de conocimiento pleno.-
4. Que con fecha 18 de diciembre de 2019 se cita al municipio accionado para que dentro del plazo de 5 días, acompañe informe previo respecto de todo aquello que se relacione con la medida solicitada en el escrito inicial (art.23 inc.1º CPCA).
5. Que en fecha 27/12/2019, la actora acompaña en archivo adjunto el oficio librado en autos y el 11/2/2020 manifiesta que al no haber evacuado el informe la Administración demandada, se provea la medida cautelar solicitada.-
6. Por ello en fecha 14/2/2020 pasan los autos para resolver la medida cautelar peticionada, y
1. Que en materia cautelar deben merituarse los requisitos exigidos por el Código Procesal Contencioso Administrativo (Titulo I, cap.IV), a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (peliculum in mora); c) no afectación del interés publico.
Tal cual lo sostiene Logar en el marco del régimen del CPCA, la ley ritual exige el cumplimiento de los tres recaudos señalados por el artículo 22º para que la petición cautelar tenga posibilidad de andamiento. (Conf. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A. 1998, pag. 1151/1993.), si bien la doctrina y la jurisprudencia hacen jugar la interrelación entre los dos primeros presupuestos dando a la cuestión determinada flexibilidad ( Cfr. Causa B-61456 " PRIEU" - especialmente voto Dr. Soria considerando 2º; CNFed, Contencioso administrativo, Sala V, 05-01-2000, Defensor del Pueblo de la Nación c. M.E. y otro, L.L., suplemento de jurisprudencia de Derecho Administrativo, mayo de 2001, p. 29); fijando, asimismo, un criterio de mayor restricción interpretativa cuando se trata de medidas de no innovar (Cfr. Cfr. CNFed, Contencioso administrativo, Sala IV, causa 5718/97, "Institutos Antártida S.A. c/ Fisco Nacional", E.D., suplemento de jurisprudencia de Derecho Administrativo, año 1997 Nº 3, p. 71).
2. Adentrándome al análisis de los requisitos que el juzgador debe merituar para la viabilidad de la cautelar peticionada, no encuentro configurada la verosimilitud del derecho.
Es que en este particular proceso, no puedo dejar de advertir que lo que se pide es dictar una orden para que el Municipio demandado se abstenga de realizar, en cuanto al control del personal -presentismo o cumplimento del horario prestablecido, en este caso-, y por las autoridades designadas a ese efecto, el ejercicio de sus obligaciones legales; y por otro lado, tampoco puede dejar de advertir que tal cual está peticionado, una orden positiva en tal sentido, sería como otorgar un salvoconducto de indemnidad, por la generalidad de su argumentación.
Por otra parte, ante la falta de certeza acerca del origen de los descuentos por el concepto de inasistencia, solo colocaría un pronunciamiento positivo en eventual e incierto, y sobre hechos aún no configurados, lo que de por sí lo hace de imposible acogimiento.
3. La Alzada, tiene sostenido reiteradamente que -para la procedencia de las medidas cautelares- ha de determinarse si se encuentran reunidos los requisitos correspondientes, a saber: la existencia de un derecho verosímil en relación al objeto del proceso, la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho. Asimismo que, con su dictado, no se afecte gravemente el interés público (cfr. arg. art. 22 del CPCA y este Tribunal in re: causas Nº 2.034, caratulada "G8 S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", sentencia del 07 de mayo de 2.010; Nº 1.976, caratulada "López, Carlos Víctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", sentencia del 2 de septiembre de 2.010; Nº 1.978, caratulada "Percivaldi Pozuelo, Diego Héctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", sentencia del 29 de diciembre de 2.010; Nº 1.995, caratulada "Genkin S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", sentencia del 29 de septiembre de 2.011 y Nº 6.871, caratulada: "Aliende, Julián Víctor c/ Dirección General de Cultura y Educación y otro/a s/ Amparo", sentencia del 14 de mayo de 2.018, entre otras).
A ello debo sumar, que el Superior Tribunal Provincial tiene dicho que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto persiga -como en autos- neutralizar los efectos de un acto dictado por la autoridad en ejercicio de la función administrativa, exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora (cfr. doct. S.C.B.A. "Kel Ediciones S.A. y otra", sent. de 4-VII-2007), en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que gozan (cfr. Fallos 319:1069; 323:3326), que sólo cede ante actos irregulares (Fallos 293:133), injustificados o abusivos (Fallos 318:2431).
En efecto, y sin dejar de advertir la falta de respuesta del Municipio demandado, no surgen adunados a las presentes actuaciones elementos de juicio suficientes que permitan apreciar -con el grado de patencia que el despacho cautelar requiere y en el marco de provisionalidad que éste supone- la verosimilitud en el derecho que sustenta el reclamo del accionante, y que permitan avizorar -por tanto- desde el superficial grado de cognición que se habilita en este primigenio estadio procesal, la pregonada irregularidad del obrar administrativo que lo agravia. Máxime, dentro del limitado y excepcional cauce de conocimiento propio de la presente acción.
En tal contexto, y atendiendo al superficial y provisorio conocimiento que el despacho cautelar supone, entiendo que no aparece patente el viso de arbitrariedad que competía demostrar en esta instancia del proceso al peticionante, respecto del descuento que por recibo se le realiza en sus haberes en concepto inasistencias, bajo el código 10100.
Por otra parte, y sin dejar de resaltar la falta de prueba que demuestre acabadamente la ilegitimidad del descuento practicado, debo señalar que el texto de la carta documento obrante a fs. 8, y la propia documental agregada por la actora -cumplimiento de una guardia semanal en otra jurisdicción-, solo ponen dudas respecto del verdadero conflicto en torno a las inasistencias; que ante la ausencia de alguna actuación administrativa previa que pueda clarificar la cuestión, me llevan a apreciar en este estado, que los hechos expuestos requieren un mayor debate y prueba.
4. Por lo expuesto, no advierto que se encuentre probado que los descuentos realizados por la comuna demandada -en este examen preliminar y periférico.- carezcan de causa o motivo que los constituyan en ilegales o arbitrarios, y ante ello la aptitud suficiente para justificar la adopción de la cautelar requerida.
5. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (cfr. Cámara Cont. Adm. San Martín, 07/09/04 "Márquez, Angel Osvaldo c/ Estado Pcial. de Bs. As. y otro s/ Legajo de apelación" Interlocutoria Nº 14, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05, entre otras), y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.
POR ELLO, en merito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Arts.166 último párrafo, 171, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Arts.22, 23, 25 y ccts. de la Ley 12.008 y modificatorias; Arts. 161 y ccts. del C.P.C.C.;
2. Imponer las costas por su orden. (art.51 inc. 2 -texto según Ley 14437).-
3. Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art.44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios en un tercio del mínimo allí fijado, en razón de que, al menos en esta instancia cautelar, el asunto ha transitado sin justipreciar pecuniariamente.-
Por ello, merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo dispuesto en los arts.1, 10, 15, 16, 21,37, 44 cuarto párrafo, 51 y cctes. de la norma arancelaria (Ley 14.967), REGULO los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Gustavo Armando Farina, Tº IV, Fº 12 CADJM , en la cantidad de DIEZ (10) JUS, cantidades a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de contribución previsional (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante. NOTIFIQUESE al obligado al pago en la forma prevista en el art.54 de la Ley 14967.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el N°.. ../2020. -
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2020.-
Fin de la sentencia