Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79803
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 incs. 1 y 2, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 15, Const. prov.; 5 inc. 1, CCA).
B.79.803 "VILLAVERDE, ELIANA LAURA Y OTROS C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA. EMPL. PÚBLICO -CUESTIÓN DE COMPETENCIA-"
I. Las señoras Eliana Laura Villaverde, Silvia Lilian Villaverde y Zulli Mabel Acuña García promueven lo que denominan una "medida autosatisfactiva", tendiente a que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires las restituya en las funciones que prestaban en el seno del Consejo Escolar de San Fernando, de las que habrían sido ilegítimamente apartadas para luego ser reubicadas en otras oficinas.
En lo inherente a los hechos, relatan que se desempeñaron como agentes en la misma dependencia pública durante tres décadas y que se encuentran próximas a jubilarse. Aducen que a raíz del malestar que predominaba y de numerosas discusiones que mantuvieron con las autoridades políticas del lugar, se decidió -aparentemente, sin que mediara un acto administrativo que así lo dispusiera- que las tres fueran separadas y trasladadas a diferentes áreas de trabajo, todas ellas bajo la órbita de la autoridad educativa provincial.
Ponen de resalto que el conflicto laboral se originó por las presiones que habrían recibido por parte de los consejeros escolares que mencionan para hacerse cargo de tareas que correspondían al personal administrativo -en concreto, vinculadas al registro y certificación de títulos docentes-. Puntualizan que, a partir de su negativa a ceder el uso de los sellos sin que se dejara constancia de ello en un acta, el maltrato y hostigamiento hacia ellas se hizo frecuente y generalizado, llegando al punto de impedirles el ingreso al despacho que compartían al cambiar la cerradura de la puerta de acceso.
Arguyen que a pesar de sus reclamos, la Dirección de Recursos Humanos no les brindó ninguna respuesta esclarecedora respecto de los motivos de su traslado -el cual les fue informado mediante un correo electrónico-, lo que consideran contrario a las garantías del debido proceso y a su derecho a defensa.
Afirman que, ante la incertidumbre que les generó esa situación, se vieron obligadas a tomar posesión de cargo en los sitios a los que habían sido asignadas, sin que eso implique que estuvieran conformes con la decisión.
II. La causa se inició ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, su titular se declaró incompetente para intervenir en el asunto. Para así resolver, tuvo en consideración que el reclamo esgrimido estaba primordialmnete dirigido a un organismo público que actúa dentro de la esfera de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual el pleito debía ser resuelto por el fuero contencioso administrativo local (v. sent. interloc. de 30-X-2024, adunada en archivo PDF al trámite "oficio recibido" de 18-XII-2024).
De este modo, las actuaciones se radicaron en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de este Tribunal, a los efectos de que se sortee el juzgado del fuero especializado ante el cual debía continuar el trámite del expediente.
III. Dada la forma en que ha quedado planteada la controversia, corresponde primeramente aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo y declarar la competencia de la jurisdicción local para conocer en estos obrados.
En este sentido, la pretensión de la parte actora se enmarca prima facie en una relación de empleo público con la Provincia de Buenos Aires, lo que da cuenta de que el pleito se encuentra regido por el derecho público local y, por tanto, es ajeno al fuero federal (arts. 1, 5, 121 y 122 Const. nac.; doctr. causas L. 107.398 "García", sent. de 5-IX-2012 y sus citas; B. 72.725 "Fernandez", res. de 12-III-2014 y B. 73.370 "Morales", resol. de 18-III-2015; CSJN Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528).
IV. Sentado ello, cabe adelantar que el caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y la decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso si para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
V. Bajo esos lineamientos, es dable concluir que la de autos es una de esas controversias, puesto que las demandantes atribuyen la responsabilidad del obrar ilícito del que fueran objeto -esto, al ser desplazadas de su puesto laboral sin que mediara una causa que así lo justificase- a un organismo propio de la Provincia de Buenos Aires -la Dirección General de Cultura y Educación-.
Lo antedicho, claramente, en el marco de la relación de empleo público que mantuvieran como agentes administrativas del Consejo Escolar de San Fernando -y que ahora continúa en otras dependencias-, lo que hace que la cuestión deba ser resuelta, en definitiva, por aplicación de normas y principios de derecho público ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (arts. 166, in fine , Const prov.; 1 incs. 1 y 2 in fine , CCA; doctr. causas B. 69.798, "Hegoburu", resol. de 1-X-2008 y B. 73.800, "Maldonado", resol. de 14-X-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 incs. 1 y 2, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 15, Const. prov.; 5 inc. 1, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 12:49:10 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2025 13:22:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:18:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:18:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 13:40:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/05/2025 13:44:39 hs. bajo el número RR-236-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia