Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79070
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Por mayoría, hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora, disponiendo la suspensión del procedimiento tendiente a la subasta del inmueble litigioso hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
IV. Comunicar lo resuelto al órgano que previno (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sgts., CPCC).
B.79.070 "VELKOFF KARINA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
Los señores Jueces doctores Torres, Soria, Genoud y Violini dijeron:
I. La señora Karina Velkoff promueve en estos autos una pretensión cautelar autónoma o anticipada contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), con el objeto de que se disponga la inmediata suspensión de la subasta extrajudicial que, con sustento en los arts. 64 y 74 de su Carta Orgánica, estaría por llevar adelante la entidad financiera sobre la vivienda familiar que habría adquirido junto a su progenitor, en virtud de un préstamo hipotecario que aquella le otorgara en el año 2017, con un plazo de pago de 10 años. En efecto, denuncia que, por acta de constatación de fecha 30-X-2023, se la ha intimado a desalojar el inmueble a los fines de proceder con el referido remate extrajudicial.
Explica que, a raíz del fallecimiento de su padre en el año 2018 y todo lo que ello trajo aparejado, su economía se vio drásticamente afectada, pero que aun así continuó abonando las respectivas cuotas -llegando a pagar hasta la decimoséptima- gracias a la venta de bienes hereditarios con los que disponía por aquel entonces. Refiere, no obstante, que a partir del año 2019 dichas obligaciones se le habrían tornado de cumplimiento imposible, dada la fluctuación cambiara del dólar y el contexto inflacionario del país, circunstancias estas que implicaron una suba considerable en el monto de las cuotas. A lo expuesto, añade que "...en el mes de enero del 2019, el seguro de vida del banco mencionado absorbió la parte correspondiente en el crédito por la suma de pesos trece mil seiscientos noventa y uno con dieciocho centavos" ( sic ).
Ante ese panorama, alega que envió una carta documento a la demandada, solicitando la readecuación de las restantes cuotas adeudadas, sin obtener -a la fecha- respuesta alguna por parte de sus autoridades, a punto tal de no saber -pese a sus reiterados pedidos- "...el monto actual de la deuda".
Esgrime en ese orden, con especial atención en los recientes pronunciamientos de esta Corte en las causas "Bravo, Luis Roberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley" y "Ramírez, Hugo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad arts. 65, 71 y 75 dec. ley 9.439/79 Tercero: Banco de la Provincia de Buenos Aires", ambos del 9 de mayo del corriente año, que la preceptiva cuestionada vulnera disposiciones de rango constitucional, en tanto, al permitir que la entidad crediticia disponga de forma directa la subasta de bienes inmuebles hipotecados sin que medie intervención judicial alguna, se estarían conculcando los derechos de propiedad y defensa en juicio (v. presentación electrónica de fecha 3-XI-2023).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo titular, luego de solicitarle a la actora que especificara "...el proceso al cual anticipa la medida cautelar requerida" y que así lo hiciera esta última aclarando que se trataba de una acción de inconstitucionalidad, pronunció su incompetencia.
Para así decidir, estimó -invocado doctrina de este Tribunal al respecto- que la presente acción tiene por objeto una materia propia del conocimiento originario que le otorgan los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial a esta Suprema Corte de Justicia.
Por tal motivo, y tras considerar que no correspondía ingresar al análisis de la medida cautelar solicitada por la demandante en razón de lo dispuesto en los arts. 6 inc. 4 y 196 inc. 1 del código adjetivo, remitió las actuaciones a la Secretaría de Demandas Originarias (v. sent. interlocutoria de fecha 10-XI-2023).
III. El día 15 de noviembre del corriente, la actora formula una presentación espontánea en este proceso mediante la cual solicita "la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 65 y 75 de la Carta Orgánica del Banco Provincia de Buenos Aires (dec. ley 9.434/79)" por encontrarlos violatorios "de la Constitución provincial (arts. 11, 15 y 57) y de la Constitución de la Nación (arts. 17, 18 y 31), siguientes y concordantes, así como también de diversos tratados internacionales de protección de derechos humanos incorporados a la CN".
Seguidamente, solicita se ordene con carácter cautelar la suspensión de la subasta extrajudicial haciendo mérito para ello de los antecedentes de esta Suprema Corte en los que, por mayoría, se ha declarado la inconstitucionalidad de esos mismos preceptos normativos y la urgencia verificada con motivo del acta de constatación labrada con fecha 30 de octubre del corriente, mediante la cual se la intima a desalojar el inmueble con el objeto de proceder a la mentada subasta.
IV. Conforme lo prevé el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 76.806, "Laborde", resol. de 19-III-2021; B. 76.969, "Juzgado de Faltas de Saladillo", resol. de 16-VI-2021; B. 77.245, "Cavalli", resol. de 6-IX-2021; B. 77.296, "Aimar", resol. de 22-X-2021 y B. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 11-XI-2021, e.o.).
En la especie, la actora, a través de un pedido de medida cautelar autónoma, pretende que se suspenda la aplicación de los arts. 64, 65, 74 y 75 del decreto ley 9.434/79 y, con ello, de la subasta de su vivienda familiar por deudas del crédito hipotecario respectivo que le fuera comunicada por el banco demandado, al intimarse, con fecha 30-X-2023, la desocupación del inmueble. Ello, a los fines del planteo, como acción principal, de la declaración de inconstitucionalidad de la mencionada preceptiva (véanse escritos electrónicos de fecha 8-XI-2023 y 15-XI-2023).
Bajo tales circunstancias, es dable concluir que la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria encomendada a este órgano (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014); atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018 y B. 76.801, "Helacor SA", resol. de 23-XII-2020).
En consecuencia, radícase la causa ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias (arts. 7, 8 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y procédase a la recaratulación de las actuaciones (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
V. Sentado lo anterior y frente a las particulares circunstancias del caso, resulta aconsejable pronunciarse sin más dilaciones sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por la demandante.
Teniendo en consideración las singularidades que se desprenden de la causa en cuanto a la inminente aplicación de las normas en juego y siguiendo los precedentes de esta Suprema Corte, corresponde el dictado una medida cautelar suspensiva de los efectos de las disposiciones cuya validez constitucional se cuestiona.
En efecto, conforme los lineamientos de antecedentes análogos, independientemente del grado de verosimilitud del derecho que se invoca en la demanda y que en relación a alguna de las normas impugnadas aparece, dentro del limitado marco cognoscitivo que exige el despacho precautorio, con cierta nitidez, es evidente que de no decretarse una medida que implique suspender la subasta del inmueble en el que mora la actora junto a sus dos hijos, sus derechos se verían definitivamente frustrados. El peligro en la demora, atento a las graves consecuencias que lleva aparejada la aplicación de las disposiciones impugnadas, es tal en este supuesto que impone el dictado urgente de una medida suspensiva (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003; I. 68.092, "Ramírez", resol. de 9-XII-2004; I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005 e I. 68.242, "Lo Presti", resol. de 26-V-2005).
VI. En suma, teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión intentada y la índole de los derechos en juego, corresponde hacer lugar a lo solicitado en la demanda presentada por la señora Karina Velkoff y, por consiguiente, ordenarle al Banco de la Provincia de Buenos Aires la suspensión del procedimiento tendiente a la subasta del inmueble litigioso, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (arts. 204, 230 232 y concs., CPCC).
Previamente, la interesada deberá prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Así lo votamos.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución que arriban mis colegas en torno a la radicación de la causa dado que, como ellos exponen, la misma resulta ser de la competencia originaria de esta Suprema Corte.
Ahora bien, por otro lado, me aparto de lo decidido con relación a la medida cautelar solicitada, pues considero que no se encuentran reunidos los presupuestos para su otorgamiento (art. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Y, siendo que la verosimilitud del derecho invocada debe ser examinada con mayor rigor cuando, como en este supuesto, lo que se procura a través de la medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, en razón de la ya mencionada presunción de constitucionalidad y legalidad que trae consigo el acto, no advierto que dicho recaudo se encuentre debidamente acreditado.
En la especie, más allá de que los agravios planteados -a primera vista- versen sobre cuestiones de carácter patrimonial respecto de un régimen jurídico que fuera adoptado voluntariamente, observo también que estos se sustentan en precedentes de esta Suprema Corte dictados, por una mayoría de la cual no participé y una composición integrada de este Tribunal (cfr. causas A. 73.897, "Bravo" e I. 68.092, "Ramírez", ambas cits.), sentencias en las cuales se aplicó una solución diferente a la decidida en la causa C. 106.300, "Banco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. de 12-III-2014, en relación a la constitucionalidad de la normativa y lo resuelto respecto de regímenes análogos, tal como fuera referido en la causa citada en último término.
En consecuencia, dada la falta de convicción que arroja el análisis del primer recaudo, entiendo que no están dadas las condiciones necesarias para proveer favorablemente la suspensión precautoria de las normas de rango legal cuya validez constitucional se controvierte.
Así lo voto .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Por mayoría, hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora, disponiendo la suspensión del procedimiento tendiente a la subasta del inmueble litigioso hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
IV. Comunicar lo resuelto al órgano que previno (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sgts., CPCC). Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/12/2023 16:46:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 10:13:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 12:45:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:03:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 13:33:35 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 14:39:22 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2023 14:50:49 hs. bajo el número RR-1109-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia