Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 46075
Estos autos caratulados: "DEL CAMPO NORBERTO DANIEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 46075, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y,
I. Que en fecha 7/2/2024, se presenta el Sr. Norberto Daniel Del Campo con el patrocinio letrado del Dr. Agustin Ruben Gerardi, solicitando el dictado de una medida cautelar autónoma en los términos de los arts. 22 y 25 del CPCA, contra el acto administrativo de fecha 11/2/2024 dictado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.-
Refiere que, contra tal pronunciamiento, dedujo revocatoria en sede administrativa en los términos del art. 167 del reglamento de disciplina con fecha 25/1/2024 -adjunta copia-, señalando que la impugnación a la fecha, no ha merecido resolución.-
Continúa relatando que, con fundamento en la norma contenida en el art. 25 de la Ley 12.008, solicita que se suspenda la aplicación del articulo 3 del acto administrativo, ordenando que se restablezca su prestación de servicio en su puesto de trabajo habitual en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto se resuelve la revocatoria administrativa.-
En otro orden, relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento según su parecer, al planteo que efectúa.-
Manifiesta que se incorporó al Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el rol de ordenanza en la sucursal Suipacha en el año 1995, por lo que durante el año 2024 cumpliría 29 años de servicio.-
Señala que gracias a las oportunidades y capacitaciones que brinda la entidad, en el año 2003 fue encuadrado en la rama administrativa y en el año 2007 fue nombrado cajero y que, desde el año 2015, fue designado como tesorero de la sucursal Roque Pérez, indicando que ocupó esa función llegando a trabajar en diversas sucursales.-
Destaca que durante los 29 años de servicio, no fue objeto de sanción alguna, sino muy por el contrario, manifestando que en el año 2020 fue distinguido por su prestación como trabajador durante la pandemia y que sus calificaciones en la entidad bancaria siempre fueron muy buenas.-
Tal es así -continúa- que el 11/3/2021 solicitó un traslado (con preferencia a Junín) en busca de un crecimiento personal y que sus superiores accedieron a su pedido, previo reemplazo en su lugar de origen.
Enfatiza que todo cambió cuando en abril del 2021, fue informado que había recibido una denuncia por violencia laboral y/o de género, explicando que en realidad nunca le quedó bien en claro de qué se lo acusó.
Señala que se sometió a una suerte de instrucción pre sumarial en el marco del protocolo de acción institucional para el abordaje de situaciones de violencia, discriminación por cuestiones de género y/u orientación social en el ámbito laboral que se había puesto en marcha algunos meses antes.-
Sobre el hecho por el cual se promovió el sumario administrativo, afirma que le ha permitido reflexionar a lo largo de todo este tiempo, y comprender que forma parte de una generación que ha cometido torpezas, pero puntualiza que jamás advirtió o fue advertido sobre el malestar que podría generar en un compañero o compañera el comportamiento cuestionado.-
Considera sin perjuicio de ello, que la sanción de cesantía es arbitraria y desproporcionada, basada en un sumario administrativo y un protocolo legalmente cuestionables e indica que dichos cuestionamientos, fueron planteados oportunamente en sede administrativa a través del recurso interpuesto.-
Por otro lado, en cuanto a los fundamentos que ponen en crisis el contenido de la Resolución N° 24 de fecha 11/2/2024 dictada por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, advirtiendo que el Reglamento de Disciplina específicamente establece en su art. 170 que el recurso de revocatoria no tendrá incidencias con respecto a las medidas preventivas decretadas, entendiendo que es necesaria la intervención a los efectos de obtener tutela judicial efectiva, afirmando que lo contrario sería desoír los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales que habilitan la revisión judicial de las decisiones administrativas, por cuanto firme el acto administrativo, la suspensión dejaría de ser preventiva.-
Asimismo, entiende que carece de motivación, poniendo de manifiesto que, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en su art. 7 inc. e, dispone que el acto administrativo: "deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) del presente artículo".
Entiende que no existen circunstancias que permitan sostener que la decisión del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires fechada en enero de 2024 que dispone ". suspender preventivamente en los términos del 80 y concordante del Reglamento de Disciplina al señor Del Campo hasta tanto quede firme la sanción dispuesta en el artículo 2 de la presente", no requiera motivación alguna, sino todo lo contrario.-
Alega que, además de ser la motivación un elemento relevante de cualquier acto administrativo, que de una lectura armónica de los arts. 80 y 81 del capítulo VI del Reglamento de Disciplina, señala que se desprende la obligatoriedad de fundar una medida preventiva de la naturaleza que se trata.-
Pone de relieve que, el art. 77, faculta al Directorio o al Gerente General a poner en disponibilidad o suspender preventivamente a un trabajador autorizando además hasta al instructor o jefe de sumarios a adoptar una medida de tal naturaleza "cuando razones de urgencia así lo aconsejen", entendiendo que se desprende la necesaria invocación de tales razones de urgencia.
En tal sentido, considera que la disponibilidad preventiva a la que se alude -que no quedan dudas debe fundarse-, le garantiza al agente poder mantener la jerarquía y seguir percibiendo su remuneración, no afectándose de esta manera su carrera administrativa ni su remuneración.-
Seguidamente, menciona el art. 80 citado por la administración al momento de intentar justificar la decisión: "La suspensión preventiva podrá disponerse cuando resulte indispensable el alejamiento transitorio del agente del servicio y siempre y cuando exista semiplena prueba de encontrarse éste incurso en falta susceptible de sanción expulsiva".
Al efecto, indica que el verbo "podrá" deja en claro que es una facultad que puede o no usarse y que, además de ello, de la letra de la norma en cuestión señala que surge palmariamente que se deben cumplir dos condiciones para que se proceda a la suspensión preventiva y que deben desprenderse con claridad del acto administrativo. Caso contrario el acto administrativo está viciado, tornándose nulo o anulable. Cita doctrina respaldatoria.-
Por otro lado, considera que existe un exceso en el uso de facultades del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto manifiesta que el art. 80 citado en el artículo 3 de la resolución sostiene que la suspensión preventiva ". no podrá exceder del término de 180 días. Al vencer este término, si se mantiene la situación que hizo indispensable el alejamiento, podrá prorrogárselo mediante nueva resolución fundada por lapsos que no exceden de noventa días".
Sobre ello, indica que el caso de marras no existe causa penal, por lo que señala que es inexplicable que al acto administrativo que suspende preventivamente al suscripto no tenga plazo o que mejor dicho sea un plazo resolutorio: "hasta tanto quede firme la sanción dispuesta".
Asimismo, afirma que se vulnera las garantías constitucionales, manifestando que la potestad de reglamentación del derecho a la estabilidad del empleado público y demás vicisitudes propias de dicha actividad, constituyen unas de las tantas materias sobre las cuales las provincias conservan su entera autonomía (art. 121 de la C.N.). Cita doctrina.-
En cuanto a la medida cautelar innovativa, solicita suspender la aplicación del art. 3 del acto administrativo cuestionado hasta tanto se resuelva el recurso de revocatoria.-
Posteriormente, se ocupa de los requisitos de procedencia de la medida cautelar peticionada.-
Al efecto, en relación a la verosimilitud del derecho, alude que del relato desarrollado ha quedado suficientemente demostrada la arbitrariedad del acto atacado y que si bien es cierto que la verosimilitud en el derecho que se invoca debe ser tal que atraviese el clásico valladar de la presunción -iuris tantum- de legitimidad de los actos administrativos; indica que no es menos cierto que la actividad jurisdiccional debe velar por la tutela de los derechos de los sectores más vulnerados. Cita jurisprudencia.-
Sostiene que los vicios del acto cuestionado quedan evidenciados y carecen de elementos esenciales que reclama la misma normativa que citan, manifestando que permite desvirtuar la presunción de legalidad que acarrea todo acto administrativo.-
En relación al peligro en la demora, refiere que se encuentra suficientemente configurado que se encuentra ante un caso de una persona que -en el marco de un cuestionado procedimiento administrativo- fue cesanteado y que conjuntamente con ello, señala que se dispuso una suspensión preventiva violando las disposiciones del mismo reglamento que citan, dejando a un trabajador sin ingresos y sin cobertura social por tiempo indeterminado en un total estado de vulnerabilidad.
Aclara que no solo se afectan derechos de indudable carácter alimentario, además que atentan contra la dignidad humana violándose pactos y tratados internacionales con raigambre constitucional.-
Entiende que la estabilidad del empleo público debe ser mucho más que una expresión de la Constitución y que no se trata que se le otorgue al trabajador un bill de indemnidad, solo se trata de establecer garantías mínimas luego que el país y el mundo atravesara una situación inédita de la historia moderna.-
Resalta que de mantenerse la situación actual, los perjuicios irrogados hacia el aquí actor podrían tornarse irreversibles, o bien de difícil reparación ulterior. Cita doctrina.-
Seguidamente, arguye que la medida cautelar solicitada, no implica ninguna afectación del interés público, toda vez que lo que se solicita es que la reincorporación de un trabajador que demostró ser útil para la actividad, ya que ingresó como ordenanza y llegó a ocupar el cargo de tesorero hasta el día en que fue notificado de la resolución.-
Por último, ofrece como contracautela caución juratoria y en consecuencia, solicita se haga lugar a la medida interpuesta con expresas imposición de costas.-
II. Corrido el traslado a la entidad bancaria, para que se expida sobre la medida cautelar peticionada, con fecha 26/2/2024 se presenta el Dr. Sebastián Alberto Ricca en su carácter de apoderad del Banco de la Provincia de Buenos Aires conjuntamente con el patrocinio del Dr. Fabio A. Bandoni, acompañando en archivo PDF el legajo personal del aquí actor y el Sumario Administrativo N° 13694 (v. deja nota de fecha 29/2/2024), y finalmente expone los fundamentos relacionados con la medida cautelar pretendida.-
Comienza indicando que, el Sumario Administrativo N° 13.694, se inició a raíz de la resolución de Gerencia General N° 242/22 del 31/03/2022 como consecuencia de la Denuncia N° 13 ante la Gerencia de Mujeres, Género y Diversidad -por aplicación del "Protocolo de acción institucional para el abordaje de situaciones de violencia, discriminación por cuestiones de género y/u orientación sexual en el ámbito laboral" (existencia de conducta contemplada en los arts. 6° y 7°)-, frente a la denuncia que presentó el 12/04/2021 la Sra. Laura Alejandra Balsas (Af. N° 76.959/2) contra el agente Norberto Daniel del Campo (Af. N° 34006/5), Tesorero de la sucursal Alberti.-
Continúa relatando que la Sra. Laura A. Balsas, denunció que el 09/04/2021, en ocasión del desempeño de sus funciones en el ámbito de la Sucursal Alberti, el aquí actor ejercitó conductas consistentes en insinuaciones de índole sexual y propuestas explícitas e insistentes a los fines de mantener relaciones sexuales en el ámbito de la sucursal durante la jornada laboral, en un espacio aislado y en oportunidad de encontrarse a solas (fs. 6/8 del sumario Administrativo) y que también en dicha denuncia, señala que lo sindicó como responsable de otras circunstancias que la colocaban en situación incómoda y de nerviosismos cuando se quedaban a solas en la sucursal.-
Explaya que la Sra. Balsas radicó denuncia (21/04/2021) ante el Juzgado de Paz Letrado de Alberti (B), en el que obra un relato pormenorizado y coincidente con la presentación escrita realizada en el ámbito laboral (del 12/04/2021 citada), la cual originó el expediente caratulado: "Balsas, Laura Alejandra c/ Del Campo, Norberto Daniel s/ Infracción Ley 26.485" (fs. 53/54 del sumario).
Pone de relieve las declaraciones testimoniales: (fs. 190/193 -que el denunciado procuraba "acercamientos más sutiles pero desubicados, por ejemplo, tocarle el hombro o la cintura por demás a las mujeres en general", lo que ponía incómodo, y que "con Laura era aún más notorio"; fs. 194/197 -"Daniel se le ponía muy cerca para efectuar las tareas laborales, él se paraba detrás de ella cuando estaba de espalda y era demasiado cerca" y fs. 231/234 - "Daniel insistentemente tenía acercamientos innecesarios para con Laura, aprovechaba momentos de trabajo diario para acercarse, le dejaba poco espacio al momento de compartir tareas y la seguía permanentemente, invadía recurrentemente el espacio personal de Laura, generando roces"-). Ante ello, señala que la instrucción sumarial acreditó que el Sr. Del Campo en ejercicio de sus funciones como Tesorero de la Sucursal Alberti, perpetró conductas dirigidas a la afiliada Laura Balsas, en forma recurrente y sistemática, consistente en insinuaciones sexuales molestas; alusiones basadas en el sexo; comentarios referidos a su vestimenta y acercamientos físicos innecesarios, situaciones que se desarrollaron en el ámbito laboral, tanto a viva voz, como en oportunidad de encontrarse a solas -v gr. en el bunker- abusando de su posición de poder que ostentaba, como consecuencia de su género y de su función.-
Refiere que también se acreditó a través de las declaraciones testimoniales que el actor profería a la Sra. Balsas insinuaciones molestas y alusiones basadas en el sexo (fs. 181/185 -"era algo recurrente"-; fs. 190/193 -".no tenía un trato correcto hacia Laura.permanentemente hacía comentarios desubicados para el ámbito laboral" y puntualmente recordó que un día le dijo a Laura "querés que te atienda yo?"; fs. 174/179 -Del Campo le dijo a Laura en una oportunidad "¡que linda blusa, como te marca las!" y que solía hacer comentarios alusivos a la vestimenta de las demás compañeras y su actitud era de "encarador"-; entre otras, innecesarias de enumerar en este estadio).-
Destaca que la instrucción sumarial acreditó -a los fines de formular los cargos- a través de las declaraciones testimoniales (fs. 104/109; 174/179 y ver "print" de pantalla de fs. 103; fs. 227/229; 236/238 y 240/243) el estado de angustia e incomodad sufrida por Balsas como consecuencias del accionar del Sr. Campos.-
A raíz de ello, señala que el día 24/02/2023 se le formularon cargos administrativos en virtud que ".desempeñándose como Tesorero en la sucursal Alberti, llevó conductas calificadas como "Violencia Laboral" en los términos del art. 6° del "Protocolo de acción institucional para el abordaje de situaciones de violencia, discriminación por cuestiones de género y/u orientación sexual en el ámbito laboral" (Protocolo), en ocasión del ámbito o relación laboral, que atentaron contra la dignidad, integridad sexual y psicológica de la señora Laura Alejandra Balsa -Jefa de cuentas corrientes de la citada sucursal- toda vez que: "en forma sistemática y recurrente, mantuvo contactos físicos innecesarios, y realizó insinuaciones molestas, alusiones basadas en el sexo, y comentarios dirigidos a la vestimenta y al aspecto físico de la mencionada afiliada, en razón de su género, en los términos de los incisos b) y h) del artículo 7° del Protocolo y que en ocasión de encontrarse a solas en un espacio aislado en el ámbito de la sucursal, durante la jornada laboral del día 09.04.2021, usted profirió a Laura Alejandra Balsas, insinuaciones de índole sexual, propuestas explícitas, a los fines de mantener relaciones sexuales, configurando con su obrar la conducta prevista en el inciso b9 del artículo 7° del Protocolo".
Alega que concluida la etapa instructiva, se notificó la imputación al aquí actor, presentó descargo (ver fs. 257/259 sumario administrativo) ampliando y ratificando sus dichos en declaración indagatoria del 06/12/2022 (fs. 207/211 siempre del sumario).
Ante ello, indica que el 11/01/2024 el Directorio del Banco, por Resolución N° 24/24 resuelve aplicar la sanción de cesantía al señor del Campo por encontrarlo responsable del cargo que le fuera formulado en el Sumario Administrativo N° 13.694 y conforme lo previsto en el artículo 3, inciso g) del Reglamento de Disciplina y suspenderlo preventivamente en los términos del artículo 80 y concordantes del Reglamento de Disciplina al señor del Campo hasta que quede firme la sanción dispuesta anteriormente.-
Seguidamente, resalta que el actor el 05/02/2024 interpuso recurso de revocatoria contra la resolución, el cual, se encuentra en trámite.-
En cuanto a la medida cautelar innovativa solicitada por el Sr. Campos, manifiesta que deviene en inapropiada en función a la secuencia de hechos narrados, a la existencia de una resolución del Directorio del Banco que decidió su cesantía (previa tramitación del sumario aludido que ostenta presunción de validez), debiéndose adunar las posibilidades brindadas por el Banco para concientización respecto del trato que debe dispensarse a las mujeres la relación de empleo como en la vida cotidiana.-
En definitiva, entiende que en esta etapa del proceso no se han reunido elementos de convicción que autoricen a tener por configurada la verosimilitud del derecho invocado, máxime si se pondera que el dictado de la cautelar impetrada importa suspender los efectos del bloque normativo, precisamente el Sumario Administrativo N° 13.694 que se inició, tramitó y en el que se aplicó la sanción de cesantía -más allá que aún no se encuentra firme-.
Explica que el acto tramitó con todas las garantías para el sumariado por el lapso de dos años, goza de legitimidad, erigiéndose como el gran valladar que impide acceder a la cautela en tratamiento.-
Finalmente, pide que se rechace por improcedente la medida cautelar solicitada.-
III. Atento el estado de autos, con fecha 4/3/2024 pasan las actuaciones a despacho para resolver.-
1. Que el Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
2. Que a su vez, aún cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. Abordado el examen de la petición cautelar, y en relación al "fumus bonis iuris" o veros
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.