Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77822
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo el caso propio de la competencia del fuero contencioso administrativo, remitir las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín, a sus efectos (art. 7 inc. 1, CCA).
B.77.822 “ALEARA C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA S/MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA), promueve una medida cautelar autónoma o anticipada contra Loterking SA, la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se ordene a este último abonar en forma directa la totalidad de lo recaudado por la venta del juego “Telekino” a la firma Loterking SA, incluyendo lo adeudado a partir del 1º de abril del año 2021.
Relata que desde el año 2006 el uso de la marca “Telekino” fue concedida, con exclusividad, por Lotería de Concepción de la República de Chile a Loterking SA. Luego, explica que esta última suscribió, el día 30 de diciembre de 2014, un contrato de colaboración con la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán para la explotación de la licencia del juego de azar otorgada, el cual se prorrogó el 20 de marzo de 2019.
Sin embargo, alega que la empresa tomó conocimiento de la intención de la Caja demandada de rescindir el convenio, motivo por el cual se iniciaron los autos caratulados “Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y afines de la República Argentina c/ La Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán y otros s/ medida cautelar autónoma”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Quilmes, donde se dispuso preventivamente la continuación de la relación comercial entablada por las partes.
Ahora bien, aduce que los montos percibidos por la venta de los cartones del juego en cuestión -que, de acuerdo a la dinámica de cobro que explica, recibe en primer lugar el Instituto Provincial de Lotería y Casinos- fueron retenidos indebidamente por la Caja demandada y que esta situación -según su parecer- ocasiona un peligro cierto y grave, dado que impide que la empresa Loterking SA pueda afrontar el pago de los sueldos de sus empleados. Esto, además, afirma que eventualmente conllevará a la pérdida de muchos puestos de trabajo en todas las agencias de lotería del país, afectando directamente a los afiliados que el sindicato nuclea.
Por último, manifiesta que posteriormente incoará una demanda a fin de que “se decrete la nulidad de cualquier suspensión y/o limitación de las condiciones contractuales vigentes a la fecha relacionadas con la explotación, uso y cualquier otra actividad comercial vinculada al juego Telekino” (v. punto VII del escrito postulatorio de fecha 10-XI-2021).
II. La causa se inició en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, cuyos magistrados se inhibieron de entender en el pleito por considerar que no se trataba de uno de aquellos supuestos que debían ventilarse y resolverse en instancia originaria ante dicho órgano, de conformidad con lo establecido en el art. 74 de la ley 12.008 -texto según ley 13.325- y la ley 12.074 (v. resol. de 15-XI-2021).
Por eso las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín. No obstante, su titular se rehusó a conocer en el litigio en la inteligencia de que la controversia estaba específicamente sustraída de su esfera de conocimiento, al versar sobre un asunto regido por el derecho laboral (v. resol. de 23-XI-2021).
De esta manera, los obrados recayeron en el Tribunal de Trabajo N°4 departamental, cuyos integrantes no aceptaron la competencia que les fuera endilgada en razón de la materia, fundando su postura en lo previsto en el art. 2 de la ley 11.653 (v. resol. de 30-XII-2021).
Al decidir de ese modo, plantearon formalmente la contienda negativa y la sometieron ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el referido criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
III.2. Por su parte, la competencia de los tribunales del trabajo se halla comprometida siempre que el reclamo se vincule con un contrato o relación de trabajo, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se juzgue sobre la procedencia de los derechos invocados (conf. doctr. causas L. 33.717, "Villán", sent. de 2-IV-1985; L. 80.103, "Taborda", sent. de 15-II-2006; L. 101.120, "Venanzi", sent. de 17-VI-2009 y L. 111.685, “Molino Nuevo SA”, resol. de 27-IV-2011; e.o.).
III.3. Paralelamente a dichas reglas de competencia material, se encuentra una arraigada doctrina del Tribunal de acuerdo con la cual aquella para impulsar la tramitación de diligencias preliminares o precautorias, ha de recaer en el juez que habrá de conocer y decidir en el proceso principal (doctr. arts. 6 inc. 4º, CPCC y 77 inc. 1º, CCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. de 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. de 22-VI-2016; B. 74.599, "Díaz Sierra", resol. de 10-V-2017 y B. 76.674, “Fiscalía de Estado”, resol. de 19-III-2021).
IV. Sobre tales bases, debe ponderarse que el propósito de la medida cautelar requerida en autos consiste en que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (una entidad autárquica provincial aforada en los términos de los arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA; conf. art. 1, dec. 1170/92 y modif.; conf. causa B. 73.671, “SADAIC”, resol. de 15-VII-2015) entregue de manera directa a la empresa Loterking SA las sumas recaudadas por la venta de los cartones del juego “Telekino”, como paso previo al proceso principal que la actora dice que iniciará, el cual tendrá por objeto la declaración de nulidad de cualquier suspensión y/o limitación de las condiciones contractuales vigentes a la fecha entre la mencionada empresa y la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.
Siendo esto así, por las razones que se verán inmediatamente, mal podría en este caso gravitar la regla descripta en el punto III.3 supra , debiéndose resolver la contienda prescindiendo de ella.
V.1. En primer lugar, no pasa inadvertido que la autoridad pública provincial que acá es traída a juicio no será parte en el proceso principal, el cual eventualmente enfrentaría a una empresa privada (Loterking SA) con un ente público de la provincia de Tucumán (Caja Popular de Ahorros). Aparentemente, de alguna forma no del todo explicitada, a instancias o con intervención del sindicato ALEARA.
Esta singularidad distingue al sub examine de la generalidad de los precedentes citados más arriba, dando cuenta de la relativa autonomía que posee este pleito con respecto al que se manifiestan intenciones de promover después. De modo tal que la accesoriedad es solo aparente.
V.2. Por lo demás, se aprecia del contrato adjuntado a las actuaciones digitales que rige un pacto de prórroga de jurisdicción en favor de la justicia ordinaria de la Provincia de Tucumán para dirimir las desavenencias entre Loterking SA y la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (v. cláusula vigésima), todo lo cual revela nuevamente un marcado desacople entre los dos litigios —el incoado y el que hipotéticamente se promoverá—.
Si a ello se le añaden las dudas que puede generar la legitimación de la actora, que en un confuso escrito postulatorio parece querer ejercer una suerte de representación de la empresa de lotería, que no obstante ser parte demandada resultaría, a la vez, beneficiaria de la medida requerida, las remanentes razones que podrían existir para sustraer al caso de la esfera de conocimiento de los jueces en lo contencioso administrativo ( i.e. , que el litigio principal es residualmente competencia del fuero civil y comercial, pues evidentemente no es laboral), pierden color.
La jurisdicción establecida en el art. 166 in fine de la Constitución de la Provincia, como se ha expresado, es de orden público e improrrogable (conf. arts. 6, CCA y 1, CPCC; doctr. causa B. 77.316, “Pellicione”, resol. de 11-XI-2021). De allí que, para ser sorteada merced a principios contenidos en normas adjetivas, si tal cosa fuese incluso posible, deban realmente presentarse razones de peso que lo justifiquen, cosa que no ocurre en circunstancias tan extremas como las de autos.
V.3. En virtud de lo señalado, no se manifiestan los beneficios que podrían traer consigo las reglas procesales que recomiendan que actuaciones accesorias a las principales tramiten por ante el magistrado que conocerá en estas últimas —cosa que, valga decir, aplica “a falta de otras disposiciones”— (conf. art. 6, proemio e inc. 4, CPCC), pues es poco claro que aquí exista una correlación de ese tenor.
En tales casos, debe preservarse la competencia constitucionalmente asignada a los órganos judiciales hábiles para conocer en un reclamo como el presente, en el cual básicamente se le exige al Instituto Provincial de Lotería y Casinos que transfiera compulsivamente sumas de dinero a la operadora del juego “Telekino”, aspecto que atañe al ejercicio de sus funciones administrativas, regidas primariamente por normas de derecho público (arg. arts. 37, seg. párr. y 166 in fine , Const. prov.; 2, 3 y concs., dec. 1170/92 y modifs.; 1 y 2, CCA).
VI. Por las razones expuestas, se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín (art. 7 inc. 1, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo el caso propio de la competencia del fuero contencioso administrativo, remitir las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín, a sus efectos (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo resuelto al Tribunal de Trabajo N°4 del mismo departamento judicial, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2022 22:27:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2022 11:26:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2022 17:45:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2022 11:14:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2022 11:53:09 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/05/2022 12:03:36 hs. bajo el número RR-488-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia