Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 38421
Lo que resolvió el tribunal
I. Disponer -con carácter cautelar- la suspensión de los efectos de la Resolución nº 66/19 de la Sra. Presidenta del Consejo Deliberante de Chivilcoy, de fecha 23 de septiembre de 2.019.-
II. Ordenar -con carácter cautelar- a la Presidenta del Consejo Deliberante de Chivilcoy, que en el plazo de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la presente, reincorpore en sus tareas al Sr. Marcos Raul Bongianino, y le abone su salario, de manera habitual, normal y permanente, desde la fecha de su reincorporación, y hasta tanto se dicte sentencia de mérito, o en su caso, se verifique el vencimiento del plazo fijado en el art.23 inc.2) ap.a) del CPCA.
III. Previa caución juratoria, que deberá prestar la accionante para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 24 inc. 3 del CCA), líbrese oficio al Consejo Deliberante de la ciudad de Chivilcoy.-
La presente acción, es iniciada por el señor Marcos Raul Bongianino, quien promueve demanda a fin de obtener la anulación de acto administrativo -cese-. Asimismo solicita medida cautelar conforme lo dispuesto por el art. 22 del C.C.A., a fin de suspender los efectos del decreto N°66/19 dictado por la Presidenta del Consejo Deliberante de fecha 23/09/2019, y
I. Que el actor promueve el remedio cautelar señalando que, fue víctima de una serie de hechos que califica como violencia laboral, propiciados por parte de la Sra. Patricia Mangino, Presidenta del Consejo Deliberante de Chivilcoy, lo cual condujeron al actor a denunciar a dicha funcionaria en los términos del art. 5 y cctes de la ley 13.168 ante dicho cuerpo deliberativo con fecha 25/09/2019.
Refiere que con fecha 26/09/2019 fue notificado del cese retroactivo al 23 de septiembre, el que fuera dispuesto por la funcionaria mediante Decreto N°66/19.-
Indica que el acto administrativo fue impugnado con fecha 4 de Octubre de 2019 y a la fecha de interposición de la demanda no se encontraba ni tramitado ni resuelto.-
II. Que con fecha 19/11/2019 se ordenó requerir a la Municipalidad de Chivilcoy remita informe previo respecto de todo aquello que se relacione con la medida cautelar en examen.-
III. Que con fecha 27/11/2019, se presenta por la comuna demandada, la Dra. Carmen La Ruina a contestar el informe y acompaña documental relacionada al mismo.
IV. Que con fecha 02/12/2019, se encuentran los autos en condiciones de resolver.-
Sentado ello, corresponde analizar los requisitos legales que permiten evaluar la procedencia de la medida cautelar pretendida en autos, analizando cada uno de los requisitos exigidos por la ley ritual (arts. 22 y 25 del CCA):
1. Verosimilitud del Derecho: Se ha considerado que el conocimiento del derecho invocado no exige un examen de certeza, pues el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición con la finalidad del instituto cautelar que debe atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (Fallos:306:2060 y 316: 2855, entre otros).-
Dentro del limitado marco cognoscitivo del proceso cautelar, advierto que la medida solicitada se sustenta sobre bases "prima facie" verosímiles. Ello así por cuanto, de las constancias de autos, surge que el decreto de designación -cuya copia obra a fs. 85-, no reveló ningún nombramiento de carácter temporario o precario, como por el contrario sí se advierte del decreto anterior obrante a fs. 79, por lo cual, en principio, el acto de nombramiento respondería a una modalidad de carácter permanente.-
Por otro lado, entiendo que, si se pretendía dar solución a una cuestión disciplinaria tal como se pone de relieve en el informe acompañado, es evidente que el acto de cese no abastece prima facie ninguna de las garantías cuyo cumplimiento exige un acto administrativo sancionatorio.
A lo expuesto, debo agregar que tampoco el informe apuntala la supuesta causa que exhibe el acto en su motivación que no es sino "manejar el ordenamiento de recursos humanos en el área administrativa."
Ninguna explicación mínima, se ha dado respecto de la necesidad ni de las acciones llevadas adelante respecto de los cambios en la gestión administrativa del órgano tal como lo invoca la administración en el acto de cese, lo cual me lleva a considerar que se ha configurado la verosimilitud del derecho en tanto el acto administrativo de cese de la actora padecería "prima facie" de un vicio en los elementos "causa" y "motivación".
Tal circunstancia, apreciada con el carácter provisorio propio del examen cautelar, es suficiente a efectos de desvirtuar la presunción de legitimidad del obrar estatal, máxime habida cuenta de que el artículo 39 de la Constitución de la Provincia dispone: "En materia laboral y de seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador".
Finalmente, en cuanto a que la situación planteada, se encontraba alcanzada por la normativa dispuesta en el art. 8 del Estatuto del Empleado Municipal, se advierte que es la propia normativa invocada por la presidenta del Consejo Deliberante quien en su informe de fs. 21/22, impone la obligación de que la oposición al nombramiento provisional sea expresamente fundada, extremo que en el decreto en cuestión se encuentra huérfano de presencia.
Ante ello, y sin dejar de resaltar el marco acotado de la cautelar, a los fines de no propasar temas inherentes a la decisión final de la litis, entiendo que se encuentra cumplido este requisito de verosimilitud en el derecho.
Tal circunstancia, en este caso, permite tener por configurado el fumus bonis iuris exigido por el art. 22 del CCA para el dictado de la medida cautelar.
2. Peligro en la demora: Que para el dictado de esta clase de medidas cautelares resulta suficiente un temor fundado en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente, pues ello configura un interés jurídicamente tutelado que justifica el adelanto jurisdiccional. El requisito sub-exámine se vincula con el daño, pero atento al carácter preventivo de las medidas cautelares, el Código Contencioso Administrativo no requiere su producción, sino su eventualidad, es decir, la posibilidad de su existencia.
En autos, el cese del actor, lo ha dejado sin posibilidad de obtener su salario, ni poder gozar de la obra social, lo que implica una afectación de derechos de carácter alimentario, por lo que dejar para mas adelante la cuestión, solo conlleva a agravar la situación.
Tiene dicho la Suprema Corte que "...en la evaluación del peligro en la demora como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión..." (doctr. causa B 65.168, "Burgués", res. del 30-IV-03).
Es que, fácil es de advertir "prima facie", la afectación inminente que el actor sufriría ante el mantenimiento de dicha situación de hecho, pues perjuicios como pérdida de haberes y demás beneficios, como la cobertura de la obra social y aportes previsionales, me llevan a considerar la inmediatez necesaria para otorgarle la protección cautelar solicitada.-
Que -según señala el actor- los efectos del desempleo lo colocan en una situación de desamparo, atento que sus haberes son fuente de manutención personal y de su familia compuesta, según afirma, por su esposa y dos hijos menores de edad.-
En suma, la continuidad de la situación tal cual decidió la administración, le produciría perjuicios irreparables atento la naturaleza alimentaria de los haberes en cuestión.-
Puede afirmarse entonces, que existe una amenaza cierta de consumación del daño e indudable peligro si hay demora en otorgar la protección cautelar (Vallefín, Carlos; Protección cautelar frente al Estado, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires 2002, pág. 65). -
Sin perjuicio de ello es dable destacar lo expresado por reiterada doctrina y jurisprudencia en cuanto se establece que a mayor verosimilitud en el derecho menor será la exigencia respecto del peligro en la demora (conf. Morello - Vallefín, "El Amparo - Régimen Procesal", Ed. LEP, 1998, Pág. 165 y ss.).-
3. La afectación del interés público: La suspensión de los efectos de la resolución nº 66/19, en lo que atañe al cese del señor Marcos Raul Bongianino, no afecta gravemente el interés público; mas bien creo que tiende a preservarlo, ante la posibilidad de una eventual sentencia favorable, la credibilidad del empleado público en el ejercicio de su función, y la preservación del principio de autoridad que emana de su cargo. Por lo que no se advierte que de accederse al pedimento cautelar, pudieran generarse consecuencias disvaliosas y más gravosas para el interés público que las que, al menos en este estado del debate surgirían de su denegación (conf. art.22 inc."c" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
4. Alcance de la medida cautelar: Sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión, dentro del reducido marco cognoscitivo que es característico de medidas como la solicitada, en este estado liminar del proceso corresponde disponer con carácter cautelar, la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, y retrotraer la situación hasta antes del dictado de la misma y hasta tanto se dicte sentencia de mérito, o en su caso, se verifique el vencimiento del plazo fijado en el art.23 inc.2) ap.a) del CPCA.
Merituando que en este caso en particular, el actor se encontraba prestando servicios previo a la resolución suspendida, corresponde ordenar la reincorporación del accionante; y en mérito a la índole alimentaria del derecho afectado y que la presente acción se encuentra dentro de las previsiones de la ley 12.200, corresponde exigir al peticionante caución juratoria, para responder a los eventuales costas y daños y perjuicios que se derivaren en el caso de haber peticionado la cautela sin derecho (art. 24 inc. 3 del C.C.A.).-
Por los fundamentos expuestos, citas legales y lo establecido en los arts. 22 y ccts. del C.C.A.,
I. Disponer -con carácter cautelar- la suspensión de los efectos de la Resolución nº 66/19 de la Sra. Presidenta del Consejo Deliberante de Chivilcoy, de fecha 23 de septiembre de 2.019.-
II. Ordenar -con carácter cautelar- a la Presidenta del Consejo Deliberante de Chivilcoy, que en el plazo de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la presente, reincorpore en sus tareas al Sr. Marcos Raul Bongianino, y le abone su salario, de manera habitual, normal y permanente, desde la fecha de su reincorporación, y hasta tanto se dicte sentencia de mérito, o en su caso, se verifique el vencimiento del plazo fijado en el art.23 inc.2) ap.a) del CPCA.
III. Previa caución juratoria, que deberá prestar la accionante para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 24 inc. 3 del CCA), líbrese oficio al Consejo Deliberante de la ciudad de Chivilcoy.-
V. Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art. 44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios en un tercio del mínimo allí fijado, en razón de que, al menos en esta instancia cautelar, el asunto ha transitado sin justipreciar pecuniariamente.
Por ello, merituando los trabajos realizados, procedo a regular los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. Jorgelina Romero en la suma de pesos 10 Jus (arts. 9, 10, 15, 16, 37, 44 cuarto párrafo, 51, 54 y cctes. de la ley nº 14.967); ello con más al aporte legal (Ley 6716 y sus modificatorias), y en su caso, según sea la situación de la profesional, el correspondiente al I.V.A.-
No correspondiendo -salvo que acredite no estar comprendido en la normativa de los arts. 203 y 274 L.O.M., y Dec. Ley 8838/7-, la regulación de los honorarios de los letrados apoderados del Municipio demandado, conforme a la imposición de costas que precede.-
Conforme lo dispuesto en el art.57 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago -en el domicilio real- con los recaudos del art.54 de la misma ley.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Fin de la sentencia