Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 40421
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, y consecuentemente suspender los efectos del acto administrativo N° 533/2021, ordenando al Departamento Ejecutivo a que proceda a realizar los actos de trámite que sean necesarios para que le sea restituida a la agente, Sra. Liliana Beatriz Gómez, la Obra Social I.O.M.A., lo que deberá ser acreditado en autos, en el plazo de 10 días de notificada la presente.
Todo ello, previa caución juratoria que deberá prestar la accionante, quedando sujeta la medida cautelar otorgada a los plazos de caducidad previstos en el art. 23 inc.2° del CPCA.
2Imponer las costas de la presente a la demandada vencida (art. 51 inc.1 del CPCA).
3Firme o consentida que se encuentre la presente se regularán los honorarios profesionales.
Cumplida que sea la contracautela, notifíquese por cedula (art.11 inc.d Anexo I, Ac.4039/21).-
Expte. Nº: 40421 .-
Autos: ROSSI MARIA ELENA C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN (DEPTO. EJECUTIVO) S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO .-
Mercedes, en el día de su firma digital.-FC
AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos a fin de resolver sobre la procedencia de la medida cautelar requerida por la actora.-
1. Relata la actora, quien se presenta en estos autos en representación de su hija Liliana Beatriz Gómez -acreditando la calidad de Apoyo Provisorio- junto con el patrocinio letrado del Dr. César Juan Casas, promoviendo la presente acción contra la Municipalidad de Luján, solicitando se le restituya a su hija y de forma inmediata la cobertura médica (I.O.M.A.) otorgando el alta correspondiente.
2. A los fines que peticiona, refiere que la comuna mediante decreto N° 533 aceptó la renuncia llevada a cabo por su hija -como agente de la accionada- y consecuentemente procedió a dar de baja la Obra Social, aun cuando dicho acto no se encontraba firme ni consentido, pues no le fue notificado.
Comenta que ha planteado su nulidad ante la Administración Municipal, instancia que aún no se encuentra resuelta.
Alega tal como manifestó en sede administrativa, que su hija al tiempo que presentó la renuncia, padecía un cuadro de esquizofrenia paranoide grave, con discapacidad parcial y permanente del 90% y que, por tal motivo, su voluntad se encontraba viciada, pues su discernimiento no era pleno, consecuentemente el acto que acepto la renuncia, llevada a cabo en ese estado, resulta nulo.-
Es por ello que solicita el dictado de una medida cautelar innovativa, a los fines de que se le restituya a su representada la Obra Social I.O.M.A.
Alega que se encuentran cumplidos los requisitos que tornan procedente el dictado de la medida cautelar que peticiona y en tal sentido, afirma que la verosimilitud del derecho resulta inequívoca.
En cuanto al peligro en la demora, destaca el riesgo real e inminente que trae aparejado que su hija, en el estado en que se encuentra, no cuente con la Obra Social.
3. Con fecha 28 de septiembre de 2021, se requiere a la comuna accionada informe acerca de los antecedentes y fundamentos de la cautelar peticionada en el escrito inicial (art. 23 inc. 1º CPCA).
4. Con fecha 05 de octubre de 2021, se presenta la Dra. Florencia Sandra Noemí Larralde, en su carácter de Apoderada de la Municipalidad de Luján, acompañando el informe cautelar requerido en el despacho de inicio.
Informa que la Srta. Liliana Beatriz Gómez renunció al empleo a partir del 11 de marzo de 2021 mediante telegrama colacionado, recibido por el Departamento de Personal del Hospital Municipal "Nuestra Señora de Luján" el día 16 de marzo de 2021, el cual dio origen a la formación del Expte. Adm. N° 4069-001940/2021 -formato papel-
Expone que en el marco de dichas actuaciones luego de instruirse el procedimiento pertinente, fue dictado el Decreto N° 533 con fecha 08 de abril de 2021, mediante el cual se aceptó la renuncia presentada por la Srita. Gómez.
A continuación, informa que con fecha 27 de mayo de 2021, la actora remite la Carta Documento N° 122855755, poniendo en conocimiento el estado de salud que presentaba su hija (cuadro de esquizofrenia paranoide grave, tratada por la especialidad con discapacidad parcial y permanente del 90%.) y que dicha misiva dio origen al Expte. electrónico N° EX-00008854-MUNILUJAN-DRH#SGPC.
Posteriormente, en fecha 14 de junio de 2021 la Sra. Rossi presenta nueva Carta Documento N° 955628347 -la que fuera recibida en la Secretaría Legal y Técnica el día 17 de junio de 2021- mediante la cual intima nuevamente al Municipio en base a idénticas consideraciones expresadas en la primera misiva, la que se incorpora al Expediente electrónico antes citado.
Luego de ello, comenta que la actora con fecha 16 de junio de 2021 efectúa una nueva presentación, solicitando además la nulidad absoluta del acto jurídico emitido por aquella atento carecer del requisito esencial de voluntariedad.
A partir de allí, informa el trámite llevado a cabo por la Administración Comunal.
Explica que se solicitó informe al Departamento de Personal, el que informó que según registros obrantes en su sistema, la Srta. Liliana Beatriz Gómez, contaba con fichadas hasta el día 03 de marzo de 2021 y a partir de allí, el día 11 de marzo presenta la renuncia, sin especificar novedad alguna entre esas fechas.
Seguidamente surge que la Jefa del Departamento Administrativo dependiente de la Dirección Administrativa del Hospital informó que "...no hubo novedades al respecto en la fecha mencionada -del 03 al 11 de marzo del corriente año- respecto de la agente Gómez...".
Posteriormente, que la Dirección de Recursos Humanos dio intervención a la Secretaría Legal y Técnica, la cual emitió el Dictamen N° DICTA-2021-163-E-MUNILUJAN-SLT.
Que en el mismo reseña los antecedentes de hecho y de derecho, opinando -cfme. su incumbencia consultiva/asesora- que la Sra. Rossi no acreditó el vínculo que manifiesta, ya sea por medio de representación alguna o poder con facultades suficientes que haga entender que el presentante tenga legitimación activa suficiente para efectuar las peticiones oportunamente cursadas.
Finalmente informa que las actuaciones permanecen en la Dirección de Recursos Humanos.
En otro orden y concluyendo el informe cautelar -a los fines de sostener la legitimidad del acto administrativo cuestionado- detalla las normas que lo sostienen y que dan fundamento a la decisión del Ejecutivo Municipal, para aceptar la renuncia cursada oportunamente.
En ese camino, expone que dicho acto fue dictado en el marco de sus facultades como máximo responsable de la administración y gobierno de la comuna accionada, en ejercicio y bajo los términos de la Ordenanza General N° 267 y de los arts. 98 inc. b), 99 y concordantes de la Ley 14.656 (Régimen Marco de Empleo Municipal).
Finalmente, insiste en el carácter restrictivo de las medidas cautelares y concluye que, en las presentes actuaciones no se encuentran reunidos los requisitos mínimos e indispensables, en tanto no se ha acreditado un perjuicio evidente y urgente.
Por lo expuesto solicita el rechazo de la medida cautelar peticionada.
5. Con fecha 14 de octubre de 2021 y atento el estado de autos, ingresan las actuaciones a despacho para resolver y;
1. La actora, en su carácter de representante de su hija Liliana Beatriz Gómez y bajo la figura de Apoyo Provisorio, debidamente acreditada, solicita se dicte una medida cautelar innovativa tendiente a que, de manera urgente, se restituya la Obra Social del Instituto de Obra Médica Asistencial a la Srta. Liliana Beatriz Gómez. -
Como eje central de su pretensión, pone especial énfasis en el estado de salud en que se encontraba su hija al momento de efectuar la renuncia, pues sostiene que al efectuar aquella, su discernimiento estaba viciado y consecuentemente el acto administrativo que tuvo como antecedente tal renuncia -llevada a cabo en ese estado- resulta nulo. -
2. Que el régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) la existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art. 22 C.P.C.A.).
Respecto al primero de los requisitos, las medidas cautelares no exigen el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud, este requisito debe presentarse en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades sea factible prever que en el proceso principal sea declarada la certeza de ese derecho.
3. Que en ese camino y dentro de este marco cognoscitivo, adelanto que la petición cautelar ha de tener curso favorable, pues las constancias de la causa y los hechos que han quedado acreditados, a criterio del suscripto, constituyen aportes suficientes que tornan prima facie verosímil el derecho alegado por la actora y la situación de hecho que se presenta en autos, requiere de inmediata tutela. -
En primer lugar, no surge controvertido el estado de salud de la Srta Liliana Gómez, quien padece un cuadro de esquizofrenia paranoide grave, (diagnosticada por el Dr. Sergio Marañon- Psiquiatra M.N 70230) tramitándose por ante el Juzgado de Familia N° 2 de este Departamento Judicial, la causa "Gómez Liliana Beatriz s/ internación (Expte. N° 12611)".
Por otra parte, ha quedado acreditado, pues la propia administración lo ha reconocido al contestar el informe que con fecha 16 de marzo de 2021 el Departamento de Personal del Hospital Municipal "Nuestra Señora de Luján" recibe un telegrama colacionado por el cual la Sra. Liliana Beatriz Gómez, renuncia al empleo a partir del 11 de marzo de 2021 y a partir de ello, luego del procedimiento administrativo correspondiente - el que aclaro no detalla, pero así lo afirma la comuna- se dicta el Decreto n° 533 del 08 de abril de 2021, por el cual se acepta la renuncia.
También ha quedado probado, que con fecha 27 de mayo de 2021, luego del dictado del acto, la actora le remite a la administración la CD N° 122855755, a través de la cual se presenta en representación y como madre de la Srta. Liliana Beatriz Gómez, e informa el estado de salud de su hija -esquizofrenia paranoide grave, tratada por la especialidad con discapacidad parcial y permanente del 90%- poniendo de resalto que en ese estado concurrió al correo y efectuó la renuncia, lo que torna a dicho actuar nulo por carecer del requisito esencial de la voluntariedad, planteando la nulidad de toda aceptación de renuncia.
Por lo demás, también se ha acreditado que luego de ello, la actora realiza una nueva presentación con fecha 16 de junio de 2021, planteando la nulidad del decreto que acepta la renuncia del agente, alegando la falta de notificación de dicho acto, solicitando se le restituya a su hija la obra social I.O.M.A.
Finalmente, la administración reconoce que con fecha 18/06/2021 la Secretaria de Legal y Técnica recibe una nueva CD bajo el N° 955628347, en virtud de la cual la actora intima al municipio a que ".se abstenga de todo acto que extinga su relación laboral y se la restituya su obra social I.O.M.A.".
Ante ello, surge el informe del Departamento de Personal, y el Dictamen de la Secretaria Legal y Técnica, diciendo este último que no se encuentra acreditada la representación legal invocada conforme los términos de la Ord. Gral n° 267(art. 13) y luego cita las normas sobre el ejercicio de la capacidad del CCyCN.-
4. Este escenario así descripto me permite concluir lo siguiente:
Por un lado, tenemos una administración comunal, que procede una vez presentada la renuncia por el agente y constatando que la misma no concurría a prestar tareas, a aceptar sin más y conforme el carril procedimental correspondiente (Ord. Gral n° 267 y arts. 98 inc b), 99 y ccts de la Ley 14.656) la renuncia, dictando el consecuente acto administrativo.
Y por el otro, tenemos a la misma administración que luego del dictado del acto que acepta la renuncia, es informada acerca del estado de salud de la agente y los términos en que fue llevada a cabo aquel acto de renuncia. Sin embaro, guarda silencio al respecto, sin hacer referencia alguna en cuanto al estado de la Obra Social y haciendo sola mención al dictamen legal de la Secretaria Legal y Técnica, que informa acerca de la falta de acreditación de la personería de la actora.
En ese camino, cabe señalar que si bien, tal como alega la administración, no se evidencia, en todo este derrotero procedimental y hasta el dictado del Decreto N° 533/2021 un vicio patente en el procedimiento previo llevado a cabo, y tampoco surge que dicho acto, aparezca -en principio- a contrapelo del régimen jurídico que rige en la especie, lo cierto es, que tal como surge del propio informe comunal, la administración ha soslayado toda respuesta, una vez anoticiada de una situación de hecho antecedente al acto, que involucra un vicio de la voluntad de la renunciante, limitándose a decir mediante el dictamen legal que la actora carecía de representación, cuestión que por lo demás era fácilmente subsanable, mediante el mero requerimiento por parte de la administración de acreditación del vínculo.-
Es decir, notificada de todo ello, la administración mantuvo procedimentalmente ese estado de cosas sin modificación y sin que surja respuesta alguna a la requirente.-
Y aquí el punto neurálgico de la cuestión, pues si bien todo este escenario relativo a las condiciones en que la actora efectúa la renuncia y el estado en que la misma es llevada cabo, depende de un mayor debate y prueba ya sea en sede administrativa o en esta sede judicial -para alcanzar un grado de certeza, impropio de un pedido cautelar- la situación que aquí se presenta impacta directamente sobre derechos que requieren de especial tutela, lo que habilita el auxilio cautelar, pues es la propia administración la que no desconoce que procedió a dar de baja a la agente de la Obra Social I.O.M.A., a partir de la renuncia, sin considerar luego el antecedente de hecho puesto en su conocimiento, si bien en forma ulterior, pero que le impone resolver por la naturaleza de la cuestión discutida.
La solución que aquí he de proponer, encuentra sostén, por un lado, en el propio actuar de la administración y por el otro, en el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la actora -tal lo acreditado- y el carácter netamente sanitario del derecho comprometido, y ante ello resulta razonable considerar que la privación del goce integro de la cobertura médico asistencial podría ocasionarle a la Srta. Liliana Gómez, un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior. -
Por lo demás, el régimen tuitivo en la especie que también conduce a la solución propuesta. Al respecto, el art. 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que: "Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos: ... 3) Al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral.".
Por otro lado, el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que: "... La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial..."
Asimismo, del art. 36 del mismo cuerpo normativo se desprende: "La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales... 5) De la Discapacidad: Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados.
6. La suma de dichos argumentos otorga suficiente respaldo al decisorio final, teniendo en consideración también -palabras ya dichas por nuestro Tribunal Superior- que "...En cuanto al peligro en la demora, cabe destacar que en la especie se aprecia la afectación de derechos de naturaleza alimentaria y las posibilidades de resguardo del derecho a la salud del accionante, pues por efecto de comportamientos prima facie desprovistos de legalidad, se lo priva de su salario y la cobertura de la obra social..." (Causa A. 74.824, caratulada "Inza, José Manuel c/Municipalidad de Azul s/Medida cautelar autónoma o anticipada. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley").
En definitiva, de las constancias recolectadas y la normativa aplicable al presente caso, surge sin lugar a dudas, que la aquí demandada ha mandado llevar dar de baja la Obra Social (I.O.M.A.) respecto de la Srta. Gómez, quedando ésta desprovista de la cobertura médica necesaria para su imprescindible tratamiento.
En razón de todo ello, no cabe sino concluir en el derecho de la accionante de disponer cautelarmente nuevamente de su cobertura médica (Instituto de Obra Médico Asistencial).
7. Por último, no se visualiza que el interés público pueda encontrarse comprometido en el caso de autos (art. 22 inc 1, ap "c" del CPCA). -
8. Dado el beneficio de litigar sin gastos que, para este tipo de petición ostenta la peticionante, deberá prestar caución juratoria para responder por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 24 del CPCA). -
Por lo fundamentos expuestos y las normas citadas;
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, y consecuentemente suspender los efectos del acto administrativo N° 533/2021, ordenando al Departamento Ejecutivo a que proceda a realizar los actos de trámite que sean necesarios para que le sea restituida a la agente, Sra. Liliana Beatriz Gómez, la Obra Social I.O.M.A., lo que deberá ser acreditado en autos, en el plazo de 10 días de notificada la presente.
Todo ello, previa caución juratoria que deberá prestar la accionante, quedando sujeta la medida cautelar otorgada a los plazos de caducidad previstos en el art. 23 inc.2° del CPCA.
2. Imponer las costas de la presente a la demandada vencida (art. 51 inc.1 del CPCA).
3. Firme o consentida que se encuentre la presente se regularán los honorarios profesionales.
Cumplida que sea la contracautela, notifíquese por cedula (art.11 inc.d Anexo I, Ac.4039/21).-
REGÍSTRESE.-
Fin de la sentencia