Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80559
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para seguir interviniendo en la causa (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo decidido al Tribunal de Trabajo N°1 departamental, mediante oficio electrónico.
B.80.559 "C. M. L. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA. EMPL. PUBLICO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. M. L. C. promueve una pretensión cautelar anticipada contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), en virtud de la violencia y el hostigamiento que habría padecido por parte de P. G. M. en la sucursal de Capitán Sarmiento, donde ella se desempeña en tareas de atención al público, sujeta a la autoridad del denunciado.
Refiere que los episodios comenzaron a manifestarse a finales del año 2013 y que, desde entonces, se han ido intensificando progresivamente. Añade que esta situación, que motivó el otorgamiento de la licencia psiquiátrica vigente al momento de deducir la pretensión, se vería aun más agravada por la falta de adopción de medidas por parte de las autoridades del BAPRO, pese a haber tomado conocimiento de la situación denunciada.
En ese marco, a raíz de los hechos narrados y ante la intimación cursada por el BAPRO para su reincorporación, requiere cautelarmente: 1) que se disponga la reasignación de sus funciones, en resguardo de su integridad psicofísica; y 2) que se ordene a la entidad bancaria abstenerse de considerar la situación de autos como abandono de trabajo y, en consecuencia, de aplicar sanción disciplinaria por su no reincorporación (v. presentación electrónica de fecha 18-XII-2025).
II. La causa, a pedido de la actora (v. apdo. XIII del escrito postulatorio), se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás, cuyo magistrado a cargo se negó a entender en el asunto en la inteligencia de que "...la demanda incoada se dirige contra un órgano (Sr. M.) del BAPRO en ejercicio de su función laboral", motivo por el cual concluyó que la cuestión debía ventilarse ante la justicia del trabajo (v. resol. electrónica de fecha 18-XII-2025).
Desinsaculado el Tribunal de Trabajo N°1 del mismo departamento judicial, sus integrantes decidieron rechazar las medidas cautelares peticionadas y, a renglón seguido, pronunciaron su incompetencia para conocer en el asunto. Ello así, toda vez que consideraron que los hechos de violencia relatados por la actora se enmarcaban en una relación de empleo público.
Por consiguiente, plantearon una contienda negativa de competencia que, tras haber sido elevada a la Secretaría Laboral, quedó finalmente radicada en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para ser dirimida conforme lo preceptuado por el art. 7 inc. 1 del código adjetivo (v. despachos electrónicos de fecha 23-XII-2025 y 30-XII-2025).
III.1. En primer lugar, cabe recordar que el art. 22 de la ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales establece: "Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente".
Al respecto, haciendo efectiva tan flexible atribución jurisdiccional, este Tribunal ha dirimido ciertos conflictos a favor del fuero laboral cuando las medidas protectorias se ceñían exclusivamente a ese ámbito (doctr. causa L. 119.389, "López", resol. de 23-IX-2015), o de la justicia de paz letrada por razón del territorio y proximidad del órgano judicial (doctr. causas L. 121.880, "Salinas", resol. de 19-IX-2018; B. 77.546, "G., J. A.", resol. de 20-XII-2021; L. 128.846, "C., E. A." y L. 128.923, "Festa", ambas resols. de 5-V-2022) o bien, de la jurisdicción contencioso administrativa si la situación de violencia tenía lugar en el marco de una relación de empleo público y las autoridades administrativas correspondientes no garantizaban, por sí, la integridad psicofísica de quien demandaba protección (doctr. causas B. 77.555, "G., F. A.", resol. de 20-XII-2021; B. 79.619, "Salazar", resol. de 13-XI-2024; B. 79.690, "Farías", resol. de 20-XI-2024 y B. 79.883, "Puz", resol. de 9-V-2025).
Por otra parte, en los litigios en los que no se hallaba plenamente justificada la intervención de los fueros especializados, se ha resuelto la controversia a favor del fuero civil y comercial, dada su competencia genérica y residual (doctr. causas B. 75.586, "C. C., M.", resol. de 14-XI-2018; B. 76.114, "V. C., M. Y.", resol. de 23-X-2019; B. 77.103, “T., V. B.”, resol. de 19-V-2021 y B. 79.780, "Molfino", resol. de 30-XII-2024).
III.2. Sobre tales bases, cabe adelantar que, a la luz del relato efectuado por la demandante, el caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
Ello es así en tanto la situación que se ventila en el caso escapa a un vínculo privado o de connotaciones similares, para ubicarse en un ámbito de ejercicio de una función estatal que pertenece al derecho público y que, de acuerdo a las pautas y lineamientos jurisprudenciales mencionados en el apartado precedente, corresponde que sea decidido por el fuero especializado en esa rama del derecho.
En efecto, los alegados hechos de violencia se hallan circunscriptos al espacio laboral -en este caso, la entidad bancaria provincial- en el que la denunciante y el denunciado ejercen sus respectivas labores. Tales circunstancias denotan claramente un asunto que -como se adelantara- involucra el conocimiento y decisión de cuestiones relativas a acciones y/u omisiones atribuidos a sujetos que ejercen funciones estatales (conf. ley 12.764).
IV. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás el que continúe conociendo en el asunto (doctr. causa B. 79.974, "Cárdenas", resol. de 18-VI-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para seguir interviniendo en la causa (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo decidido al Tribunal de Trabajo N°1 departamental, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/02/2026 11:37:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 18:35:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2026 11:50:47 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/02/2026 10:56:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:03:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/02/2026 12:44:28 hs. bajo el número RR-95-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia