Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39115 2020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Disponer, con carácter cautelar, la suspensión de los efectos de la Resolución N° 02730/2019 del Sr. Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 9 de mayo de 2019.
2Ordenar, con carácter cautelar, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente, restituir la situación de revista de la Sra. Anabela Soledad Almeira como miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y hasta tanto se dicte el acto administrativo, o en su caso, se verifique el vencimiento del plazo fijado en el art. 23 inc. 2) ap. a) del CPCA.
3Previa caución juratoria, que deberá prestar la actora para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 24 inc. 3 del CPCA), líbrese oficio electrónico al Ministerio de Seguridad, que deberá ser dirigido al domicilio electrónico [email protected].
4Imponer las costas por su orden (doctrina causa "Alvarez" CCASM 8308-2020).
5Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art. 44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios en un tercio del mínimo allí fijado, en razón de que, al menos en esta instancia cautelar, el asunto ha transitado sin justipreciar pecuniariamente. …
Expte. Nº 39115.-
Autos:"ALMEIRA ANABELA SOLEDAD C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD - PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO".-
Mercedes, de Octubre de 2020.-ACB
Estos autos caratulados "ALMEIRA ANABELA SOLEDAD C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD - PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 39115, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Mediante presentación electrónica de fecha 27/07/2020 se presenta la Sra. Anabela Soledad Almeira con el patrocinio letrado del Dr. Emmanuel Langone, quien solicita el dictado de una medida cautelar anticipada conforme lo previsto en el art. 23 inc. 1 del CPCA, a fin de suspender los efectos de la Resolución 02730/2019 (dictada en relación a los expedientes 21.100-007.363/14, I.S.A. 1050-10.634/114) de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, acto que fuera de fecha 31/05/2019, y por el cual se dispusiera la cesantía de la actora como Sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Ello, hasta tanto el acto administrativo quede firme y agotada la vía administativa, toda vez que, entiende, el acto no causa estado alguno por cuanto se hubo opuesto oportunamente contra el mismo un recurso de reconsideración con apelación en subsidio, el cual se encuentra pendiente de resolución.
En su consecuencia, solicita se proceda a restituir la situación de revista, abonar los haberes salariales caídos y los que en el futuro se devenguen, y se restablezca la cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial para la actora y su grupo familiar.
Entiende cumplidos los requisitos de procedencia para el dictado de la medida cautelar solicitada, por cuanto (i) sostiene la verosimilitud del derecho en función del efecto devolutivo que el Decreto 1050/09, reglamentario de la Ley 13.982 del Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, da a las medidas impugnativas, que contraría derechos reconocidos en la Constitución Nacional y su par Provincial como la estabilidad del empleo público, el carácter alimentario del salario y el derecho a cobertura médica; (ii) entiende imaginables las funestas consecuencias en que sería colocada la actora al quedar desempleada, carente de formación para desempeñarse en otro campo, con difícil inserción laboral, expuesta y sin herramientas para enfrentarse a lo cotidiano; (iii) sostiene la ausencia de afectación grave al interés público por inexistencia de afectación al erario público; y finalmente (iv) entiende innecesario dar mayores precisiones acerca del peligro en la demora por cuanto el perjuicio irreparable comenzó a irrogarse desde la notificación del acto que dispuso la cesantía.
A continuación se propone hacer un breve relato de los antecedentes fácticos que determinaron la resolución administrativa de cesantía, aunque se limita a hacer una reiterada crítica al acto administrativo, sosteniendo que el mismo se basó en falsas premisas, arribando a una conclusión que tilda de por demás falsa, injusta y contraria a derecho.
Se manifiesta acerca de la legitimación activa, ofrece caución juratoria, la prueba de la que intenta valerse y peticiona.
II. Requerido que fuera con fecha 06/08/2020 el informe previo al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 01/09/2020 se presenta el Sr. Fiscal de Estado para informar la formación de un expediente administrativo a los fines de cumplir la requisitoria cursada y solicitando un plazo adicional para el cumplimiento de la remisión solicitada.
A pesar de que fuera concedido el plazo adicional requerido atento las particulares circunstancias existentes producto de la crisis sanitaria, no se acompañó antecedente alguno.
III. Consecuentemente, con fecha 23/09/2020 se encuentran los autos para resolver.
I. El Código Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 CPCA).
II. Tal cual lo sostiene Logar en el marco del régimen del CPCA, la ley ritual exige el cumplimiento de los tres recaudos señalados por el artículo 22º para que la petición cautelar tenga posibilidad de andamiento (Conf. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pág. 1151/1193). En sentido similar se han pronunciado las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, al exigir la presencia simultánea de todos los requisitos o presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para la procedencia de la tutela cautelar (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. Del 15-02 05, entre otras).
III. Sentado ello, corresponde analizar si los requisitos legales que permiten el dictado de la medida solicitada se encuentran presentes en estos actuados.
a) Verosimilitud en el Derecho: se ha considerado que el conocimiento del derecho invocado no exige un examen de certeza, pues el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición con la finalidad del instituto cautelar que debe atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (Fallos 306:2060 y 316:2855, entre otros).
Dentro del limitado marco cognoscitivo del proceso cautelar, advierto que la medida solicitada se sustenta sobre bases prima facie verosímiles.
Ello así por cuanto, sin perjuicio de reconocer que verifica el presupuesto de hecho requerido por la norma en la que la autoridad funda su decisión -esto es, la existencia de una condena firme en sede penal-, se infiere del relato del acto administrativo sancionatorio que aquella sentencia se dictó en el marco de una causa seguida en virtud de un accidente de tránsito, advirtiendo el suscripto, asimismo, que la aquí actora fue condenada con la pena mínima establecida por el art. 84 bis del Código Penal.
En función de aquel antecedente es que la administración juzgó que se halla afectado "gravemente el prestigio y la dignidad del funcionario".
Sin embargo, en principio no aparecen suficientemente explicadas las razones de tal afectación, en tanto que los hechos que fueron de conocimiento ante la justicia penal no se encuentran suficientemente relevados en el acto administrativo sancionatorio (el cómo fue la mecánica del accidente, la culpabilidad endilgada, las circunstancias que rodearon el hecho, etc.).
Ahora bien, por fuera del escenario que presenta el acto administrativo sancionatorio, no puede soslayarse el efecto suspensivo del recurso administrativo conforme lo establece el art. 271 del Decreto 1050/19.
Así, los extremos relatados, apreciados con el carácter provisorio propio del examen cautelar, me abastecen en un umbral suficiente para tener por acreditada la verosimilitud en el derecho, en cuanto a interpretar que el recurso interpuesto por la actora contra el acto sancionatorio opera con efecto devolutivo (es decir, no suspensivo) exhibe una irrazonabilidad que habilita una solución como la requerida en autos.
De allí que se concluya que, habiéndose interpuesto recurso de reconsideración con apelación en subsidio el 04/06/2019 contra la resolución 02730/2019, que dispuso la cesantía del agente, quedando pendiente de resolución el medio de impugnación deducido, la pretensión cautelar queda abastecida, al menos en esta instancia preliminar.
Ante ello, y sin dejar de resaltar el marco acotado de la cautelar, a los fines de no propasar temas inherentes a la decisión final de la litis, entiendo que se encuentra cumplido este requisito el fumus bonis iuris exigido por el art. 22 del CPCA para el dictado de la medida cautelar solicitada.
b) Peligro en la demora: para el dictado de esta clase de medidas cautelares resulta suficiente un temor fundado en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente, pues ello configura un interés jurídicamente tutelado que justifica el adelanto jurisdiccional. El requisito sub-exámine se vincula con el daño, pero atento al carácter preventivo de las medidas cautelares, el Código Contencioso Administrativo no requiere su producción, sino su eventualidad, es decir, la posibilidad de su existencia. En autos, el cese del actor lo ha dejado sin posibilidad de obtener su salario ni poder gozar de la obra social, lo que implica una afectación de derechos de carácter alimentario, por lo que dejar para mas adelante la cuestión, solo conlleva a agravar la situación.
Tiene dicho la Suprema Corte que "...en la evaluación del peligro en la demora como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión..." (doctr. causa B 65.168, "Burgués", res. del 30-IV-03).
Es que fácil es de advertir, prima facie, la afectación inminente que el actor sufriría ante el mantenimiento de dicha situación de hecho, pues perjuicios como pérdida de haberes y demás beneficios, como la cobertura de la obra social, me llevan a considerar la inmediatez necesaria para otorgarle la protección cautelar solicitada.
Que -según señala el actor- los efectos del desempleo lo colocan en una situación de desamparo, atento que sus haberes son fuente de manutención personal y de su familia compuesta, según afirma, por un hijo menor de edad.
En suma, la continuidad de la situación tal cual decidió la administración, le produciría perjuicios irreparables atento la naturaleza alimentaria de los haberes en cuestión.
Puede afirmarse entonces, que existe una amenaza cierta de consumación del daño e indudable peligro si hay demora en otorgar la protección cautelar (Vallefín, Carlos; Protección cautelar frente al Estado, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires 2002, pág. 65). -
Sin perjuicio de ello es dable destacar lo expresado por reiterada doctrina y jurisprudencia en cuanto se establece que a mayor verosimilitud en el derecho menor será la exigencia respecto del peligro en la demora (conf. Morello - Vallefín, "El Amparo - Régimen Procesal", Ed. LEP, 1998, Pág. 165 y ss.).
c) La afectación del interés público: como fuera adelantado al momento de tratar el punto relativo a la verosimilitud en el derecho, no surgen de los elementos traídos a la causa razones suficientes para considerar que el interés público pueda verse afectado como consecuencia de la suspensión cautelar de los efectos de la Resolución 02730/2019, hasta tanto sea tratado el recurso interpuesto por la aquí actora contra tal acto administrativo.
De allí que no se advierte que pudieran generarse consecuencias disvaliosas y más gravosas para el interés público que las que, al menos en este estado del debate, surgirían de la denegación de la cautelar solicitada (conf. art.22 inc."c" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
d) Alcance de la medida cautelar: sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión, dentro del reducido marco cognoscitivo que es característico de medidas como la solicitada, en este estado liminar del proceso corresponde disponer con carácter cautelar la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, y retrotraer la situación hasta antes del dictado de la misma y hasta tanto se dicte el acto administrativo, o en su caso, se verifique el vencimiento del plazo fijado en el art. 23 inc. 2) ap. a) del CPCA.
Merituando que en este caso en particular, la actora se encontraba prestando servicios previo a la resolución suspendida, corresponde ordenar la reincorporación de la accionante; y en mérito a la índole alimentaria del derecho afectado y que la presente acción se encuentra dentro de las previsiones de la ley 12.200, corresponde exigir a la peticionante caución juratoria, para responder a los eventuales costas y daños y perjuicios que se derivaren en el caso de haber peticionado la cautela sin derecho (art. 24 inc. 3 del CPCA).
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y modificatorias; Arts. 161 CPCC; y demás citas legales dadas;
1. Disponer, con carácter cautelar, la suspensión de los efectos de la Resolución N° 02730/2019 del Sr. Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 9 de mayo de 2019.
2. Ordenar, con carácter cautelar, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente, restituir la situación de revista de la Sra. Anabela Soledad Almeira como miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y hasta tanto se dicte el acto administrativo, o en su caso, se verifique el vencimiento del plazo fijado en el art. 23 inc. 2) ap. a) del CPCA.
3. Previa caución juratoria, que deberá prestar la actora para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 24 inc. 3 del CPCA), líbrese oficio electrónico al Ministerio de Seguridad, que deberá ser dirigido al domicilio electrónico [email protected].
4. Imponer las costas por su orden (doctrina causa "Alvarez" CCASM 8308-2020).
5. Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art. 44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios en un tercio del mínimo allí fijado, en razón de que, al menos en esta instancia cautelar, el asunto ha transitado sin justipreciar pecuniariamente.
Por ello, merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 1, 10, 15, 16, 21,37, 44 cuarto párrafo, 51 y cctes. de la norma arancelaria (Ley 14.967), REGULO los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Emmanuel Langone, T° IX, F° 295 CADJM, en la cantidad de DIEZ (10) JUS, cantidades a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de contribución previsional (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante. NOTIFIQUESE en la forma prevista en el art.57 de la Ley 14967.-
Conforme lo dispuesto en el art. 54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a su beneficiario, y a la obligada a su pago con los recaudos y transcripción del art. 54 de la misma ley, en su domicilio real.
A tal fin, por imperativo legal hago saber lo dispuesto en el art. 54 de la ley 14.967.
ARTICULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
REGISTRESE.
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ........./2020.-
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2020.-
Fin de la sentencia