Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 45189
Estos autos caratulados: "CHAPARRO MARTINEZ CECILIA Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 45189, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y ,
I. Que con fecha 14/6/2023, se presenta la Sra. Cecilia Chaparro Martínez y el Sr. Oscar Fernández, ambos con el patrocinio letrado de la Dra. María Fallet, solicitando la medida cautelar de no innovar, a los fines de que se ordene a la Municipalidad de San Antonio de Areco a no alterar la situación de hecho o de derecho del inmueble identificado catastralmente como circunscripción 1; sección A; manzana 85; parcela 3, hasta tanto no se resuelva el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio presentado ante la Municipalidad de San Antonio de Areco y, se resuelvan los litigios presentados en la justicia iniciados y a iniciarse, donde por sentencia judicial se reconozca el mejor derecho sobre el inmueble indicado.
Cuentan que, en el año 1989 llegaron a la ciudad de San Antonio de Areco y en el año 1990, adquirieron el terreno de Alsina 714 por un acuerdo con el Sr Peralta Carlos (quien ya falleció), quien les cede la posesión del inmueble y les informa que el titular registral era el Sr. Carrera Huerta Fernando, soltero y fallecido.
Expresan que, se comunicaron con el intendente -de ese momento- de la ciudad de San Antonio de Areco, a lo que les confirmó la titularidad del inmueble conforme lo había manifestado el Sr. Peralta. Así también, manifiestan que, les indicó que el terreno era prácticamente Fiscal, les permitió tomar la posesión del mismo y les manifestó que arreglaran con el actual poseedor.
Aclaran que, en los impuestos municipales que acompañan en archivo PDF, se puede comprobar que los mismos figuraban a nombre de Carlos Peralta y Cecilia Chaparro, de modo que, conforme lo manifiestan, esto prueba la cesión de posesión que realizó el Sr. Peralta a favor de los accionantes.
Exponen que, tomaron la posesión del bien inmueble y, en la parte delantera del terreno, comenzaron a construir un salón.
Destacan que, ellos nunca fueron una iglesia autónoma que dependía de la Unión de Asamblea de Dios, sino que, eran pastores de la Iglesia Nueva Vida y dependían del Pastor Leandro Fernández, quien sí era parte de la Unión de Asamblea de Dios.
Ponen en especial énfasis que, al terreno lo adquirieron los actores y comenzaron con la construcción.
Fue así que, vendieron su casa familiar ubicada en la localidad de Derqui e invirtieron el dinero de esa venta en la construcción de su nueva casa familiar al fondo del terreno en cuestión.
Puntualizan que, nunca recibieron ayuda económica por parte de la Unión de Asamblea de Dios para la construcción.
Asimismo, manifiestan que el inmueble actualmente no se encuentra escriturado, como así también, cuentan que, se encuentra tramitando en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 del Departamento Judicial de Mercedes, un juicio de usucapión en el cual son partes ("Chaparro Martínez Cecilia y Otro c/ Carrera Huerta Fernando s/ Prescripción Adquisitiva", exp. N° 12699/2019).
Posteriormente, en el año 2008, por tener diferencias con el Pastor Leandro Fernández -pastor al cual ellos dependían-, los destituyen como miembros y pastores de la congregación.
Seguidamente, envían al Sr. Ernesto Paredes, junto a su familia a tomar su lugar como pastores en el salón de adelante de su propiedad. Cuentan que, solo se presentaban al salón dos días semanales a realizar reuniones generales.
Relatan que, por respeto a las personas que concurrían como congregación y feligreses al salón, en ese momento no hicieron nada, pero transcurrido un tiempo, más precisamente en octubre de 2018, enviaron carta documento al Sr. Paredes, con el fin de que desocupara el salón. Es así que, el día 1 de noviembre de 2018 recibieron la respuesta a su carta documento, en negativa a entregar el salón.
Aclaran que, ellos nunca abandonaron su hogar -que se encontraba al fondo de terreno-, por ende, nunca abandonaron la posesión.
Relatan que, como consecuencia de la respuesta negativa al pedido de abandono del salón, iniciaron el juicio de desalojo -actualmente en trámite-.
Exponen que, el Sr. Paredes, nunca tuvo la voluntad de entregar el salón, y los aquí actores pretenden recuperar lo que es suyo, sintiéndose decepcionados con la actitud que han tomado hacia ellos, el engaño y las mentiras, que de no haber iniciado la acción de desalojo nunca se hubieran enterado del expediente administrativo iniciado en la Municipalidad de San Antonio de Areco, por el cual el Sr. Paredes -en representación de la Unión de Asamblea de Dios- pretende la prescripción adquisitiva del mismo bien inmueble.
Siguen su relato, manifestando que, tomaron conocimiento de que el Sr. Paredes, ha expuesto en el Juzgado de Paz de dicha localidad, que tiene posesión del inmueble en cuestión desde hace 10 años, cuando en realidad la Sra. Cecilia Chaparro y el Sr. Oscar Fernández son quienes están en posesión del mismo desde el año 1990. También manifiestan que, presentó una nota en la instancia administrativa, donde el intendente municipal reconoce a la institución "Jesús es la Vida" -afiliada a Unión de Asamblea de Dios- como entidad de bien público a nivel municipal en el año 2013. Circunstancia que demuestra con claridad que, la iglesia no cumple con los años necesarios, conforme lo manifestara el Sr. Paredes.
Reiteran, la mala fe de esta parte -Sr. Paredes-, basándose en que nunca hicieron mención acerca de la instancia administrativa. Es así que, la parte actora, tomó conocimiento de tal escenario, en el momento que contestaron la demanda de desalojo mencionado con anterioridad.
Por todo lo expuesto, es que, los actores se presentaron ante la Municipalidad de San Antonio de Areco peticionando que, se deje sin efecto toda tramitación en el expediente administrativo, como así también, toda gestión de escrituración a nombre del demandado de autos y/o de Unión de Asamblea de Dios, en relación al inmueble ubicado en calle Alsina N° 714 de la ciudad de San Antonio de Areco, identificado catastralmente como circunscripción 1; sección A; manzana 85; parcela 3, hasta tanto la justicia resuelva los casos litigiosos, y reconozca el mejor derecho sobre el inmueble. Dicha petición, fue rechazada por la Municipalidad mencionada.
Finalmente, el día 02 de junio de 2023, se presentó un Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio contra el decreto N° 0619, donde se rechaza su pedido de Nulidad.
Como consecuencia de todo lo expuesto, manifiestan que se vieron obligados a presentar esta medida cautelar autónoma de no innovar, a fin de garantizar los derechos hasta tanto la justicia resuelva el mejor derecho sobre la propiedad inmueble en litigio.
Finaliza su solicitud manifestando que, el peligro en la demora resulta evidente, pues de no dictarse en forma urgente, la Municipalidad de San Antonio de Areco y la Asociación Unión de Asamblea de Dios podrían modificar el estado del inmueble en cuestión, tornando ineficaz las futuras sentencias o resoluciones a dictarse.
Por último, solicita se exima a los actores de prestar contra cautela, o bien se fije caución juratoria.
II. Con fecha 6/7/2023 se libra oficio dirigido a la Municipalidad de San Antonio de Areco -notificado 7/7/23-, con el fin de que, en el plazo de 5 días presente un informe respecto a todo aquello que se relaciona con la medida de no innovar solicitada por la parte actora (cfr. art. 23 inc. 1º CPCA).
Asimismo, se le ordena la remisión del expediente administrativo relacionado con la pretensión deducida (Expte. Admin. N° 4102-0404/17).
III. Con fecha 13/7/2023, se presenta el Dr. Carlos Octavio Stefani Lauga, en carácter de letrado apoderado de la Municipalidad del San Antonio de Areco -conforme poder acompañado en fecha 2/8/2023- contestando el traslado mencionado precedentemente.
En principio, informa que, por intermedio del expediente administrativo N° 4102-404/17 y Expte. CD Nº 13.783, en el marco de la Ley 24.320, tramitó la prescripción administrativa a nombre de la Iglesia "Jesús es la Vida" -filial de la Asociación Unión de las Asambleas de Dios-, respecto al inmueble ubicado en la calle Alsina 714 de San Antonio de Areco (nomenclatura catastral: circunscripción. I, sección. A, manzana. 85, parcela. 3), promovida por el Pastor a cargo, Sr. Ernesto Paredes.
Manifiesta que, a través del dictado del Decreto N° 39/18, la Municipalidad aceptó la cesión de derechos posesorios del inmueble mencionado, y por Ordenanza del Concejo Deliberante Nº 4655/22, se lo cedió -a título gratuito- a la cesionaria "Jesús es la Vida".
Posteriormente, a través de escritura de fecha 30/10/2018, la Escribanía General de Gobierno confeccionó la escritura en donde la Municipalidad adquiere el dominio a su favor por prescripción adquisitiva el inmueble en cuestión.
Advierte que, posteriormente, con fecha el 23 de septiembre de 2022, se presentan los Sres. Chaparro Martínez, Cecilia y Fernández, Oscar, dando inicio al expediente administrativo N° 4102-1296-C/2022, solicitando se deje sin efecto cualquier tramitación correspondiente al expediente N°4102-0404/17. Por tratarse de temas relacionados al expediente 4102-0404/17, se dispuso el archivo.
Asimismo, cuenta que con fecha 12 de abril de 2023, nuevamente se presentan los actores de autos, iniciando un nuevo expediente administrativo (N° 4102-0436-C/2023), con el fin de solicitar la nulidad del decreto 0039/18 y de las actuaciones del expediente 4102-0404/17.
Dice que seguidamente, por Decreto Nº 619/23 se rechazó el pedido de nulidad solicitada, fundando el mismo en que, "...teniendo en cuenta la legalidad del trámite de prescripción realizado, y considerando que, la pretensión de los Sres. Chaparro Martínez Cecilia y Fernández Oscar resulta ser un conflicto entre particulares, careciendo el Municipio de facultades jurisdiccionales para dirimir conflictos y resolver cuestiones de derecho que deberán ser discutidos en el ámbito judicial...".-
Da cuenta que bajo tales lineamientos, con fecha 6 de junio de 2023, los accionantes dan inicio a otro expediente administrativo (N° 4102-0676-C/2023), presentando un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra el decreto Nº 619/23. Dicho recurso, fue rechazado en base a los fundamentos del decreto N° 878/23 de fecha 4 de julio de 2023.
Por último, aclara que, con fecha 8 de junio de 2023, se suscribió Escritura Nº 153, pasada por el Escribano José Luis Ageitos (h), Adscripto al Registro Notarial N° 5 de San Antonio de Areco, a favor de la Unión de las Asambleas de Dios, a la que se encuentra afiliada la Asociación Jesús es la Vida, y según informara el Notario interviniente, dicha escritura se encuentra en trámite de inscripción por ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
IV. Con fecha 07/08/2023 -notificado en fecha 08/08/2023- pasan los autos a despacho para resolver y,
I. Que el Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).
Tal cual lo sostiene Logar en el marco del régimen del C.P.C.A, la ley ritual exige el cumplimiento de los tres recaudos señalados por el art. 22 para que la petición cautelar tenga posibilidad de andamiento
A su vez, aún cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfme. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).
II. Abordando el tema en cuestión bajo esas coordenadas hermenéuticas, y sin perjuicio de advertir cierta falta de precisión y claridad en la demanda cautelar, en definitiva el objeto de aquella se sintetiza al requerir los actores que "... venimos a solicitar a V.S que dicte de manera urgente una medida de NO INNOVAR conforme a los términos del arts. 195, 230 y 230 del CPCC a los fines de que se ordene a la Municipalidad de San Antonio de Areco con domicilio en la calle Lavalle 363 de San Antonio de Areco a no alterar la situación de hecho o de derecho del siguiente inmueble IDENTIFICADO como Circ 1; sección A; Manzana 85; Parcela 3 hasta tanto no se resuelva el recurso de RECONSIDERACION con JERARQUICO en subsidio presentado ante la Municipalidad de San Antonio de Areco, y se resuelvan los litigios presentados la justicia iniciados y a iniciarse, donde por sentencia judicial se reconozca el mejor derecho sobre el inmueble." (textual).-
III. Examinadas las constancias obrantes en la causa y la documental acompañada, se desprende que, conforme decreto N° 878/23 dictado por la Municipalidad de San Antonio de Areco, el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio presentado por los accionantes ante la comuna demandada, ha sido resuelto con fecha 4 de julio de 2023 (ver. documental allegada en fecha 13/07/23; expte. adm. 4102-0676-C/2023).
Cabe destacar que el escrito inicial en las presentes actuaciones ha sido presentado con fecha 14/06/2023 -anterior a la resolución mencionada- y ante dicha circunstancia, no se observa que la actora haya tenido intención de ampliar y/o modificar su pretensión.
En este sentido, recuerdo que conforme a la disposición contenida en el art.163 inc. 6 -párrafo segundo- del CPCC, el juzgador puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.-
Bajo ese escenario, hasta lo aquí analizado, cabe concluir que -en principio- como consecuencia del dictado del decreto N° 878/23, la medida cautelar -en los términos en que ha sido peticionada- se ha vuelto abstracta.
IV. Sin perjuicio de que lo expuesto precedentemente es suficiente fundamento para rechazar lo peticionado por la actora, en cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, no se advierte, que la probabilidad de verdad sobre el derecho que alega, adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22 inc. 1 a) C.P.C.A).
En efecto, el entuerto bajo examen conduce a posicionarnos en el antecedente administrativo que provocaría los agravios a los aquí actores, los cuales tendrían su origen -en lo central- en el decreto 39/18, por el cual con fecha 12 de enero de 2018, el intendente municipal de la comuna accionada, en el marco del expediente administrativo N° 4102-0404/17, declaro operada la prescripción adquisitiva en los términos de los artículos 1899 del CCyCN y 2 de la Ley 24320, a favor de la Municipalidad de San Antonio de Areco, del inmueble ubicado en esa ciudad y partido, identificado como Circunscripción I, Sección A, Manzana 85, Parcela 3, Partida inmobiliaria 95-5460 (v. Art. 2° dec. cit).
Consecuentemente, en el referido decreto, se requirió a la Escribanía General de Gobierno que arbitre los medios necesarios para protocolizar las actuaciones, y a la inscripción del derecho adquirido por la comuna y a la cancelación del derecho de dominio antecedente en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos aires. Extremos formales que lucen cumplidos conforme las constancias agregadas a fs.91 y siguientes del expediente N° 4102-0404/17 (ver documental allegada en fecha 13/7/23).
Ahora bien, lo cierto es que, por un lado, los accionantes no individualizan con precisión los vicios que afectarían dicha decisión y, por otro lado, la pretensión cautelar se apoya en la estela de una situación fáctica en derredor del inmueble involucrado en autos, desarrollada desde largo tiempo atras y que viene discutiéndose en distintos expedientes judiciales, pero que por lo pronto, contrastan de forma palmaria con la documental que acompaña la comuna demandada.
En efecto, el decreto 39/18 arriba indicado, evidencia el ejercicio de una potestad reglada en materia de prescripción adquisitiva.-
Que en el caso, la ley nacional 24.320, modificatoria de la Ley 21.477, establece el procedimiento a seguir en los casos de dominio de inmuebles, que hubieren adquirido o adquieran los estados provinciales y las municipalidades por el modo establecido en el artículo 4015 del C.C.-
Y el relato con el que pretenden abastecer su petición los actores -amén de estar discutiéndose en otros procesos judiciales- lejos se encuentra -al menos con lo actuado en autos- de impactar en algún sentido negativo sobre la legitimidad de la actuación municipal puesta aquí de relieve, no permitiendo sortear el valladar de la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo, presunción que se mantiene inalterable, en la medida que el peticionante no cumpla con su carga de demostrar la verosimilitud del derecho que alega.-
En definitiva, los extremos fácticos expresados por la actora en su escrito inicial, excede la limitada posibilidad de debate y probatoria que tiene un incidente de medida cautelar, debiendo transitar para su dilucidación los procesos de conocimiento que estimen que le asisten.
V. Por todo lo expuesto y, al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art. 22 del CPCA) ello, es suficiente para denegarla (Cfr. Cámara Cont. Adm. La Plata, causa N° 2054 del 08/09/05 "Pyzynsky").
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 22 y 23 y concordantes de la ley 12.008 y sus modificatorias, arts. 161 y concordantes del CPCC y demás normas citadas,
II. Imponer las costas a la actora vencida (art. 51 inc.1 CPCA).-
III. Ponderando los valores indicados en el último párrafo del art. 44 Ley 14.967 y al mismo tiempo considerando que la presente se trata de una medida cautelar (art. 37 Ley 14.967), estimo justo regular los honorarios en un tercio del mínimo allí fijado, en razón de que, el asunto ha transitado sin justipreciar pecuniariamente.-
Por ello, merituando los trabajos realizados, procedo a regular los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dra. María Fallet, T° VIII F° 97 CAM, en la suma de 10 JUS (arts. 9, 10, 15, 16, 37, 44 cuarto párrafo, 51, 54 y cctes. de la ley nº 14.967); y los del Dr. Stefani Lauga Carlos Octavio, Tº IX Fº 353 C.A.D.J.M., en la suma de 10 JUS (arts. 9, 10, 15, 16, 37, 44 cuarto párrafo, 51, 54 y cctes. de la ley nº 14.967); todo ello con más al aporte legal (Ley 6716 y sus modificatorias), y en su caso, según sea la situación de las profesionales, el correspondiente al I.V.A.-
Conforme lo dispuesto en el art. 57 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago -en el domicilio real- con los recaudos del art. 54 de la misma ley.
NOTIFÍQUESE.-
Se notifica directamente el presente en el domicilio electrónico de:
- Dra. María Fallet -patrocinante de la acto
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