Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 39307
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Conceder la medida cautelar solicitada por el agente Jose Nicolás Lalanda, disponiendo una medida de no innovar respecto de la aplicación de la Resolución Interna 72/20 al Proceso de Selección para la Cobertura Interina del Cargo Jerárquico de Subgerente de Coordinación Mercedes aprobado mediante Res. Int. n° 391/19 del Director de ARBA, hasta que se expida la administración en relación al recurso de revocatoria interpuesto por el actor en sede administrativa, y/o hasta la eventual acción contenciosa administrativa cuyos términos prescribe el art. 23 inc.2° del CPCA. Haciendo saber que tal medida implica la abstención de ocupar el cargo interino de Subgerente de Coordinación Mercedes mientras tenga vigencia la presente medida cautelar.
2Previa caución juratoria, que deberá prestar la actora para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 24 inc. 3 del CPCA), líbrese oficio electrónico -por Secretaría- a ARBA, que deberá ser dirigido al domicilio electrónico de la Administración Central y al de la agencia local de esta ciudad de Mercedes.
3Imponer las costas a la demandada perdidosa (art. 51 CPCA, doctrina causa "Bongianino" CCASM 8062-2020 de este mismo Juzgado).
4Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art. 44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios …
AUTOS
Estos autos caratulados: "Lalanda Jose Nicolas C/ Arba Agencia De Recaudacion De La Pcia. De Bs. As S/ Medida Cautelar Autonoma O Anticipada - Empl.Publico ", expediente Nº 39307 , que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y , RESULTA: I - Que en fecha 5/11/2020 se presenta Jose Nicolás Lalanda, con el patrocinio letrado del Dr. José Alejandro Calabria, iniciando la presente acción contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y a los fines de obtener una medida cautelar en forma autónoma (art. 23 y ccts. del CPCA). Centra su planteo cautelar en el pedido de: 1) la suspensión de la aplicación de la resolución interna nº 72-2020, hasta tanto se decida el recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2020 en el expediente de trámite del concurso de antecedentes; 2) que hasta tanto no se decida el recurso no se cubra la vacante; y 3) en forma subsidiaria, ordenar a ARBA para que en forma inmediata le ofrezca el cargo de Subgerente de Coordinación Mercedes -el cual se tenga por aceptado-. II.- Corrido el traslado al organismo público demandado, se presenta el representante legal de la Fiscalía de Estado, Dr. Ricardo G. Uncal, el cual acompaña como archivo adjunto el informe elaborado por el Departamento de Gestión de Procesos Administrativos Gerencia de Coordinación Jurídica Administrativa de ARBA identificado bajo número PV-2020-27189414-GDEBA en el marco del expediente administrativo EX-2020-26741788-GDEBA-. Y,
1. Que conforme exponen ambas partes, y en lo que resultan coincidentes, la autoridad administrativa en fecha 10/01/2018 dictó la Resolución Interna n° 1/18 en la que aprueba el Reglamento del Proceso de Selección para la Cobertura Interina de Cargos Jerárquicos de Subgerente y Jefe de Departamento de la ley 10.430. Que en ese marco y por expediente 22700-25470/19 la Gerencia de Recursos Humanos convoca al proceso de Selección para la Cobertura Interina del Cargo Jerárquico de Subgerente de Coordinación Mercedes. Con fecha 3 de junio de 2019 el Director Ejecutivo mediante Resolución Interna 151/19 realiza la convocatoria mencionada. En fecha 5 de junio de 2019 se dicta la Res. Int. 164/19, que deroga la Res.
Int. 1/18, y aprueba un nuevo Reglamento, con vigencia desde el 1/6/19. Por Acta n° 47 la UTS (Unidad Técnica de Selección), evaluó las condiciones de admisibilidad y requisitos de los aspirantes, elevándolos a la categoría de postulantes. Por Acta n° 67 la UTS elaboró el orden de mérito siendo 1) Verdolini Valeria, 2) Rusch Andrea A., y 3) Lalanda José. En fecha 3 de octubre de 2019 se ofreció el cargo a Valeria Verdolini, quien acepta por Acta n° 74 de la UTS, y se dictó la Res. Int. 391/19 por la cual se aprobó el Proceso de Selección para la Cobertura Interina del Cargo Jerárquico de Subgerente de Coordinación Mercedes, y se asignó la función interina a la agente Valeria S. Verdolini, a partir del día 1 de noviembre de 2019.
La postulante que obtuvo el segundo lugar, Andrea Rusch, aceptó el cargo de Jefe de departamento de Recaudación en La Matanza, siendo designada por Res. Int. 476/19 a partir del 1° de diciembre de 2019. En fecha 17 de febrero de 2020, se limita a la agente Verdolini en el cargo de Subgerente de Coordinación Mercedes, designándosela por Res. Int. 68/20 en el cargo de Gerente de Servicios. Finalmente en fecha 10 de marzo de 2020 por Res. Int. n° 72/20, se deroga la Res. Int. 164/19, dejándose sin efecto los procedimientos en trámite bajo ese régimen. 2) Que en relación a las circunstancias fácticas por las cuales se sustenta el pedido de la cautelar, el actor manifiesta que en fecha 21 de febrero de 2020, le realiza en forma verbal el reclamo al Subdirector Ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios, Sr.
Garpar Spiritoso, en relación a que correspondía que le ofrezcan el cargo vacante. Que también, por otra parte, realizó otro reclamo verbal al delegado gremial de AERI, quien según refiere, lo comunicó a los directivos de la entidad y efectuaron el reclamo -también verbal- a las autoridades de la Agencia de Recaudación. Finalmente, y al no haber obtenido respuesta favorable, realiza el reclamo por nota con fecha 13 de marzo de 2013. Seguidamente, expone que, cuarentena obligatoria mediante por efecto de la pandemia, empezaron a trabajar desde sus hogares; siendo que en fecha 8 de septiembre de 2020 le notifican la Resolución Interna n° 176/20 que rechaza su solicitud; presentando el día 17 de septiembre un recurso de revocatoria en expediente n° 227700-25470/19, el cual hasta la fecha se encuentra sin resolver. 3) Que entrando a analizar la medida que se solicita, es del caso recordar que el dictado de las medidas precautorias no exige un exámen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud; además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (LL 1996-C-434).
En tal sentido, ha sido jurisprudencia reiterada que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables, a saber: a) la verosimilitud del derecho; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (peliculum in mora); c) que la medida requerida no afecte gravemente el interés público (art. 22 inc. 1° CPCA) Debe tenerse presente que los requisitos de verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia en el daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del "fumus" se puede atenuar (cfr.
Logar Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag.1163).- 4) Entiendo que en este caso en particular, confluyen de manera indubitable tanto la verosimilitud del derecho, cuanto el peligro en la demora. Respecto al primero de los requisitos, y reitero en este marco liminar, se advierte "prima facie" un derecho adquirido por el actor, que proviene precisamente de la existencia de un concurso de antecedentes, el cual fue legitimado en su oportunidad con la intervención de la UTS, la cual mediante el Acta n° 67 elaboró el orden de mérito correspondiente, que conforme antes expuse fue en el siguiente orden: 1) Verdolini Valeria, 2) Rusch Andrea A., y 3) Lalanda José.
Que la convocatoria y posterior orden de mérito fueron realizadas bajo la Resolución Interna N° 164/19, que deroga la Res. Int. 1/18, y aprueba un nuevo Reglamento, con vigencia desde el 1/6/19. Que por otra parte, mediante Res. Int. n° 391/19 se aprobó el Proceso de Selección para la Cobertura Interina del Cargo Jerárquico de Subgerente de Coordinación Mercedes. Que en principio, y en lo que aquí interesa, con esa resolución no solo se asignó la función interina a la agente que obtuviera el primer lugar en el orden de mérito - Sra. Valeria S. Verdolini-, sino que también consolidó los derechos de quienes obtuvieron los demás puestos de mérito, ello en función de lo que la Res.164/19 disponía en el art. 59, que la cuestión atinente a la sucesión del cargo por renuncia del postulante designado, debía resolverse dentro de los 6 meses a contar desde el día 1° de noviembre de 2019.
Ante ello, y sin entrar a analizar cuestiones relativas a la validez o no de la Resolución Interna n° 72/20 -al derogar la que rigió durante el proceso de selección al cargo en cuestión-, lo cual en su caso, requiere mayor debate y prueba, lo cierto es que el actor exhibe, junto a la baja de la postulante que quedó en segundo término en el orden de mérito, y dentro de este somero exámen que requiere la presente acción, un derecho a que se le resuelva su situación legal de conformidad con el concurso al que accediera en su oportunidad, ya que conforme ha quedado demostrado, el cargo quedó vacante el día 17 de febrero de 2020, y la Res. Int. n° 72/20, se encuentra fechada el día 10/03/20. Es decir, que en este marco y sin que implique expedirse sobre la cuestión de fondo, puedo advertir que en el marco de las Resoluciones Internas 164/19 y 319/19 vigentes al momento en que se denota la vacante, se aprecia que el agente tenía el derecho, y entiendo la autoridad de aplicación la obligación, de que se resuelva su situación legal de conformidad con los términos del concurso aprobado.
Véase , por otra parte, que el recurso interpuesto, y conforme surge de la contestación del organismo demandado, aún no ha tenido resolución final. Al respecto , la doctrina ha expuesto: "...Tratándose de un conflicto que involucra derechos fundamentales de jerarquía constitucional; encontramos razones de mérito para, iura novit curia, re-encuadrar correctamente el planteo formulado ... como MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA innovativa y/o medida provisional no enumerada (arts. arts. 456, 483 y 484, CPCC). A su respecto, la doctrina especializada sostiene que son aquellas que se solicitan generalmente cuando el particular está tramitando el procedimiento administrativo y todavía no se encuentra en condiciones de acceder, en principio, a la instancia judicial (Cassagne Ezequiel en Cassagne Juan Carlos -Tratado General de Derecho Procesal Administrativo.
T.II. "Medidas Cautelares contra la Administración". Ed. La ley, Bs. As. año 2011, pág. 379). Es claro el texto del art. 39 inc. 1° de la Constitución Provincial, cuando enuncia garantías protectorias del ejercicio de la relación de empleo público. Ello mas allá de no perderse de vista el derecho del agente a la carrera administrativa (ley 10.430). "Por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción -aprobada por ley 24.759-, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -aprobada por ley 26.097- procuran garantizar el respecto de determinados principios en los procesos de selección de agentes estatales ... Ambas convenciones exigen eficiencia en la contratación de empleados públicos ...
La convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 7 punto 1 prevé que cada Estado parte debe procurar adoptar sistemas de convocatoria y contratación de empleados públicos basados en principios de eficiencia, transparencia, criterios objetivos de mérito, equidad, aptitud... (Marcelo José Schreginger, "La idoneidad como condición estructural del sistema replublicano constitucionalizado y la legitimación para su exigibilidad", Revista Derechos en Acción, Año 4 n° 12- 2019 )". El mismo magistrado, continúa relatando que: "Puntualmente en la Provincia de Buenos Aires, tanto la ley 10.430 -régimen general-, como los estatutos especiales lo han regulado en este sentido. Esta autolimitación se traduce en la exigencia -como deber para la Administración Pública- de cumplir con las previsiones normativas en la selección del personal, pero también en un derecho jurídicamente protegido para quienes pretenden acceder a los cargos vacantes.
A su vez la propia Administración puede autolimitarse a través de su potestad reglamentaria, no pudiendo excepcionarse a través de actos concretos de sus disposiciones de naturaleza normativa (Marcelo Schreginger, ob. mencionada, citando a García de Enterría, en Ed. Civitas Ed. S.L., Madris, 2000 t.I p.204, " Principio de Inderogabilidad singular de los reglamentos")". Por su parte, debo también señalar que la tutela judicial efectiva (art. 15 C. Prov.) conforme expone Perrino, comprende el reconocimiento del derecho a peticionar y obtener tutela cautelar a los fines que no se torne ilusorio el derecho que se defiende (cfr.: PERRINO Pablo E. -"El derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa"-; trab., pub., en: Revista de Derecho Público.
Proceso Administrativo, Rubinzal-Culzoni, Sana Fe, 2003) porque la tutela provisional urgente, como parte de la actividad jurisdiccional del Estado, constituye un aspecto esencial del ejercicio del derecho de defensa en juicio, por lo que su fundamento recae entonces en el aseguramiento de la tutela judicial y administrativa contínua, efectiva y un acceso irrestricto a la justicia (cfr.: BOTASSI Carlos A. -Las medidas Cautelares en el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires-; trab., pub., en: Suplemento de Derecho Administrativo de La Ley -septiembre, 2010-). De tal manera, el "fumus bonis juris" surge claramente de la descripción de los derechos lesionados, y amenazados por la resolución interna que deroga la selección y orden de mérito que contenía la Res.
Int. 164/19. Y es precisamente ese estado de incertidumbre, y la posibilidad que bajo una nueva Resolución Interna se disponga, sea directamente o por otro proceso de selección, del cargo interino en cuestión, permite tener por configurado el peligro en la demora que puede ocasionarse en caso de no dictarse la medida cautelar; perjuicio grave e irreparable para actor, teniendo en cuenta la afectación eventual de sus derechos constitucionales. Es que en general se exige que el perjuicio sea inminente o irreparable, pero conforme refiere Hutchinson, en realidad más que irreparabilidad, debería importar su irreversibilidad (cfr.: HUTCHINSON Tomás -Derecho Procesal Administrativo. Tomo III- pág. 511).
Para el autor citado, en aquellos casos en que exista una probabilidad cierta que se consuma el daño si no se dicta una cautelar suspensiva, habría allí un probable peligro en la demora de otorgar la cautelar y de ahí el temor del daño inminente. Acá no se exige la acreditación, sino su presunción. Máxime cuando, como en el caso, no solo no resulta afectado el interés público, sino que por el contrario, el interés público se puede asegurar precisamente con el dictado de la cautelar, teniendo como norte los derechos consagrados en los arts. 15 y 39 de la Constitución Provincial. Por ello, conforme a lo expuesto, y los antecedentes del caso sub examine, verificados en el marco de la summaria cognitio con la que cabe analizar la medida peticionada, permiten tener por acreditados los presupuestos que tornan procedente la misma. 5) Ahora bien, en relación al alcance particular de medidas cautelares peticionadas y supra descriptas, debo señalar que corresponde acceder al pedido, pero adaptado a las circunstancias del caso.
Para ello, debo tener en cuenta que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha expresado "...la facultad del Poder Ejecutivo de nombrar y remover a sus empleados comprenden la de otorgarles ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón, sin que el ejercicio de tales atribuciones pueda ser revisado por el Poder Judicial, salvo el caso de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial (conc. doctr. Causas B. 52.092, 'Rapisarda', sent. 17/10/90; B. 55.961, 'DellaCroce', sent. 8/7/97...)" (SCBA, 13/03/2002, "Espínola, Jorge Ricardo c/Provincia de Buenos Aires s/demanda contencioso administrativa"). Es por ello que en tal caso, debe aguardarse la respuesta que en el marco del recurso interpuesto queda pendiente de resolver la autoridad administrativa, pues lo contrario sería un desconocimiento del propio criterio de eficacia de la Administración, ello siempre que no contradiga los principios de legalidad y razonabilidad, exigencias que constituyen una regla general ineludible en el ejercicio de las potestades públicas.
Ante ello, entiendo que corresponde limitar el otorgamiento de la cautelar al dictado de una medida de no innovar respecto de la aplicación de la Resolución Interna 72/20 hasta que se expida la administración en relación al recurso de revocatoria interpuesto por el actor en sede administrativa, y/o hasta la eventual acción contenciosa administrativa cuyos términos prescribe el art. 23 inc.2° del CPCA. Haciendo saber que tal medida implica la abstención de ocupar el cargo interino de Subgerente de Coordinación Mercedes mientras dure la presente medida cautelar. 6) Respecto a la contracautela, entiendo suficiente que la misma sea de carácter juratorio, que deberá prestar el acto mediante la presentación electrónica pertinente, a la cual acompañará el escrito original con su firma ológrafa en formato PDF (art. 24 inc. 1° del CPCA., art. 1° ap. b-3 Res. 10/20 SCBA).
Por ello, RESUELVO: 1) Conceder la medida cautelar solicitada por el agente Jose Nicolás Lalanda, disponiendo una medida de no innovar respecto de la aplicación de la Resolución Interna 72/20 al Proceso de Selección para la Cobertura Interina del Cargo Jerárquico de Subgerente de Coordinación Mercedes aprobado mediante Res. Int. n° 391/19 del Director de ARBA, hasta que se expida la administración en relación al recurso de revocatoria interpuesto por el actor en sede administrativa, y/o hasta la eventual acción contenciosa administrativa cuyos términos prescribe el art. 23 inc.2° del CPCA. Haciendo saber que tal medida implica la abstención de ocupar el cargo interino de Subgerente de Coordinación Mercedes mientras tenga vigencia la presente medida cautelar. 2) Previa caución juratoria, que deberá prestar la actora para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 24 inc. 3 del CPCA), líbrese oficio electrónico -por Secretaría- a ARBA, que deberá ser dirigido al domicilio electrónico de la Administración Central y al de la agencia local de esta ciudad de Mercedes. 3) Imponer las costas a la demandada perdidosa (art. 51 CPCA, doctrina causa "Bongianino" CCASM 8062-2020 de este mismo Juzgado). 4) Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art. 44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios en un tercio del mínimo allí fijado, en razón de que, al menos en esta instancia cautelar, el asunto ha transitado sin justipreciar pecuniariamente.
Por ello, merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 1, 10, 15, 16, 21,37, 44 cuarto párrafo, 51 y cctes. de la norma arancelaria (Ley 14.967), REGULO los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Alejandro Jose Calabria T° III, F° 210 CALM, en la cantidad de DIEZ (10) JUS, cantidades a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de contribución previsional (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante. NOTIFIQUESE en la forma prevista en el art.57 de la Ley 14967.- Conforme lo dispuesto en el art. 54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a su beneficiario, y a la obligada a su pago con los recaudos y transcripción del art. 54 de la misma ley, en su domicilio real.
Los honorarios
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