Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 39271
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Ordenar a la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de General Rodríguez, conforme dispone el art.70 de la ley 13.133 que remita a este órgano las actuaciones administrativas n° 2020-00209433 - Ref. Dicta Medida- Intimase a EDENOR S.A solicita cumplimiento- y toda otra actuación relacionada con dicho acto administrativo.
A tal fin, líbrese -por Secretaria- oficio (con transcripción integra de la presente) al domicilio electrónico del letrado apoderado de la actora -Dr. Fernando Sebastián Pérez- a los fines de que proceda a su impresión -con código QR- quedando a su cargo el diligenciamiento del mismo, y haciendo saber al órgano competente de la autoridad indicada, que deberá remitir en formato digital la documental requerida, debiendo dar constancia firmada con identificación de fecha y hora de la recepción de la rogatoria ordenada. -
2En cuanto a lo demás solicitado, deviniendo en este estado prematuro, allegada que sean las actuaciones administrativas y efectuada que sea la admisibilidad de la acción, se resolverá .-
3Sin costas por no haber mediado sustanciación (art.51 CPCA y su doc.) .-
AUTOS Y VISTOS: A los fines de resolver la medida cautelar peticionada en el escrito inicial.
RESULTA: I.- Con fecha 14/10/2020 se presenta la actora EDENOR S.A, y solicita el dictado de una medida cautelar, la que encara por dos carriles, pues por un lado, peticiona se ordene a la Dirección de Defensa al Consumidor dependiente de la Municipalidad de General Rodriguez, que remita las actuaciones administrativas que tramitan por ante ese Órgano, ello conforme dispone el art.70 de la ley 13.133 y por el otro, solicita se suspenda la ejecución del acto administrativo hasta tanto se encuentre firme, atento el sumario de ilegitimidad oportunamente interpuesto en sede administrativa.-
En cuanto a la primera parcela de la medida cautelar incoada, el accionante refiere que con fecha 03/09/2020 y notificada en la misma fecha, la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de la Municipalidad de General Rodríguez dicta un acto administrativo - medida cautelar- en los siguientes términos: ". ordenar a la firma Edenor S.A que de manera inmediata proceda a informar a los USUARIOS del servicio en sus facturas, por mails o por vía telefónica lo dispuesto por el Ente Regulador el pasado 15/05/2020, asimismo emita un informe sobre la forma de facturación de los montos que hoy están siendo facturados por la empresa y notificados por esta, todo ello en el marco de la Ley Nacional 24.240 y la ley 13.133, con base en lo dispuesto en el art.4 de la Ley Nacional 24.240 y articulo 42 de la Constitución Nacional y Articulo 38 de la Constitución Provincial..hacer saber a EDENOR S.A que en el término de diez (10) de notificada la presente, deberá acreditar ante esta Dirección el cumplimiento de la medida ordenada.todo ello bajo el apercibimiento de iniciar las acciones penales por desobediencia y asimismo su incumplimiento será considerado como un agravante al momento de emitir resolución."
Refiere que, contra dicha medida, interpuso ante dicha sede, una acción -Proceso sumario de Ilegitimidad- tendiente a obtener la revisión judicial de dicho acto administrativo.
Comenta que con fecha 08/10/2020 el organismo municipal emitió una nueva resolución mediante la cual deniega la procedencia de la acción judicial interpuesta por EDENOR S.A, en los siguientes términos: ".que la empresa presenta descargo en tiempo y forma ante esta Dirección interviniente, que analizado el mismo y al no ser dicha medida dictada en fecha 03 de septiembre de 2020 una resolución definitiva pasible de recurso alguno, no corresponde hacer lugar a la impugnación solicitada. Que el mismo art.70 de la ley provincial 13.133 dispone: "las decisiones tomadas por el organismo correspondiente agotaran la vía administrativa.". Situación está que no ocurre en la medida dictada, por no ser la misma de carácter definitivo sino preventivo, buscando que la empresa cumpla con el deber de información y trato digno de los usuarios.".-
En prieta síntesis expresa que la resolución del órgano administrativo que rechaza el proceso sumario de ilegitimidad incoada, lesiona el derecho de su representada a una tutela judicial efectiva, así como también transgrede derechos de raigambre constitucional, como ser el derecho de defensa en juicio y el del debido proceso, contrariando el procedimiento previsto en el art.70 de la ley 13.133.-
En razón de ello expresa que, en el caso, se configuran los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares.-
En cuanto a la verosimilitud del derecho expresa que la misma surge acreditada, toda vez que el organismo administrativo, al resolver como lo hizo se apartó arbitrariamente del procedimiento previsto por el art.70 de la ley 13.133.
En cuanto a la segunda parcela de la medida cautelar solicitada, esto es la suspensión de la ejecución del acto administrativo dictado por la Dirección de Defensa del consumidor, alega que dicha suspensión encuentra razón en el Sumario de Ilegitimidad oportunamente interpuesto en aquella sede.
II. Con fecha 11/11/2020 ingresan los autos a despacho para resolver y;
CONSIDERANDO: 1.- Que el art 70 de la ley 13133 (Texto según Ley 14.652) dispone que: "Las decisiones tomadas por el Organismo correspondiente agotarán la vía administrativa. La acción judicial para impugnar esas decisiones deberá iniciarse ante la misma autoridad que dictó el acto, dentro de los veinte (20) días hábiles de notificada. Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda el Organismo remitirá la misma junto con el expediente administrativo al Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo competente... El proceso judicial respectivo tramitará por el proceso sumario de ilegitimidad del Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, a menos que a solicitud de parte del Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más eficaz" .-
2. Que aun cuando el legislador previó que la acción judicial para impugnar esas decisiones, deberá iniciarse ante la misma autoridad que dictó el acto, la demanda que contiene la pretensión anulatoria pone definitivamente en marcha un proceso judicial, quedando toda decisión respecto de la admisibilidad formal de aquella, fuera del campo de conocimiento de la autoridad administrativa.
En el caso, la demanda judicial resulta un medio autónomo para impugnar el acto que se considera ilegitimo, en orden que ninguna relación jerárquica existe entre la instancia administrativa y judicial, pues a esta altura de nuestro desarrollo doctrinario y jurisprudencial, desterradas han quedado las interpretaciones, que en base a la doctrina del "carácter revisor" de la jurisdicción contencioso administrativa, postulaban una especie de intervención del órgano judicial en grado de apelación, equiparando desde allí el procedimiento administrativo a una primera instancia judicial.
De modo que no se puede interpretar que la ley autoriza a la autoridad administrativa a examinar la admisibilidad de la demanda, pues ese proceder importa ejercer facultades jurisdiccionales que constitucionalmente se encuentran vedadas a aquella (v. Gordillo, Agustín; Tratado Derecho Administrativo, T°1, (10° Ed.), cap. IX, N° 8 a 19).
Bajo el escenario descripto, lo decidido por el Dr. Cristian Lucero - Director de Defensa del Consumidor, con fecha 08/10/2020, resolución que en archivo PDF es allegada por la actora a esta instancia, revela el ejercicio de atribuciones judiciales que no le son propias, pues en definitiva, la admisibilidad de la acción intentada por la actora ( proceso sumario de ilegitimidad) -que en copia también es allegada en autos- contra la Resolución dictada por esa Dirección con fecha 03/09/2020 era de resorte judicial.-
Atento ello y en atención a la medida solicitada, corresponde conforme dispone el art. 70 de la ley 13.133, ordenar a la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de General Rodríguez, que remita a este órgano las actuaciones administrativas n° 2020-00209433 - Ref. Dicta Medida- Intimase a EDENOR S.A solicita cumplimiento- y toda otra actuación relacionada con dicho acto administrativo.
3. Por lo demás, todo aquello atinente a la posibilidad de impugnación de la medida dispuesta por el Órgano administrativo, será ponderado una vez allegadas las actuaciones requeridas, ello en el marco de la admisibilidad de la acción, por ello, entiendo que deviene prematuro pronunciarme al respecto.
Que el mismo criterio ha de seguirse respecto de la restante parcela de la medida pedido, esto es la suspensión de la ejecución del acto administrativo, pues sin perjuicio de lo dispuesto por el art.60 de la ley 13.133, allegadas que sean las actuaciones administrativas requeridas y en forma conjunta con la admisibilidad de la acción se resolverá. -
Por ello, RESUELVO:
1. Ordenar a la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de General Rodríguez, conforme dispone el art.70 de la ley 13.133 que remita a este órgano las actuaciones administrativas n° 2020-00209433 - Ref. Dicta Medida- Intimase a EDENOR S.A solicita cumplimiento- y toda otra actuación relacionada con dicho acto administrativo.
A tal fin, líbrese -por Secretaria- oficio (con transcripción integra de la presente) al domicilio electrónico del letrado apoderado de la actora -Dr. Fernando Sebastián Pérez- a los fines de que proceda a su impresión -con código QR- quedando a su cargo el diligenciamiento del mismo, y haciendo saber al órgano competente de la autoridad indicada, que deberá remitir en formato digital la documental requerida, debiendo dar constancia firmada con identificación de fecha y hora de la recepción de la rogatoria ordenada. -
2. En cuanto a lo demás solicitado, deviniendo en este estado prematuro, allegada que sean las actuaciones administrativas y efectuada que sea la admisibilidad de la acción, se resolverá .-
3. Sin costas por no haber mediado sustanciación (art.51 CPCA y su doc.) .-
REGÍSTRESE.
Luis Oscar Laserna
Juez
Fin de la sentencia