Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 77435
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4013 -t.o. según Acordada 4068-). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.77.435 “BECKER MARÍA ROSANA C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUB - QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en el marco de una medida cautelar y en lo que aquí interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y reguló honorarios por los trabajos desarrollados en la segunda instancia (v. sent. adj. de fecha 17-VIII-2021).
Frente a lo así decidido, el Fisco dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (v. presentación adj. de fecha 6-IX-2021) el que denegado -con sustento en la irrecurribilidad de la decisión impugnada- (v. presentación adj. de fecha 30-IX-2021), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación adj. de fecha 15-X-2021).
II. Al respecto, cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha expresado que, en principio, contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los recursos extraordinarios (art. 57, 2º párrafo, ley 14.967; conf. doctr. causas A. 75.272, "Echeverría", resol. de 19-IX-2018; A. 75.443, "Scarimbolo", resol. de 14-VIII-2019; C. 125.085, "Malimowcka", resol. de 29-XII-2021; entre otras).
En el caso, en que se cuestiona lo resuelto en relación al monto de los emolumentos fijados por el Tribunal de Alzada por considerarlos excesivos, no se observa que concurra alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de dicho criterio (conf. causas C. 121.540, "Moises", resol. de 21-VI-2017; A. 75.272 y A. 75.443, cits.).
III. Sin perjuicio de lo expresado, es del caso señalar que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, se encuentra representado para el recurrente por la diferencia entre los honorarios regulados al letrado de la parte actora por su actuación en segunda instancia y los que aquel estima corresponden (diferencia entre los 2,50 y 3,50 Jus y los 7 Jus regulados), no supera el monto mínimo establecido en el mencionado artículo (Acuerdo 4012/21; doctr. causas Q. 73.968, "Gonzalez", resol. de 22-XII-2015; Q. 74.530, "Galosi", resol. de 28-XII-2016, Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 13-VI-2018, Q. 75.344 "Macchia", resol. de 26-VIII-2018), sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma ni actualizaciones (art. 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; doctr. causas C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; A. 76.122, "Emar Ceiba SA", resol. de 22-VII-2020).
IV. Por otra parte, en atención a las alegaciones relativas a la inexigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 respecto del valor del litigio por hallarse en juego una cuestión federal, con cita de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), cabe señalar que no se observa en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida sobre la base de la referida doctrina, por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (conf. causas Q. 75.359, "Interbas SA", resol. de 29-VIII-2018; A. 75.534, "Castro", resol. de 21-XI-2018; A. 75.621, "Moure", resol. de 5-VI-2019; Q. 77.135, "Suero", resol. de 15-VII-2021).
Es que los agravios desarrollados en el embate extraordinario provincial remiten a la consideración de cuestiones de derecho común y local, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión federal (CSJN Fallos: 310:1542; 325:2192).
V. En otro orden, con referencia a la invocación del art. 31 bis de la ley 5827 a fin de soslayar el requisito del monto mínimo considerado supra , cabe señalar que no se advierte que en el sub lite se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal dé trámite al recurso obviando tal limitación (doctr. causas C. 122.161, "Ponozzo Galmarelli", resol. de 7-III-2018; Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 13-VI-2018; Q. 76.435, "Sierra", resol. de 24-VI-2020).
Cabe agregar, en torno a la alegada inconstitucionalidad del art. 278 citado y en lo que se refiere a la violación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.), que esta Corte tiene decidido, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal, no vulneran derechos o garantías constitucionales (doctr. causas A. 74.135, "Ambrosis", resol. de 11-V-2016; Q. 75.344, "Macchia", resol. de 22-VIII-2018, Q. 75.427, "Espindola", resol. de 5-XII-2018; Q. 75.567, "Beneito", resol. de 1-VII-2020; CSJN Fallos: 253:469, e.o.).
VI. Finalmente, debe señalarse que no resulta aplicable la doctrina emergente de los precedentes de esta Corte invocados por el recurrente, toda vez que aquellos aluden a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 75.775, "Icardo", resol. de 11-III-2020, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4013 -t.o. según Acordada 4068-). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2022 14:18:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2022 18:19:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2022 10:45:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2022 14:32:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2022 10:34:49 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/08/2022 10:40:28 hs. bajo el número RR-825-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia