Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa MD 39334
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada en atención a los fundamentos individualizados en los considerandos de la pertinente resolución.
2Imponer las costas por su orden ( Art. 51 inciso 2º C.P.C.A.).
3Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art. 44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios en un tercio del mínimo allí fijado, en razón de que, el asunto ha transitado sin justipreciar pecuniariamente.
Por ello, merituando los trabajos realizados, procedo a regular los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. Sandra Mariel Sánchez T°VI F°30 CAP, en la suma de pesos 10 Jus (arts. 9, 10, 15, 16, 37, 44 cuarto párrafo, 51, 54 y cctes. de la ley nº 14.967); ello con más al aporte legal (Ley 6716 y sus modificatorias), y en su caso, según sea la situación de la profesional, el correspondiente al I.V.A.-
En relación al Sr. Representante del Fiscal de Estado y atento a como se distribuyen las costas, no se regulan honorarios en virtud de encontrarse comprendido en el supuesto previsto en el art.18 del Dec. Ley 7543/69 (t.o. Decreto 969/87 y sus modif. posteriores).-
Conforme lo dispuesto en el art.57 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago -en el domicilio real- con los recaudos del art.54 de la misma ley.-
La presente acción, es iniciada por la señora Claudia Viola, quien promueve demanda a fin de obtener como medida cautelar conforme lo dispuesto por el art. 22 del C.C.A., la prohibición de innovar contra la Dirección General de Cultura y Educación, y
I. Que la actora promueve el remedio cautelar señalando que, ha sufrido en su puesto de trabajo innumerables presiones, hostigamientos y diferentes tratos apremiantes, ejercidos en forma constante por la Inspectora Jefa Distrital Sra. Stella Illvento, a punto tal de decidir una investigación presumarial sobre una situación de conflicto que solo ameritaba una mediación.
Refiere que, se desempeña como Directora de la EP N°2 de Salto, desde el año 2018 y anteriormente como vicedirectora desde el 2015.
Indica que, en el año 2017, mientras se desempeñaba como Vicedirectora de la EP n°2 de Salto, ocurre una situación de conflicto con la mamá de un alumno con Trastornos Emocionales Severos (TES), Sra. Vanesa Negri, reaccionando la misma de manera violenta con familias de la institución, razón por la cual se realiza una exposición civil en la Comisaría, lo que conlleva a la misma a reunirse directamente con la Inspectora distrital Illvento y traer episodios del año 2015, en donde refiere falta de cuidado de su hijo.
Manifiesta que, la Inspectora Distrital Ilvento, emite criterio para que se le inicie una investigación por dichos de la Sra. Negri, y que son anteriores a su tarea de Distrital.
Hace saber que, que el 22 de febrero de 2019 la notifican del Expediente N° 5807-2096157/17 en el cual se le endilgan presuntas irregularidades atendiendo a la denuncia de la Sra. Vanesa Negri.
Apunta que, dicha cuestión, desencadena una serie de investigaciones que dejan claramente asentada su tarea, que no ameritaba tales agravios, y que sin embargo, tales actuaciones se dilataron a tal punto que, el 26 de diciembre de 2019 presentó un pronto despacho.-
Refiere que a través de esta injusta medida sin resolver, peligra su continuidad en el cargo directivo, expresando que dada la proximidad a realizarse la titularización de cargos directivos, los cargos no cubiertos se ofrecen por Listado de Cargos Jerárquicos Transitorios, en el cual se encuentra; pero el hecho de tener esta investigación impedirá que pueda tomar nuevamente un cargo jerárquico, atendiendo a lo normado en la Ley 10.579 Estatuto del Docente.
Finalmente, hace hincapié en el peligro en la demora, el cual, ve configurado no solo en la naturaleza alimentaria que ostentan las remuneraciones de su cargo jerárquico, sino además por la sustracción del ejercicio de su competencia, cuya titularidad sería arrebatada a raíz de la autotutela ejecutiva.
II. Que con fecha 18/11/2020, se ordenó requerir a la Dirección General de Cultura y Educación, remita informe previo respecto de todo aquello que se relacione con la medida cautelar en examen.-
III. Que con fecha 02/12/2020, se presenta por la Fiscalía de Estado, el Dr. Pablo Guidi a acompañar el informe requerido, del cual se desprende que por N°DISFC-2018-19-GDBA-DEPDGCYE de la Dirección de Educación Primaria y de la Directora Operativa de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, se ordenó la investigación presumarial de la docente Claudia Vila durante su desempeño como vicedirectora provisional de la escuela de educación primaria N°2 de Salto por presuntas irregularidades en su desempeño relacionadas con incumplimiento en el deber de cuidado y vigilancia activa para con los alumnos.
La providencia acompañada indica que, la Dirección del Tribunal de Disciplina, consideró que las faltas podrían ser pasibles de sanción directa, entendiendo que eran de carácter grave.
IV. Que con fecha 18/12/2019, encontrándose los autos en condiciones de resolver, se suspenden los plazos fijándose audiencia informativa como medida de mejor proveer.-
V. Que en fecha 29/12/2020, se celebra la audiencia fijada, en la cual participaron, la actora conjuntamente con su letrada patrocinante Dra. Sandra Mariel Sanchez, el Dr. Pablo Guidi en representación de la Fiscalía de Estado, y en representación de la Dirección General de Cultura y Educación los Dres. Alberto Enrique García, Asesor Legal de la Dirección Provincial de Educación Primaria y Emanuel Lelio Eduardo Ocaranza, Asesor Legal en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, los cuales, conforme acta labrada en autos, informaron que, el expediente administrativo se encuentra bajo la normativa del art. 87 de la ley 10.430, en condiciones de dar traslado para ejercer la defensa. Que el trámite presumarial se complicó por la situación de emergencia sanitaria y la suspensión de plazos dispuesto por Decreto del Sr. Gobernador, como por cuestiones propias de la investigación, ya que se encuentran involucradas 2 docentes, y por ello, intervienen necesariamente dos Direcciones, -la Dirección de Primaria y la Dirección de Psicología; estimando que el expediente podría estar en condiciones de resolverse a fines de enero o febrero próximos.
Por su parte la actora manifestó su posición, reiterando que, la indefinición de las actuaciones la perjudica, ya que le impide acceder a un cargo titular jerárquico en caso de obtener un posicionamiento adecuado en el concurso, reconociendo igualmente que, pudo acceder a concursar y que fue calificada, a lo cual la demandada reiteró lo expuesto en el informe agregado en autos, en cuanto a que la actora está alcanzada por el art. 143 del Estatuto, refiriendo que el concurso comenzó el año pasado, y que actualmente está en una tercera etapa, sin haberse concluido el mismo.
1.-El Código Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. Abordando el examen de la petición cautelar, bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (rrt. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.-
Incluso, tampoco advierto en autos, probanzas fehacientes, respecto a la mora en el presumario administrativo seguido contra la actora, mas aun, teniendo en consideración, la particular situación que, a nivel país y específicamente a nivel provincial, impuso la emergencia sanitaria, por la que se vieron suspendidos los plazos y ralentizado el trabajo, todo lo cual, fue ratificado por la accionada en la audiencia celebrada con fecha 29/12/2020.
Finalmente, completa el esquema esbozado, el hecho de que en la especie, no se encuentra en juego el derecho a trabajar, sino en su caso la posibilidad hipotética y eventual de obtener una mejora en su situación laboral, posibilidad que, asimismo, en principio no se encuentra alterada a partir de los propios dichos de la actora en la audiencia celebrada en autos, por cuanto afirmó haber concursado y calificado, lo cual convalida lo informado por el organismo en cuanto a que, la accionante se encuentra enmarcada legalmente, en las previsiones del art 143 del Estatuto Docente de la Pcia. de Buenos Aires.-
Por lo demás, el régimen estatutario, al que voluntariamente se halla sujeto la agente, es el que establece las condiciones restrictivas, respecto de los ascensos, sin que en autos se haya cuestionado su ilegitimidad y/o inconstitucionalidad.-
En suma, la situación actual de la aquí actora en el tránsito presumarial y los efectos que el mismo pueda tener en las restantes variables de su relación con la accionada, lejos está de exhibir una situación de inequívoca y patente arbitrariedad que habilite un despacho cautelar, que reitero, en modo alguno aparece con precisión en su finalidad.
4. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
5. Sin perjuicio de ello, y respecto al requisito de peligro en la demora, sostuvo la actora que, "... el peligro en la demora implica no sólo configurarlo por la naturaleza alimentaria que ostentan los remuneraciones de mi cargo jerárquico, sino además por la sustracción del ejercicio de mi competencia, cuya titularidad sería arrebatada a raíz de la autotutela ejecutiva. Por regla, toda "desjerarquización" aunque sea meramente funcional es ilegítima, porque la retrogradación es lógicamente inconciliable con el concepto de carrera administrativa que supone una idea de progreso y no la antítesis, debiendo respetarse los niveles escalafonarios alcanzados por los agentes públicos, lo cual no se traduce simplemente en una mayor o menor remuneración sino también en una mejor o peor colocación dentro de la situación competitiva (cfr.SCJBA, causa B. 59.134, "Sacomani, Eduardo Omar contra Provincia de Buenos Aires").... " (Sic).-
Ahora bien, en autos, la accionante no ha acreditado de modo particularizado el perjuicio o daño inminente e irreparable en ulteriores instancias que alega -de gravitación económica o funcional- que abastezcan el periculum in mora requerido en la especie.-
En tal sentido, el Alto Tribunal Provincial ha manifestado "No se evidencia la urgencia necesaria para el otorgamiento de la medida solicitada si de las constancias agregadas a la causa no se desprende cuál sería el impacto que sobre el giro comercial de la actora generaría la determinación de la tasa en cuestión, sin que sea posible, por tanto, apreciar si el tiempo que insuma la tramitación del proceso sea susceptible de generar un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior" (SCBA 05/12/2018 Carátula: Banco Santander Río S.A. c/ Municipalidad de Marcos Paz s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 62/2017).
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Martín, a los fines fundamentar el rechazo de la medida cautelar de suspensión del acto, dijo respecto del requisito de peligro en la demora que "Los fundamentos invocados no alcanzan para considerar configurado tal requisito. La sola referencia a la existencia de un peligro o grave afectación a una situación de hecho o derecho no resultan suficientes para acceder a lo solicitado, sino se indica, en grado de probabilidad, de qué modo concreto y exacto podría incidir el pago de ese monto al normal desenvolvimiento de la firma... Por lo tanto, al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (cfr. art.22 del CCA), ello es suficiente para revocar la medida concedida..."(CausaNº3199 "Gillette" del 19/06/2012, apart.6).-
POR ELLO, en merito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Art. 75 inciso 30 de la Constitución Nacional, Arts. 166 último párrafo, 171, 191, 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Ley 10579 y decreto reglamentario y Arts. 22, 23, 25 y concordantes de la Ley 12.008 y modificatorias.
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada en atención a los fundamentos individualizados en los considerandos de la pertinente resolución.
2. Imponer las costas por su orden ( Art. 51 inciso 2º C.P.C.A.).
3. Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art. 44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios en un tercio del mínimo allí fijado, en razón de que, el asunto ha transitado sin justipreciar pecuniariamente.
Por ello, merituando los trabajos realizados, procedo a regular los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. Sandra Mariel Sánchez T°VI F°30 CAP, en la suma de pesos 10 Jus (arts. 9, 10, 15, 16, 37, 44 cuarto párrafo, 51, 54 y cctes. de la ley nº 14.967); ello con más al aporte legal (Ley 6716 y sus modificatorias), y en su caso, según sea la situación de la profesional, el correspondiente al I.V.A.-
En relación al Sr. Representante del Fiscal de Estado y atento a como se distribuyen las costas, no se regulan honorarios en virtud de encontrarse comprendido en el supuesto previsto en el art.18 del Dec. Ley 7543/69 (t.o. Decreto 969/87 y sus modif. posteriores).-
Conforme lo dispuesto en el art.57 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago -en el domicilio real- con los recaudos del art.54 de la misma ley.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-
SENTENCIA Interlocutoria. REGISTRADA BAJO EL N° .............../21.-
Honorarios regulados registrados bajo el N° ..... /2021.-
Fin de la sentencia