Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 43854
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada en atención a los fundamentos individualizados en los considerandos de la pertinente resolución.
2Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A.).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad, conforme lo dispuesto en el considerando 9).
AUTOS Y VISTOS: A los fines de resolver el planteo cautelar.
1. Que con fecha 27 de diciembre de 2022, se presenta el Sr. Jorge Alberto Aon, con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Lucía Barrios, solicitando el dictado de una medida cautelar de no innovar, tendiente a que, la aquí demandada, se abstenga de comenzar y/o en su caso, de proseguir con el procedimiento sumarial previsto por el art. 25 del Estatuto del Empleado del Banco Provincia.
Principia por mencionar los antecedentes que motivan el reclamo.
Al efecto manifiesta que presta servicios para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en planta permanente y desde el año 1994, precisamente en la Sucursal Villa Flandria, Luján.
Continúa su relato comentando que el día 28 de febrero de 2018 fue intervenido quirúrgicamente, oportunidad en la que se le realizara una angioplastía provocada -dice- por el estrés acumulado en el trabajo, ocasión en que se le colocaron (3) tres stents.
Expone que durante la pandemia provocada por el SARS-COVID-19 y en atención a ser personal de riesgo, realizó tareas en forma remota, específicamente a lo largo del año 2020 y la mayor parte del 2021.
Párrafo seguido, manifiesta que con fecha 21 de septiembre de 2021 comenzó tratamiento psiquiátrico, prolongándose el mismo hasta el día 05 de agosto de 2022.
Refiere que con fecha 04 de agosto de 2022 fue citado a la sucursal en donde labora, siendo entrevistado por el gerente Nicolás Aschero, quien -dice- lo notifica de la licencia sin goce de haberes que se le extendiera al aquí peticionante (cfme. art. 24 inc. g. del Estatuto de Empleados del Banco Provincia).
Aduce que no se le fue entregada copia ni constancia alguna respecto de las consideraciones del dictamen que arribara a dicha concesión.
Dice haber aceptado dicha licencia. Que su estado de salud no le permitía otra cosa.
De ésta última circunstancia, arguye que sólo se le permitió capturar una fotografía de la mentada norma, comprendiendo que la licencia era por el plazo máximo previsto por ley, es decir, bienal.
Pone de manifiesto que pocos días después, por medio de video-llamada y sin previa notificación, resultó examinado por profesional médico contratado por el banco.
Seguidamente señala que comienza a recibir notificaciones vía e-mail, en donde le comunican desde la entidad bancaria que se encontraba ausente sin justificativo.
Posteriormente y ante dicho evento, el día 31 de octubre de 2022 presenta nota en la sucursal Villa Flandria, requiriendo se aclarara tal situación, atento encontrarse en el marco de una licencia bienal sin goce de haberes.
Relata que con fecha 10 de noviembre de 2022 recibe una Carta Documento, mediante la cual es notificado de que se tienen por no justificadas sus inasistencias desde el día 03 de octubre de 2022 en adelante, en virtud del dictamen efectuado por la Junta Médica, quien determinó que se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus labores.
Pone de resalto que aun no cuenta con el alta médica de su psiquiatra.
Seguidamente aduce, que su intención no es la de perjudicar su relación laboral, pero que no se encuentra en condiciones físicas ni psíquicas para regresar a su puesto.
Entiende que resulta imperioso para su salud, le sea permitido continuar gozando de la licencia otorgada, que lo es sin goce de sueldo. Recalca que la misma fue por él consentida y que dicho acto entonces, se encuentra firme.
Concluye que la actitud de la entidad bancaria resulta injustificada, arbitraria e irrazonable. Sostiene tal parecer, entendiendo que no se explicita adecuadamente el y/o los motivos por los cuales se dispuso el cese casi inmediato de la licencia sin goce de sueldo ya dispuesta y firme.
Por ello, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar a los fines de que, el Banco accionado, se abstenga de comenzar y/o proseguir con el procedimiento sumarial en virtud a los términos ya expuestos.
Finalmente funda en derecho y peticiona.-
2. Que con fecha 03 de febrero de 2023, se requiere al Banco demandado, informe acerca de los antecedentes y fundamentos de la cautelar peticionada en el escrito inicial (art. 23 inc. 1º CPCA).
3. Que con fecha 15 de febrero de 2023, el Dr. Sebastian Alberto Ricca, en representación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, acompaña el informe cautelar requerido, como asimismo, el legajo personal del actor.
Del primero de ellos se desprende que el Sr. Aon se encontraba inasistiendo justificadamente por enfermedad, en los siguientes períodos: 1) Desde el 23 de septiembre de 2021 hasta el 08 de agosto de 2022 y desde el 12 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 inclusive, lapsos temporales convalidados por el Área de Salud y Bienestar Laboral.
Seguidamente, señala que al encontrarse el agente inasistiendo hacía un año por cuestiones de salud, se convoca al mismo a una junta médica, la que se realizó por video conferencia y en la que se concluyó -cfme. dictamen de fecha 26 de septiembre de 2022- que "... al momento actual y desde el punto de vista psiquiátrico, el Sr. Aon Jorge Alberto, se encuentra en condiciones laborales." [textual].
Refiere que se le notificó fehacientemente que debía reintegrarse a sus funciones laborales a partir del día 03 de octubre de 2022.
Relata que a pesar de ello, no se reintegró en la fecha indicada.
Continúa su exposición, diciendo que con fecha 05 de octubre de 2022, el aquí accionante remite certificado médico suscripto por su médica psiquiatra.
Que dicha circunstancia motivó a que el Área de Salud dispusiera tener por no convalidadas las inasistencias, atento a que no surgían diferencias con las características enunciadas anteriormente por su médica tratante, por lo que fue convocado a una nueva Junta Médica -externa- que determinó nuevamente que se encontraba en condiciones laborales desde el punto de vista psiquiátrico.
Posteriormente, manifiesta que con fecha 21 de octubre de 2022, se le envía al Sr. Aon un e-mail a los fines de que se presente en la sucursal a efectos de mantener una reunión con los funcionarios de la misma y acordar así, una posible solución administrativa a sus inasistencias.
Ante la no comparecencia y el continuo ausentismo, se le comunica que se codificaron sus inasistencias como "ausente sin aviso".
Luego dice que con fecha 31 de octubre de 2022, se apersonó en la sucursal Villa Flandria la esposa del Sr. Aon, quien exhibió una nota suscripta por el agente, solicitando se aclare su situación respecto de la Licencia Especial sin goce de sueldo por el Banco otorgada, esgrimiendo además que no podía reincorporarse a las tareas diarias por continuar con problemas de salud.
Por último, comenta que con fecha 03 de noviembre de 2022, el agente remitió -vía correo electrónico- nuevo certificado médico, el cual no fue convalidado por el área de Salud Ocupacional por no prescribir sintomatología que difiera de la que motivara en su momento, su derivación a la Junta Médica externa.
Todas estas cuestiones -alega- incidieron en el intercambio epistolar que indica el actor en su escrito inicial.
Finaliza informando que el día 15 de noviembre de 2022 se procedió a iniciar Sumario Administrativo N° 13.728, el cual se encuentra en etapa de instrucción a raíz de las inasistencias injustificadas.
En segundo lugar y en cuanto a la medida cautelar solicitada por el actor, centra su postura en base a dos consideraciones.
En cuanto a la primera de ellas, refiere que no se encuentran justificadas las faltas que se contabilizan desde el día 03 de octubre de 2022, toda vez que se presentaron certificados médicos que no fueron convalidados por el Área de Salud Ocupacional de su mandante.
En cuanto a la segunda de ellas, pone especial énfasis en la errónea interpretación por parte del Sr. Aon respecto de la licencia especial sin goce de haberes.
Al efecto manifiesta que la misma resulta totalmente falsa puesto que no se le fue otorgada ninguna concesión al respecto. Máxime, cuando no fue requerida por el Sr. Aon conforme normativa vigente y por no resultar el Sr. Gerente Nicolás Aschero, funcionario habilitado para convenirla.
Por todo ello, solicita el rechazo de la medida cautelar por resultar totalmente improcedente.
4. Que con fecha 28 de febrero de 2023 pasan los autos a despacho para resolver.
1. Que en autos, el actor solicita una medida cautelar tendiente a lograr que el Banco de la Provincia accionado, se abstenga de comenzar y/o proseguir con el procedimiento sumarial previsto por el art. 25 del Estatuto del Empleado del Banco Provincia.
2. Que el Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art. 22 C.P.C.A.).-
Que a su vez, aún cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. En el caso particular de autos y en relación al "fumus bonis iuris" o verosimilitud en el derecho, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie" tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (rrt. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.
Tan es así, que el actor sostiene la eventual verosimilitud de su derecho bajo el argumento de que el mismo se desempeña como empleado permanente en el Banco demandado; que las constancias médicas adunadas en autos prescriben su condición psíquica y que, el Estatuto del Empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, prevé un tipo de licencia que califica como "Especial sin goce de sueldo" la cual apontoca, le fue concedida al agente.
Asimismo y en cuanto al periculum in mora, logra desprenderse de sus alegaciones que el mismo echa raíces en todo aquello atinente a la posibilidad de sufrir un agravamiento de su situación de hecho, fundado en el cuadro de salud que presenta; pudiendo verse además, sumamente perjudicado en caso de serle iniciado un proceso sumarial.
4. Ahora bien, abordado el examen de la petición cautelar bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada. Y así lo entiendo, en orden que no existen elementos de juicio suficientes que permitan otorgar el auxilio cautelar.
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por el actor, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega aquel, adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie" tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22° inc. 1° a) C.P.C.A.).
En ese camino, he aquí (2) dos cuestiones importantes que obstan a la apariencia de buen derecho que se requiere en la especie.
5. En primer lugar y en cuanto a lo alegado respecto de la supuesta concesión de la licencia bienal sin goce de sueldos por parte del Banco de la Provincia, cierto es que echando mano a la documental arrimada por las partes, no se desprende prueba -siquiera indiciaria- que de cuenta del inicio de actuaciones administrativas por parte del agente solicitando la misma y mucho menos, la existencia de algún acto por parte de la accionada mediante el cual se le otorgare aquél beneficio.
Sólo surge del legajo del actor -como bien detallare la demandada en oportunidad de remitir el informe cautelar- la concesión de la licencia prevista por razones de salud con goce de sueldo, por el plazo de 360 días -tal y como lo prevé el Reglamento- la que abarcare el período comprendido entre los meses de septiembre de 2021 y septiembre de 2022.
En segundo lugar, guardando relación con lo relevado precedentemente y en cuanto a la situación de hecho que revela el derrotero procedimental, es que no advierto -en el marco de éste acotado proceso- un palmario quebrantamiento por parte de la entidad bancaria al régimen estatutario al que el agente se encuentra sujeto.
Y es bajo ese escenario interpretativo, que no se advierte en forma patente la situación de hecho denunciada por el peticionante, que abastezca la verosimilitud en el derecho que active el remedio cautelar pretendido, lo que conlleva a que el planteo perseguido carezca de andamiaje suficiente.
6. Por lo demás, en la materia el Máximo Tribunal Provincial ha expresado su criterio en la causa "Guenzatti, Gustavo c/Municipalidad de Olavarría s/ Demanda contencioso administrativa, sent. de 22-08-2012" oportunidad en la cual la Dra. Hilda Kogan dijo: "... La disposición que ordena la instrucción de sumario no constituye un acto administrativo susceptible de ser recurrido. Para ello es preciso que se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas, con prescindencia del Órgano del que emanan. La orden de sumario, en contraposición, constituye un acto preparatorio o instrumental...".
Asimismo, en el precedente "Guenzatti" el Dr. Daniel Fernando Soria expuso en su voto -en extremos aplicables en la especie- que: "... Dicho acto, si bien integra el complejo de actuaciones heterogéneas destinado a llevar adelante una investigación sobre hechos acaecidos en el ejercicio de la función pública asignada al actor, no reviste el carácter de definitivo, en tanto no contiene una declaración con respecto a su situación jurídica. En concreto, nada resuelve acerca de su participación en tales hechos. En tanto acto de trámite, no pasa de la mera instrumentalidad (García de Enterría, E.; Fernández, T. R., "Curso de Derecho Administrativo", tº I, Madrid, 4ª ed., 1984, p. 528 y García Trevijano Fos, J. A., "Los actos Administrativos", Madrid, 1986, p. 187) por lo que su enjuiciamiento autónomo queda -en principio- descartado, a menos que se demuestre que tal decisión obstruye la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, con menoscabo del debido proceso. Empero, también desde esta óptica, cabe inclinarse por la ausencia de aptitud para generar consecuencias jurídicas lesivas de su posición, al no acreditarse que tal supuesto concurra en la especie (doct. causa A. 69.496, "Trama", sent. de 18-XI-2009). (Causa SCBA LP B 58076 S 22/08/2012, caratulada "Guenzatti, Gustavo c/Municipalidad de Olavarría s/Demanda contencioso administrativa.).
Y bajo estas coordenadas, concluyo que no se verifica de lo actuado en esta incidencia cautelar, extremos fácticos que habiliten a apartarse de la orientación de doctrina formulada por el precedente aquí referenciado (cfme. art. 205 cap. II disposiciones complementarias, Estatuto para el personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y su Reglamento de Disciplina.)
7. De esta manera, al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
8. Sin perjuicio de ello y respecto al requisito de peligro en la demora, sostuvo la actora que "...existe la posibilidad de sufrir un peligro y el agravamiento de una situación de hecho, fundado en el cuadro de salud que presenta el actor." [sic].
En cuanto a tal alegación, reparo en que el Sr. Aon no ha acreditado de modo particularizado un cierto grado de incapacidad, que conduzca a tener por parte del agente como única alternativa la continuación de la licencia en los términos que el pretende, por lo cual también en esta parcela todo queda reducido a meros argumentos dogmáticos, no vislumbrado ningún hecho concreto que me permita analizarlo desde otra perspectiva.
Y en cuanto a la situación actual del aquí actor -inicio del Sumario Administrativo N° 13.728, el cual se encuentra en etapa de instrucción- y los efectos que el mismo pueda tener en la relación con la accionada, me permito concluir que lejos está de exhibir una situación de inequívoca y patente arbitrariedad que habilite un despacho cautelar, que reitero, en modo alguno aparece con precisión en su finalidad.-
9. En otro orden; no conteniendo la demanda inicial una pretensión principal -agotándose entonces mediante la resolución de la cautelar de marras- corresponde disponer que consentida o firme se encuentre la presente, vuelvan los autos a despacho a los fines de justipreciar los honorarios profesionales.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y lo dispuesto en los arts. 22, 23 y su doct. CPCA, 161 del CPCC y demás citas constitucionales y legales dadas;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada en atención a los fundamentos individualizados en los considerandos de la pertinente resolución.
2. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A.).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad, conforme lo dispuesto en el considerando 9).
NOTIFÍQUESE.
REGÍSTRESE.-
R
Fin de la sentencia